Los teóricos del absolutismo medieval sostenían que el poder del monarca derivaba directamente de Dios, por lo que el rey sólo a él debía responder, no encontrándose limitado por ninguna ley terrenal. Esta concepción del poder político se sintetizaba en una frase original de Ulpiano y que aparece en el Digesto: Princeps Legibus Solutus est , es decir, «el príncipe no está sujeto a la ley». Bajo esta idea, entonces, el soberano se encuentra no sólo por encima del resto de los ciudadanos en su condición de legislador, sino que también es libre de no acatar las leyes que él mismo dicta.
Ésta es, básicamente, la esencia de las concepciones más autoritarias de la política, presentes en los escritos de Nicolás Maquiavelo, Jean Bodin y Thomas Hobbes, entre otros. En otras palabras, la tesis de estos autores es que el poder político concentrado en el rey debía ser omnímodo y perpetuo, sin ninguna sujeción al derecho.
Se dice que un clásico se convierte en tal cuando contribuye a entender la realidad aun mucho tiempo después de haberse escrito. Varios siglos de por medio, la discusión del presupuesto 2014 en el Congreso nos remite claramente a este tipo de ideas. El Gobierno concibe el presupuesto como un cheque en blanco para gobernar de forma discrecional y arbitraria por un año más, asignando los recursos como le plazca sin control alguno. Es una mascarada que encubre el otorgamiento de facultades, el ajuste y la puesta en crisis del federalismo.
Al igual que los anteriores, este proyecto se estructura sobre la base de un dibujo torpe y mentiroso de las variables macroeconómicas. Se anticipa una inflación de 10,4%, cuando la evolución de las negociaciones salariales y todos los índices independientes consideran que no será inferior a 25%. Se subestima enormemente la tasa de devaluación, al prever un tipo de cambio de 6,33 pesos por dólar. Si quisiéramos creer esos valores, la tasa de devaluación sería de 16%, es decir, menor a la inflación, lo que ineludiblemente mermaría aún más la competitividad. También se fragua el crecimiento de la economía, al considerar que el PBI se incrementará 6,2% en términos reales. Un optimismo mentiroso que repercutirá en las cuentas públicas, al llevar a un injustificado pago de los títulos atados a la evolución del PBI.
La absoluta falta de seriedad de los números se evidencia si se compara la inmensa brecha entre el resultado fiscal presupuestado y el real. El presupuesto 2013 aprobado el año pasado anticipaba para este año un superávit de $ 587 millones. Sin embargo, en lo que va del año el Gobierno ha reconocido un déficit fiscal de 44.600 millones. Una diferencia tan gigantesca como grotesca no se debe a errores de cálculo, sino a la indisimulada decisión del Ejecutivo de gobernar sin presupuesto y hacer aprobar cada año en el Congreso un burdo dibujo, cuya única finalidad es conceder facultades para gastar discrecionalmente.
Éste es el punto decisivo. Tanto en el proyecto como en el paquete de leyes que lo acompañan se reiteran normas que perpetúan la concentración desmedida de atribuciones en el Ejecutivo. A pesar de la retórica acerca de la década ganada, el kirchnerismo vuelve a prorrogar la ley de emergencia económica aprobada en 2002, al igual que la inconstitucional delegación de facultades para reestructurar las partidas por decreto, sin autorización del Congreso.
Pero además el presupuesto 2014 contempla ajustes considerables. La lógica parece simple: el Poder Ejecutivo no está dispuesto a sancionar un presupuesto deficitario, aunque sabe que el ejercicio lo será, y por mucho. No está dispuesto a admitir que se financiará con inflación. Encontramos entonces ajustes que en la práctica probablemente no se lleven a cabo. Por ejemplo, los gastos en materia de salud, seguridad, promoción y asistencia social, educación, ciencia y técnica, trabajo y transporte figuran con disminuciones en los montos de las partidas o bien con aumentos nominales por debajo de la tasa de inflación esperada. Promoción y asistencia social, un área clave, incrementa su partida 13,6% en términos nominales. Sin embargo, esto significa una disminución de 9,1% en términos reales.
Por último, este proyecto agrava la ya angustiante situación de las provincias. La erosión del federalismo fiscal ha sido una constante durante la última década, y el presupuesto 2014 la perpetúa. No sólo con la prórroga del impuesto al cheque, tributo claramente regresivo pero que, si se lo mantiene, debiera ser 100% coparticipable. También con la continuación de impuestos de emergencia, como el de los cigarrillos. Completa el cuadro la ausencia de prórroga del Programa Federal de Desendeudamiento, por lo que las provincias pueden verse amenazadas por la exigencia del poder central para que paguen sus deudas.
En definitiva, estamos frente a una parodia de presupuesto, que la mayoría oficialista intenta aprobar sin discusión ni deliberación alguna, consagrando la eliminación de todo límite a los gastos estatales, tal como el «legibus solutus» del soberano medieval. Esta concepción absoluta del ejercicio del poder se contradice con los principios de una democracia republicana, donde el Poder Ejecutivo ejerce sus facultades en el marco de la Constitución, con sujeción a las leyes que dicta el Congreso.
El culto a la verdad, la tolerancia por las ideas ajenas, el valor de la justicia, el respeto irrestricto a los mandatos constitucionales y legales constituyen el único camino para que la Argentina pueda desarrollarse y para que todos los argentinos puedan gozar de un igualitario acceso a los bienes públicos. Ése es el desafío que enfrenta nuestra democracia. .
Ésta es, básicamente, la esencia de las concepciones más autoritarias de la política, presentes en los escritos de Nicolás Maquiavelo, Jean Bodin y Thomas Hobbes, entre otros. En otras palabras, la tesis de estos autores es que el poder político concentrado en el rey debía ser omnímodo y perpetuo, sin ninguna sujeción al derecho.
Se dice que un clásico se convierte en tal cuando contribuye a entender la realidad aun mucho tiempo después de haberse escrito. Varios siglos de por medio, la discusión del presupuesto 2014 en el Congreso nos remite claramente a este tipo de ideas. El Gobierno concibe el presupuesto como un cheque en blanco para gobernar de forma discrecional y arbitraria por un año más, asignando los recursos como le plazca sin control alguno. Es una mascarada que encubre el otorgamiento de facultades, el ajuste y la puesta en crisis del federalismo.
Al igual que los anteriores, este proyecto se estructura sobre la base de un dibujo torpe y mentiroso de las variables macroeconómicas. Se anticipa una inflación de 10,4%, cuando la evolución de las negociaciones salariales y todos los índices independientes consideran que no será inferior a 25%. Se subestima enormemente la tasa de devaluación, al prever un tipo de cambio de 6,33 pesos por dólar. Si quisiéramos creer esos valores, la tasa de devaluación sería de 16%, es decir, menor a la inflación, lo que ineludiblemente mermaría aún más la competitividad. También se fragua el crecimiento de la economía, al considerar que el PBI se incrementará 6,2% en términos reales. Un optimismo mentiroso que repercutirá en las cuentas públicas, al llevar a un injustificado pago de los títulos atados a la evolución del PBI.
La absoluta falta de seriedad de los números se evidencia si se compara la inmensa brecha entre el resultado fiscal presupuestado y el real. El presupuesto 2013 aprobado el año pasado anticipaba para este año un superávit de $ 587 millones. Sin embargo, en lo que va del año el Gobierno ha reconocido un déficit fiscal de 44.600 millones. Una diferencia tan gigantesca como grotesca no se debe a errores de cálculo, sino a la indisimulada decisión del Ejecutivo de gobernar sin presupuesto y hacer aprobar cada año en el Congreso un burdo dibujo, cuya única finalidad es conceder facultades para gastar discrecionalmente.
Éste es el punto decisivo. Tanto en el proyecto como en el paquete de leyes que lo acompañan se reiteran normas que perpetúan la concentración desmedida de atribuciones en el Ejecutivo. A pesar de la retórica acerca de la década ganada, el kirchnerismo vuelve a prorrogar la ley de emergencia económica aprobada en 2002, al igual que la inconstitucional delegación de facultades para reestructurar las partidas por decreto, sin autorización del Congreso.
Pero además el presupuesto 2014 contempla ajustes considerables. La lógica parece simple: el Poder Ejecutivo no está dispuesto a sancionar un presupuesto deficitario, aunque sabe que el ejercicio lo será, y por mucho. No está dispuesto a admitir que se financiará con inflación. Encontramos entonces ajustes que en la práctica probablemente no se lleven a cabo. Por ejemplo, los gastos en materia de salud, seguridad, promoción y asistencia social, educación, ciencia y técnica, trabajo y transporte figuran con disminuciones en los montos de las partidas o bien con aumentos nominales por debajo de la tasa de inflación esperada. Promoción y asistencia social, un área clave, incrementa su partida 13,6% en términos nominales. Sin embargo, esto significa una disminución de 9,1% en términos reales.
Por último, este proyecto agrava la ya angustiante situación de las provincias. La erosión del federalismo fiscal ha sido una constante durante la última década, y el presupuesto 2014 la perpetúa. No sólo con la prórroga del impuesto al cheque, tributo claramente regresivo pero que, si se lo mantiene, debiera ser 100% coparticipable. También con la continuación de impuestos de emergencia, como el de los cigarrillos. Completa el cuadro la ausencia de prórroga del Programa Federal de Desendeudamiento, por lo que las provincias pueden verse amenazadas por la exigencia del poder central para que paguen sus deudas.
En definitiva, estamos frente a una parodia de presupuesto, que la mayoría oficialista intenta aprobar sin discusión ni deliberación alguna, consagrando la eliminación de todo límite a los gastos estatales, tal como el «legibus solutus» del soberano medieval. Esta concepción absoluta del ejercicio del poder se contradice con los principios de una democracia republicana, donde el Poder Ejecutivo ejerce sus facultades en el marco de la Constitución, con sujeción a las leyes que dicta el Congreso.
El culto a la verdad, la tolerancia por las ideas ajenas, el valor de la justicia, el respeto irrestricto a los mandatos constitucionales y legales constituyen el único camino para que la Argentina pueda desarrollarse y para que todos los argentinos puedan gozar de un igualitario acceso a los bienes públicos. Ése es el desafío que enfrenta nuestra democracia. .
