Santiago. Corresponsal – 12/11/13
Desigualdad y abuso son las dos palabras más escuchadas en el Chile de hoy, un país admirado fuera por sus resultados macroeconómicos, pero criticado dentro por los claroscuros de su modelo económico, social y político . “Hay una crisis de expectativas”, describe el politólogo Claudio Fuentes. “En un país que se está desarrollando, ya no se trata de la satisfacción de las necesidades básicas sino del acceso a educación y salud de calidad”, explica a Clarín este analista de la Universidad Diego Portales (UdP) a solo una semana de las elecciones parlamentarias y presidenciales del 17 de noviembre. Temas que, sin duda, pesarán a la hora de elegir al sucesor de Sebastián Piñera.
Con estabilidad, buenas instituciones y baja corrupción, Chile logró en dos décadas reducir la pobreza del 45% (1987) a alrededor del 14% (2012) y alcanzar un PIB per cápita de más de 16 mil dólares. En el 2013 podría crecer un 4,5%, con una inflación de menos del 3% y un bajo desempleo (5,7%).
Pero pese al avance de la clase media, siguen siendo récord la concentración de la riqueza y la desigualdad . Según datos de 2011, el decil más alto de la población capta el 38,9% de los ingresos del país, mientras que el más bajo recauda apenas el 1,1%. “Se percibe una mayor riqueza pero que no llega a todos de la misma forma”, dice Fuentes. “Y hay mucha diferencia entre Santiago y el interior, donde no hay acceso a médicos especialistas”, explica. El analista traza un paralelo con Argentina en el sentido de que hoy “salir a la calle es más efectivo para alcanzar beneficios sociales”, un mecanismo nuevo para Chile, pero que se expande sobre todo desde las movilizaciones estudiantiles de 2011.
Las autopistas, los rascacielos y sobre todo los shopping fascinan a los turistas argentinos que vuelven de Santiago cargados de tecnología y ropa de marca, casi siempre fabricada en China. Pero tras veinte años de crecimiento, muchos chilenos se sienten, más que un ciudadano, un consumidor (buena parte de la vida gira aquí en torno al consumo) sometido a reglas de juego arbitrarias, condenado al crédito eterno para costear la educación de sus hijos, la salud o una pensión digna.
“Reventó por la educación porque las familias están endeudándose para pagar”, explica a Clarín el economista Manuel Riesco, quien asegura que el movimiento estudiantil “cambió la forma de mirar” la realidad chilena. “Una carrera como medicina cuesta unos 1.500 dólares por mes”, graficó Riesco, del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA).
La educación superior se masificó en Chile en los últimos 20 años a pesar de su costo promedio de 3.200 dólares al año. Pero también es alta la deserción, sobre todo en instituciones privadas, muchas de dudosa calidad, que otorgan títulos que solo sirven para el cuadrito y a veces no dejan más que deudas. La segregación comienza ya en la primaria, con la mitad de los niños chilenos pagando colegios privados subvencionados.
“El factor económico determina el tiempo de vida”, denunciaba el periodista Luis Ricarte Soto, fallecido en septiembre tras luchar contra el cáncer. El 80% de los chilenos está en la salud pública, a la que aporta a través del fondo Fonasa, pero muchas veces debe entrar en una lista de espera para hacerse una operación o un tratamiento. Otro 17% paga un seguro privado, que de acuerdo al plan le cubre sólo una parte de los costos de la salud, que es muy cara y exige entre 80 y 100 dólares por una simple consulta de diez minutos.
Así, tanto la educación como la salud constituyen una pesada mochila para las familias que tienen en su mayoría ingresos menores a 780 dólares al mes (el 57% de los hogares según la encuesta Casen 2011) o 4.200 pesos argentinos al cambio oficial, cifra que parece acercarse más al poder adquisitivo real. “La experiencia cotidiana con las soluciones privadas y de mercado no se experimentan como ejercicio de la libertad, sino como abuso”, escribía esta semana el analista Ernesto Aguila en el diario La Tercera describiendo el estado de ánimo preelectoral.
También la jubilación es privada, un “sistema de ahorro forzoso en el que el grueso del dinero va a parar a los grandes grupos financieros como préstamos”, según Manuel Riesco, quien subraya que los aportes (13% del ingreso) triplican a las futuras pensiones. Y por maniobras financieras el sistema puede perder 800 millones de dólares, como ocurrió con el caso conocido como “sociedades cascada”. El Estado solo garantiza una pensión mínima, gracias a una reforma impulsada en 2008 durante el gobierno de Michelle Bachelet.
La concentración de la economía en los servicios y en la explotación de los recursos naturales también desató protestas sociales en los últimos años, con movimientos como el de Aysén en la Patagonia. “Chile engendró un Frankenstein que son los rentistas, los buscadores de tesoros internacionales” y ahora “vive de la renta de los recursos”, asegura el economista Riesco. Según este experto, “diez empresas mineras tienen 30 millones de hectáreas, más que el Reino Unido o el 40% del territorio nacional pagando 1 dólar al año por hectárea en concesiones plenas”.
Desigualdad y abuso son las dos palabras más escuchadas en el Chile de hoy, un país admirado fuera por sus resultados macroeconómicos, pero criticado dentro por los claroscuros de su modelo económico, social y político . “Hay una crisis de expectativas”, describe el politólogo Claudio Fuentes. “En un país que se está desarrollando, ya no se trata de la satisfacción de las necesidades básicas sino del acceso a educación y salud de calidad”, explica a Clarín este analista de la Universidad Diego Portales (UdP) a solo una semana de las elecciones parlamentarias y presidenciales del 17 de noviembre. Temas que, sin duda, pesarán a la hora de elegir al sucesor de Sebastián Piñera.
Con estabilidad, buenas instituciones y baja corrupción, Chile logró en dos décadas reducir la pobreza del 45% (1987) a alrededor del 14% (2012) y alcanzar un PIB per cápita de más de 16 mil dólares. En el 2013 podría crecer un 4,5%, con una inflación de menos del 3% y un bajo desempleo (5,7%).
Pero pese al avance de la clase media, siguen siendo récord la concentración de la riqueza y la desigualdad . Según datos de 2011, el decil más alto de la población capta el 38,9% de los ingresos del país, mientras que el más bajo recauda apenas el 1,1%. “Se percibe una mayor riqueza pero que no llega a todos de la misma forma”, dice Fuentes. “Y hay mucha diferencia entre Santiago y el interior, donde no hay acceso a médicos especialistas”, explica. El analista traza un paralelo con Argentina en el sentido de que hoy “salir a la calle es más efectivo para alcanzar beneficios sociales”, un mecanismo nuevo para Chile, pero que se expande sobre todo desde las movilizaciones estudiantiles de 2011.
Las autopistas, los rascacielos y sobre todo los shopping fascinan a los turistas argentinos que vuelven de Santiago cargados de tecnología y ropa de marca, casi siempre fabricada en China. Pero tras veinte años de crecimiento, muchos chilenos se sienten, más que un ciudadano, un consumidor (buena parte de la vida gira aquí en torno al consumo) sometido a reglas de juego arbitrarias, condenado al crédito eterno para costear la educación de sus hijos, la salud o una pensión digna.
“Reventó por la educación porque las familias están endeudándose para pagar”, explica a Clarín el economista Manuel Riesco, quien asegura que el movimiento estudiantil “cambió la forma de mirar” la realidad chilena. “Una carrera como medicina cuesta unos 1.500 dólares por mes”, graficó Riesco, del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA).
La educación superior se masificó en Chile en los últimos 20 años a pesar de su costo promedio de 3.200 dólares al año. Pero también es alta la deserción, sobre todo en instituciones privadas, muchas de dudosa calidad, que otorgan títulos que solo sirven para el cuadrito y a veces no dejan más que deudas. La segregación comienza ya en la primaria, con la mitad de los niños chilenos pagando colegios privados subvencionados.
“El factor económico determina el tiempo de vida”, denunciaba el periodista Luis Ricarte Soto, fallecido en septiembre tras luchar contra el cáncer. El 80% de los chilenos está en la salud pública, a la que aporta a través del fondo Fonasa, pero muchas veces debe entrar en una lista de espera para hacerse una operación o un tratamiento. Otro 17% paga un seguro privado, que de acuerdo al plan le cubre sólo una parte de los costos de la salud, que es muy cara y exige entre 80 y 100 dólares por una simple consulta de diez minutos.
Así, tanto la educación como la salud constituyen una pesada mochila para las familias que tienen en su mayoría ingresos menores a 780 dólares al mes (el 57% de los hogares según la encuesta Casen 2011) o 4.200 pesos argentinos al cambio oficial, cifra que parece acercarse más al poder adquisitivo real. “La experiencia cotidiana con las soluciones privadas y de mercado no se experimentan como ejercicio de la libertad, sino como abuso”, escribía esta semana el analista Ernesto Aguila en el diario La Tercera describiendo el estado de ánimo preelectoral.
También la jubilación es privada, un “sistema de ahorro forzoso en el que el grueso del dinero va a parar a los grandes grupos financieros como préstamos”, según Manuel Riesco, quien subraya que los aportes (13% del ingreso) triplican a las futuras pensiones. Y por maniobras financieras el sistema puede perder 800 millones de dólares, como ocurrió con el caso conocido como “sociedades cascada”. El Estado solo garantiza una pensión mínima, gracias a una reforma impulsada en 2008 durante el gobierno de Michelle Bachelet.
La concentración de la economía en los servicios y en la explotación de los recursos naturales también desató protestas sociales en los últimos años, con movimientos como el de Aysén en la Patagonia. “Chile engendró un Frankenstein que son los rentistas, los buscadores de tesoros internacionales” y ahora “vive de la renta de los recursos”, asegura el economista Riesco. Según este experto, “diez empresas mineras tienen 30 millones de hectáreas, más que el Reino Unido o el 40% del territorio nacional pagando 1 dólar al año por hectárea en concesiones plenas”.
