El alza en el precio de los combustibles ha sido de alrededor del 30% en lo que va del año, luego de tres aumentos sucesivos del 6% cada uno, primero, y otro más, del 10%, desde el 1° de mayo.
No puede ignorarse el estado calamitoso que en materia de energía y combustibles dejaron los gobiernos kirchneristas al país. Permitieron que se acumularan atrasos de magnitud extraordinaria en la actualización de precios corroídos por una inflación del 700% durante la última década. Sabían sus responsables que legaban una bomba de tiempo a quienes vinieran después a hacerse cargo del gobierno. Como lo hicieron en tantos otros terrenos de la gestión pública, se desentendieron de las consecuencias que ahora pagan sus sucesores, obligados a un sinceramiento sin el cual las cuentas públicas se harían insostenibles por más tiempo y las inversiones y fuentes de trabajo comprometidas en este tipo de actividades entrarían en parálisis.
Pero el examen de los aumentos habidos en los combustibles no puede agotarse, por reciente que haya sido el relevo gubernamental, en la enumeración de los estropicios que marcó la gestión del kirchnerismo. Ni siquiera alcanza con la observación de que los mentores del «relato» se han olvidado de las nefastas consecuencias de haber recibido en 2003 un país que exportaba petróleo y derivados y de haberlo devuelto con el abultado costo anual por las importaciones a las que lo han condenado.
Ese pasado tan próximo a nuestros días no justifica que la nafta y el gasoil cuesten hoy en la Argentina más que en muchos otros países. Lo dijo públicamente el ex ministro de Economía Domingo Cavallo a propósito de una experiencia personal. Acababa de cargar nafta súper en el tanque de su automóvil, en los Estados Unidos. Pagó por ello menos de 3 dólares el galón, algo así como 80 centavos por litro. A unos 17 pesos que cuesta aquí aquella misma nafta, resulta que en la Argentina la cuenta da 1,20 dólares. O sea, un 50% más elevada.
No es del caso preguntarse si la política de capitalismo de amigos derrotada en la segunda vuelta electoral del 22 de noviembre ha sido reemplazada o no por un capitalismo con otros amigos. Es demasiado temprano para preguntarlo y nos resistimos a aceptar que este gobierno pueda en algún momento caer en la perversión capitalista que caracterizó al kirchnerismo. Sería, sin embargo, oportuno que se escribiera un libro blanco sobre los costos de explorar y producir petróleo en la Argentina, y las razones por la cual los productores reciben un subsidio que llegó a los 75 dólares el barril en tiempos del ministro Axel Kicillof y es hoy de alrededor de 67 dólares. Si la masa de dinero que salió de las cuentas públicas para atender esa erogación excepcional llegó a ser de cerca de 5000 millones de dólares (o de cerca del 1% del PBI), la opinión pública necesita explicaciones. Es vedad que tales subsidios han bajado a raíz de los nuevos valores internacionales, pero si son, como se afirma, de 3000 millones de dólares, configuran todavía una suma impresionante para un país en que muchas otras actividades corren con la carga total del riesgo empresarial.
¿Cómo explicarles a los productores agropecuarios, que además de los impuestos ordinarios deben asumir gravámenes extras, como la retención del 30% sobre la soja, que hay sectores con asombrosas ventajas comparativas? La suba de los combustibles ha neutralizado buena parte de los efectos de la devaluación del peso, producida en diciembre, y si sólo se quejó públicamente Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), otras entidades se han encargado por igual de mensurar ante quienes quisieran oírlas off the record los efectos que han producido las subas en los precios de los combustibles, en particular el gasoil. Nadie ha pasado por alto que esos aumentos llegaron en plena cosecha de la soja, el girasol y el maíz sembrado en septiembre en la zona núcleo.
Sobre las naftas pesan contribuciones fiscales del 46% y sobre el gasoil del 40%. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, ha dicho que está en preparación un proyecto para que esos gravámenes graviten de modo anticíclico. Esperamos que la iniciativa se apruebe y que las provincias y sindicatos involucrados en la actividad petrolera actúen con la debida responsabilidad. Nadie olvida que se trata de un sector que involucra a 400.000 familias; tampoco que los gremios petroleros cuentan en promedio con algunos de los salarios más altos en el país.
La actual situación, sobrecargada con importaciones costosas de electricidad, gas, petróleo y sus derivados, debe advertir que urge el fomento de políticas competitivas entre las empresas petroleras y que debe fiscalizarse cualquier riesgo de cartelizaciones contra la transparencia del mercado. Es el momento de pensar en nuevos estímulos a los combustibles alternativos, entre ellos el biodisel y el etanol.
Por lo demás, no puede pasarse por alto que cuestiones de manifiesta incidencia no sólo sobre los costos de la producción nacional en todos los órdenes, sino también en la economía individual, resultan acreedoras a un esfuerzo de empatía y de comunicación emocional genuino. No resolverá las consecuencias materiales de lo que se haya decidido, pero aproximarán más a los gobernantes a la sociedad en cuyo nombre se ejerce el poder.
No puede ignorarse el estado calamitoso que en materia de energía y combustibles dejaron los gobiernos kirchneristas al país. Permitieron que se acumularan atrasos de magnitud extraordinaria en la actualización de precios corroídos por una inflación del 700% durante la última década. Sabían sus responsables que legaban una bomba de tiempo a quienes vinieran después a hacerse cargo del gobierno. Como lo hicieron en tantos otros terrenos de la gestión pública, se desentendieron de las consecuencias que ahora pagan sus sucesores, obligados a un sinceramiento sin el cual las cuentas públicas se harían insostenibles por más tiempo y las inversiones y fuentes de trabajo comprometidas en este tipo de actividades entrarían en parálisis.
Pero el examen de los aumentos habidos en los combustibles no puede agotarse, por reciente que haya sido el relevo gubernamental, en la enumeración de los estropicios que marcó la gestión del kirchnerismo. Ni siquiera alcanza con la observación de que los mentores del «relato» se han olvidado de las nefastas consecuencias de haber recibido en 2003 un país que exportaba petróleo y derivados y de haberlo devuelto con el abultado costo anual por las importaciones a las que lo han condenado.
Ese pasado tan próximo a nuestros días no justifica que la nafta y el gasoil cuesten hoy en la Argentina más que en muchos otros países. Lo dijo públicamente el ex ministro de Economía Domingo Cavallo a propósito de una experiencia personal. Acababa de cargar nafta súper en el tanque de su automóvil, en los Estados Unidos. Pagó por ello menos de 3 dólares el galón, algo así como 80 centavos por litro. A unos 17 pesos que cuesta aquí aquella misma nafta, resulta que en la Argentina la cuenta da 1,20 dólares. O sea, un 50% más elevada.
No es del caso preguntarse si la política de capitalismo de amigos derrotada en la segunda vuelta electoral del 22 de noviembre ha sido reemplazada o no por un capitalismo con otros amigos. Es demasiado temprano para preguntarlo y nos resistimos a aceptar que este gobierno pueda en algún momento caer en la perversión capitalista que caracterizó al kirchnerismo. Sería, sin embargo, oportuno que se escribiera un libro blanco sobre los costos de explorar y producir petróleo en la Argentina, y las razones por la cual los productores reciben un subsidio que llegó a los 75 dólares el barril en tiempos del ministro Axel Kicillof y es hoy de alrededor de 67 dólares. Si la masa de dinero que salió de las cuentas públicas para atender esa erogación excepcional llegó a ser de cerca de 5000 millones de dólares (o de cerca del 1% del PBI), la opinión pública necesita explicaciones. Es vedad que tales subsidios han bajado a raíz de los nuevos valores internacionales, pero si son, como se afirma, de 3000 millones de dólares, configuran todavía una suma impresionante para un país en que muchas otras actividades corren con la carga total del riesgo empresarial.
¿Cómo explicarles a los productores agropecuarios, que además de los impuestos ordinarios deben asumir gravámenes extras, como la retención del 30% sobre la soja, que hay sectores con asombrosas ventajas comparativas? La suba de los combustibles ha neutralizado buena parte de los efectos de la devaluación del peso, producida en diciembre, y si sólo se quejó públicamente Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), otras entidades se han encargado por igual de mensurar ante quienes quisieran oírlas off the record los efectos que han producido las subas en los precios de los combustibles, en particular el gasoil. Nadie ha pasado por alto que esos aumentos llegaron en plena cosecha de la soja, el girasol y el maíz sembrado en septiembre en la zona núcleo.
Sobre las naftas pesan contribuciones fiscales del 46% y sobre el gasoil del 40%. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, ha dicho que está en preparación un proyecto para que esos gravámenes graviten de modo anticíclico. Esperamos que la iniciativa se apruebe y que las provincias y sindicatos involucrados en la actividad petrolera actúen con la debida responsabilidad. Nadie olvida que se trata de un sector que involucra a 400.000 familias; tampoco que los gremios petroleros cuentan en promedio con algunos de los salarios más altos en el país.
La actual situación, sobrecargada con importaciones costosas de electricidad, gas, petróleo y sus derivados, debe advertir que urge el fomento de políticas competitivas entre las empresas petroleras y que debe fiscalizarse cualquier riesgo de cartelizaciones contra la transparencia del mercado. Es el momento de pensar en nuevos estímulos a los combustibles alternativos, entre ellos el biodisel y el etanol.
Por lo demás, no puede pasarse por alto que cuestiones de manifiesta incidencia no sólo sobre los costos de la producción nacional en todos los órdenes, sino también en la economía individual, resultan acreedoras a un esfuerzo de empatía y de comunicación emocional genuino. No resolverá las consecuencias materiales de lo que se haya decidido, pero aproximarán más a los gobernantes a la sociedad en cuyo nombre se ejerce el poder.
