El Tribunal Supremo de Estados Unidos validó hoy la prohibición de la aplicación de criterios étnicos para las admisiones en los colegios y universidades en Michigan, la llamada «acción afirmativa», una decisión que podría afectar a otros estados.
La «acción afirmativa» es un conjunto de leyes que establece beneficios para minorías previamente perjudicadas por razones de raza, sexo o nacionalidad.
El juez Anthony Kennedy, que redactó el dictamen, sostuvo que «no hay autoridad en la Constitución de Estados Unidos ni en los precedentes» del Supremo para desechar las leyes de Michigan que otorgan a los votantes la capacidad de resolver ese debate.
Seis de los nueve magistrados del Supremo consideraron que los votantes de Michigan tuvieron derecho a cambiar la Constitución del estado poniendo fin a los programas conocidos como «acción afirmativa» en el plebiscito celebrado en ese estado en 2006.
La jueza Sonia Sotomayor expresó su desacuerdo con el fallo, al igual que su colega Ruth Gingsburg, mientras que la magistrada Elena Kagan no participó en la decisión.
En 2003, el Tribunal Supremo validó la consideración de la raza o el grupo étnico entre varios factores para las admisiones universitarias en un caso referente a Michigan.
Los contrarios a la «acción afirmativa» iniciaron entonces una campaña para la celebración de un plebiscito en Michigan y, en 2006, el 58 % de los votantes del estado aprobó una propuesta de enmienda de la Constitución estatal para prohibir la discriminación o el tratamiento preferencial en la educación pública, los contratos gubernamentales y el empleo público.
Los grupos que favorecen la «acción afirmativa» presentaron entonces querellas para impedir la aplicación de la ley, al menos en lo referente a la educación superior.
El resultado del caso de Michigan afecta no sólo a otros estados con prohibiciones similares, sino que además puede inspirar la convocatoria de otros plebiscitos.
En Arizona, California, Florida, Nebraska, Nuevo Hampshire, Oklahoma y Washington existen prohibiciones similares a la aprobada en Michigan.
El juez del Supremo Antonin Scalia, con el concurso de su colega Thomas Clarence, recordó en sus consideraciones particulares que el magistrado John Marshall Harlan «observó hace más de un siglo que nuestra Constitución es ciega a los colores y no conoce ni tolera categorías entre los ciudadanos».
Por su parte, para Sotomayor «esta decisión de hoy eviscera una parte importante de nuestra protección igual ante la ley».
«Para los miembros de grupos históricamente marginados, que cuentan con que los tribunales federales protegerán sus derechos constitucionales, esta decisión difícilmente puede fortalecer su esperanza de una democracia que preserve, para todos, el derecho a la participación significativa e igualitaria en el autogobierno», añadió Sotomayor.
La matriculación de estudiantes negros e hispanos en la Universidad de Michigan ha disminuido desde que entró en vigor la prohibición de la «acción afirmativa».
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Además, Levenson rechazó considerar como la confesión en 2009 del abogado de oficio que defendió a Ibar durante el juicio,Kayo Morgan.
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Seis de los nueve magistrados del Supremo consideraron que los votantes de Michigan tuvieron derecho a cambiar la Constitución del estado poniendo fin a los programas conocidos como «acción afirmativa» en el plebiscito celebrado en ese estado en 2006.
La jueza Sonia Sotomayor expresó su desacuerdo con el fallo, al igual que su colega Ruth Gingsburg, mientras que la magistrada Elena Kagan no participó en la decisión.
En 2003, el Tribunal Supremo validó la consideración de la raza o el grupo étnico entre varios factores para las admisiones universitarias en un caso referente a Michigan.
Los contrarios a la «acción afirmativa» iniciaron entonces una campaña para la celebración de un plebiscito en Michigan y, en 2006, el 58 % de los votantes del estado aprobó una propuesta de enmienda de la Constitución estatal para prohibir la discriminación o el tratamiento preferencial en la educación pública, los contratos gubernamentales y el empleo público.
Los grupos que favorecen la «acción afirmativa» presentaron entonces querellas para impedir la aplicación de la ley, al menos en lo referente a la educación superior.
El resultado del caso de Michigan afecta no sólo a otros estados con prohibiciones similares, sino que además puede inspirar la convocatoria de otros plebiscitos.
En Arizona, California, Florida, Nebraska, Nuevo Hampshire, Oklahoma y Washington existen prohibiciones similares a la aprobada en Michigan.
El juez del Supremo Antonin Scalia, con el concurso de su colega Thomas Clarence, recordó en sus consideraciones particulares que el magistrado John Marshall Harlan «observó hace más de un siglo que nuestra Constitución es ciega a los colores y no conoce ni tolera categorías entre los ciudadanos».
Por su parte, para Sotomayor «esta decisión de hoy eviscera una parte importante de nuestra protección igual ante la ley».
«Para los miembros de grupos históricamente marginados, que cuentan con que los tribunales federales protegerán sus derechos constitucionales, esta decisión difícilmente puede fortalecer su esperanza de una democracia que preserve, para todos, el derecho a la participación significativa e igualitaria en el autogobierno», añadió Sotomayor.
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