El reemplazo de Juan Pablo Schiavi al frente de la Secretaría de Transporte es la principal decisión política adoptada hasta ahora por Cristina Kirchner en respuesta a la masacre ferroviaria de Once.
El encargado de producir el relevo fue Julio De Vido, superior inmediato de Schiavi, quien cubrió el cargo con un hombre de su confianza, el intendente de Granadero Baigorria, Alejandro Ramos. «Debajo de Ramos seguirá el equipo de Juan Pablo», aclaraban ayer los voceros informales del ministerio. El «equipo de Juan Pablo» está formado, en rigor, por hombres de De Vido.
El Gobierno sigue en estado de estupor por la tragedia del ferrocarril Sarmiento. La Presidenta descargó la responsabilidad de la crisis en De Vido. El ministro debe, por un lado, satisfacer a la opinión pública, que reclama un escarmiento político proporcional al desastre. Por otro, debe evitar que la causa penal que se abrió por las 51 muertes lo salpique o comprometa. Entre esos dos abismos camina, en estas horas, De Vido.
Cuando un cable informativo consignó ayer que la Presidenta había echado a Schiavi, el ministro dijo que esa lectura era «amoral y maliciosa». La versión oficial, consignada por Schiavi en su renuncia, es que el retiro se debía a problemas de salud.
La excusa tal vez preserve la relación de De Vido con Schiavi. Pero perturba la de la Presidenta con los ciudadanos, ya que insiste en presentarla como refractaria a cualquier autocrítica.
El primero que no aceptó esa interpretación fue Schiavi. Anteayer, cerca de la medianoche, el ex secretario lamentó delante de varios amigos que el ministro le hubiera pedido un paso al costado. Atribulado por sus dolencias arteriales, Schiavi resistía, igual, la salida. Es comprensible: teme que, a la intemperie, la Justicia se ensañe con él.
No es el único funcionario aterrado por la dirección que tome el proceso judicial. De Vido se puso en manos del responsable legal de su cartera, Rafael Llorens. Este abogado se respalda, a la vez, en uno de los contactos habituales entre el ministerio y la justicia federal, el abogado Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo, y amigo del secretario privado de De Vido, José María Olasagasti.
Los movimientos de Lijo llamaron la atención ayer en tribunales. Lo vieron salir del juzgado de Claudio Bonadio, que investiga el choque del tren, acompañado por el magistrado. La versión más insistente es que, al parecer, se dirigieron a una reunión con un representante de la Procuraduría General de la Nación, órgano que dirige a los fiscales. El movimiento tendría su lógica: el fiscal Federico Delgado es visto por el oficialismo como un electrón loco. Por lo pronto, ya puso la lupa sobre el Gobierno al preguntar cómo se reparten los subsidios.
Según fuentes cercanas al juzgado, los abogados de Planificación pretenderían que la responsabilidad por el desastre se circunscriba al maquinista Marcos Córdoba. Procesar a Córdoba y dejar en una zona gris a Schiavi y al empresario Claudio Cirigliano hasta conocer el estruendo mediático de esa medida: ésa es la hipótesis.
La estrategia estaría facilitada porque Delgado recurrió la excarcelación del conductor. Bastaría con que la Cámara de Apelaciones le dé la razón. Pero hasta ayer al mediodía no se había sorteado el tribunal de alzada en el que quedará radicado el expediente. El suspenso de ese sorteo puede ser insoportable, aun cuando el juez Ricardo Lorenzetti haya garantizado que en el país reina la igualdad ante la ley.
La suerte del maquinista Córdoba está plagada de incógnitas. La más inmediata se refiere a su abogada, Valeria Corbacho. Patrocinante del policía acusado de haber liberado la zona en la que asesinaron al militante Cristian Ferreyra, y también del célebre espía Ciro James, Corbacho tiene un vínculo más o menos directo con el Gobierno. Fue socia de Juan Servini, actual vicepresidente de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (AIF), una empresa que depende de De Vido y que participa de la intervención oficial a la compañía TBA. Además, como el abogado Lijo, Servini es hermano de un juez federal: la doctora María Servini de Cubría. Nada de esto, en teoría, debería preocupar al maquinista Córdoba. De nuevo: en teoría.
Las expectativas del Gobierno sobre la clemencia de Bonadio pueden ser exageradas. Es verdad que el magistrado fue bastante contemplativo con los funcionarios sometidos a sus investigaciones. Pero ninguno de esos casos podría ser equiparado a un drama en el que murieron 51 inocentes. Los amigos de Bonadio confiesan que está sometido a demasiada presión: «A ningún juez le gusta tener una movilización de deudos en la entrada del juzgado o, peor, en la puerta de la casa», razonan.
Además de vigilar el frente penal, De Vido debió apresurarse a cubrir la vacante de Schiavi. Recurrió al intendente Ramos, un joven talentoso y de raigambre peronista: es el sobrino de José «Conde» Ramos, aquel diputado del Grupo de los 8 que enfrentó al primer menemismo y que terminó trabajando en la administración de Eduardo Duhalde. Intendente de Granadero Baigorria, una localidad residencial de las afueras de Rosario, el nuevo secretario de Transporte está alineado en la interna santafecina con el diputado Agustín Rossi.
Sin embargo, para llegar al nuevo cargo no hizo falta el padrinazgo de Rossi. De Vido conoce a Ramos desde hace varios años. Se lo presentaron los sindicalistas Gerónimo Venegas y Hugo Moyano. El ministro lo adoptó temprano, y hasta lo hizo trabajar en su ministerio. Desde allí Ramos se convirtió en exitoso intendente de Baigorria. Esa posición afirmó el vínculo con el ministro, quien pone un empeño especial en auxiliar con obras públicas a los alcaldes kirchneristas de provincias gobernadas por la oposición.
Los conocedores de la intimidad del gabinete afirman que De Vido se movió con picardía. Seleccionó a un dirigente con buenos antecedentes y pocos años, lo que le permitió evitar lo más probable: que desde Olivos le infiltraran en su reino a un militante de La Cámpora como secretario de Transporte. Ya bastantes mortificaciones tiene con Mariano Recalde en Aerolíneas.
Ramos posee otra virtud a los ojos de De Vido: desconoce el entramado en el cual le tocará operar. Por lo tanto, aceptará con docilidad mantener al equipo ya entrenado por el ministro. Sobre los antecedentes específicos del nuevo secretario ayer circulaban varios comentarios. Uno de ellos es que «la única relación que ha tenido con el transporte es ser intendente de una comuna que aportó muchos jugadores a Rosario Central». No hay por qué reírse: Rosario Central, antes de ser un club de fútbol, fue un ferrocarril..
El encargado de producir el relevo fue Julio De Vido, superior inmediato de Schiavi, quien cubrió el cargo con un hombre de su confianza, el intendente de Granadero Baigorria, Alejandro Ramos. «Debajo de Ramos seguirá el equipo de Juan Pablo», aclaraban ayer los voceros informales del ministerio. El «equipo de Juan Pablo» está formado, en rigor, por hombres de De Vido.
El Gobierno sigue en estado de estupor por la tragedia del ferrocarril Sarmiento. La Presidenta descargó la responsabilidad de la crisis en De Vido. El ministro debe, por un lado, satisfacer a la opinión pública, que reclama un escarmiento político proporcional al desastre. Por otro, debe evitar que la causa penal que se abrió por las 51 muertes lo salpique o comprometa. Entre esos dos abismos camina, en estas horas, De Vido.
Cuando un cable informativo consignó ayer que la Presidenta había echado a Schiavi, el ministro dijo que esa lectura era «amoral y maliciosa». La versión oficial, consignada por Schiavi en su renuncia, es que el retiro se debía a problemas de salud.
La excusa tal vez preserve la relación de De Vido con Schiavi. Pero perturba la de la Presidenta con los ciudadanos, ya que insiste en presentarla como refractaria a cualquier autocrítica.
El primero que no aceptó esa interpretación fue Schiavi. Anteayer, cerca de la medianoche, el ex secretario lamentó delante de varios amigos que el ministro le hubiera pedido un paso al costado. Atribulado por sus dolencias arteriales, Schiavi resistía, igual, la salida. Es comprensible: teme que, a la intemperie, la Justicia se ensañe con él.
No es el único funcionario aterrado por la dirección que tome el proceso judicial. De Vido se puso en manos del responsable legal de su cartera, Rafael Llorens. Este abogado se respalda, a la vez, en uno de los contactos habituales entre el ministerio y la justicia federal, el abogado Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo, y amigo del secretario privado de De Vido, José María Olasagasti.
Los movimientos de Lijo llamaron la atención ayer en tribunales. Lo vieron salir del juzgado de Claudio Bonadio, que investiga el choque del tren, acompañado por el magistrado. La versión más insistente es que, al parecer, se dirigieron a una reunión con un representante de la Procuraduría General de la Nación, órgano que dirige a los fiscales. El movimiento tendría su lógica: el fiscal Federico Delgado es visto por el oficialismo como un electrón loco. Por lo pronto, ya puso la lupa sobre el Gobierno al preguntar cómo se reparten los subsidios.
Según fuentes cercanas al juzgado, los abogados de Planificación pretenderían que la responsabilidad por el desastre se circunscriba al maquinista Marcos Córdoba. Procesar a Córdoba y dejar en una zona gris a Schiavi y al empresario Claudio Cirigliano hasta conocer el estruendo mediático de esa medida: ésa es la hipótesis.
La estrategia estaría facilitada porque Delgado recurrió la excarcelación del conductor. Bastaría con que la Cámara de Apelaciones le dé la razón. Pero hasta ayer al mediodía no se había sorteado el tribunal de alzada en el que quedará radicado el expediente. El suspenso de ese sorteo puede ser insoportable, aun cuando el juez Ricardo Lorenzetti haya garantizado que en el país reina la igualdad ante la ley.
La suerte del maquinista Córdoba está plagada de incógnitas. La más inmediata se refiere a su abogada, Valeria Corbacho. Patrocinante del policía acusado de haber liberado la zona en la que asesinaron al militante Cristian Ferreyra, y también del célebre espía Ciro James, Corbacho tiene un vínculo más o menos directo con el Gobierno. Fue socia de Juan Servini, actual vicepresidente de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (AIF), una empresa que depende de De Vido y que participa de la intervención oficial a la compañía TBA. Además, como el abogado Lijo, Servini es hermano de un juez federal: la doctora María Servini de Cubría. Nada de esto, en teoría, debería preocupar al maquinista Córdoba. De nuevo: en teoría.
Las expectativas del Gobierno sobre la clemencia de Bonadio pueden ser exageradas. Es verdad que el magistrado fue bastante contemplativo con los funcionarios sometidos a sus investigaciones. Pero ninguno de esos casos podría ser equiparado a un drama en el que murieron 51 inocentes. Los amigos de Bonadio confiesan que está sometido a demasiada presión: «A ningún juez le gusta tener una movilización de deudos en la entrada del juzgado o, peor, en la puerta de la casa», razonan.
Además de vigilar el frente penal, De Vido debió apresurarse a cubrir la vacante de Schiavi. Recurrió al intendente Ramos, un joven talentoso y de raigambre peronista: es el sobrino de José «Conde» Ramos, aquel diputado del Grupo de los 8 que enfrentó al primer menemismo y que terminó trabajando en la administración de Eduardo Duhalde. Intendente de Granadero Baigorria, una localidad residencial de las afueras de Rosario, el nuevo secretario de Transporte está alineado en la interna santafecina con el diputado Agustín Rossi.
Sin embargo, para llegar al nuevo cargo no hizo falta el padrinazgo de Rossi. De Vido conoce a Ramos desde hace varios años. Se lo presentaron los sindicalistas Gerónimo Venegas y Hugo Moyano. El ministro lo adoptó temprano, y hasta lo hizo trabajar en su ministerio. Desde allí Ramos se convirtió en exitoso intendente de Baigorria. Esa posición afirmó el vínculo con el ministro, quien pone un empeño especial en auxiliar con obras públicas a los alcaldes kirchneristas de provincias gobernadas por la oposición.
Los conocedores de la intimidad del gabinete afirman que De Vido se movió con picardía. Seleccionó a un dirigente con buenos antecedentes y pocos años, lo que le permitió evitar lo más probable: que desde Olivos le infiltraran en su reino a un militante de La Cámpora como secretario de Transporte. Ya bastantes mortificaciones tiene con Mariano Recalde en Aerolíneas.
Ramos posee otra virtud a los ojos de De Vido: desconoce el entramado en el cual le tocará operar. Por lo tanto, aceptará con docilidad mantener al equipo ya entrenado por el ministro. Sobre los antecedentes específicos del nuevo secretario ayer circulaban varios comentarios. Uno de ellos es que «la única relación que ha tenido con el transporte es ser intendente de una comuna que aportó muchos jugadores a Rosario Central». No hay por qué reírse: Rosario Central, antes de ser un club de fútbol, fue un ferrocarril..
