Seis oficiales de la fuerza porteña fueron enviados en secreto a Santa Cruz mediante una resolución que no se publicó en el Boletín Oficial. Pese a que la Cámara Federal falló que no deben ser usados fuera de la Ciudad, el ministro Martín Ocampo firmó la orden.
La Policía Metropolitana ahora se dedica al espionaje. Así surge de una medida dispuesta por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo. Se trata de la resolución 373/MJYSGC/16, que lleva su firma y a cuyo texto pudo acceder Nuestras Voces.
En ese documento –que no fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad– Ocampo autorizó a seis policías a viajar a suelo santacruceño entre los días 13 y 22 de junio, “a fin de cumplir tareas de inteligencia ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21”. Se trata del juez federal Claudio Bonadio, con quien el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un “fluido” vínculo. La Cámara Federal ya había marcado a Bonadio en otro expediente que no corresponde usar a la Policía Metropolitana fuera del ámbito de la Ciudad.
En diálogo con este medio, el ministro Ocampo confirmó el requerimiento presentado por Bonadio y la posterior puesta a disposición de la media docena de efectivos. El texto de la resolución dice: “Autorízase al Inspector LP 3994 Leonardo Salazar (DNI Nº 26.965.666), al Subinspector LP 4272 Sergio Sequeira (DNI Nº 28.123.136), al Oficial Mayor LP 1180 Juan Pez (DNI Nº 27.888.517), al Oficial LP 1685 Gabriel Issasi (DIN Nº 28.672.085), a la Oficial LP 2986 Ruth Vera (DNI Nº 36.534.877) y a la Oficial LP 5697 Mariela Centurion (DNI Nº 32.796.013) a viajar a la Provincia de Santa Cruz, entre los días 13 y 22 de junio del corriente año, a fin de cumplir tareas de inteligencia ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21.”
No es la primera vez que este magistrado echa mano a la fuerza de seguridad creada por Mauricio Macri para efectuar diligencias en Santa Cruz: a mediados de julio de 2015, había usado a la Metropolitana para efectuar una serie de allanamientos en propiedades vinculadas a la familia Kirchner en Río Gallegos. Fue en el marco de la causa Hotesur, de la que luego fue apartado por una serie de irregularidades.
A casi un año de aquel sonado episodio, el juez volvió a acudir a la misma policía para de nuevo pisar el pago de los Kirchner. En esta oportunidad, el equipo de inteligencia que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta envió día atrás estuvo compuesto por el inspector Leonardo Salazar, el subinspector Sergio Sequeira, el oficial mayor Juan Pez y los oficiales Gabriel Issasi, Ruth Vera y Mariela Centurión. Todos cargos jerárquicos. Exactamente, a cuatro de esos mismos policías mencionó ayer Cristina Fernández en una carta donde advirtió sobre un clima de “persecución ideológica y hostigamiento mediático”. En el escrito, luego de detallar lo sucedido en la vivienda de sus suegros, la ex jefa de Estado relató como otro hecho llamativo que, “unos días antes, la Policía de Santa Cruz identificó en el puesto de control de ingreso a Río Gallegos, en Güer Aike, a seis oficiales de la Metropolitana procedente de Calafate”. Se trataba –y así los enumeró Cristina con nombre y apellido– de los mismos agentes enviados por Bonadio y Ocampo.
Según la reconstrucción hecha por la ex mandataria, los efectivos sólo revelaron su condición “al comenzar el control respectivo con los canes sobre los rodados en busca de estupefacientes y/o armas de fuego”. En cuanto al motivo de su visita a la capital provincial, primero dijeron que era simple turismo, pero luego, cuando se les halló una pistola Glock 9 mm, admitieron que tenían “el fin de llevar a cabo diligencias procesales de allanamientos”. No hubo noticias de allanamiento alguno.
En ese texto, la ex presidenta dio a conocer un ataque contra la vivienda de los padres de Néstor Kirchner en Río Gallegos –cuya puerta fue destruida a las patadas en la madrugada del sábado pasado– y denunció la existencia de “una fuerza paraestatal” creada para operar sobre su persona y la de quienes fueron altos funcionarios durante su gestión.
El antecedente: un “bondi” con policías
El 13 de julio de 2015, miembros de la Metropolitana actuaron en el allanamiento a las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos. Estaban muy lejos de los barrios porteños donde la fuerza opera desde 2010, pensada como una policía “de proximidad”. Los uniformados habían sido enviados por el juez Claudio Bonadio, que tenía en sus manos la causa Hotesur, donde investigaba denuncias por supuestas irregularidades fiscales y societarias.
El desembarco de la Metropolitana en Santa Cruz terminó por gatillar la salida de Bonadio de un expediente en el que ya acumulaba varios pasos en falso. Le cuestionaron el uso de una fuerza no federal y que aún hoy ni siquiera está presente en todos los distritos de la Capital, sino también el hecho de que los gastos operativos y de traslado habían sido solventados por el gobierno de la Ciudad.
En su defensa, el entonces ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, sostuvo: “Por Dios, mandamos un ‘bondi’, se gastaron menos de $1000 por tipo”. Montenegro dijo que era “un disparate plantear que la Metropolitana no puede asistir a un magistrado federal”, porque “la Policía es auxiliar de la Justicia y no depende del tipo de delito”. En febrero pasado, el fiscal ante la Cámara Federal, Diego Velasco, coincidió con estos argumentos: pidió desestimar una denuncia contra Bonadio por haber trabajado en la Patagonia con efectivos de la Ciudad. Velasco afirmó que el magistrado estaba habilitado a elegir con qué fuerza operar.
No fue ese el criterio de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal cuando decidió apartar a Bonadio de la causa Hotesur, hoy a cargo de Daniel Rafecas. El fallo llegó el 16 de julio de 2015, a tres días de efectuado del operativo en las oficinas de Máximo Kirchner. Además de atribuirle falta de imparcialidad y haber violado el derecho a la defensa de los acusados, el tribunal también dedicó críticas al uso de la Metropolitana. El camarista Eduardo Freiler consideró que “no puede dejar de mencionarse que el juzgador no ha elegido a ninguna de las fuerzas de seguridad de carácter federal para llevarlas a cabo, sino a la Policía Metropolitana, pese a que tales diligencias fueron practicadas fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a la cual se circunscribe su jurisdicción territorial”. Está claro que Bonadío y el Gobierno porteño están ignorando este fallo de un tribunal superior.
Cuatro meses después, en plena campaña electoral, el juez volvería a encomendar a la Metropolitana otra medida de alto impacto: el allanamiento al Banco Central en la investigación por el llamado “dólar futuro”.
Con estos antecedentes, ahora el juez parece haber optado por actuar con menos estruendo: de aquel “bondi” con rumbo a Ríos Gallegos, pasó a una silenciosa excursión de inteligencia, a cargo de unos espías que, todos modos, ya están haciendo bastante ruido.
Tags: Bonadio, espionaje, Policía Metropolitana, Santa Cruz
La Policía Metropolitana ahora se dedica al espionaje. Así surge de una medida dispuesta por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo. Se trata de la resolución 373/MJYSGC/16, que lleva su firma y a cuyo texto pudo acceder Nuestras Voces.
En ese documento –que no fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad– Ocampo autorizó a seis policías a viajar a suelo santacruceño entre los días 13 y 22 de junio, “a fin de cumplir tareas de inteligencia ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21”. Se trata del juez federal Claudio Bonadio, con quien el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un “fluido” vínculo. La Cámara Federal ya había marcado a Bonadio en otro expediente que no corresponde usar a la Policía Metropolitana fuera del ámbito de la Ciudad.
En diálogo con este medio, el ministro Ocampo confirmó el requerimiento presentado por Bonadio y la posterior puesta a disposición de la media docena de efectivos. El texto de la resolución dice: “Autorízase al Inspector LP 3994 Leonardo Salazar (DNI Nº 26.965.666), al Subinspector LP 4272 Sergio Sequeira (DNI Nº 28.123.136), al Oficial Mayor LP 1180 Juan Pez (DNI Nº 27.888.517), al Oficial LP 1685 Gabriel Issasi (DIN Nº 28.672.085), a la Oficial LP 2986 Ruth Vera (DNI Nº 36.534.877) y a la Oficial LP 5697 Mariela Centurion (DNI Nº 32.796.013) a viajar a la Provincia de Santa Cruz, entre los días 13 y 22 de junio del corriente año, a fin de cumplir tareas de inteligencia ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21.”
No es la primera vez que este magistrado echa mano a la fuerza de seguridad creada por Mauricio Macri para efectuar diligencias en Santa Cruz: a mediados de julio de 2015, había usado a la Metropolitana para efectuar una serie de allanamientos en propiedades vinculadas a la familia Kirchner en Río Gallegos. Fue en el marco de la causa Hotesur, de la que luego fue apartado por una serie de irregularidades.
A casi un año de aquel sonado episodio, el juez volvió a acudir a la misma policía para de nuevo pisar el pago de los Kirchner. En esta oportunidad, el equipo de inteligencia que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta envió día atrás estuvo compuesto por el inspector Leonardo Salazar, el subinspector Sergio Sequeira, el oficial mayor Juan Pez y los oficiales Gabriel Issasi, Ruth Vera y Mariela Centurión. Todos cargos jerárquicos. Exactamente, a cuatro de esos mismos policías mencionó ayer Cristina Fernández en una carta donde advirtió sobre un clima de “persecución ideológica y hostigamiento mediático”. En el escrito, luego de detallar lo sucedido en la vivienda de sus suegros, la ex jefa de Estado relató como otro hecho llamativo que, “unos días antes, la Policía de Santa Cruz identificó en el puesto de control de ingreso a Río Gallegos, en Güer Aike, a seis oficiales de la Metropolitana procedente de Calafate”. Se trataba –y así los enumeró Cristina con nombre y apellido– de los mismos agentes enviados por Bonadio y Ocampo.
Según la reconstrucción hecha por la ex mandataria, los efectivos sólo revelaron su condición “al comenzar el control respectivo con los canes sobre los rodados en busca de estupefacientes y/o armas de fuego”. En cuanto al motivo de su visita a la capital provincial, primero dijeron que era simple turismo, pero luego, cuando se les halló una pistola Glock 9 mm, admitieron que tenían “el fin de llevar a cabo diligencias procesales de allanamientos”. No hubo noticias de allanamiento alguno.
En ese texto, la ex presidenta dio a conocer un ataque contra la vivienda de los padres de Néstor Kirchner en Río Gallegos –cuya puerta fue destruida a las patadas en la madrugada del sábado pasado– y denunció la existencia de “una fuerza paraestatal” creada para operar sobre su persona y la de quienes fueron altos funcionarios durante su gestión.
El antecedente: un “bondi” con policías
El 13 de julio de 2015, miembros de la Metropolitana actuaron en el allanamiento a las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos. Estaban muy lejos de los barrios porteños donde la fuerza opera desde 2010, pensada como una policía “de proximidad”. Los uniformados habían sido enviados por el juez Claudio Bonadio, que tenía en sus manos la causa Hotesur, donde investigaba denuncias por supuestas irregularidades fiscales y societarias.
El desembarco de la Metropolitana en Santa Cruz terminó por gatillar la salida de Bonadio de un expediente en el que ya acumulaba varios pasos en falso. Le cuestionaron el uso de una fuerza no federal y que aún hoy ni siquiera está presente en todos los distritos de la Capital, sino también el hecho de que los gastos operativos y de traslado habían sido solventados por el gobierno de la Ciudad.
En su defensa, el entonces ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, sostuvo: “Por Dios, mandamos un ‘bondi’, se gastaron menos de $1000 por tipo”. Montenegro dijo que era “un disparate plantear que la Metropolitana no puede asistir a un magistrado federal”, porque “la Policía es auxiliar de la Justicia y no depende del tipo de delito”. En febrero pasado, el fiscal ante la Cámara Federal, Diego Velasco, coincidió con estos argumentos: pidió desestimar una denuncia contra Bonadio por haber trabajado en la Patagonia con efectivos de la Ciudad. Velasco afirmó que el magistrado estaba habilitado a elegir con qué fuerza operar.
No fue ese el criterio de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal cuando decidió apartar a Bonadio de la causa Hotesur, hoy a cargo de Daniel Rafecas. El fallo llegó el 16 de julio de 2015, a tres días de efectuado del operativo en las oficinas de Máximo Kirchner. Además de atribuirle falta de imparcialidad y haber violado el derecho a la defensa de los acusados, el tribunal también dedicó críticas al uso de la Metropolitana. El camarista Eduardo Freiler consideró que “no puede dejar de mencionarse que el juzgador no ha elegido a ninguna de las fuerzas de seguridad de carácter federal para llevarlas a cabo, sino a la Policía Metropolitana, pese a que tales diligencias fueron practicadas fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a la cual se circunscribe su jurisdicción territorial”. Está claro que Bonadío y el Gobierno porteño están ignorando este fallo de un tribunal superior.
Cuatro meses después, en plena campaña electoral, el juez volvería a encomendar a la Metropolitana otra medida de alto impacto: el allanamiento al Banco Central en la investigación por el llamado “dólar futuro”.
Con estos antecedentes, ahora el juez parece haber optado por actuar con menos estruendo: de aquel “bondi” con rumbo a Ríos Gallegos, pasó a una silenciosa excursión de inteligencia, a cargo de unos espías que, todos modos, ya están haciendo bastante ruido.
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