El avance del segundo semestre torna cada vez menos nítidas las diferencias de estrategia parlamentaria entre el kirchnerismo y el peronismo de perfil moderado. El viraje se notó con claridad en los últimos días en el Congreso, donde el PJ y el Frente Renovador endurecieron sus posiciones y tensaron su relación con el oficialismo.
El primer punto de esa sucesión fue el 16 de agosto, cuando el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dio explicaciones por el tarifazo ante un plenario de comisiones de Diputados. Las intervenciones más punzantes fueron las de la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, y las del presidente del PJ, José Luis Gioja.
La semana pasada se sumaron otros tres acontecimientos que apuntalaron la tendencia. La Comisión de Trámite Legislativo dictaminó, con firmas de todas las vertientes peronistas, en contra de un DNU que modificó el presupuesto. Un grupo de senadores, con la presencia de Miguel Pichetto, se comprometió ante organizaciones de la economía popular a impulsar un proyecto para declarar la emergencia social. Y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibió cuestionamientos duros en su exposición en la Cámara baja, con fuertes estocadas del Frente Renovador y del Bloque Justicialista (BJ).
El avance en simultáneo en las dos cámaras, un poco coordinado y otro poco casual, se explica antes que nada, coinciden los protagonistas, por el contexto social. Pero puede verse también un cambio de actitud del PJ moderado, que había decidido, en las palabras de sus dirigentes, hacer un aporte a la gobernabilidad en los primeros meses de gestión de Mauricio Macri. Ese tiempo de tolerancia ya expiró, sin que la Casa Rosada cumpliera con lo prometido.
El oficialismo es consciente del cambio. Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, advirtió a Macri que será cada vez más muy difícil gestionar un Congreso en minoría. «Es natural: a medida que se acerca el año electoral, la oposición tiene más necesidad de diferenciarse. El año que viene va a ser peor», avisó Monzó. El presidente de la Cámara baja espera, de todos modos, contar con un sector del peronismo para aprobar el presupuesto 2017.
El martes quedó claro que esa negociación será muy difícil. Con las firmas del kirchnerismo, del PJ y del massista Raúl Pérez, la Comisión de Trámite Legislativo dictaminó en contra del DNU 797/16, firmado el 16 de junio por Gabriela Michetti, con Macri en Colombia. Además de reasignar partidas para el pago de la movilidad jubilatoria, el decreto dispuso el endeudamiento para el pago de obras públicas por $ 76.000 millones, en su mayoría en la Capital y la provincia de Buenos Aires.
Los argumentos más fuertes de la oposición fueron la inequidad en el reparto y que se confirmó la adjudicación para el soterramiento del tren Sarmiento a Iecsa, el grupo de Ángelo Calcaterra, primo de Macri. Pero en lugar de mantener la cláusula para que el financiamiento corriera por cuenta de la empresa, se dispuso el desembolso de fondos públicos por $ 45.000 millones. Lo que anticipa el rechazo al DNU, que requiere ser ratificado en ambas cámaras para que el decreto quede derogado, es una discusión por las obras públicas a la que los gobernadores irán con el cuchillo entre los dientes.
La foto del miércoles en el Senado también anuncia tormentas para el oficialismo. Dirigentes de la Central de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, las organizaciones que protagonizaron la marcha de San Cayetano, se llevaron el compromiso de 20 senadores y 15 diputados para impulsar la declaración por ley de la emergencia social. El encuentro lo organizaron Juan Manuel Abal Medina y Teresita Luna, del Movimiento Evita, pero cobró mayor relevancia por la presencia de Pichetto. El proyecto propone el otorgamiento, por medio del plan Argentina Trabaja, de un «salario social complementario» a los trabajadores de la economía informal.
La iniciativa tiene además el respaldo en Diputados del kirchnerismo, del Frente Renovador y del Bloque Justicialista. El peronismo moderado avanza en la Cámara baja con proyectos para mejorar la situación de los trabajadores formales.
El primer punto de esa sucesión fue el 16 de agosto, cuando el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dio explicaciones por el tarifazo ante un plenario de comisiones de Diputados. Las intervenciones más punzantes fueron las de la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, y las del presidente del PJ, José Luis Gioja.
La semana pasada se sumaron otros tres acontecimientos que apuntalaron la tendencia. La Comisión de Trámite Legislativo dictaminó, con firmas de todas las vertientes peronistas, en contra de un DNU que modificó el presupuesto. Un grupo de senadores, con la presencia de Miguel Pichetto, se comprometió ante organizaciones de la economía popular a impulsar un proyecto para declarar la emergencia social. Y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibió cuestionamientos duros en su exposición en la Cámara baja, con fuertes estocadas del Frente Renovador y del Bloque Justicialista (BJ).
El avance en simultáneo en las dos cámaras, un poco coordinado y otro poco casual, se explica antes que nada, coinciden los protagonistas, por el contexto social. Pero puede verse también un cambio de actitud del PJ moderado, que había decidido, en las palabras de sus dirigentes, hacer un aporte a la gobernabilidad en los primeros meses de gestión de Mauricio Macri. Ese tiempo de tolerancia ya expiró, sin que la Casa Rosada cumpliera con lo prometido.
El oficialismo es consciente del cambio. Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, advirtió a Macri que será cada vez más muy difícil gestionar un Congreso en minoría. «Es natural: a medida que se acerca el año electoral, la oposición tiene más necesidad de diferenciarse. El año que viene va a ser peor», avisó Monzó. El presidente de la Cámara baja espera, de todos modos, contar con un sector del peronismo para aprobar el presupuesto 2017.
El martes quedó claro que esa negociación será muy difícil. Con las firmas del kirchnerismo, del PJ y del massista Raúl Pérez, la Comisión de Trámite Legislativo dictaminó en contra del DNU 797/16, firmado el 16 de junio por Gabriela Michetti, con Macri en Colombia. Además de reasignar partidas para el pago de la movilidad jubilatoria, el decreto dispuso el endeudamiento para el pago de obras públicas por $ 76.000 millones, en su mayoría en la Capital y la provincia de Buenos Aires.
Los argumentos más fuertes de la oposición fueron la inequidad en el reparto y que se confirmó la adjudicación para el soterramiento del tren Sarmiento a Iecsa, el grupo de Ángelo Calcaterra, primo de Macri. Pero en lugar de mantener la cláusula para que el financiamiento corriera por cuenta de la empresa, se dispuso el desembolso de fondos públicos por $ 45.000 millones. Lo que anticipa el rechazo al DNU, que requiere ser ratificado en ambas cámaras para que el decreto quede derogado, es una discusión por las obras públicas a la que los gobernadores irán con el cuchillo entre los dientes.
La foto del miércoles en el Senado también anuncia tormentas para el oficialismo. Dirigentes de la Central de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, las organizaciones que protagonizaron la marcha de San Cayetano, se llevaron el compromiso de 20 senadores y 15 diputados para impulsar la declaración por ley de la emergencia social. El encuentro lo organizaron Juan Manuel Abal Medina y Teresita Luna, del Movimiento Evita, pero cobró mayor relevancia por la presencia de Pichetto. El proyecto propone el otorgamiento, por medio del plan Argentina Trabaja, de un «salario social complementario» a los trabajadores de la economía informal.
La iniciativa tiene además el respaldo en Diputados del kirchnerismo, del Frente Renovador y del Bloque Justicialista. El peronismo moderado avanza en la Cámara baja con proyectos para mejorar la situación de los trabajadores formales.
