“El ministro de Comunicación de la Provincia de Entre Ríos, Pedro Báez, quiere expresar que reconoce su equivocación y su error de juicio al valorar el proyecto de resolución presentado con el objetivo de regular el uso de internet y de las redes sociales en casos de conmoción social ya que el mismo colisiona con políticas públicas en materia de Derechos Humanos y de libertad de expresión que han sido y son ejes centrales de nuestro gobierno”, expresó el funcionario a través de comunicado.
De esta manera, Báez no dará curso en ningún caso a la iniciativa y se disculpó ante los usuarios de la red de redes.
“El gobierno de Entre Ríos siempre ha sido respetuoso de las libertades y de la institucionalidad de tal manera que esta circunstancia –que nunca estuvo ni cerca de concretarse por cierto- en modo alguno podría empañar toda una historia provincial en ese sentido”, indica la misiva.
Más allá de las disculpas ofrecidas, Báez sí pidió a los usuarios de redes responsabilidad en el uso de las mismas sobre todo en momentos de convulsión.
«¿Y si a través de las redes sociales se puede voltear un gobierno constitucional? Pido que legislemos sobre la materia. Hay un vacío legal», fue el argumento inicial del legislador provincial de Entre Ríos Rubén Oscar Almará, al justificar el proyecto que impulsó con el respaldo del gobierno de Sergio Urribarri para restringir el uso de las redes sociales en momentos de “conmoción social”.
El proyecto ya contaba con la aprobación de Diputados de Entre Ríos, y había sido ingresado a la Legislatura una semana después de que en la provincia se multiplicaran los saqueos que dejaron dos muertos y que, en muchos casos, fueron promovidos o festejados, pero también denunciados e informados, a través de las redes.
Uno de los párrafos del proyecto reclamaba “solicitar al Estado provincial para que inste a los organismos nacionales competentes a establecer, en casos de conmoción interior, políticas de regulación y restricción de medios electrónicos, Internet y redes sociales tendientes a bloquear comentarios, expresiones e información de carácter delictivo que fomenten la apología del delito y la violencia, que lesionen la paz ciudadana, que promuevan el odio y la intolerancia, generen zozobra o desconozcan las autoridades legalmente constituidas”.
La idea radicaba en que, eventualmente, la Secretaría de Comunicaciones intime a “las empresas proveedoras de servicios el bloqueo de las redes sociales, en toda la provincia de Entre Ríos”.
