México y Colombia son los países de América donde más periodistas han sido asesinados desde el año 2000. Sin embargo, algunas transnacionales de la información insisten en mostrar a Venezuela como la nación más peligrosa para el ejercicio de esta profesión.
A confesión de partes
Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) México, Colombia y Honduras se han convertido en los países más peligrosos para la prensa. En especial, si a los periodistas se les ocurre denunciar las violaciones a los derechos humanos, el accionar del crimen organizado en sus distintas modalidades, la corrupción y hasta las injerencias de corporaciones o gobiernos extranjeros.
En México, que encabeza la lista, han asesinado a 81 periodistas entre enero del 2000 y septiembre del 2014. Sigue Colombia con 56 casos y Honduras con 27. En este último país, lo reconoce la propia RSF, los homicidios contra periodistas se dispararon tras el golpe de Estado (patrocinado por EEUU) contra el presidente Manuel Zelaya en el año 2009.
En Palestina, Libia, Siria, Ucrania, Irak y Afganistán también se registra una elevada cifra de ataques a periodistas que intentan contar la realidad de sus países constantemente atacados por Norteamérica, Israel y demás potencias occidentales.
La organización manifestó su preocupación por las cifras porque asegura que “ninguno de estos países está en guerra”, refiriéndose a los casos Colombia y México. Sin embargo, el conflicto armado que vive Colombia desde hace más de 50 años o la existencia de un narco-estado en México se asemeja bastante a una.
Incluso en Colombia las denominadas “Bandas criminales emergentes” o “Bacrim” declaran a los periodistas “objetivo militar” y les dan un plazo de 24 horas para salir de sus ciudades. De hecho, la Defensoría del Pueblo (de Colombia) reconoció que en lo que va del 2014 se han conocido 93 casos de periodistas amenazados, 51 más que en 2013.
Tan comunes son estos casos que las denuncias son estudiadas por una mesa de riesgo del Ministerio del Interior de Colombia, instancia que decide a quién y qué tipo de protección asigna (chalecos antibalas, teléfonos, vehículos de protección, personal de escolta, etc). Pero la propia Defensoría advierte que durante el plazo de 30 días hábiles, que se toman para elaborar esta evaluación, a algunos periodistas les “llega su hora”.
Además tanto en México como en Colombia casi todos estos crímenes permanecen impunes hasta la fecha precisamente debido a la falta de voluntad política y de un sistema judicial eficiente.
Algo similar ocurre en Paraguay, donde recientemente asesinaron a tres periodistas, incluido un corresponsal del ABC Color (el diario del establishment paraguayo, no exactamente un medio a contracorriente) por denunciar el narcotráfico regional y las trampas del poder legislativo y judicial.
En el ranking de esta lista no aparece Venezuela y no porque Reporteros Sin Fronteras (RSF) sea amigo del Gobierno Bolivariano, sino porque sencillamente no tiene nada que decir.
De hecho, esta organización (una organización que por cierto cooperaba con el Center for a Free Cuba, de Washington, creado y manejado por Frank Calzon, connotado agente de la CIA, y financiada por la USAID, para infiltrarse y desestabilizar naciones) atacó a nuestro país durante las guarimbas, afirmando que los periodistas eran “agredidos” por la GNB.
Sin embargo hay que recordarle a RSF que durante esas manifestaciones violentas la única periodista asesinada fue la joven Adriana Urquiola, a quien le quitaron la vida cuando intentaba pasar una barricada colocada por los guarimberos (incluyendo a 15 encapuchados) en la carretera Panamericana a la altura de la urbanización Los Nuevos Teques del estado Miranda.
Antes de este hecho, el último caso tipificado y resonado de un periodista asesinado en Venezuela fue el del ancla de la extinta RCTV, Javier García, aunque esta muerte nada tuvo que ver con el ejercicio del oficio, mucho menos con una presunta “persecución” del Gobierno.
“El Gobierno de Venezuela ha detenido periodistas extranjeros y amenazado y expulsado medios de comunicación internacionales en funcionamiento en Venezuela y la organización internacional no gubernamental Freedom House declaró que el ‘clima de los medios de comunicación en Venezuela está impregnado de intimidación, algunas veces incluyendo ataques físicos, y es común una fuerte retórica contra los medios de comunicación’”, reza la Ley 2014 para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, el documento de las sanciones contra dirigentes y funcionarios del Gobierno recientemente levantado por el Congreso de los Estados Unidos.
Es evidente que esa preocupación no la manifestarán con tanto apremio respecto a los casos Colombia y México. Que este sea uno de los objetivos diligentemente reseñados por esa ONG que lleva por nombre Freedom House –la que ha entrenado y dotado logísticamente a la gran mayoría de ONG de “derechos humanos” y cuanto “observatorio” sea necesario para levantar el expediente contra Venezuela Bolivariana– en el país del libertinaje mediático y el pornoperiodismo por excelencia, no resalta precisamente su preocupación por los derechos humanos de periodistas y comunicadores.
Tampoco es de asombrase que ese silencio y ese doble rasero también destaque que la falta de preocupación por México y Colombia se deba a que son territorios conquistados y bajo su control.
He allí las diferencias.
A confesión de partes
Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) México, Colombia y Honduras se han convertido en los países más peligrosos para la prensa. En especial, si a los periodistas se les ocurre denunciar las violaciones a los derechos humanos, el accionar del crimen organizado en sus distintas modalidades, la corrupción y hasta las injerencias de corporaciones o gobiernos extranjeros.
En México, que encabeza la lista, han asesinado a 81 periodistas entre enero del 2000 y septiembre del 2014. Sigue Colombia con 56 casos y Honduras con 27. En este último país, lo reconoce la propia RSF, los homicidios contra periodistas se dispararon tras el golpe de Estado (patrocinado por EEUU) contra el presidente Manuel Zelaya en el año 2009.
En Palestina, Libia, Siria, Ucrania, Irak y Afganistán también se registra una elevada cifra de ataques a periodistas que intentan contar la realidad de sus países constantemente atacados por Norteamérica, Israel y demás potencias occidentales.
La organización manifestó su preocupación por las cifras porque asegura que “ninguno de estos países está en guerra”, refiriéndose a los casos Colombia y México. Sin embargo, el conflicto armado que vive Colombia desde hace más de 50 años o la existencia de un narco-estado en México se asemeja bastante a una.
Incluso en Colombia las denominadas “Bandas criminales emergentes” o “Bacrim” declaran a los periodistas “objetivo militar” y les dan un plazo de 24 horas para salir de sus ciudades. De hecho, la Defensoría del Pueblo (de Colombia) reconoció que en lo que va del 2014 se han conocido 93 casos de periodistas amenazados, 51 más que en 2013.
Tan comunes son estos casos que las denuncias son estudiadas por una mesa de riesgo del Ministerio del Interior de Colombia, instancia que decide a quién y qué tipo de protección asigna (chalecos antibalas, teléfonos, vehículos de protección, personal de escolta, etc). Pero la propia Defensoría advierte que durante el plazo de 30 días hábiles, que se toman para elaborar esta evaluación, a algunos periodistas les “llega su hora”.
Además tanto en México como en Colombia casi todos estos crímenes permanecen impunes hasta la fecha precisamente debido a la falta de voluntad política y de un sistema judicial eficiente.
Algo similar ocurre en Paraguay, donde recientemente asesinaron a tres periodistas, incluido un corresponsal del ABC Color (el diario del establishment paraguayo, no exactamente un medio a contracorriente) por denunciar el narcotráfico regional y las trampas del poder legislativo y judicial.
En el ranking de esta lista no aparece Venezuela y no porque Reporteros Sin Fronteras (RSF) sea amigo del Gobierno Bolivariano, sino porque sencillamente no tiene nada que decir.
De hecho, esta organización (una organización que por cierto cooperaba con el Center for a Free Cuba, de Washington, creado y manejado por Frank Calzon, connotado agente de la CIA, y financiada por la USAID, para infiltrarse y desestabilizar naciones) atacó a nuestro país durante las guarimbas, afirmando que los periodistas eran “agredidos” por la GNB.
Sin embargo hay que recordarle a RSF que durante esas manifestaciones violentas la única periodista asesinada fue la joven Adriana Urquiola, a quien le quitaron la vida cuando intentaba pasar una barricada colocada por los guarimberos (incluyendo a 15 encapuchados) en la carretera Panamericana a la altura de la urbanización Los Nuevos Teques del estado Miranda.
Antes de este hecho, el último caso tipificado y resonado de un periodista asesinado en Venezuela fue el del ancla de la extinta RCTV, Javier García, aunque esta muerte nada tuvo que ver con el ejercicio del oficio, mucho menos con una presunta “persecución” del Gobierno.
“El Gobierno de Venezuela ha detenido periodistas extranjeros y amenazado y expulsado medios de comunicación internacionales en funcionamiento en Venezuela y la organización internacional no gubernamental Freedom House declaró que el ‘clima de los medios de comunicación en Venezuela está impregnado de intimidación, algunas veces incluyendo ataques físicos, y es común una fuerte retórica contra los medios de comunicación’”, reza la Ley 2014 para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, el documento de las sanciones contra dirigentes y funcionarios del Gobierno recientemente levantado por el Congreso de los Estados Unidos.
Es evidente que esa preocupación no la manifestarán con tanto apremio respecto a los casos Colombia y México. Que este sea uno de los objetivos diligentemente reseñados por esa ONG que lleva por nombre Freedom House –la que ha entrenado y dotado logísticamente a la gran mayoría de ONG de “derechos humanos” y cuanto “observatorio” sea necesario para levantar el expediente contra Venezuela Bolivariana– en el país del libertinaje mediático y el pornoperiodismo por excelencia, no resalta precisamente su preocupación por los derechos humanos de periodistas y comunicadores.
Tampoco es de asombrase que ese silencio y ese doble rasero también destaque que la falta de preocupación por México y Colombia se deba a que son territorios conquistados y bajo su control.
He allí las diferencias.
