El anuncio del Gobierno de que no habrá policías en la marcha de la CGT de Hugo Moyano en la Capital Federal enrareció más el clima de la jornada de hoy. En su discurso de precalentamiento, Cristina de Kirchner dijo haberle ordenado a Nilda Garré que «en los lugares donde transiten los trabajadores no haya personal de seguridad; solamente habrá personal de seguridad custodiando la Casa de Gobierno». En esa charla por TV había criticado a gobernadores y jueces que no usan las fuerzas policiales locales para enfrentar conflictos, lo que había motivado el desplazamiento de gendarmes, nueve de los cuales murieron ayer cuando regresaban de Chubut e iban a Mendoza a vigilar la Cumbre del Mercosur. «Ya que se va a hacer aquí enfrente, porque creo que no es justo tampoco que los trabajadores -porque son trabajadores, serán policías y a algunos les gustarán menos, pero son trabajadores- tengan que ser insultados, escupidos o empujados como hemos visto en los últimos tiempos».
El gesto implica trasladarles a las organizaciones que llaman a la Plaza la responsabilidad de la seguridad de las personas y, además, que asuman el control en caso de refriegas, algo común en este tipo de concentraciones. Conoce el Gobierno, seguramente, que los sindicatos cuentan con fuerzas de choque, guardaespaldas, custodios, «pecetos», «culatas», etcétera, que presumen de poner orden cuando es necesario; o imponer el desorden, como ocurrió en el recordado traslado de los restos de Juan Perón a San Vicente en 2006. Dicho en neoliberal, la seguridad en la Plaza quedó para hoy privatizada.
El aviso presidencial en realidad confirma la doctrina de no reprimir a los «movimientos sociales» con la Policía, una decisión que no es desatinada y que han adoptado varias provincias. Falta, seguramente, crear algún sistema de contención de los exaltados que se aparte de la tradición criolla de las policías bravas. Es un terreno incierto en el que se mueven las autoridades ante estos hechos; lo probó la propia Presidente cuando se preguntó en público: «Ahora -digo yo- los jueces, sobre todo en los pueblos chicos, ¿no conocen el nombre y apellido de cada una de esas personas? Sí que los conocen, lo que pasa es que se lavan las manos y esperan que vaya la Policía o el Gobierno de turno para reprimir». Eso sería hacer inteligencia sobre civiles o abordarlos por ser conocidos en el «manyamiento» -reconocimiento por imágenes-, extremos que el garantismo criollo ha eliminado, afortunadamente, de las normas.
Responsabilidades
Si ocurriera un «Modart» -para recordar los desastres que produjeron en 1988 los sindicalistas de la CGT de Saúl Ubaldini en la zona en donde se hará hoy la manifestación cuando se quejaban de Raúl Alfonsín-, la responsabilidad no la tendrá una provocación policial ni de los servicios, como respondieron los responsables que aquellas atrocidades. Será de los propios gremios y el costo lo correrán ellos. Si alguien quisiera hacer hoy un desastre, contará con zona liberada.
Pese al anuncio presidencial, la Plaza estará rigurosamente vigilada por la Policía, que desplegará refuerzos en los edificios anexos, como los ministerios de Economía, la AFIP, la Casa Rosada y la Catedral. Es competencia de las comisaría 1ª y 2ª de la Federal, que lo que no exhibirá, al menos en la zona de la marcha, fuerzas de la brigada de Infantería ni ingenios antidisturbios. Estos efectivos y sus pertrechos, sin embargo, estarán en alerta lejos de la vista del público y actuarán si, pese a la directiva que recibió Garré, se producen incidentes y la situación se desborda.
La Policía Metropolitana que depende de Mauricio Macri no tiene jurisdicción para este tipo de operativos; tampoco tiene efectivos por fuera de los que tiene desplegados en las áreas donde actúan, que no incluye la Comuna 1 de Plaza de Mayo. Los equipos antidisturbios que tiene la Capital son muy pocos y también aparecerían si hubiera incidentes incontrolables.
Sólo habrá policías metropolitanos dentro del edificio de Bolívar 1, sede del Gobierno de Macri, para asegurar que no haya intentos de ocupación.
