En el 83% de los asentamientos no hay planes estatales de viviendas

La falta de políticas de vivienda en Córdoba afecta a todos los sectores socioeconómicos. En los asentamientos irregulares donde las necesidades son mayores y urgentes, el Estado también está ausente.
Un relevamiento provincial realizado por la ONG Un Techo para mi País (UTPMP) revela que en el 83,2 por ciento de los 238 asentamientos irregulares censados no hay ningún programa estatal de vivienda. A su vez, en un tercio del 16,2 por ciento de los asentamientos en los que sí se implementó algún plan, están inactivos.
Los datos fueron tomados a partir de encuestas realizadas a un referente del lugar. UTPMP entiende por asentamiento irregular “una agrupación de un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, que no cuenten con acceso regular a al menos uno de los servicios básicos (agua potable, luz eléctrica y alcantarillado público) y que se encuentren en una situación irregular de tenencia del terreno”. Esto abarca lo que habitualmente se conoce como villas de emergencia, pero también barrios precarios.
El 65,4 por ciento de los 238 asentamientos relevados está en la Capital y hay un promedio de 112 familias por agrupación. Los datos iniciales fueron difundidos el 22 de julio por este diario.
Un tercio de las intervenciones estatales pertenecen al plan provincial para erradicar las viviendas rancho. El 20 por ciento corresponde al Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba) de la Nación, y el 15 por ciento del Plan Vida Digna de la actual gestión provincial.
A la falta de políticas de vivienda también se suma una baja intervención de organizaciones sociales, políticas y religiosas. En el 55 por ciento de estos barrios no hay presencia de ningún ente de este tipo.
En uno de cada 10 lugares hay presencia de una organización política; en tres de cada 10, hay alguna institución religiosa y en dos de cada 10 no existe intervención de ONG.
A pesar de esto, los pobladores tratan de organizarse. En el 57,7 por ciento de los asentamientos hay algún emprendimiento de los propios residentes, desde un comedor comunitario hasta una cooperativa.
Además, casi la mitad se ha organizado para gestionar algún servicio. El 53 por ciento de las iniciativas ha tenido éxito.
Acceso a la vivienda. El acceso a nuevas viviendas dentro de los asentamientos es complejo y tiende al hacinamiento, según el trabajo. El 80 por ciento de estas agrupaciones se conformaron de manera espontánea.
El relevamiento detectó un mercado inmobiliario informal. El 35,4 por ciento de las personas que recién llegan al sitio deben alquilar o comprar un lote o vivienda.
Casi 60 por ciento de los asentamientos están ubicados en terrenos fiscales. En uno de cada 10 asentamientos ha habido algún intento por desalojarlos.
A su vez, sólo 44,5 por ciento de los jóvenes que conforman una familia accede a un terreno o vivienda diferente. El resto se instala en la casa de sus padres, a veces con alguna ampliación o con la construcción de una casa en el predio.
Riesgos. La irregularidad de los asentamientos también está marcada por los riesgos potenciales a los que se enfrentan. El 40 por ciento está ubicado sobre el lecho de canales, ríos o arroyos, lo cual representa un riesgo de inundación. Un tercio limita con un basural, el 37 por ciento está sobre una camino muy transitado y el 16 por ciento al costado de la vías del tren.
Sobre los principales problemas, los referentes barriales señalaron primero la falta de asfalto y las inundaciones, seguido por la calidad de las viviendas y la inseguridad.
Más de un tercio considera que la prioridad del Estado en el asentamiento debería ser asegurar los servicios básicos y 17 por ciento, proveer materiales para construir sus viviendas.
Según la encuesta, los aspectos positivos de vivir en estos sitios son la tranquilidad y la familiaridad entre los vecinos.