Pablo Waisberg
Las grandes mineras multinacionales de todo el país, pero particularmente las que operan en Santa Cruz, encendieron luces de alarma ante la votación de la Cámara de Diputados santacruceña que aprobó un nuevo impuesto minero. Se trata de un tributo provincial que impulsó el gobernador Daniel Peralta y que afecta a todas las compañías del sector asentadas en la provincia. La decisión, que busca resolver el rojo provincial, no sólo afecta la “estabilidad fiscal” por tres décadas que garantiza la Ley de Inversiones Mineras sino que recarga los costos de las empresas que comenzaron a hacer correr el rumor de que podrían recortar personal. Además, anunciaron que iniciarán acciones legales en los tribunales provinciales y nacionales.
“Estamos alarmados por el futuro de la industria minera en la provincia de Santa Cruz. También lo estamos por la economía y la inclusión social de sus habitantes. Peligra esta actividad, que es legítima e indispensable para la vida cotidiana, además de ser un poderoso motor, generador de fuentes de trabajo”, señalaron la Cámara Minera santacruceña (Camicruz) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) en una solicitada que publicaron en los días previos al tratamiento parlamentario en los principales diarios provinciales. Allí están detalladas, y con el sello de las entidades que las agrupan, las quejas que reprodujeron en off tras la votación del jueves pasado.
En lo primero que coincidieron los tres ejecutivos del sector consultados por BAE Negocios es en el “impacto que tendrá sobre las utilidades de las empresas que están sufriendo la combinación de costos elevados y caída de los precios internacionales de los commodities”. Uno de ellos, el más fatalista, consideró que la norma aprobada significaba “la estocada final” para el sector y estimó que las compañías irán reduciendo la vida útil de las minas porque no avanzarán en nuevas exploraciones.
“Eso no es menor porque lo que se pone en riesgo son los puestos de trabajo ya que nos están pidiendo recortar gastos desde las casas matrices. Nosotros ya destinamos casi el 50% de los ingresos al pago de impuestos”, se quejó uno de ellos y destacó el aporte del sector al empleo provincial. Según un informe elaborado por la consultora Abeceb.com a pedido de la CAEM, la minería santacruceña genera más de 8.600 empleos en la mina (5.400 directos y 3.200 contratados) más unos 7.000 puestos más entre las pequeñas empresas de la región.
La estabilidad fiscal
El nuevo tributo, denominado “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”, se aplicará sobre las empresas que tengan concesiones mineras en Santa Cruz. Se determinará mediante una alícuota del 1% sobre el valor de las reservas que posea la mina.
Las empresas deberán hacer una declaración jurada anual y lo que allí detallen no podrá ser menor al volumen de reservas existentes en el estudio de factibilidad o en sus estados contables. La valuación de las reservas se realizará mediante la cotización del mineral en el mercado local e internacional y se elegirá el que resulte mayor al último día hábil de año calendario, según indica la norma.
Pero este nuevo impuesto choca con la Ley de Inversiones Mineras (24.196), aprobada en los noventa como parte del entramado legal que alentó la llegada de las grandes mineras multinacionales. Esa norma, que está en línea con una serie de recomendaciones del Banco Mundial, otorga el beneficio de la “estabilidad fiscal” por treinta años a las compañías del sector. Eso significa que por ese período no se puede afectar el nivel de impuestos que tributa la empresa. Eso ya fue golpeado con el incremento en el porcentaje de los derechos de exportación, que se aplicó en 2008, y por lo que hay procesos judiciales en marcha.
“Vamos a presentar demandas a nivel provincial y nacional porque esto afecta la estabilidad fiscal”, reconocieron las tres fuentes consultadas. Se trata de una estrategia que, además, contará con el respaldo de todo el sector.
La inestabilidad política
La modificación en la carga tributaria de las mineras asentadas en Santa Cruz se consiguió después de cinco horas de intenso debate, que concluyó con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento Minero, que envió el Ejecutivo provincial. El artículo principal fue aprobado por 10 votos a favor (8 del PJ y 2 de la UCR) pero tuvo 14 abstenciones.
El texto que se aprobó fue el que había surgido de un despacho de comisión en minoría, presentado por el PJ provincial, que responde a Peralta. El despacho de mayoría, que correspondía al Frente para la Victoria Santacruceña, controlado por La Cámpora, fue retirado a poco de comenzar la sesión.
Los diputados que se abstuvieron fundamentaron su decisión en que no querían interferir con el desarrollo de la gestión de Peralta, quien viene señalando que su administración está ligada al cobro de ese impuesto ante la falta de auxilio enviado por la Nación. Con ese nuevo tributo, Peralta apuesta a poder solucionar el funcionamiento de la Provincia. “
Las grandes mineras multinacionales de todo el país, pero particularmente las que operan en Santa Cruz, encendieron luces de alarma ante la votación de la Cámara de Diputados santacruceña que aprobó un nuevo impuesto minero. Se trata de un tributo provincial que impulsó el gobernador Daniel Peralta y que afecta a todas las compañías del sector asentadas en la provincia. La decisión, que busca resolver el rojo provincial, no sólo afecta la “estabilidad fiscal” por tres décadas que garantiza la Ley de Inversiones Mineras sino que recarga los costos de las empresas que comenzaron a hacer correr el rumor de que podrían recortar personal. Además, anunciaron que iniciarán acciones legales en los tribunales provinciales y nacionales.
“Estamos alarmados por el futuro de la industria minera en la provincia de Santa Cruz. También lo estamos por la economía y la inclusión social de sus habitantes. Peligra esta actividad, que es legítima e indispensable para la vida cotidiana, además de ser un poderoso motor, generador de fuentes de trabajo”, señalaron la Cámara Minera santacruceña (Camicruz) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) en una solicitada que publicaron en los días previos al tratamiento parlamentario en los principales diarios provinciales. Allí están detalladas, y con el sello de las entidades que las agrupan, las quejas que reprodujeron en off tras la votación del jueves pasado.
En lo primero que coincidieron los tres ejecutivos del sector consultados por BAE Negocios es en el “impacto que tendrá sobre las utilidades de las empresas que están sufriendo la combinación de costos elevados y caída de los precios internacionales de los commodities”. Uno de ellos, el más fatalista, consideró que la norma aprobada significaba “la estocada final” para el sector y estimó que las compañías irán reduciendo la vida útil de las minas porque no avanzarán en nuevas exploraciones.
“Eso no es menor porque lo que se pone en riesgo son los puestos de trabajo ya que nos están pidiendo recortar gastos desde las casas matrices. Nosotros ya destinamos casi el 50% de los ingresos al pago de impuestos”, se quejó uno de ellos y destacó el aporte del sector al empleo provincial. Según un informe elaborado por la consultora Abeceb.com a pedido de la CAEM, la minería santacruceña genera más de 8.600 empleos en la mina (5.400 directos y 3.200 contratados) más unos 7.000 puestos más entre las pequeñas empresas de la región.
La estabilidad fiscal
El nuevo tributo, denominado “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”, se aplicará sobre las empresas que tengan concesiones mineras en Santa Cruz. Se determinará mediante una alícuota del 1% sobre el valor de las reservas que posea la mina.
Las empresas deberán hacer una declaración jurada anual y lo que allí detallen no podrá ser menor al volumen de reservas existentes en el estudio de factibilidad o en sus estados contables. La valuación de las reservas se realizará mediante la cotización del mineral en el mercado local e internacional y se elegirá el que resulte mayor al último día hábil de año calendario, según indica la norma.
Pero este nuevo impuesto choca con la Ley de Inversiones Mineras (24.196), aprobada en los noventa como parte del entramado legal que alentó la llegada de las grandes mineras multinacionales. Esa norma, que está en línea con una serie de recomendaciones del Banco Mundial, otorga el beneficio de la “estabilidad fiscal” por treinta años a las compañías del sector. Eso significa que por ese período no se puede afectar el nivel de impuestos que tributa la empresa. Eso ya fue golpeado con el incremento en el porcentaje de los derechos de exportación, que se aplicó en 2008, y por lo que hay procesos judiciales en marcha.
“Vamos a presentar demandas a nivel provincial y nacional porque esto afecta la estabilidad fiscal”, reconocieron las tres fuentes consultadas. Se trata de una estrategia que, además, contará con el respaldo de todo el sector.
La inestabilidad política
La modificación en la carga tributaria de las mineras asentadas en Santa Cruz se consiguió después de cinco horas de intenso debate, que concluyó con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento Minero, que envió el Ejecutivo provincial. El artículo principal fue aprobado por 10 votos a favor (8 del PJ y 2 de la UCR) pero tuvo 14 abstenciones.
El texto que se aprobó fue el que había surgido de un despacho de comisión en minoría, presentado por el PJ provincial, que responde a Peralta. El despacho de mayoría, que correspondía al Frente para la Victoria Santacruceña, controlado por La Cámpora, fue retirado a poco de comenzar la sesión.
Los diputados que se abstuvieron fundamentaron su decisión en que no querían interferir con el desarrollo de la gestión de Peralta, quien viene señalando que su administración está ligada al cobro de ese impuesto ante la falta de auxilio enviado por la Nación. Con ese nuevo tributo, Peralta apuesta a poder solucionar el funcionamiento de la Provincia. “
