Desde las últimas horas del viernes y a lo largo del fin de semana, la respuesta estatal a la movilización social por la aparición con vida de Santiago Maldonado incluyó un conjunto de hechos graves. Al igual que lo ocurrido en otras oportunidades durante los últimos meses, la violencia policial y la criminalización de los manifestantes buscan infundir temor y disuadir las protestas.
El operativo policial, responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en articulación con el gobierno nacional, se caracterizó por prácticas que ya habían sido observadas en al menos dos represiones anteriores pero que en esta oportunidad recrudecieron.
–Cacería: cuando la mayor parte de los manifestantes ya se habían retirado, la Policía de la Ciudad comenzó a perseguir por las calles a quienes quedaban, a arrinconarlos y golpearlos cuando ya estaban solos, separados de la multitud y por lo tanto en situación de mayor vulnerabilidad.
–Uso brutal de la fuerza: la Policía de la Ciudad disparó balas de goma al rostro de las personas; como consecuencia, hay heridos con impactos en la boca, en la nariz, en los ojos. El uso de estas armas solo está permitido cuando es el último recurso para proteger la integridad física de terceros o de los funcionarios policiales. Su utilización para disolver manifestaciones o para atacar a los manifestantes está prohibida. Además, los policías golpearon a las personas sin ningún motivo, como puede verse en las imágenes que registraron patadas y golpes de puño.
–Policías sin uniforme y sin identificación: como en otros operativos contra protestas en la ciudad de Buenos Aires, actuaron policías sin identificarse que persiguieron y golpearon a manifestantes. En algunos casos, estos efectivos se colocaban una pechera con la leyenda “Policía de la Ciudad” en el momento de realizar detenciones y luego se la quitaban. La intervención de policías sin uniforme ni identificación está prohibida explícitamente por la Ley 5688 de la ciudad, aprobada en 2016. El Gobierno de la Ciudad viola sistemáticamente esta ley.
–Ataque a trabajadores de prensa y personas que registran la represión: los efectivos golpearon y detuvieron a periodistas y, en general, a muchos que intentaban tomar imágenes de lo que estaba ocurriendo. Esto muestra una especial reacción policial contra el control ciudadano, que se viene observando no sólo en las protestas sino en múltiples situaciones del trabajo policial en las calles. Se trata de un problema grave que debe ser resuelto con urgencia por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante este operativo violento y repleto de irregularidades, más de treinta personas fueron detenidas y trasladadas a distintas comisarías de la ciudad de Buenos Aires. Durante las primeras cinco horas, entre las 20 hs y las 2 de la mañana, no se sabía cuántas personas estaban detenidas, dónde se las alojaba, por órdenes de qué juez o fiscal y qué delito se les imputaba.
Luego, se informó que todas estaban detenidas por el delito federal de “intimidación pública”, al que se le sumaron los de atentado y resistencia a la autoridad, sin especificar de qué hechos concretos se las acusaba. La decisión de aplicar esta figura penal fue tomada por el poder ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires y luego convalidada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
El juez decidió incomunicar a todos los detenidos sin que existiera ninguna razón para suponer que hubiera vínculos entre ellos o que la comunicación con sus familiares o abogados pudiese entorpecer la investigación. Esta medida fue arbitraria y desproporcionada y tiene como efecto intimidar a quienes están privados de la libertad y a todas las personas que salen a las calles a protestar.
Al estar incomunicados, los detenidos no pudieron tener contacto con sus familias ni con sus abogados defensores para poder resolver los problemas que se derivaban de las malas condiciones de detención. Esto tuvo diversas consecuencias, entre ellas que personas con problemas de salud no pudieron ser atendidas de manera adecuada. Además, varios de los detenidos relataron haber sido amenazados por funcionarios públicos, en más de un caso con frases alusivas a la desaparición de personas.
En el momento de las indagatorias, el juez y el fiscal Ramiro González acusaron a los detenidos por haber participado de hechos que buscaron “infundir pánico” sin precisar dónde fueron detenidos los acusados ni de qué hechos concretos habrían participado. En la mayoría de los casos, las imputaciones se limitan a señalar que los manifestantes o quienes pasaban por allí fueron detenidos “en las inmediaciones de Plaza de Mayo” o “de Casa de Gobierno”.
La vaguedad de estas imputaciones idénticas para todos muestra lo que también puede verse en las imágenes del operativo represivo: las fuerzas de seguridad no se enfocaron en reducir la violencia en las calles, ni en determinar cómo y quiénes la produjeron, y con qué intención, sino que detuvieron a mansalva, sin importar a quiénes ni qué estaban haciendo, para luego imputarles un delito federal con el fin de atemorizar.
En síntesis, más de treinta personas fueron detenidas con violencia mientras participaban de una protesta, estuvieron privadas de su libertad e incomunicadas por más de 36 horas y ahora están imputadas por el delito federal de “intimidación pública”. Si esta imputación prospera enfrentarán un proceso penal que puede durar años por el solo hecho de haber participado de una manifestación, haber intentado registrar la violencia policial o, simplemente, haber estado caminando por la ciudad un viernes a la noche. Un proceder similar tuvo lugar el 8 de marzo de este año, durante la masiva marcha con la que finalizó el paro internacional de mujeres: luego de una cacería policial por el centro de la ciudad, veinte personas fueron detenidas e imputadas, situación en la que aun están.
El accionar policial violento y arbitrario; el aval del Poder Judicial a este proceder de las fuerzas de seguridad; la criminalización de los detenidos, incomunicados sin razón. Se trata de situaciones que se repiten y que configuran un escenario de incertidumbre sobre la vigencia del derecho a la protesta en la ciudad de Buenos Aires.
Foto: 1ero de septiembre de 2017 en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Emergentes
El operativo policial, responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en articulación con el gobierno nacional, se caracterizó por prácticas que ya habían sido observadas en al menos dos represiones anteriores pero que en esta oportunidad recrudecieron.
–Cacería: cuando la mayor parte de los manifestantes ya se habían retirado, la Policía de la Ciudad comenzó a perseguir por las calles a quienes quedaban, a arrinconarlos y golpearlos cuando ya estaban solos, separados de la multitud y por lo tanto en situación de mayor vulnerabilidad.
–Uso brutal de la fuerza: la Policía de la Ciudad disparó balas de goma al rostro de las personas; como consecuencia, hay heridos con impactos en la boca, en la nariz, en los ojos. El uso de estas armas solo está permitido cuando es el último recurso para proteger la integridad física de terceros o de los funcionarios policiales. Su utilización para disolver manifestaciones o para atacar a los manifestantes está prohibida. Además, los policías golpearon a las personas sin ningún motivo, como puede verse en las imágenes que registraron patadas y golpes de puño.
–Policías sin uniforme y sin identificación: como en otros operativos contra protestas en la ciudad de Buenos Aires, actuaron policías sin identificarse que persiguieron y golpearon a manifestantes. En algunos casos, estos efectivos se colocaban una pechera con la leyenda “Policía de la Ciudad” en el momento de realizar detenciones y luego se la quitaban. La intervención de policías sin uniforme ni identificación está prohibida explícitamente por la Ley 5688 de la ciudad, aprobada en 2016. El Gobierno de la Ciudad viola sistemáticamente esta ley.
–Ataque a trabajadores de prensa y personas que registran la represión: los efectivos golpearon y detuvieron a periodistas y, en general, a muchos que intentaban tomar imágenes de lo que estaba ocurriendo. Esto muestra una especial reacción policial contra el control ciudadano, que se viene observando no sólo en las protestas sino en múltiples situaciones del trabajo policial en las calles. Se trata de un problema grave que debe ser resuelto con urgencia por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante este operativo violento y repleto de irregularidades, más de treinta personas fueron detenidas y trasladadas a distintas comisarías de la ciudad de Buenos Aires. Durante las primeras cinco horas, entre las 20 hs y las 2 de la mañana, no se sabía cuántas personas estaban detenidas, dónde se las alojaba, por órdenes de qué juez o fiscal y qué delito se les imputaba.
Luego, se informó que todas estaban detenidas por el delito federal de “intimidación pública”, al que se le sumaron los de atentado y resistencia a la autoridad, sin especificar de qué hechos concretos se las acusaba. La decisión de aplicar esta figura penal fue tomada por el poder ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires y luego convalidada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
El juez decidió incomunicar a todos los detenidos sin que existiera ninguna razón para suponer que hubiera vínculos entre ellos o que la comunicación con sus familiares o abogados pudiese entorpecer la investigación. Esta medida fue arbitraria y desproporcionada y tiene como efecto intimidar a quienes están privados de la libertad y a todas las personas que salen a las calles a protestar.
Al estar incomunicados, los detenidos no pudieron tener contacto con sus familias ni con sus abogados defensores para poder resolver los problemas que se derivaban de las malas condiciones de detención. Esto tuvo diversas consecuencias, entre ellas que personas con problemas de salud no pudieron ser atendidas de manera adecuada. Además, varios de los detenidos relataron haber sido amenazados por funcionarios públicos, en más de un caso con frases alusivas a la desaparición de personas.
En el momento de las indagatorias, el juez y el fiscal Ramiro González acusaron a los detenidos por haber participado de hechos que buscaron “infundir pánico” sin precisar dónde fueron detenidos los acusados ni de qué hechos concretos habrían participado. En la mayoría de los casos, las imputaciones se limitan a señalar que los manifestantes o quienes pasaban por allí fueron detenidos “en las inmediaciones de Plaza de Mayo” o “de Casa de Gobierno”.
La vaguedad de estas imputaciones idénticas para todos muestra lo que también puede verse en las imágenes del operativo represivo: las fuerzas de seguridad no se enfocaron en reducir la violencia en las calles, ni en determinar cómo y quiénes la produjeron, y con qué intención, sino que detuvieron a mansalva, sin importar a quiénes ni qué estaban haciendo, para luego imputarles un delito federal con el fin de atemorizar.
En síntesis, más de treinta personas fueron detenidas con violencia mientras participaban de una protesta, estuvieron privadas de su libertad e incomunicadas por más de 36 horas y ahora están imputadas por el delito federal de “intimidación pública”. Si esta imputación prospera enfrentarán un proceso penal que puede durar años por el solo hecho de haber participado de una manifestación, haber intentado registrar la violencia policial o, simplemente, haber estado caminando por la ciudad un viernes a la noche. Un proceder similar tuvo lugar el 8 de marzo de este año, durante la masiva marcha con la que finalizó el paro internacional de mujeres: luego de una cacería policial por el centro de la ciudad, veinte personas fueron detenidas e imputadas, situación en la que aun están.
El accionar policial violento y arbitrario; el aval del Poder Judicial a este proceder de las fuerzas de seguridad; la criminalización de los detenidos, incomunicados sin razón. Se trata de situaciones que se repiten y que configuran un escenario de incertidumbre sobre la vigencia del derecho a la protesta en la ciudad de Buenos Aires.
Foto: 1ero de septiembre de 2017 en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Emergentes
