El Gobierno firmó, días atrás, un convenio con 12 gobernadores para avanzar en la modernización del Estado con el objetivo de avanzar en la desburocratización, la transparencia, la planificación y la jerarquización del empleo público. Durante el acto, el presidente Mauricio Macri sostuvo la necesidad de «dejar de lado la intervención nociva que tuvo la política de convertir el Estado en un aguantadero» y consideró: «El Estado no es de aquellos a los que nos toca gobernar, sino que es de los ciudadanos.»
Según datos del Gobierno, la actual gestión redujo en 15 mil el número de empleados desde diciembre de 2015, pero el dato no coincide con un informe del Ministerio de Trabajo que consigna que el sector público nacional (SPN) disminuyó sólo en 1436 empleos. Al concluir el ciclo kirchnerista, en el SPN había 742.113 empleados públicos, y al cabo del primer año de Macri se contabilizaban 740.677 agentes. La baja, por lo tanto, fue tan sólo del 0,2%.
Paradójicamente, una de las principales dificultades para emprender el achicamiento de la sobredimensionada planta estatal y el prometido recorte del gasto público radica, precisamente, en que desde el arribo al poder de la alianza Cambiemos, la estructura del Estado ha aumentado en un 25%, como informó LA NACION.
En efecto, según el relevamiento realizado por la Fundación Libertad y Progreso, hoy hay 21 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarías de Estado y 687 direcciones nacionales y generales. Además, existen 122 institutos y organismos, sin tener en cuenta las universidades y academias. En total, hay 1124 unidades administrativas.
Con ese crecimiento abrupto y desmesurado, la organización actual del gabinete nacional es la más frondosa en la historia del país, como ya hemos consignado en estas columnas. La Constitución de 1853 fijó en cinco la cantidad de ministros del Poder Ejecutivo. Hasta 1898, el presidente de la Nación contó en su gabinete con los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia, Culto e Instrucción Pública y de Guerra.
Con la reapertura democrática de 1983 y el gobierno de Raúl Alfonsín, el número de ministerios era de ocho. Tras la reforma constitucional de 1994, se remitió la definición del número de ministerios a una ley especial, y a partir de entonces cada gobierno ha modificado tanto el número como la composición ministerial, pero con ninguno había alcanzado la desmesurada estructura que luce en la actualidad, con el consiguiente incremento del gasto. Cuando Cristina Kirchner asumió en 2007, esa estructura contaba con sólo diez ministerios. Cuando abandonó el poder en 2015, existían 16 carteras, a las que Macri sumó cinco más hasta el presente. Hay que tener en cuenta que cada nueva área requiere de una secretaría legal y técnica, tesorería, auditoría, relaciones públicas, prensa, mesa de entradas, automóviles y choferes, además de edificios y teléfonos celulares.
La incidencia de este engrosamiento del aparato estatal en el gasto recoge opiniones encontradas. En el Ministerio de Hacienda consideran que el Gobierno podrá cumplir el corriente año la meta fiscal del 4,2% del PBI. En cambio, no pocos economistas, como el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen creen que el rojo fiscal será superior.
Según FIEL, en 2003 el sector público nacional contaba con 460.000 empleados y en 2016 llegó a 739.000, con un crecimiento del 61%. Si a este cálculo se le incorporan provincias y municipios, en 2003 la planta sumaba 2.210.000 empleados, mientras que el año pasado eran 3.579.000. cifra que, según estimaciones de FIEL, al terminar el corriente año rondaría los 3,8 millones de empleados públicos.
Como es fácil apreciar, de continuar esta tendencia se estará replicando en el nivel nacional la triste realidad laboral de varias provincias donde el empleo estatal es prácticamente el único y no responde a reales necesidades, sino que obra como una suerte de plan asistencial permanente.
Se ha intentado explicar parte de la bulimia burocrática del actual gobierno a partir del deseo de Macri de que no hubiera una suerte de superministro que opaque su figura, especialmente en el área económica donde conviven cinco o seis carteras, y para reservarse el papel protagónico y el dominio de las decisiones. Si así fuera, se estaría supeditando el gasto público a un capricho o un temor personal sin mayor sustento, pues los ministros son asesores del Presidente, que es quien resuelve.
La promesa de achicar el gasto público no debe quedar en la nada. Es injusto que el sector privado sea el que financie una estructura estatal elefantiásica, desorbitada y en constante crecimiento. A estas alturas, no sólo es preciso reducir el número de ministerios y sus dependencias, sino que también se torna indispensable llevar a cabo una amplia reforma administrativa que redunde en una mayor eficiencia del Gobierno y en la reducción del gasto público.
Según datos del Gobierno, la actual gestión redujo en 15 mil el número de empleados desde diciembre de 2015, pero el dato no coincide con un informe del Ministerio de Trabajo que consigna que el sector público nacional (SPN) disminuyó sólo en 1436 empleos. Al concluir el ciclo kirchnerista, en el SPN había 742.113 empleados públicos, y al cabo del primer año de Macri se contabilizaban 740.677 agentes. La baja, por lo tanto, fue tan sólo del 0,2%.
Paradójicamente, una de las principales dificultades para emprender el achicamiento de la sobredimensionada planta estatal y el prometido recorte del gasto público radica, precisamente, en que desde el arribo al poder de la alianza Cambiemos, la estructura del Estado ha aumentado en un 25%, como informó LA NACION.
En efecto, según el relevamiento realizado por la Fundación Libertad y Progreso, hoy hay 21 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarías de Estado y 687 direcciones nacionales y generales. Además, existen 122 institutos y organismos, sin tener en cuenta las universidades y academias. En total, hay 1124 unidades administrativas.
Con ese crecimiento abrupto y desmesurado, la organización actual del gabinete nacional es la más frondosa en la historia del país, como ya hemos consignado en estas columnas. La Constitución de 1853 fijó en cinco la cantidad de ministros del Poder Ejecutivo. Hasta 1898, el presidente de la Nación contó en su gabinete con los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia, Culto e Instrucción Pública y de Guerra.
Con la reapertura democrática de 1983 y el gobierno de Raúl Alfonsín, el número de ministerios era de ocho. Tras la reforma constitucional de 1994, se remitió la definición del número de ministerios a una ley especial, y a partir de entonces cada gobierno ha modificado tanto el número como la composición ministerial, pero con ninguno había alcanzado la desmesurada estructura que luce en la actualidad, con el consiguiente incremento del gasto. Cuando Cristina Kirchner asumió en 2007, esa estructura contaba con sólo diez ministerios. Cuando abandonó el poder en 2015, existían 16 carteras, a las que Macri sumó cinco más hasta el presente. Hay que tener en cuenta que cada nueva área requiere de una secretaría legal y técnica, tesorería, auditoría, relaciones públicas, prensa, mesa de entradas, automóviles y choferes, además de edificios y teléfonos celulares.
La incidencia de este engrosamiento del aparato estatal en el gasto recoge opiniones encontradas. En el Ministerio de Hacienda consideran que el Gobierno podrá cumplir el corriente año la meta fiscal del 4,2% del PBI. En cambio, no pocos economistas, como el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen creen que el rojo fiscal será superior.
Según FIEL, en 2003 el sector público nacional contaba con 460.000 empleados y en 2016 llegó a 739.000, con un crecimiento del 61%. Si a este cálculo se le incorporan provincias y municipios, en 2003 la planta sumaba 2.210.000 empleados, mientras que el año pasado eran 3.579.000. cifra que, según estimaciones de FIEL, al terminar el corriente año rondaría los 3,8 millones de empleados públicos.
Como es fácil apreciar, de continuar esta tendencia se estará replicando en el nivel nacional la triste realidad laboral de varias provincias donde el empleo estatal es prácticamente el único y no responde a reales necesidades, sino que obra como una suerte de plan asistencial permanente.
Se ha intentado explicar parte de la bulimia burocrática del actual gobierno a partir del deseo de Macri de que no hubiera una suerte de superministro que opaque su figura, especialmente en el área económica donde conviven cinco o seis carteras, y para reservarse el papel protagónico y el dominio de las decisiones. Si así fuera, se estaría supeditando el gasto público a un capricho o un temor personal sin mayor sustento, pues los ministros son asesores del Presidente, que es quien resuelve.
La promesa de achicar el gasto público no debe quedar en la nada. Es injusto que el sector privado sea el que financie una estructura estatal elefantiásica, desorbitada y en constante crecimiento. A estas alturas, no sólo es preciso reducir el número de ministerios y sus dependencias, sino que también se torna indispensable llevar a cabo una amplia reforma administrativa que redunde en una mayor eficiencia del Gobierno y en la reducción del gasto público.
