«¿Y si a través de las redes sociales se puede voltear un gobierno constitucional? Pido que legislemos sobre la materia. Hay un vacío legal». Con ese argumento, el legislador provincial de Entre Ríos Rubén Oscar Almará justificó el proyecto que impulsó con el respaldo del gobierno de Sergio Urribarri para restringir el uso de las redes sociales en momentos de “conmoción social”.
El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados de Entre Ríos. La iniciativa ingresó a la Legislatura una semana después de que en la provincia se multiplicaran los saqueos que dejaron dos muertos y que, en muchos casos, fueron promovidos o festejados, pero también denunciados e informados, a través de las redes.
En declaraciones a Radio, el diputado peronista que impulsó la iniciativa sostuvo esta mañana que a las redes sociales las maneja «un señor desde los Estados Unidos».
Uno de los párrafos del proyecto reclama “solicitar al Estado provincial para que inste a los organismos nacionales competentes a establecer, en casos de conmoción interior, políticas de regulación y restricción de medios electrónicos, Internet y redes sociales tendientes a bloquear comentarios, expresiones e información de carácter delictivo que fomenten la apología del delito y la violencia, que lesionen la paz ciudadana, que promuevan el odio y la intolerancia, generen zozobra o desconozcan las autoridades legalmente constituidas”.
La idea es que, eventualmente, la Secretaría de Comunicaciones intime a “las empresas proveedoras de servicios el bloqueo de las redes sociales, en toda la provincia de Entre Ríos”.
En diálogo con El Cronista, Almará explicó que el proyecto se basa en el artículo 13 de la Constitución Provincial, que establece que el derecho al acceso a la información “puede restringirse (…) mediante una ley, en resguardo de otros derechos que al tiempo de la solicitud prevalezcan sobre éste”.
«Hay movilizaciones que se convocaron con justo derecho por las redes sociales. Se convocan para el bien pero también se pueden convocar para el mal. Trato de privilegiar el bien supremo (…) Le estamos dando un instrumento más al Gobernador para que actúe cuando lo necesite», insistió el Almará.
