Portada Principal Jueves 12 de Septiembre de 2013
Suplemento ámbito municipal Los municipios se suman al nuevo paradigma de la política de seguridad, que se basa en un modelo preventivo y proactivo. En ese marco, en el conurbano se ha intensificado la colocación de cámaras de seguridad para el monitoreo del espacio público en zonas críticas como corredores bancarios y vías de escape para los delincuentes. Ya funcionan más de 6.000 y para fin de año se proyectan casi 8.000.
Por: Guillermo Gammacurta
Vista del videowall que funciona en el Centro de Protección Urbana de Lomas de Zamora, que posee 520 m², de los cuales 270 m² corresponden a la sala de monitoreo.
Como principio general puede decirse que en el país la política de seguridad ha ido siempre detrás de delito, mostrando la incapacidad para anticiparse y prevenir. Ese paradigma de reacción tardía y objetivo punitivo ha ido cambiando en los últimos años mediante la implementación de medidas que requieren la articulación de los distintos niveles de gobierno, algo que se cumple de modo espasmódico, y la puesta en marcha sobre el territorio de acciones que pueden arrojar resultados positivos.
Aunque la instalación de las cámaras de seguridad se inició de forma incipiente hace diez años, desde 2006 comenzó a cobrar fuerza primero en la Ciudad de Buenos Aires y luego hacia la periferia de la región metropolitana, para extenderse más tarde hacia el interior de la provincia. Desde aquel año, la instalación de dispositivos electrónicos y las salas de monitoreo se fueron multiplicando en los municipios y varias administraciones enfrentaron denuncias de compras poco transparentes en las que se habrían saltado licitaciones y beneficiado a empresarios afines.
Llegado 2013, el marketing político de la campaña electoral previa a las PASO colocó en el foco del debate sobre seguridad a las cámaras de vigilancia, casi como una mágica solución a la inseguridad.
Un relevamiento sobre los municipios del conurbano muestra que el control del espacio público mediante las cámaras es bastante asimétrico, algo que se refleja al considerar como parámetro la cantidad de habitantes por dispositivo (ver Una instalación dispar). En la actualidad, en el conurbano hay en funcionamiento unas 6.156 cámaras y para fin de año se proyecta que lleguen a 8.000. En tanto, en toda la provincia, según datos del Ministerio de Seguridad, en la actualidad hay 9.000 cámaras activas y un total de 125 centrales de monitoreo, sobre un total de 135 municipios.
En los primeros cuatros lugares aparecen municipios controlados por el massismo. San Isidro, del radical PRO Gustavo Posse, es el mejor posicionado con 318 habitantes por cámara, seguido por Tigre, de Sergio Massa, con 376 habitantes por dispositivo y en tercer lugar aparece Vicente López, de Jorge Macri, con 649 habitantes por cámara. Si bien la diferencia con algunos municipios es notoria, lo que puede advertirse del relevamiento es que todos los intendentes están en pleno plan de expansión del monitoreo agregando cámaras mes a mes. Tal es el caso de La Matanza, que proyecta para fin de año tener instaladas 600 cámaras, lo que lo ubicará como uno de los distritos con más dispositivos, claro que al ser el municipio más poblado, con casi 1,8 millón de habitantes, aún está lejos de San Isidro o Tigre en términos de habitantes por cámara.
Con precios de mercado de $ 15 mil a $ 30 mil, según las prestaciones de los dispositivos que van de cámaras fijas a cámaras DOMO con un giro de 360º y una alcance nítido de tres cuadras y media, la financiación para la compra de cámaras y la construcción de centros de monitoreo en muchos casos se hace con fondos municipales y en otros con dinero proveniente de programas de Nación y/o de la provincia.
Otro aspecto importante para un funcionamiento fiable de las cámaras es el tipo de conexión que utilizan los dispositivos para estar en línea con los centros de monitoreo. Aún hay municipios en donde la interconexión se realiza por aire mediante radioenlace, pero hay otros que están invirtiendo de forma sostenida en la instalación de fibra óptica para lograr una respuesta mucho más rápida en las imágenes que entregan las cámaras. Por ejemplo, en Lanús ya se colocaron 37 km de fibra óptica y en Tres de Febrero se están instalando 8 km mensuales hasta darle cobertura total a todo el municipio. Por su parte, San Isidro cuenta con 920 cámaras que permiten tomar imágenes en 360º, que están conectadas a un tendido de fibra óptica propio que se extiende por 85 kilómetros en todo el partido.
Estrategia
La disposición de las cámaras de vigilancia es analizada para controlar en primer lugar los espacios públicos más críticos para cada distrito. Por caso, en Morón se tuvo en cuenta para la primera etapa de instalación los corredores bancarios de Morón, Castelar, Haedo y Palomar, y algunas avenidas. También dependencias como el Palacio Municipal, el Hospital de Morón, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y el Cementerio de Morón. «Ahora tenemos proyectado algo más de 110 cámaras de acá a fin de año, circunvalando todo el partido de Morón, las avenidas Don Bosco, Blas Parera, Santa Rosa, Derqui, Pedriel y el corredor Gaona. También vamos a tener cámaras en todo el entorno del Parque Industrial La Cantábrica y el Plaza Oeste», explicó a Ámbito Municipal , Juan Carlos Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana de Morón.
Una planificación similar se siguió en Lanús, tal como lo consignó Mariano Amore, secretario de Protección Ciudadana: «Aplicamos las cámaras en puntos estratégicos como corredores seguros escolares, mercadería en tránsito, espacio público y vías de escape de los delincuentes».
El monitoreo es sólo una pieza de la política de seguridad que, como coinciden varios intendentes, se debe amalgamar con otras iniciativas. Además de la vigilancia en el espacio público, cada vez son más los municipios que están incorporando cámaras a los móviles de las guardias urbanas. Por ejemplo, en Almirante Brown, del candidato del Frente Renovador Darío Giustozzi, indicaron a Ámbito Municipal que además de las 130 cámaras fijas «hay 10 cámaras más en los móviles que realizan el patrullaje y que equivalen a 40 cámaras fijas». En cuanto a la proyección, desde el municipio explicaron que de forma trimestral se hace «una evaluación de todo el sistema de seguridad para definir las prioridades», por lo que aún no está decidido el número de cámaras que habrá a fin de año.
En Ezeiza, terruño del flamante ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, quien prometió «llenar de cámaras y policías la provincia», se aplica desde el año 2003 un sistema de patrullaje por el cual se divide el distrito en cuadrículas de 20 cuadras por 20 cuadras que son recorridas las 24 horas por un móvil municipal, conducido por exmiembros de las fuerzas de seguridad. «El plan de seguridad de Ezeiza no se basa en las cámaras, sino en el patrullaje de las cuadrículas en las que está dividido el distrito. En la actualidad hay 30 cuadrículas que son patrulladas siempre por el mismo chofer, por lo que el vecino está habituado y lo conoce. Los sueldos de los miembros de la patrulla, los patrulleros y el combustible son pagados con fondos municipales», explicó Oscar Villalba, responsable de la Sala de Situación (monitoreo) de Ezeiza.
Bajo la conducción de Ricardo Casal, el ahora dividido Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense puso en marcha una serie de programas tendientes a la implementación de las cámaras de seguridad y de los centros de monitoreo, los que seguramente continuará Granados. En el marco del programa de ampliación de centros de monitoreo, en el que están incluidos 27 municipios y en el que está planificada la instalación de 1.000 nuevas cámaras, es que en los últimos días el partido de Tres de Febrero recibió 20 dispositivos nuevos, Berazategui 40 y Esteban Echeverría 20.
Justicia
En un primer momento, cuando los delincuentes comenzaron a quedar inmortalizados en plena faena por las cámaras de seguridad, un vacío legal impedía utilizar las filmaciones como prueba. Pero el Gobierno de la provincia de Buenos Aires logró establecer modificaciones al Código Procesal Penal para que las imágenes tengan validez judicial en el esclarecimiento de los delitos.
Lo que todavía falta sincronizar son los tiempos de la Justicia y de las nuevas tecnologías. Es que según el sistema y la cantidad de cámaras utilizadas, el archivo de imágenes no puede extenderse por mucho tiempo y las filmaciones guardadas se van reemplazando por las nuevas. En Lanús, las filmaciones «se guardan por 30 días y luego se van sobreescribiendo en el sistema», explicó Amore, y agregó que «hay que aceitar los tiempos judiciales para maximizar el uso de esta tecnología; hay ocasiones en que llegan oficios judiciales con demoras de 45 días y ya están borrados los hechos».
Para evitar la pérdida de imágenes que pueden resultar en una valiosa prueba, los municipios capacitan a los operadores de monitoreo para que realicen una copia, que se guarda por tiempo indefinido, de aquellos hechos que a futuro puedan derivar en un requerimiento judicial.
Justamente, en Morón están realizando una tarea especial para poder articular mejor la tarea del centro de monitoreo con la Justicia. Al respecto, Martínez contó: «Trabajamos constantemente con la Fiscalía de Morón y tenemos una mesa de reuniones periódicas para ajustar esos detalles. La instalación en la zona periférica también fue fruto de un diálogo con distintos actores, entre ellos la Justicia».
Suplemento ámbito municipal Los municipios se suman al nuevo paradigma de la política de seguridad, que se basa en un modelo preventivo y proactivo. En ese marco, en el conurbano se ha intensificado la colocación de cámaras de seguridad para el monitoreo del espacio público en zonas críticas como corredores bancarios y vías de escape para los delincuentes. Ya funcionan más de 6.000 y para fin de año se proyectan casi 8.000.
Por: Guillermo Gammacurta
Vista del videowall que funciona en el Centro de Protección Urbana de Lomas de Zamora, que posee 520 m², de los cuales 270 m² corresponden a la sala de monitoreo.
Como principio general puede decirse que en el país la política de seguridad ha ido siempre detrás de delito, mostrando la incapacidad para anticiparse y prevenir. Ese paradigma de reacción tardía y objetivo punitivo ha ido cambiando en los últimos años mediante la implementación de medidas que requieren la articulación de los distintos niveles de gobierno, algo que se cumple de modo espasmódico, y la puesta en marcha sobre el territorio de acciones que pueden arrojar resultados positivos.
Aunque la instalación de las cámaras de seguridad se inició de forma incipiente hace diez años, desde 2006 comenzó a cobrar fuerza primero en la Ciudad de Buenos Aires y luego hacia la periferia de la región metropolitana, para extenderse más tarde hacia el interior de la provincia. Desde aquel año, la instalación de dispositivos electrónicos y las salas de monitoreo se fueron multiplicando en los municipios y varias administraciones enfrentaron denuncias de compras poco transparentes en las que se habrían saltado licitaciones y beneficiado a empresarios afines.
Llegado 2013, el marketing político de la campaña electoral previa a las PASO colocó en el foco del debate sobre seguridad a las cámaras de vigilancia, casi como una mágica solución a la inseguridad.
Un relevamiento sobre los municipios del conurbano muestra que el control del espacio público mediante las cámaras es bastante asimétrico, algo que se refleja al considerar como parámetro la cantidad de habitantes por dispositivo (ver Una instalación dispar). En la actualidad, en el conurbano hay en funcionamiento unas 6.156 cámaras y para fin de año se proyecta que lleguen a 8.000. En tanto, en toda la provincia, según datos del Ministerio de Seguridad, en la actualidad hay 9.000 cámaras activas y un total de 125 centrales de monitoreo, sobre un total de 135 municipios.
En los primeros cuatros lugares aparecen municipios controlados por el massismo. San Isidro, del radical PRO Gustavo Posse, es el mejor posicionado con 318 habitantes por cámara, seguido por Tigre, de Sergio Massa, con 376 habitantes por dispositivo y en tercer lugar aparece Vicente López, de Jorge Macri, con 649 habitantes por cámara. Si bien la diferencia con algunos municipios es notoria, lo que puede advertirse del relevamiento es que todos los intendentes están en pleno plan de expansión del monitoreo agregando cámaras mes a mes. Tal es el caso de La Matanza, que proyecta para fin de año tener instaladas 600 cámaras, lo que lo ubicará como uno de los distritos con más dispositivos, claro que al ser el municipio más poblado, con casi 1,8 millón de habitantes, aún está lejos de San Isidro o Tigre en términos de habitantes por cámara.
Con precios de mercado de $ 15 mil a $ 30 mil, según las prestaciones de los dispositivos que van de cámaras fijas a cámaras DOMO con un giro de 360º y una alcance nítido de tres cuadras y media, la financiación para la compra de cámaras y la construcción de centros de monitoreo en muchos casos se hace con fondos municipales y en otros con dinero proveniente de programas de Nación y/o de la provincia.
Otro aspecto importante para un funcionamiento fiable de las cámaras es el tipo de conexión que utilizan los dispositivos para estar en línea con los centros de monitoreo. Aún hay municipios en donde la interconexión se realiza por aire mediante radioenlace, pero hay otros que están invirtiendo de forma sostenida en la instalación de fibra óptica para lograr una respuesta mucho más rápida en las imágenes que entregan las cámaras. Por ejemplo, en Lanús ya se colocaron 37 km de fibra óptica y en Tres de Febrero se están instalando 8 km mensuales hasta darle cobertura total a todo el municipio. Por su parte, San Isidro cuenta con 920 cámaras que permiten tomar imágenes en 360º, que están conectadas a un tendido de fibra óptica propio que se extiende por 85 kilómetros en todo el partido.
Estrategia
La disposición de las cámaras de vigilancia es analizada para controlar en primer lugar los espacios públicos más críticos para cada distrito. Por caso, en Morón se tuvo en cuenta para la primera etapa de instalación los corredores bancarios de Morón, Castelar, Haedo y Palomar, y algunas avenidas. También dependencias como el Palacio Municipal, el Hospital de Morón, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y el Cementerio de Morón. «Ahora tenemos proyectado algo más de 110 cámaras de acá a fin de año, circunvalando todo el partido de Morón, las avenidas Don Bosco, Blas Parera, Santa Rosa, Derqui, Pedriel y el corredor Gaona. También vamos a tener cámaras en todo el entorno del Parque Industrial La Cantábrica y el Plaza Oeste», explicó a Ámbito Municipal , Juan Carlos Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana de Morón.
Una planificación similar se siguió en Lanús, tal como lo consignó Mariano Amore, secretario de Protección Ciudadana: «Aplicamos las cámaras en puntos estratégicos como corredores seguros escolares, mercadería en tránsito, espacio público y vías de escape de los delincuentes».
El monitoreo es sólo una pieza de la política de seguridad que, como coinciden varios intendentes, se debe amalgamar con otras iniciativas. Además de la vigilancia en el espacio público, cada vez son más los municipios que están incorporando cámaras a los móviles de las guardias urbanas. Por ejemplo, en Almirante Brown, del candidato del Frente Renovador Darío Giustozzi, indicaron a Ámbito Municipal que además de las 130 cámaras fijas «hay 10 cámaras más en los móviles que realizan el patrullaje y que equivalen a 40 cámaras fijas». En cuanto a la proyección, desde el municipio explicaron que de forma trimestral se hace «una evaluación de todo el sistema de seguridad para definir las prioridades», por lo que aún no está decidido el número de cámaras que habrá a fin de año.
En Ezeiza, terruño del flamante ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, quien prometió «llenar de cámaras y policías la provincia», se aplica desde el año 2003 un sistema de patrullaje por el cual se divide el distrito en cuadrículas de 20 cuadras por 20 cuadras que son recorridas las 24 horas por un móvil municipal, conducido por exmiembros de las fuerzas de seguridad. «El plan de seguridad de Ezeiza no se basa en las cámaras, sino en el patrullaje de las cuadrículas en las que está dividido el distrito. En la actualidad hay 30 cuadrículas que son patrulladas siempre por el mismo chofer, por lo que el vecino está habituado y lo conoce. Los sueldos de los miembros de la patrulla, los patrulleros y el combustible son pagados con fondos municipales», explicó Oscar Villalba, responsable de la Sala de Situación (monitoreo) de Ezeiza.
Bajo la conducción de Ricardo Casal, el ahora dividido Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense puso en marcha una serie de programas tendientes a la implementación de las cámaras de seguridad y de los centros de monitoreo, los que seguramente continuará Granados. En el marco del programa de ampliación de centros de monitoreo, en el que están incluidos 27 municipios y en el que está planificada la instalación de 1.000 nuevas cámaras, es que en los últimos días el partido de Tres de Febrero recibió 20 dispositivos nuevos, Berazategui 40 y Esteban Echeverría 20.
Justicia
En un primer momento, cuando los delincuentes comenzaron a quedar inmortalizados en plena faena por las cámaras de seguridad, un vacío legal impedía utilizar las filmaciones como prueba. Pero el Gobierno de la provincia de Buenos Aires logró establecer modificaciones al Código Procesal Penal para que las imágenes tengan validez judicial en el esclarecimiento de los delitos.
Lo que todavía falta sincronizar son los tiempos de la Justicia y de las nuevas tecnologías. Es que según el sistema y la cantidad de cámaras utilizadas, el archivo de imágenes no puede extenderse por mucho tiempo y las filmaciones guardadas se van reemplazando por las nuevas. En Lanús, las filmaciones «se guardan por 30 días y luego se van sobreescribiendo en el sistema», explicó Amore, y agregó que «hay que aceitar los tiempos judiciales para maximizar el uso de esta tecnología; hay ocasiones en que llegan oficios judiciales con demoras de 45 días y ya están borrados los hechos».
Para evitar la pérdida de imágenes que pueden resultar en una valiosa prueba, los municipios capacitan a los operadores de monitoreo para que realicen una copia, que se guarda por tiempo indefinido, de aquellos hechos que a futuro puedan derivar en un requerimiento judicial.
Justamente, en Morón están realizando una tarea especial para poder articular mejor la tarea del centro de monitoreo con la Justicia. Al respecto, Martínez contó: «Trabajamos constantemente con la Fiscalía de Morón y tenemos una mesa de reuniones periódicas para ajustar esos detalles. La instalación en la zona periférica también fue fruto de un diálogo con distintos actores, entre ellos la Justicia».
