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Acuerdo Macri-Gobierno para cubrir juzgados clave
Los seis candidatos
La ilusión de evitar a Oyarbide
Con un acontecimiento hubiera sido suficiente, pero sucedieron dos. El primero, y seguramente el más grave, fue la confección por parte del Consejo de la Magistratura de una propuesta para la designación de cuatro jueces federales. Esa lista está llena de nombres muy cuestionados desde el rigor académico o desde la sospecha política. El influyente Javier Fernández (el operador todoterreno del kirchnerismo en la Justicia) perdió un ahijado en las negociaciones, pero logró que otro protegido suyo se convirtiera en un potencial juez federal.
El otro episodio fue la ruptura implícita del acuerdo entre los consejeros opositores para enfrentar al kirchnerismo en el propio Consejo, que es el organismo que decide sobre la designación o el relevo de los jueces. Mauricio Macri se involucró personalmente en un acuerdo con el oficialismo llevado de la mano por un miembro del Consejo que llegó allí en nombre de la oposición, Alejandro Fargosi. Fargosi, identificado con Pro, ganó las elecciones en la Capital para consejero en nombre de una alianza entre radicales y macristas. Los radicales votaron ayer en contra de la propuesta aprobada por la mayoría del Consejo, que incluyó a Fargosi.
La propuesta de ayer tiene un alto significado institucional. Eleva al Poder Ejecutivo el nombre de los candidatos para cubrir cuatro vacantes ente los jueces federales de un total de doce. Se trata de más del 35 por ciento de los jueces federales de la Capital. Por una extraña jugarreta de la ley (que es cuestionada hasta por algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia), los jueces federales terminan teniendo en la Argentina más poder que el máximo tribunal de justicia del país. Son los que deciden, en el día a día, sobre la honra, sobre la culpabilidad, sobre la inocencia y, fundamentalmente, sobre la libertad de las personas. No deja de sorprender que el opositor Pro haya elegido el camino del acuerdo sobre semejante decisión. Para peor, da vueltas en el Consejo un peligroso proyecto para complicar los pedidos de juicio político para jueces o las investigaciones de sus decisiones. ¿Será también Pro un aliado en ese propósito del oficialismo?
¿Qué llevó a Macri a suscribir un pacto con el kirchnerismo a espaldas de sus socios en la oposición? ¿Qué empujó a Fargosi a una ruptura en los hechos de sus viejos compromisos políticos? En una reunión del propio Macri con Fargosi y con Federico Pinedo, el representante de Pro en el Consejo, el lunes pasado, el jefe capitalino los instruyó para que buscaran un cambio en la propuesta original del kirchnerismo. Consiguieron que a última hora el oficialismo bajara a uno de los que proponía para juez, Carlos Ferrari, un antiguo colaborador de Javier Fernández.
Dramatismo
La resignación de Ferrari no careció de cierto dramatismo. Ayer rindió un examen conceptual ante el Consejo de la Magistratura, pero renunció 20 minutos después. El kirchnerismo había aceptado la propuesta de Macri para cambiar a uno de los propuestos (el macrismo había pedido que se fueran dos, en verdad), aunque la versión que circuló entre los consejeros es que se trataba de un acuerdo con el radicalismo. El radicalismo bramó. «Es la traición de Fargosi», dijeron en el acto. El radicalismo promovía un acuerdo de la oposición para demorar la designación de todos los jueces hasta que se hiciera un nuevo concurso.
Sólo dos de los propuestos tienen antecedentes y méritos suficientes como ejercer la magistratura: el actual juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi y Marcelo Goldberg. Un lejano pariente político de Javier Fernández conservó su lugar y el resto de los potenciales jueces no reúnen condiciones para administrar justicia, según la opinión generalizada de magistrados, especialistas y dirigentes opositores.
Dos rupturas
El macrismo se escudó en el pragmatismo: «Es mejor sacar a uno que no sacar a ninguno», dijo por un lado. «Habrá cuatro jueces más para los sorteos que siempre caen en Oyarbide», justificó también. Eso, por sí solo, no podría explicar un acuerdo con el kirchnerismo ni, mucho menos, la ruptura de un acuerdo con la oposición. «Hubo una ruptura personal de Fargosi y otra institucional de Pro», dramatizó el jefe de los diputados radicales, el ex juez Ricardo Gil Lavedra.
¿Por qué? Macri venía preocupado: las buenas ondas de Cristina Kirchner, que prevalecieron durante la campaña electoral entre el 14 de agosto y el 23 de octubre, se terminaron rápidamente. El traspaso de la red de subterráneos fue el primer ardid kirchnerista en el que el macrismo se embrolló con alegría. Pidió que le traspasaran también los 700 millones de dólares que los subterráneos de la Capital le cuestan al gobierno nacional. Macri los fue a ver a Julio De Vido y a Amado Boudou con sus reclamos. Se encontró con formas amables, pero con palabras vacías de promesas.
Estaban en esa discusión sobre el reparto de los costos políticos (más que sobre el de los subsidios) cuando sucedió el derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre al 1200. Macri conoció entonces el poder de fuego del kirchnerismo, que no lo dejó en paz desde entonces. A la despiadada crítica del kirchnerismo a su gestión se sumó hasta un ministro de la Nación, Carlos Tomada, como expresión cabal de que la orden venía de la propia Presidenta. Macri está procesado, además, por un juez y por una Cámara Federal por el caso de las escuchas telefónicas. El kirchnerismo hurga permanentemente en su administración para llevar presuntas irregularidades a manos de jueces amigos.
Macri le esquiva a la perspectiva de cuatro años metido en un campo de batalla. Desapareció de los medios periodísticos desde la victoria de Cristina Kirchner para no repetir sus viejas críticas a la Presidenta. ¿Cómo podría gobernar la Capital en tiempos menos generosos y con el gobierno nacional en tren de guerra?, se preguntaba. «No quiero ser yo quien empiece la guerra», suele repetir el jefe del macrismo.
Toda estrategia tiene un límite. Una frontera separa la presunta astucia de la ingenuidad política. Otra barrera, más firme e insoslayable, divide la necesidad política de la responsabilidad institucional..
Acuerdo Macri-Gobierno para cubrir juzgados clave
Los seis candidatos
La ilusión de evitar a Oyarbide
Con un acontecimiento hubiera sido suficiente, pero sucedieron dos. El primero, y seguramente el más grave, fue la confección por parte del Consejo de la Magistratura de una propuesta para la designación de cuatro jueces federales. Esa lista está llena de nombres muy cuestionados desde el rigor académico o desde la sospecha política. El influyente Javier Fernández (el operador todoterreno del kirchnerismo en la Justicia) perdió un ahijado en las negociaciones, pero logró que otro protegido suyo se convirtiera en un potencial juez federal.
El otro episodio fue la ruptura implícita del acuerdo entre los consejeros opositores para enfrentar al kirchnerismo en el propio Consejo, que es el organismo que decide sobre la designación o el relevo de los jueces. Mauricio Macri se involucró personalmente en un acuerdo con el oficialismo llevado de la mano por un miembro del Consejo que llegó allí en nombre de la oposición, Alejandro Fargosi. Fargosi, identificado con Pro, ganó las elecciones en la Capital para consejero en nombre de una alianza entre radicales y macristas. Los radicales votaron ayer en contra de la propuesta aprobada por la mayoría del Consejo, que incluyó a Fargosi.
La propuesta de ayer tiene un alto significado institucional. Eleva al Poder Ejecutivo el nombre de los candidatos para cubrir cuatro vacantes ente los jueces federales de un total de doce. Se trata de más del 35 por ciento de los jueces federales de la Capital. Por una extraña jugarreta de la ley (que es cuestionada hasta por algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia), los jueces federales terminan teniendo en la Argentina más poder que el máximo tribunal de justicia del país. Son los que deciden, en el día a día, sobre la honra, sobre la culpabilidad, sobre la inocencia y, fundamentalmente, sobre la libertad de las personas. No deja de sorprender que el opositor Pro haya elegido el camino del acuerdo sobre semejante decisión. Para peor, da vueltas en el Consejo un peligroso proyecto para complicar los pedidos de juicio político para jueces o las investigaciones de sus decisiones. ¿Será también Pro un aliado en ese propósito del oficialismo?
¿Qué llevó a Macri a suscribir un pacto con el kirchnerismo a espaldas de sus socios en la oposición? ¿Qué empujó a Fargosi a una ruptura en los hechos de sus viejos compromisos políticos? En una reunión del propio Macri con Fargosi y con Federico Pinedo, el representante de Pro en el Consejo, el lunes pasado, el jefe capitalino los instruyó para que buscaran un cambio en la propuesta original del kirchnerismo. Consiguieron que a última hora el oficialismo bajara a uno de los que proponía para juez, Carlos Ferrari, un antiguo colaborador de Javier Fernández.
Dramatismo
La resignación de Ferrari no careció de cierto dramatismo. Ayer rindió un examen conceptual ante el Consejo de la Magistratura, pero renunció 20 minutos después. El kirchnerismo había aceptado la propuesta de Macri para cambiar a uno de los propuestos (el macrismo había pedido que se fueran dos, en verdad), aunque la versión que circuló entre los consejeros es que se trataba de un acuerdo con el radicalismo. El radicalismo bramó. «Es la traición de Fargosi», dijeron en el acto. El radicalismo promovía un acuerdo de la oposición para demorar la designación de todos los jueces hasta que se hiciera un nuevo concurso.
Sólo dos de los propuestos tienen antecedentes y méritos suficientes como ejercer la magistratura: el actual juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi y Marcelo Goldberg. Un lejano pariente político de Javier Fernández conservó su lugar y el resto de los potenciales jueces no reúnen condiciones para administrar justicia, según la opinión generalizada de magistrados, especialistas y dirigentes opositores.
Dos rupturas
El macrismo se escudó en el pragmatismo: «Es mejor sacar a uno que no sacar a ninguno», dijo por un lado. «Habrá cuatro jueces más para los sorteos que siempre caen en Oyarbide», justificó también. Eso, por sí solo, no podría explicar un acuerdo con el kirchnerismo ni, mucho menos, la ruptura de un acuerdo con la oposición. «Hubo una ruptura personal de Fargosi y otra institucional de Pro», dramatizó el jefe de los diputados radicales, el ex juez Ricardo Gil Lavedra.
¿Por qué? Macri venía preocupado: las buenas ondas de Cristina Kirchner, que prevalecieron durante la campaña electoral entre el 14 de agosto y el 23 de octubre, se terminaron rápidamente. El traspaso de la red de subterráneos fue el primer ardid kirchnerista en el que el macrismo se embrolló con alegría. Pidió que le traspasaran también los 700 millones de dólares que los subterráneos de la Capital le cuestan al gobierno nacional. Macri los fue a ver a Julio De Vido y a Amado Boudou con sus reclamos. Se encontró con formas amables, pero con palabras vacías de promesas.
Estaban en esa discusión sobre el reparto de los costos políticos (más que sobre el de los subsidios) cuando sucedió el derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre al 1200. Macri conoció entonces el poder de fuego del kirchnerismo, que no lo dejó en paz desde entonces. A la despiadada crítica del kirchnerismo a su gestión se sumó hasta un ministro de la Nación, Carlos Tomada, como expresión cabal de que la orden venía de la propia Presidenta. Macri está procesado, además, por un juez y por una Cámara Federal por el caso de las escuchas telefónicas. El kirchnerismo hurga permanentemente en su administración para llevar presuntas irregularidades a manos de jueces amigos.
Macri le esquiva a la perspectiva de cuatro años metido en un campo de batalla. Desapareció de los medios periodísticos desde la victoria de Cristina Kirchner para no repetir sus viejas críticas a la Presidenta. ¿Cómo podría gobernar la Capital en tiempos menos generosos y con el gobierno nacional en tren de guerra?, se preguntaba. «No quiero ser yo quien empiece la guerra», suele repetir el jefe del macrismo.
Toda estrategia tiene un límite. Una frontera separa la presunta astucia de la ingenuidad política. Otra barrera, más firme e insoslayable, divide la necesidad política de la responsabilidad institucional..
