Ofensiva político-mediática contra jueces y fiscales. Los grandes medios, en la vanguardia. Gils Carbó y Rafecas en la mira. Una solicitada vergonzosa y sin precedentes. El aporte de la Corte Suprema: afrenta jamás vista a una jueza. El rechazo de Highton de Nolasco. Traspaso de los tribunales laborales, sus designios.
Por Mario Wainfeld
El juglar Ludovico trata de escalar el muro de su amada Leonora y cantarle su aria de amor. Ludovico trepa, teme, tiembla, lo cual es ingeniosamente insinuado a través de la orquestación, la sucesión armónica, el tratamiento rítmico y porque Ludovico dice “trepo, temo, tiemblo”.
Presentación de Marcos Mundstock del tema musical “Voglio entrare per la finestra” de Les Luthiers.
Acumular argumentos, interpretar lo que insinúan la orquestación o el tratamiento rítmico, leer entre líneas es a veces sobreabundante. Hay momentos en que lo esencial es visible a los ojos, evidente. Apliquemos el modelo narrativo de Mundstock a varios hechos conmocionantes referidos al Poder Judicial. ¿Por qué sospechar que Clarín y La Nación quieren promover las destituciones de la Procuradora Alejandra Gils Carbó y del juez federal Daniel Rafecas? Podría alegarse que los definen como enemigos porque aquella produjo un dictamen ejemplar respecto de la fusión entre Multicanal y Cablevisión y éste pronunciamientos notables en el expediente que analiza la comisión de crímenes de lesa humanidad en la venta de Papel Prensa. Ambos adversos a los intereses del Grupo Clarín. También porque son progresistas y garantistas, de ideología distinta a la línea editorial de ambos medios. Es más sencillo apuntar que se conoce la intención de derrocarlos de modo ilegal porque los concernidos lo promueven a gritos, en forma pública.
Los editorialistas de ambos medios impulsan una ley que cese la estabilidad de Gils Carbó. Joaquín Morales Solá, Julio Blanck y Eduardo van Der Kooy lo exigen y lo justifican.
La solicitada vergonzosa que exigió la destitución de Rafecas fue impulsada por el mismísimo presidente del Directorio de La Nación S.A., Julio César Saguier, en tándem con Waldo Wolff, diputado de PRO y ex vicepresidente de la DAIA.
Los ataques contra Justicia Legítima son trending topic en la cadena oficial privada de comunicación. Una asociación de magistrados y funcionarios, legal, compuesta por buena parte de los mejores integrantes del Poder Judicial, es descripta como una banda de delincuentes. Morales Solá apostrofa contra los jueces “militantes, kirchneristas y garantistas”. Las tres palabras fungen en su vocabulario profano como cuasi sinónimos. Indignarse por el garantismo, esto es el apego a la protección constitucional de los derechos, escrito en una nota editorial… es un reconocimiento análogo al “trepo, tiemblo, temo” del juglar Ludovico.
Una penosa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, maltratando a la jueza federal Martina Forns, “hace sistema” con la movida.
El oficialismo político tiene intereses confluyentes con el poder mediático y parte del Poder Judicial (PJ en lo sucesivo, pidiendo permiso a los compañeros justicialistas para usar la sigla). Vamos por partes, entrando por…
– – –
… la finestra e la porta: Si de entrare per la finestra se trata, viene a cuento la tentativa del presidente Mauricio Macri para designar por decreto como jueces de la Corte a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Ambos se prestaron a la iniciativa, desbaratada por los senadores del Frente para la Victoria (FpV), en uno de sus esporádicos arrebatos de coherencia.
Sin más remedio, Macri reencauzó los nombramientos por la vía legal y buscó el Acuerdo del Senado. En ese trance el bloque del FpV se condujo con uno de sus habituales gestos de aquiescencia.
Rosenkrantz firmó el martes sus tres primeras resoluciones. Sería injusto decir que no podían haber sido peores: esa posibilidad siempre está abierta. Pero fueron malas las tres, una lamentable. Para redondear la triste première, Rosenkrantz filtró a cronistas de Clarín que su pluma (su compu, bueno…) redondeó una Acordada en la que la Corte ratifica cien tipos de obstáculos para entorpecer el acceso público a las declaraciones juradas de sus vocales. El Tribunal clama por la transparencia, su presidente Ricardo Lorenzetti señala con el dedo a los otros poderes del estado pero se hace imposible, kafkiano conseguir ese material. Funcionarios políticos y administrativos, legisladores y familiares cercanos a menudo cumplen con esa obligación republicana, que les acarrea indagaciones, previsibles dolores de cabeza, y denuncias periodísticas. Sus Señorías se cubren y encubren.
– – –
Mujeres maltratadas: El pronunciamiento sobre las declaraciones juradas, nobleza obliga, no fue la resolución más penosa. Se alzó con la cucarda la dictada en el expediente “Fernández Francisco y otros”. Cuatro de los supremos, los varones, rechazaron la elevación de la causa que decidió la jueza de primera instancia Martina Forns.
Técnicamente es una cuestión intrincada, cuyo detalle ahorramos a quien lee esta nota. Se vincula con las acciones colectivas o de clase, que la misma Corte aborda de modos diferentes según el momento. Por ejemplo, en su primer fallo (Halabi) admitió que un particular-usuario, un abogado “suelto”, representara a todos los consumidores. El martes, en cambio, opuso escollos para que el modesto Club Social y Deportivo 12 de Octubre de Quilmes representara a otras entidades similares. En fin… El tratamiento dispar es incoherente, por donde se lo mire.
La Corte se ingenió, merced a un formalismo injusto, para no pronunciarse sobre la falta de audiencias públicas previas al tarifazo eléctrico.
La jueza Forns proponía acumular dos expedientes, la Corte rechazó el planteo. Nada que observar hasta ahí, opiniones más o menos. La brutalidad fincó en los argumentos (“considerandos” en jerga), una agresión acaso jamás vista contra una jueza. La acusaron de estar “comprometiendo el prestigio del Poder Judicial” con su manejo del expediente. Un Jaimito podría inquirir “¿qué prestigio?” Un alumno obediente, menos corrosivo o informado, podría suponer que Forns condenó a muerte a alguien o encarceló a un inocente (algo que sus colegas cometen todos los días). O que, como el camarista federal Juan Carlos Gemignani, encarceló a una secretaria de prepo, sin proceso abierto, por no acatar una orden manifiestamente incorrecta. Pero ninguno de esos procederes subleva a la Corte o la hace mover ficha. Sí un trámite relativamente inocuo, que no perjudicó a nadie. Los Supremos varones dijeron que eso ponía en vilo a la opinión pública como si ésta pudiera desentrañar el galimatías de los “n” expedientes sobre los tarifazos.
El violento proceder de la Corte contra otra mujer indignó a la jueza Elena Highton de Nolasco. Discutió con sus pares: no está de acuerdo con los términos de la fundamentación ni con el trato que se dispensó a Forns, según sus propias palabras. Les comentó que en cuarenta años de actuar en tribunales no había visto algo así. Casi nada. Se negó a firmar el Acuerdo que expone a la doctora Forns a la vindicta mediática-política.
El P.J. dista de tener un régimen verticalizado: cada juez se pronuncia según su leal saber y entender. Salvo excepciones, no está obligado a seguir la jurisprudencia de tribunales superiores. Forns no cometió ninguna falta al razonar conforme a su criterio, al contrario.
– – –
Doble standard en Comodoro Py: Rafecas es perseguido en base a un fundamento ligeramente más alocado: una solicitada pide su remoción cuestionando un fallo que fue confirmado por la Cámara. Es el que, razonablemente, rechazó la investigación sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán promovido por el trágicamente fallecido fiscal Alberto Nisman.
Julio César Saguier fatigó el celular llamando a potenciales adherentes para convencerlos de “comenzar la limpieza del Fuero Federal”. Lo curioso es que Saguier, Wolff y los firmantes no embisten contra los tristemente célebres “jueces de la servilleta” sino contra Rafecas, un magistrado de alto nivel que acumula decisiones valiosas en causas importantes.
La movida ansía aterrar a los camaristas federales Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, que ratificaron esa decisión y ahora tienen para resolver un pedido de reapertura de la causa. La presión es brutal y expuesta.
Responsabilizar a Irán por el atentado a la AMIA es un objetivo perenne del Departamento de Estado norteamericano. Los documentos de Wikileaks lo evidencian, eximiendo de hacer más elucubraciones.
En la celebración del Día de la Independencia, el 4 de julio, Claudio Bonadio, un juez federal inscripto en la servilleta, fue ovacionado en el ágape de “la Embajada”. Entre los que sonreían de oreja a oreja estaba Lorenzetti, que departe con él todas las semanas. El supremo es más avaro para recibir a los integrantes de Justicia Legítima, en concordancia con el relato mediático y político del macrismo. Lorenzetti aduce que se ve con frecuencia con los miembros de la agrupación estigmatizada. Se refiere coloquialmente a su presidenta, la camarista María Laura Garrigós de Rébori, como “Malala”. Tal es el conocido apodo de la magistrada pero la familiaridad es un envoltorio: Garrigós de Rébori y Justicia Legítima jamás son contertulios de Lorenzetti según cuentan los presuntos interlocutores y corroboran los registros de reuniones del cortesano.
– – –
Funcionalidades y preocupaciones: En “Abarca y otros”, el fallo más importante del martes sobre el tarifazo eléctrico, la Corte gambeteó expedirse sobre el fondo de la cuestión, para beneplácito del Ejecutivo. El dictamen de la Procuradora proponía la solución contraria. La pieza no es vinculante pero los considerandos del Tribunal incurrieron en la descortesía de no mencionar el dictamen. El editorialista Blanck interpretó que el desdén “refuerza el aislamiento de Gils Carbó” y que eso es buena noticia para el Gobierno que quiere desplazarla. La traducción tal vez es excesiva pero los malos modos de la Corte son funcionales a la estrategia político mediática.
También coadyuvan su doble standard con los federales de la servilleta versus Justicia Legítima y la diatriba contra la jueza Forns.
Sería exagerado denunciar, sin pruebas tajantes, acuerdos explícitos entre la cabeza del Poder Judicial y la ofensiva política- mediática contra jueces y fiscales. Un afán de avasallamiento innegable cuya suerte definitiva dependerá del contrapoder de la sociedad civil y del decoro de los legisladores nacionales.
El panorama es preocupante, antagónico al relato “republicano” del macrismo y sus aliados del establishment.
[email protected]
Por Mario Wainfeld
El juglar Ludovico trata de escalar el muro de su amada Leonora y cantarle su aria de amor. Ludovico trepa, teme, tiembla, lo cual es ingeniosamente insinuado a través de la orquestación, la sucesión armónica, el tratamiento rítmico y porque Ludovico dice “trepo, temo, tiemblo”.
Presentación de Marcos Mundstock del tema musical “Voglio entrare per la finestra” de Les Luthiers.
Acumular argumentos, interpretar lo que insinúan la orquestación o el tratamiento rítmico, leer entre líneas es a veces sobreabundante. Hay momentos en que lo esencial es visible a los ojos, evidente. Apliquemos el modelo narrativo de Mundstock a varios hechos conmocionantes referidos al Poder Judicial. ¿Por qué sospechar que Clarín y La Nación quieren promover las destituciones de la Procuradora Alejandra Gils Carbó y del juez federal Daniel Rafecas? Podría alegarse que los definen como enemigos porque aquella produjo un dictamen ejemplar respecto de la fusión entre Multicanal y Cablevisión y éste pronunciamientos notables en el expediente que analiza la comisión de crímenes de lesa humanidad en la venta de Papel Prensa. Ambos adversos a los intereses del Grupo Clarín. También porque son progresistas y garantistas, de ideología distinta a la línea editorial de ambos medios. Es más sencillo apuntar que se conoce la intención de derrocarlos de modo ilegal porque los concernidos lo promueven a gritos, en forma pública.
Los editorialistas de ambos medios impulsan una ley que cese la estabilidad de Gils Carbó. Joaquín Morales Solá, Julio Blanck y Eduardo van Der Kooy lo exigen y lo justifican.
La solicitada vergonzosa que exigió la destitución de Rafecas fue impulsada por el mismísimo presidente del Directorio de La Nación S.A., Julio César Saguier, en tándem con Waldo Wolff, diputado de PRO y ex vicepresidente de la DAIA.
Los ataques contra Justicia Legítima son trending topic en la cadena oficial privada de comunicación. Una asociación de magistrados y funcionarios, legal, compuesta por buena parte de los mejores integrantes del Poder Judicial, es descripta como una banda de delincuentes. Morales Solá apostrofa contra los jueces “militantes, kirchneristas y garantistas”. Las tres palabras fungen en su vocabulario profano como cuasi sinónimos. Indignarse por el garantismo, esto es el apego a la protección constitucional de los derechos, escrito en una nota editorial… es un reconocimiento análogo al “trepo, tiemblo, temo” del juglar Ludovico.
Una penosa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, maltratando a la jueza federal Martina Forns, “hace sistema” con la movida.
El oficialismo político tiene intereses confluyentes con el poder mediático y parte del Poder Judicial (PJ en lo sucesivo, pidiendo permiso a los compañeros justicialistas para usar la sigla). Vamos por partes, entrando por…
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… la finestra e la porta: Si de entrare per la finestra se trata, viene a cuento la tentativa del presidente Mauricio Macri para designar por decreto como jueces de la Corte a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Ambos se prestaron a la iniciativa, desbaratada por los senadores del Frente para la Victoria (FpV), en uno de sus esporádicos arrebatos de coherencia.
Sin más remedio, Macri reencauzó los nombramientos por la vía legal y buscó el Acuerdo del Senado. En ese trance el bloque del FpV se condujo con uno de sus habituales gestos de aquiescencia.
Rosenkrantz firmó el martes sus tres primeras resoluciones. Sería injusto decir que no podían haber sido peores: esa posibilidad siempre está abierta. Pero fueron malas las tres, una lamentable. Para redondear la triste première, Rosenkrantz filtró a cronistas de Clarín que su pluma (su compu, bueno…) redondeó una Acordada en la que la Corte ratifica cien tipos de obstáculos para entorpecer el acceso público a las declaraciones juradas de sus vocales. El Tribunal clama por la transparencia, su presidente Ricardo Lorenzetti señala con el dedo a los otros poderes del estado pero se hace imposible, kafkiano conseguir ese material. Funcionarios políticos y administrativos, legisladores y familiares cercanos a menudo cumplen con esa obligación republicana, que les acarrea indagaciones, previsibles dolores de cabeza, y denuncias periodísticas. Sus Señorías se cubren y encubren.
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Mujeres maltratadas: El pronunciamiento sobre las declaraciones juradas, nobleza obliga, no fue la resolución más penosa. Se alzó con la cucarda la dictada en el expediente “Fernández Francisco y otros”. Cuatro de los supremos, los varones, rechazaron la elevación de la causa que decidió la jueza de primera instancia Martina Forns.
Técnicamente es una cuestión intrincada, cuyo detalle ahorramos a quien lee esta nota. Se vincula con las acciones colectivas o de clase, que la misma Corte aborda de modos diferentes según el momento. Por ejemplo, en su primer fallo (Halabi) admitió que un particular-usuario, un abogado “suelto”, representara a todos los consumidores. El martes, en cambio, opuso escollos para que el modesto Club Social y Deportivo 12 de Octubre de Quilmes representara a otras entidades similares. En fin… El tratamiento dispar es incoherente, por donde se lo mire.
La Corte se ingenió, merced a un formalismo injusto, para no pronunciarse sobre la falta de audiencias públicas previas al tarifazo eléctrico.
La jueza Forns proponía acumular dos expedientes, la Corte rechazó el planteo. Nada que observar hasta ahí, opiniones más o menos. La brutalidad fincó en los argumentos (“considerandos” en jerga), una agresión acaso jamás vista contra una jueza. La acusaron de estar “comprometiendo el prestigio del Poder Judicial” con su manejo del expediente. Un Jaimito podría inquirir “¿qué prestigio?” Un alumno obediente, menos corrosivo o informado, podría suponer que Forns condenó a muerte a alguien o encarceló a un inocente (algo que sus colegas cometen todos los días). O que, como el camarista federal Juan Carlos Gemignani, encarceló a una secretaria de prepo, sin proceso abierto, por no acatar una orden manifiestamente incorrecta. Pero ninguno de esos procederes subleva a la Corte o la hace mover ficha. Sí un trámite relativamente inocuo, que no perjudicó a nadie. Los Supremos varones dijeron que eso ponía en vilo a la opinión pública como si ésta pudiera desentrañar el galimatías de los “n” expedientes sobre los tarifazos.
El violento proceder de la Corte contra otra mujer indignó a la jueza Elena Highton de Nolasco. Discutió con sus pares: no está de acuerdo con los términos de la fundamentación ni con el trato que se dispensó a Forns, según sus propias palabras. Les comentó que en cuarenta años de actuar en tribunales no había visto algo así. Casi nada. Se negó a firmar el Acuerdo que expone a la doctora Forns a la vindicta mediática-política.
El P.J. dista de tener un régimen verticalizado: cada juez se pronuncia según su leal saber y entender. Salvo excepciones, no está obligado a seguir la jurisprudencia de tribunales superiores. Forns no cometió ninguna falta al razonar conforme a su criterio, al contrario.
– – –
Doble standard en Comodoro Py: Rafecas es perseguido en base a un fundamento ligeramente más alocado: una solicitada pide su remoción cuestionando un fallo que fue confirmado por la Cámara. Es el que, razonablemente, rechazó la investigación sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán promovido por el trágicamente fallecido fiscal Alberto Nisman.
Julio César Saguier fatigó el celular llamando a potenciales adherentes para convencerlos de “comenzar la limpieza del Fuero Federal”. Lo curioso es que Saguier, Wolff y los firmantes no embisten contra los tristemente célebres “jueces de la servilleta” sino contra Rafecas, un magistrado de alto nivel que acumula decisiones valiosas en causas importantes.
La movida ansía aterrar a los camaristas federales Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, que ratificaron esa decisión y ahora tienen para resolver un pedido de reapertura de la causa. La presión es brutal y expuesta.
Responsabilizar a Irán por el atentado a la AMIA es un objetivo perenne del Departamento de Estado norteamericano. Los documentos de Wikileaks lo evidencian, eximiendo de hacer más elucubraciones.
En la celebración del Día de la Independencia, el 4 de julio, Claudio Bonadio, un juez federal inscripto en la servilleta, fue ovacionado en el ágape de “la Embajada”. Entre los que sonreían de oreja a oreja estaba Lorenzetti, que departe con él todas las semanas. El supremo es más avaro para recibir a los integrantes de Justicia Legítima, en concordancia con el relato mediático y político del macrismo. Lorenzetti aduce que se ve con frecuencia con los miembros de la agrupación estigmatizada. Se refiere coloquialmente a su presidenta, la camarista María Laura Garrigós de Rébori, como “Malala”. Tal es el conocido apodo de la magistrada pero la familiaridad es un envoltorio: Garrigós de Rébori y Justicia Legítima jamás son contertulios de Lorenzetti según cuentan los presuntos interlocutores y corroboran los registros de reuniones del cortesano.
– – –
Funcionalidades y preocupaciones: En “Abarca y otros”, el fallo más importante del martes sobre el tarifazo eléctrico, la Corte gambeteó expedirse sobre el fondo de la cuestión, para beneplácito del Ejecutivo. El dictamen de la Procuradora proponía la solución contraria. La pieza no es vinculante pero los considerandos del Tribunal incurrieron en la descortesía de no mencionar el dictamen. El editorialista Blanck interpretó que el desdén “refuerza el aislamiento de Gils Carbó” y que eso es buena noticia para el Gobierno que quiere desplazarla. La traducción tal vez es excesiva pero los malos modos de la Corte son funcionales a la estrategia político mediática.
También coadyuvan su doble standard con los federales de la servilleta versus Justicia Legítima y la diatriba contra la jueza Forns.
Sería exagerado denunciar, sin pruebas tajantes, acuerdos explícitos entre la cabeza del Poder Judicial y la ofensiva política- mediática contra jueces y fiscales. Un afán de avasallamiento innegable cuya suerte definitiva dependerá del contrapoder de la sociedad civil y del decoro de los legisladores nacionales.
El panorama es preocupante, antagónico al relato “republicano” del macrismo y sus aliados del establishment.
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