“El problema es que todos piensan que la Energía es un derecho humano”, analizó hoy un alto funcionario con despacho en Balcarce 50. Como él, el presidente Mauricio Macri está convencido de que el rechazo al ajuste de las tarifas es un problema más cultural que político. “Creen que debe ser gratis”, señaló el Jefe de Estado en charlas privadas. Esa es la principal preocupación del mandatario luego de ver las últimas encuestas, que en general, lo dejaron muy conforme.
En el Gobierno intentaron restarle dramatismo a la decisión de la Cámara II de La Plata que frenó los aumentos de gas en todo el país, pero siguieron con preocupación el revés judicial. El Jefe de Gabinete Marcos Peña, que llegó hoy luego de la gira presidencial por Europa se puso al frente de las discusiones para ordenar la estrategia del Gobierno en ese frente. Mantuvo reuniones con el ministro de Energía Juan José Aranguren; el de Interior, Rogelio Frigerio; y con su segundo, Gustavo Lopetegui, el hombre que maneja los números finos de la gestión.
Precisamente, un informe que Lopetegui le hizo llegar a Macri daba cuenta de que los aumentos de todos los servicios públicos -incluido el transporte- significaban entre 800 y los 1300 pesos, pero miles de boletas lo desmienten, al menos parcialmente. Lo mismo ocurre con los topes de 400% y 500% a las tarifas de gas, que el Gobierno y Frigerio, en particular, había consensuado con los gobernadores a principios de junio. En este caso la explicación es técnica. En el Ejecutivo aducen que nunca quedaron claros qué ítems conformaban el porcentaje en cuestión. Señalan que no se computaban los impuestos y las penalizaciones por el exceso de consumo. “El clima no ayudó”, se sinceró otro funcionario. La Resolución 99/2016 de la secretaría de Energía del mes pasado, en tanto, instruía al Enargas a disponer de las medidas necesarias para que las facturas “no superen en más de un 400% al monto final -y aclaraba- sin impuestos”.
El Gobierno espera encauzar la discusión una vez que la Corte Suprema tome cartas en el asunto luego del pedido formal que realizó el procurador del Tesoro Carlos Balbín y que el ministro de Justicia Germán Garavano explicitó días atrás. Sin embargo, los tiempos de la jueces podrían no ser los mismos que los de la política y el 18 de julio empieza la Feria Judicial. Cerca de Peña aseguran que el desenlace es incierto. Una cosa es segura: no habrá Revisión Integral de Tarifas -pendiente desde hace 12 años- con la empresas hasta que el escenario no quede claro.
“Es un tema de cálculos, pero también es una discusión política”, concedió un miembro del Gobierno acostumbrado a apagar incendios con los gobernadores.
El puesto de Aranguren no corre ningún peligro, por la sencilla razón de que es el propio Macri quien está convencido de las necesidad de los aumentos para preparar el terreno para las inversiones. La exposición de Aranguren en Diputados fue brillante”, dicen sobre el informe lapidario sobre la situación energética que brindó el ministro.
En el Gobierno ya no descartan volver a revisar las tarifas. Un influyente intendente oficialista señalaba días atrás que en su rol de jefe comunal le costaba entender algunos aumentos. “Pero confío en que Mauricio está viendo toda la película y que esto le parece vital”, afirmó.
Para agregar preocupación, esta semana en Córdoba el radical Ernesto Sanz, uno de los fundadores de Cambiemos, admitió errores en la conformación del nuevo cuadro tarifario. «Fue un error de gestión», dijo. Elisa Carrió había sido la primera socia del Gobierno en protestar por «el ajuste brutal», aunque luego se desdijo.
En el Gobierno intentaron restarle dramatismo a la decisión de la Cámara II de La Plata que frenó los aumentos de gas en todo el país, pero siguieron con preocupación el revés judicial. El Jefe de Gabinete Marcos Peña, que llegó hoy luego de la gira presidencial por Europa se puso al frente de las discusiones para ordenar la estrategia del Gobierno en ese frente. Mantuvo reuniones con el ministro de Energía Juan José Aranguren; el de Interior, Rogelio Frigerio; y con su segundo, Gustavo Lopetegui, el hombre que maneja los números finos de la gestión.
Precisamente, un informe que Lopetegui le hizo llegar a Macri daba cuenta de que los aumentos de todos los servicios públicos -incluido el transporte- significaban entre 800 y los 1300 pesos, pero miles de boletas lo desmienten, al menos parcialmente. Lo mismo ocurre con los topes de 400% y 500% a las tarifas de gas, que el Gobierno y Frigerio, en particular, había consensuado con los gobernadores a principios de junio. En este caso la explicación es técnica. En el Ejecutivo aducen que nunca quedaron claros qué ítems conformaban el porcentaje en cuestión. Señalan que no se computaban los impuestos y las penalizaciones por el exceso de consumo. “El clima no ayudó”, se sinceró otro funcionario. La Resolución 99/2016 de la secretaría de Energía del mes pasado, en tanto, instruía al Enargas a disponer de las medidas necesarias para que las facturas “no superen en más de un 400% al monto final -y aclaraba- sin impuestos”.
El Gobierno espera encauzar la discusión una vez que la Corte Suprema tome cartas en el asunto luego del pedido formal que realizó el procurador del Tesoro Carlos Balbín y que el ministro de Justicia Germán Garavano explicitó días atrás. Sin embargo, los tiempos de la jueces podrían no ser los mismos que los de la política y el 18 de julio empieza la Feria Judicial. Cerca de Peña aseguran que el desenlace es incierto. Una cosa es segura: no habrá Revisión Integral de Tarifas -pendiente desde hace 12 años- con la empresas hasta que el escenario no quede claro.
“Es un tema de cálculos, pero también es una discusión política”, concedió un miembro del Gobierno acostumbrado a apagar incendios con los gobernadores.
El puesto de Aranguren no corre ningún peligro, por la sencilla razón de que es el propio Macri quien está convencido de las necesidad de los aumentos para preparar el terreno para las inversiones. La exposición de Aranguren en Diputados fue brillante”, dicen sobre el informe lapidario sobre la situación energética que brindó el ministro.
En el Gobierno ya no descartan volver a revisar las tarifas. Un influyente intendente oficialista señalaba días atrás que en su rol de jefe comunal le costaba entender algunos aumentos. “Pero confío en que Mauricio está viendo toda la película y que esto le parece vital”, afirmó.
Para agregar preocupación, esta semana en Córdoba el radical Ernesto Sanz, uno de los fundadores de Cambiemos, admitió errores en la conformación del nuevo cuadro tarifario. «Fue un error de gestión», dijo. Elisa Carrió había sido la primera socia del Gobierno en protestar por «el ajuste brutal», aunque luego se desdijo.
