22 de Marzo de 2015
OPINIÓN
Renault – Expropiado por colaborar.
La última dictadura militar marcó una bisagra en la historia de nuestro país, no sólo por su impacto político sino por el cambio económico que implicó el fin del modelo de sustitución de importaciones. La nueva etapa neoliberal se caracterizó por la concentración de la riqueza, la desindustrialización de la economía y la privatización de las empresas estatales. El liberalismo económico, tan apreciado por las grandes empresas, se impuso mediante una represión política inusitada, siendo los dos fenómenos tan íntimamente asociados que en muchos casos judicializados –como los de Ledesma, Papel Prensa y La veloz del Norte, entre otros– la desaparición de personas se asoció al proceso de concentración de capital o de desarticulación de los sindicatos.
Desde 2004, Argentina avanzó notablemente en los juicios penales contra los autores de los crímenes de lesa humanidad llevados adelante por las fuerzas armadas durante la última dictadura militar. Sin embargo, la lentitud de algunos tribunales dificulta la búsqueda de verdad y justicia, lentitud que se asemeja mucho a un retroceso cuando se apunta al poder económico vigente desde entonces. De esa forma, vimos esta semana cómo la sala IV de casación le dictó falta de mérito a Carlos Blaquier en la causa por la desaparición de personas en el ingenio Ledesma, realizado con la ayuda de una camioneta de la empresa.
Más allá de las responsabilidades penales de los autores civiles y militares de la represión que deberá resolver la justicia, es necesario pensar también en la posibilidad de un castigo económico para las empresas involucradas en estos casos. Porque no es posible imaginar que varios empleados de una empresa actúen sin la autorización y coordinación del dueño, de la misma manera que no es posible pensar en la existencia de campos de concentración sin el advenimiento de la cúpula de la junta militar.
La dificultad existente es que un castigo económico puede comprometer la existencia de las empresas, y terminaría castigando a los propios trabajadores que actualmente se encuentran empleadas en ella. Por lo tanto, la opción más adecuada pareciera ser la estatización de las empresas sin contrapartida económica para los involucrados y sus herederos.
Existen antecedentes históricos de casos asimilables en los cuales el Estado procedió de esa forma. Un caso importante pero no tan conocido es el ocurrido en Francia luego de la Segunda Guerra Mundial. Cabe recordar que Francia se rinde en poco más de un mes ante la invasión alemana, casi sin pelear. Si bien sigue siendo un período polémico de la historia francesa, los empresarios franceses no lo vieron con malos ojos, dado que muchos preferían la invasión nazi antes de que vuelva el Frente Popular. En efecto, mientras la alianza de socialistas y comunistas que gobernó Francia entre 1936 y 1938 había llevado adelante una política tendiente a institucionalizar históricas reivindicaciones obreras, la derrota militar les permitió a los patrones llevar adelante una revancha clasista consistente en borrar esas conquistas, eliminando los sindicatos, obligando a los trabajadores a trabajar más horas con el mismo sueldo, e incluso llevando obreros a trabajar en Alemania. Así es como Renault y varias otras empresas francesas apoyaron el ejército alemán, fabricando para ellos camiones militares, y convirtiéndose en objetivo de los bombardeos aliados a partir de 1944.
La victoria de los aliados llevó a un proceso de juicios y encarcelamiento de varios «colaboracionistas», entre los cuales se encontró Louis Renault, muerto en prisión al poco tiempo. Sin embargo esto no frenó la política de estatización sin indemnización de las empresas acusadas de colaborar con el enemigo, siendo Renault la más emblemática de esas empresas, por su tamaño y su actividad gremial. Así es como la Régie Renault pasó a producir automóviles bajo control estatal hasta que durante los años noventa se fue privatizando la empresa, y en paralelo se buscó rehabilitar la figura de su dueño originario.
Este antecedente tiende a demostrar que los graves delitos penales generados por las empresas también deben tener su correlato en un castigo económico, dado que los beneficios económicos logrados a través de la represión son una parte fundamental del objetivo buscado por el Proceso de Reorganización Nacional.
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Renault – Expropiado por colaborar.
La última dictadura militar marcó una bisagra en la historia de nuestro país, no sólo por su impacto político sino por el cambio económico que implicó el fin del modelo de sustitución de importaciones. La nueva etapa neoliberal se caracterizó por la concentración de la riqueza, la desindustrialización de la economía y la privatización de las empresas estatales. El liberalismo económico, tan apreciado por las grandes empresas, se impuso mediante una represión política inusitada, siendo los dos fenómenos tan íntimamente asociados que en muchos casos judicializados –como los de Ledesma, Papel Prensa y La veloz del Norte, entre otros– la desaparición de personas se asoció al proceso de concentración de capital o de desarticulación de los sindicatos.
Desde 2004, Argentina avanzó notablemente en los juicios penales contra los autores de los crímenes de lesa humanidad llevados adelante por las fuerzas armadas durante la última dictadura militar. Sin embargo, la lentitud de algunos tribunales dificulta la búsqueda de verdad y justicia, lentitud que se asemeja mucho a un retroceso cuando se apunta al poder económico vigente desde entonces. De esa forma, vimos esta semana cómo la sala IV de casación le dictó falta de mérito a Carlos Blaquier en la causa por la desaparición de personas en el ingenio Ledesma, realizado con la ayuda de una camioneta de la empresa.
Más allá de las responsabilidades penales de los autores civiles y militares de la represión que deberá resolver la justicia, es necesario pensar también en la posibilidad de un castigo económico para las empresas involucradas en estos casos. Porque no es posible imaginar que varios empleados de una empresa actúen sin la autorización y coordinación del dueño, de la misma manera que no es posible pensar en la existencia de campos de concentración sin el advenimiento de la cúpula de la junta militar.
La dificultad existente es que un castigo económico puede comprometer la existencia de las empresas, y terminaría castigando a los propios trabajadores que actualmente se encuentran empleadas en ella. Por lo tanto, la opción más adecuada pareciera ser la estatización de las empresas sin contrapartida económica para los involucrados y sus herederos.
Existen antecedentes históricos de casos asimilables en los cuales el Estado procedió de esa forma. Un caso importante pero no tan conocido es el ocurrido en Francia luego de la Segunda Guerra Mundial. Cabe recordar que Francia se rinde en poco más de un mes ante la invasión alemana, casi sin pelear. Si bien sigue siendo un período polémico de la historia francesa, los empresarios franceses no lo vieron con malos ojos, dado que muchos preferían la invasión nazi antes de que vuelva el Frente Popular. En efecto, mientras la alianza de socialistas y comunistas que gobernó Francia entre 1936 y 1938 había llevado adelante una política tendiente a institucionalizar históricas reivindicaciones obreras, la derrota militar les permitió a los patrones llevar adelante una revancha clasista consistente en borrar esas conquistas, eliminando los sindicatos, obligando a los trabajadores a trabajar más horas con el mismo sueldo, e incluso llevando obreros a trabajar en Alemania. Así es como Renault y varias otras empresas francesas apoyaron el ejército alemán, fabricando para ellos camiones militares, y convirtiéndose en objetivo de los bombardeos aliados a partir de 1944.
La victoria de los aliados llevó a un proceso de juicios y encarcelamiento de varios «colaboracionistas», entre los cuales se encontró Louis Renault, muerto en prisión al poco tiempo. Sin embargo esto no frenó la política de estatización sin indemnización de las empresas acusadas de colaborar con el enemigo, siendo Renault la más emblemática de esas empresas, por su tamaño y su actividad gremial. Así es como la Régie Renault pasó a producir automóviles bajo control estatal hasta que durante los años noventa se fue privatizando la empresa, y en paralelo se buscó rehabilitar la figura de su dueño originario.
Este antecedente tiende a demostrar que los graves delitos penales generados por las empresas también deben tener su correlato en un castigo económico, dado que los beneficios económicos logrados a través de la represión son una parte fundamental del objetivo buscado por el Proceso de Reorganización Nacional.
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