El 1º de marzo, frente a la Asamblea Legislativa, Mauricio Macri les contará a los argentinos en qué situación recibió el país. Sectores empresariales y sociales le están reclamando el balance de la herencia. Pero es, sobre todo, una necesidad política del Presidente. La decisión de recibir el país sin beneficio de inventario fue catastrófica para Alfonsín y De la Rúa. Ellos entregaron un país en crisis, pero también habían recibido un país en crisis que nunca dijeron. Para peor, el vértigo de decisiones de la actual administración crea la impresión colectiva de que Macri está gobernando desde hace mucho tiempo. En realidad, sucedió a Cristina Kirchner hace un mes y medio, período en el que se cuentan sólo 32 días hábiles.
El descalabro de la economía heredada, el Congreso adverso, la inminencia de las paritarias salariales y los reductos ideológicos antimacristas en la Justicia serán los grandes desafíos del Presidente. Semejantes cuestiones merecen, al menos, empezar con una puesta al día del país que existió hasta el 10 de diciembre pasado.
En ese contexto debe inscribirse el comienzo de la actualización de las tarifas de electricidad. Los subsidios al consumo de energía beneficiaban sólo a la región metropolitana (Capital Federal y conurbano bonaerense), lo que permitía que existieran argentinos de primera y de segunda categoría.
En barrios de la Capital se paga por un bimestre de luz lo que cuestan dos cafés en el bar de la esquina.
Un solo dato es suficiente para mostrar los efectos de ese desatino: la economía no creció en los últimos años, pero el consumo de energía creció un 6%. ¿Consecuencias? La Argentina vive, 15 años después, sólo de las inversiones que en energía se hicieron en la década del 90. El servicio de energía es barato y pésimo para quienes viven en la zona subsidiada. La capacidad de generar electricidad es igual a la cantidad que se requiere en momentos de máxima demanda. ¿Qué proyecto de crecimiento de la economía podría haber en tales condiciones, cuando cualquier crecimiento requerirá más energía?
Sólo el aumento anunciado en las tarifas eléctricas significará la reducción de 1,5 puntos del déficit. Servirá para compensar la quita de las retenciones al campo y el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. ¿Suficiente? No. Aquella compensación sólo restablece el volumen de déficit que dejó Cristina Kirchner, el mayor de los últimos 30 años. El aumento satelital del empleo público es un ingrediente importante del déficit. Desde 2000 hasta 2015, el gobierno aumentó un 42% su personal; las provincias, un 61%; las municipalidades, un 82%, y las empresas públicas y bancos oficiales, un 391%, según datos en poder del Gobierno. Por ahora, se está despidiendo sólo a los ñoquis explícitos.
La administración de Macri se propuso reducir el déficit en un punto durante este año. ¿Podría hacer algo más? La respuesta no es una sola. Los economistas ortodoxos señalan que se debería hacer mucho más y cuanto antes. Al revés de la crítica que le hace el progresismo, a Macri lo combaten los ortodoxos más que los heterodoxos. El Presidente, que abrevó en los manuales ortodoxos de la economía, cree, sin embargo, que los economistas de esa corriente no les agregan a sus análisis las expectativas sociales, fundamentales para el desarrollo de la economía. Lo supo con sólo ver la dinámica de los últimos doce años. Los ortodoxos se cansaron de anunciar la cercanía de un precipicio que nunca se abrió.
El otro argumento que sostiene el gradualismo presidencial es la crisis de la economía mundial. El conflicto, con epicentro en China, podría dispararse hacia una recesión mundial parecida a la de 2008. ¿Hasta qué grado complicaría la fortaleza política de Macri si los efectos de una situación internacional crítica se sumaran a un severo ajuste argentino? Macri está dispuesto a todo, menos a arriesgar su liderazgo político. Prefiere, por eso, confiar en Alfonso Prat-Gay, a quien ha vuelto a elogiar en los últimos días y a quien también le pidió que se integrara sin mayores pretensiones al equipo de seis ministros económicos. Eligió, en fin, que el crecimiento de la economía acompañe el ajuste del Estado. Poco a poco.
La acción conjunta del equipo económico es imprescindible, sobre todo luego de que el Presidente fuera notificado en Davos de una noticia: la Argentina es el país latinoamericano elegido por el interés de la comunidad económica y política internacional para los próximos 20 años, porque gran parte del mundo interpretó que la crisis política y económica de Brasil durará demasiado tiempo. El colapso brasileño coincidió con un brusco cambio político en la Argentina. Al mundo le gusta ese cambio. Sucede sólo eso. No hay que buscar más explicaciones.
El propio Presidente debió arbitrar en una diferencia entre Prat-Gay y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Prat-Gay consideraba necesario el préstamo de 5000 millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central. Sturzenegger es un optimista incurable. Estaba seguro de que el país no requería ayudas especiales después de la exitosa salida del cepo. Prat-Gay tiene un optimismo más moderado: el Gobierno es muy nuevo, nadie conoce el decurso de la crisis internacional ni los caprichos del mercado financiero. Macri los reunió, los escuchó y dio la razón a Prat-Gay. Hasta Sturzenegger elogió luego a Prat-Gay por la actuación de éste en una reunión con la jefa del Fondo Monetario, Christine Lagarde. La paz se restableció.
¿Se restauró la paz con los gobernadores peronistas? Por lo pronto, se restauró la necesidad de que la política tenga una presencia tan importante como la economía o las cuestiones sociales en la administración de Macri. El propio Presidente admitió que se cometieron «errores» en la forma de hacer y comunicar el aumento de la coparticipación para la Capital. Ministros y funcionarios políticos frecuentan ahora el despacho presidencial con tanta asiduidad como los economistas. Una mesa permanente nucleará a esos políticos de Macri.
No es difícil llevarse bien con los gobernadores. Vienen de tiempos de maltratos. «Esto es muy diferente», le dijo al Presidente un gobernador peronista con fama de duro luego de que todos los mandatarios fueran convocados a la Casa de Gobierno para que expresaran sus críticas. Después de que los escucharan Marcos Peña y Rogelio Frigerio, Macri ordenó cambiar el decreto que le asignaba más recursos coparticipables a la Capital. Los nuevos recursos se limitarán exclusivamente a sufragar los gastos de los 15.000 policías federales transferidos al gobierno capitalino. Era uno de los reclamos de los gobernadores.
El buen diálogo con esos mandatarios es indispensable para Macri, porque serán los que podrán influir en el Senado y en Diputados. En el Senado, el cristinismo puro es una minoría; a la mayoría la conduce el senador Miguel Pichetto, a quien le gusta más hablar con los gobernadores que con los cristinistas. En Diputados, el bloque peronista está cerca de quebrarse por decisión de los que no aceptan la conducción de La Cámpora. ¿Por qué Macri debería perder esa oportunidad de una relación racional, aunque tensa, con el peronismo? «El peronismo sabe que estoy dispuesto a escuchar y conceder lo que es justo», suele decir el Presidente.
El otro costado del peronismo son los gremios, que están a punto de abrir el período anual de paritarias. El resultado de esas negociaciones será crucial para definir la curva futura de la inflación. Para Macri, el problema no serán los poderosos gremios industriales y de servicios, que le hicieron saber que no quieren ser un obstáculo para el Gobierno. El problema verdadero son los gremios docentes. «Ése es un tema aparte», dice Macri. El dirigente más importante de los docentes bonaerenses es Roberto Baradel, un kirchnerista de vieja cepa que acaba de pedir un aumento salarial de casi el 50%. Es improbable que las clases comiencen en tiempo y forma en la provincia de Buenos Aires.
¿Decidirán los jueces en tiempo y forma? La pregunta tiene dos destinatarios. Por un lado, los jueces federales que cajonearon las denuncias de corrupción del kichnerismo mientras el kirchnerismo fue poder. Esas morosidades ya no tienen explicación. Están también los otros jueces, que nacieron al abrigo ideológico del cristinismo, y que en primera y en segunda instancia están decididos a bloquear al gobierno de Macri. Hay ahí más ideología que otra cosa. El Presidente puede hacer poco y nada. Su única esperanza es que la Corte Suprema, más predispuesta a ayudar a la gobernabilidad del país, termine desbloqueando el eventual boicot. Serán esos jueces hostiles y antimacristas los que levantarán la última frontera de la resistencia de una Cristina ya débil, prematuramente olvidada.
El descalabro de la economía heredada, el Congreso adverso, la inminencia de las paritarias salariales y los reductos ideológicos antimacristas en la Justicia serán los grandes desafíos del Presidente. Semejantes cuestiones merecen, al menos, empezar con una puesta al día del país que existió hasta el 10 de diciembre pasado.
En ese contexto debe inscribirse el comienzo de la actualización de las tarifas de electricidad. Los subsidios al consumo de energía beneficiaban sólo a la región metropolitana (Capital Federal y conurbano bonaerense), lo que permitía que existieran argentinos de primera y de segunda categoría.
En barrios de la Capital se paga por un bimestre de luz lo que cuestan dos cafés en el bar de la esquina.
Un solo dato es suficiente para mostrar los efectos de ese desatino: la economía no creció en los últimos años, pero el consumo de energía creció un 6%. ¿Consecuencias? La Argentina vive, 15 años después, sólo de las inversiones que en energía se hicieron en la década del 90. El servicio de energía es barato y pésimo para quienes viven en la zona subsidiada. La capacidad de generar electricidad es igual a la cantidad que se requiere en momentos de máxima demanda. ¿Qué proyecto de crecimiento de la economía podría haber en tales condiciones, cuando cualquier crecimiento requerirá más energía?
Sólo el aumento anunciado en las tarifas eléctricas significará la reducción de 1,5 puntos del déficit. Servirá para compensar la quita de las retenciones al campo y el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. ¿Suficiente? No. Aquella compensación sólo restablece el volumen de déficit que dejó Cristina Kirchner, el mayor de los últimos 30 años. El aumento satelital del empleo público es un ingrediente importante del déficit. Desde 2000 hasta 2015, el gobierno aumentó un 42% su personal; las provincias, un 61%; las municipalidades, un 82%, y las empresas públicas y bancos oficiales, un 391%, según datos en poder del Gobierno. Por ahora, se está despidiendo sólo a los ñoquis explícitos.
La administración de Macri se propuso reducir el déficit en un punto durante este año. ¿Podría hacer algo más? La respuesta no es una sola. Los economistas ortodoxos señalan que se debería hacer mucho más y cuanto antes. Al revés de la crítica que le hace el progresismo, a Macri lo combaten los ortodoxos más que los heterodoxos. El Presidente, que abrevó en los manuales ortodoxos de la economía, cree, sin embargo, que los economistas de esa corriente no les agregan a sus análisis las expectativas sociales, fundamentales para el desarrollo de la economía. Lo supo con sólo ver la dinámica de los últimos doce años. Los ortodoxos se cansaron de anunciar la cercanía de un precipicio que nunca se abrió.
El otro argumento que sostiene el gradualismo presidencial es la crisis de la economía mundial. El conflicto, con epicentro en China, podría dispararse hacia una recesión mundial parecida a la de 2008. ¿Hasta qué grado complicaría la fortaleza política de Macri si los efectos de una situación internacional crítica se sumaran a un severo ajuste argentino? Macri está dispuesto a todo, menos a arriesgar su liderazgo político. Prefiere, por eso, confiar en Alfonso Prat-Gay, a quien ha vuelto a elogiar en los últimos días y a quien también le pidió que se integrara sin mayores pretensiones al equipo de seis ministros económicos. Eligió, en fin, que el crecimiento de la economía acompañe el ajuste del Estado. Poco a poco.
La acción conjunta del equipo económico es imprescindible, sobre todo luego de que el Presidente fuera notificado en Davos de una noticia: la Argentina es el país latinoamericano elegido por el interés de la comunidad económica y política internacional para los próximos 20 años, porque gran parte del mundo interpretó que la crisis política y económica de Brasil durará demasiado tiempo. El colapso brasileño coincidió con un brusco cambio político en la Argentina. Al mundo le gusta ese cambio. Sucede sólo eso. No hay que buscar más explicaciones.
El propio Presidente debió arbitrar en una diferencia entre Prat-Gay y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Prat-Gay consideraba necesario el préstamo de 5000 millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central. Sturzenegger es un optimista incurable. Estaba seguro de que el país no requería ayudas especiales después de la exitosa salida del cepo. Prat-Gay tiene un optimismo más moderado: el Gobierno es muy nuevo, nadie conoce el decurso de la crisis internacional ni los caprichos del mercado financiero. Macri los reunió, los escuchó y dio la razón a Prat-Gay. Hasta Sturzenegger elogió luego a Prat-Gay por la actuación de éste en una reunión con la jefa del Fondo Monetario, Christine Lagarde. La paz se restableció.
¿Se restauró la paz con los gobernadores peronistas? Por lo pronto, se restauró la necesidad de que la política tenga una presencia tan importante como la economía o las cuestiones sociales en la administración de Macri. El propio Presidente admitió que se cometieron «errores» en la forma de hacer y comunicar el aumento de la coparticipación para la Capital. Ministros y funcionarios políticos frecuentan ahora el despacho presidencial con tanta asiduidad como los economistas. Una mesa permanente nucleará a esos políticos de Macri.
No es difícil llevarse bien con los gobernadores. Vienen de tiempos de maltratos. «Esto es muy diferente», le dijo al Presidente un gobernador peronista con fama de duro luego de que todos los mandatarios fueran convocados a la Casa de Gobierno para que expresaran sus críticas. Después de que los escucharan Marcos Peña y Rogelio Frigerio, Macri ordenó cambiar el decreto que le asignaba más recursos coparticipables a la Capital. Los nuevos recursos se limitarán exclusivamente a sufragar los gastos de los 15.000 policías federales transferidos al gobierno capitalino. Era uno de los reclamos de los gobernadores.
El buen diálogo con esos mandatarios es indispensable para Macri, porque serán los que podrán influir en el Senado y en Diputados. En el Senado, el cristinismo puro es una minoría; a la mayoría la conduce el senador Miguel Pichetto, a quien le gusta más hablar con los gobernadores que con los cristinistas. En Diputados, el bloque peronista está cerca de quebrarse por decisión de los que no aceptan la conducción de La Cámpora. ¿Por qué Macri debería perder esa oportunidad de una relación racional, aunque tensa, con el peronismo? «El peronismo sabe que estoy dispuesto a escuchar y conceder lo que es justo», suele decir el Presidente.
El otro costado del peronismo son los gremios, que están a punto de abrir el período anual de paritarias. El resultado de esas negociaciones será crucial para definir la curva futura de la inflación. Para Macri, el problema no serán los poderosos gremios industriales y de servicios, que le hicieron saber que no quieren ser un obstáculo para el Gobierno. El problema verdadero son los gremios docentes. «Ése es un tema aparte», dice Macri. El dirigente más importante de los docentes bonaerenses es Roberto Baradel, un kirchnerista de vieja cepa que acaba de pedir un aumento salarial de casi el 50%. Es improbable que las clases comiencen en tiempo y forma en la provincia de Buenos Aires.
¿Decidirán los jueces en tiempo y forma? La pregunta tiene dos destinatarios. Por un lado, los jueces federales que cajonearon las denuncias de corrupción del kichnerismo mientras el kirchnerismo fue poder. Esas morosidades ya no tienen explicación. Están también los otros jueces, que nacieron al abrigo ideológico del cristinismo, y que en primera y en segunda instancia están decididos a bloquear al gobierno de Macri. Hay ahí más ideología que otra cosa. El Presidente puede hacer poco y nada. Su única esperanza es que la Corte Suprema, más predispuesta a ayudar a la gobernabilidad del país, termine desbloqueando el eventual boicot. Serán esos jueces hostiles y antimacristas los que levantarán la última frontera de la resistencia de una Cristina ya débil, prematuramente olvidada.
