Reunión. Macri, ayer, con el denominado Gabinete social, en la Quinta de Olivos.
Desde hace 15 días, los ministros que asisten a reuniones con el Presidente deben ingresar sin celulares. Ayer, mientras varios funcionarios del ala social del Gobierno aún estaban reunidos en la residencia de Olivos y Mauricio Macri mantenía reuniones en paralelo en otro sector, todos incomunicados de las redes sociales y los portales de noticias, trascendía que Cristina Kirchner pasaba a estar imputada por lavado de dinero. Varios ministros se enteraron cuando se subieron al auto y encendieron los teléfono.
Macri analizó la cuestión con su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y un reducido grupo de colaboradores. El primer instinto fue que no había nada para decir públicamente. “Es un tema que seguimos pero siendo muy respetuosos del proceso judicial”, dijeron en el entorno de Peña. Es una postura habitual en el oficialismo.
“Que la Justicia actúe y haga lo que tenga que hacer”, es una de las frases predilectas cuando se habla de investigaciones judiciales que no salpican a funcionarios propios. “Esto no suma ni resta a la marcha del Gobierno”, contó otra fuente vinculada con la comunicación de la Casa Rosada. La reacción en general fue de mesura. Y ese comportamiento se mantendrá mientras avancen la causa por lavado de dinero y otras que complican a la gestión anterior. Solo el diputado Pablo Tonelli se animó a una breves declaraciones ante la prensa y dijo que la imputación “ojalá sirva para avanzar hacia una Argentina sin impunidad”.
Pocos lo admiten, pero en el oficialismo temen que la ex presidenta adopte el rol de víctima. Es, además, lo que se desprende de los afiches con el que el sector más radicalizado de la administración anterior convoca a Comodoro Py para el miércoles, cuando Cristina tiene previsto declarar frente al juez Claudio Bonadio por la causa del dólar futuro. “Si la tocan a Cristina nos tocan a todos”, es una de las consignas con la que convocan a la movilización. “No hay que extrañarse de que Cristina apele a la victimización, a una persecución política que por supuesto no es tal”, dicen cerca del ministro de Justicia, Germán Garavano. En el oficialismo hacen una salvedad: una cosa es la causa por dólar futuro y otra por lavado de dinero. La segunda, advierten, es más grave y hay una catarata de pruebas contundentes.
En el macrismo, ayer –no sólo ayer, en rigor– predominaban dos ideas sobre cómo interpretar que los jueces aceleren las investigaciones que complican al kirchnerismo, que hasta no hace tanto dormían en los despachos judiciales. Hay quienes creen que la premura con la que ahora se mueven algunos magistrados “ayuda a instalar la idea de un nuevo tiempo en la Justicia”, pero otros dudan de que esa frase pueda colaborar con la construcción de una etapa distinta y, al contrario, sospechan que “podría complicar el objetivo de terminar con la grieta en pos de la paz social, que fue uno de los ejes de nuestra campaña”.
En la Casa de Gobierno decían días atrás que en el ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich tienen la orden de seguir muy de cerca la movilización que el kirchnerismo prepara para el miércoles. Estiman que no irán menos de 20 mil personas y se preguntan cuál será la reacción a medida que lleguen noticias de la indagatoria de Bonadio a Cristina. Sin embargo, fuentes macristas dejaron trascender que es muy remota la posibilidad de que la ex presidenta quede detenida.
Desde hace 15 días, los ministros que asisten a reuniones con el Presidente deben ingresar sin celulares. Ayer, mientras varios funcionarios del ala social del Gobierno aún estaban reunidos en la residencia de Olivos y Mauricio Macri mantenía reuniones en paralelo en otro sector, todos incomunicados de las redes sociales y los portales de noticias, trascendía que Cristina Kirchner pasaba a estar imputada por lavado de dinero. Varios ministros se enteraron cuando se subieron al auto y encendieron los teléfono.
Macri analizó la cuestión con su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y un reducido grupo de colaboradores. El primer instinto fue que no había nada para decir públicamente. “Es un tema que seguimos pero siendo muy respetuosos del proceso judicial”, dijeron en el entorno de Peña. Es una postura habitual en el oficialismo.
“Que la Justicia actúe y haga lo que tenga que hacer”, es una de las frases predilectas cuando se habla de investigaciones judiciales que no salpican a funcionarios propios. “Esto no suma ni resta a la marcha del Gobierno”, contó otra fuente vinculada con la comunicación de la Casa Rosada. La reacción en general fue de mesura. Y ese comportamiento se mantendrá mientras avancen la causa por lavado de dinero y otras que complican a la gestión anterior. Solo el diputado Pablo Tonelli se animó a una breves declaraciones ante la prensa y dijo que la imputación “ojalá sirva para avanzar hacia una Argentina sin impunidad”.
Pocos lo admiten, pero en el oficialismo temen que la ex presidenta adopte el rol de víctima. Es, además, lo que se desprende de los afiches con el que el sector más radicalizado de la administración anterior convoca a Comodoro Py para el miércoles, cuando Cristina tiene previsto declarar frente al juez Claudio Bonadio por la causa del dólar futuro. “Si la tocan a Cristina nos tocan a todos”, es una de las consignas con la que convocan a la movilización. “No hay que extrañarse de que Cristina apele a la victimización, a una persecución política que por supuesto no es tal”, dicen cerca del ministro de Justicia, Germán Garavano. En el oficialismo hacen una salvedad: una cosa es la causa por dólar futuro y otra por lavado de dinero. La segunda, advierten, es más grave y hay una catarata de pruebas contundentes.
En el macrismo, ayer –no sólo ayer, en rigor– predominaban dos ideas sobre cómo interpretar que los jueces aceleren las investigaciones que complican al kirchnerismo, que hasta no hace tanto dormían en los despachos judiciales. Hay quienes creen que la premura con la que ahora se mueven algunos magistrados “ayuda a instalar la idea de un nuevo tiempo en la Justicia”, pero otros dudan de que esa frase pueda colaborar con la construcción de una etapa distinta y, al contrario, sospechan que “podría complicar el objetivo de terminar con la grieta en pos de la paz social, que fue uno de los ejes de nuestra campaña”.
En la Casa de Gobierno decían días atrás que en el ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich tienen la orden de seguir muy de cerca la movilización que el kirchnerismo prepara para el miércoles. Estiman que no irán menos de 20 mil personas y se preguntan cuál será la reacción a medida que lleguen noticias de la indagatoria de Bonadio a Cristina. Sin embargo, fuentes macristas dejaron trascender que es muy remota la posibilidad de que la ex presidenta quede detenida.
