Según el realizador Fernando Krichmar, integrante del Consejo Asesor del Incaa, la medida perjudicará al “cine de autor”. El argumento oficial es que la cantidad de proyectos aprobados por el Comité de Créditos superó el alcance presupuestario del Instituto.
El cine argentino termina el año como lo empezó: en conflicto. El Incaa reconoció una realidad que venía siendo el comentario y la preocupación de quienes forman parte de la industria cinematográfica nacional: la cantidad de proyectos aprobados por el Comité de Créditos superó el alcance presupuestario del Instituto y su presidente decidió suspender el otorgamiento de nuevos créditos durante 2018 para poder cumplir, según se señala oficialmente, con los que vienen de años anteriores y de 2017. Desde que fue eyectado Alejandro Cacetta de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), por decisión del ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, en el mes de abril, los problemas en el sector audiovisual fueron una constante a lo largo de 2017. Las consecuencias que tuvieron las resoluciones modificatorias del régimen de fomento, firmadas por el actual titular del organismo, Ralph Haiek, encendieron nuevamente las alarmas de la comunidad audiovisual argentina que vio cómo esas nuevas normativas –algunas, luego modificadas otra vez– ponían palos en la rueda de las productoras chicas y medianas. Muchos vieron en estas normativas la sensación de que se quería achicar la producción nacional cortando el hilo por lo más delgado: aquellos que no tienen fondos para solventar una película sin créditos ni subsidios del Incaa. Muchas voces se alzaron denunciando que se pretendía instalar la política de hacer menos películas pero más costosas. Por todos esos motivos expresados por numerosos damnificados, las medidas implementadas pusieron en estado de alerta al sector audiovisual. Ahora, el Incaa suma un nuevo capítulo en la lista de conflictos.
En la página web del Instituto se informa: “El Incaa pone en conocimiento del público la evolución de los fondos destinados a créditos, en el marco de las acciones en curso para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública (N° 27.275). Los fondos por la suma de $170.000.000 destinados al otorgamiento de créditos a la producción para el ejercicio presupuestario 2017 fueron ejecutados en su totalidad. Adicionalmente, y con un gran esfuerzo, se realizaron reasignaciones destinadas a dar continuidad al financiamiento de la producción audiovisual, por un monto de $85.000.000 que también fueron adjudicados íntegramente. Por ende, el total asignado a créditos en el año en curso es de 255.000.000 pesos, arrojando una sobreejecución de esta partida de más del 50%”.
De esta manera, el Incaa reconoce que no dispone de fondos para atender solicitudes de créditos para la realización de películas hasta 2019 y durante 2018 implementará un “régimen especial de anticipo de subsidios” para evitar la interrupción de acceso a financiamiento. Esto será válido para determinados casos. Así lo expresa la Resolución 1565 E/2017, publicada en el Boletín Oficial, que indica que “para el ejercicio en curso la partida correspondiente fue aplicada en su totalidad” y “se encuentran igualmente comprometidos la totalidad de los fondos destinados al otorgamiento de créditos para 2018”, a partir –dice–, de “la gran cantidad de solicitudes recibidas en este ejercicio, así como los proyectos que aún se encuentran en ejecución”. Por este motivo, señala que “las solicitudes de créditos industriales otorgados de manera directa por el Incaa carecerían de fondos para ser atendidas hasta el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2019”. De este modo, para evitar la interrupción del acceso al financiamiento se decidió instrumentar -señala el texto oficial- “una herramienta de financiamiento excepcional y transitoria”.
Así, el Incaa establecerá “un régimen especial de asignación de anticipo de subsidios extraordinario para las películas nacionales de largometraje de ficción y animación que tuvieran crédito en trámite sin ejecución y una convocatoria especial para la asignación de anticipo de subsidios extraordinaria para las películas nacionales de largometraje de ficción y animación con solicitud de crédito en trámite”, que requerirá “la constitución de garantías mediante seguro de caución o exteriorización de una propiedad inmueble valuada en por lo menos el cien por ciento del anticipo a otorgarse” para acceder a los fondos. En ese sentido, el artículo 2 del Anexo 1 de la resolución establece que el anticipo de subsidio “será equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) del monto del crédito que hubiera correspondido al productor por el proyecto cinematográfico, conforme lo aprobado en el dictamen favorable del Comité Técnico de Créditos”. Vale aclarar la diferencia entre el crédito y el subsidio en el ámbito cinematográfico: El Incaa reintegra una vez que la película está estrenada, a través de un subsidio. Se puede anticipar pidiendo un crédito: en vez de tener el presupuesto al final, se puede adelantar uno si rinde bien sus gastos. El crédito puede pedirse por adelantado para poder ir avanzando con las distintas etapas de una película y no tener que hacer un cien por ciento de inversión privada. El crédito nunca puede ser mayor que el subsidio.
El vicepresidente del Instituto, Fernando E. Juan Lima, expuso los argumentos de la decisión: “La sobreejecución tiene que ver con dar financiamiento a muchos proyectos, cosa que viene pasando en 2015, 2016 y 2017. Esto tiene que ver con los pedidos y con los proyectos en curso”, señaló a PáginaI12. “Esto da cuenta de que el sector está en marcha y en funcionamiento. Hay 280 proyectos que tienen que ver con créditos que están en alguna instancia de ejecución, desde el pedido hasta que resten algunas cuotas por pagar en curso. Esto da cuenta de que el sector está funcionando”, reafirmó el vicepresidente del Incaa. “El nuevo crédito entra a la cola de todo el sistema existente. Esta medida es dar una posibilidad para que justamente pueda filmar antes. Te da una opción de renunciar al crédito y obtener un anticipo de subsidio”, planteó Juan Lima.
El realizador Fernando Krichmar, flamante miembro del Consejo Asesor del Incaa, señaló a PáginaI12: “En principio, me parece una decisión unilateral no muy bien explicada porque hay una serie de mecanismos institucionales para pensar el presupuesto del Incaa y sus distintas cuentas. La Ley de Cine, en ese sentido, es bien clara y plantea que el presupuesto lo aprueba o lo desaprueba el Consejo Asesor del Incaa, que es uno de los tres órganos que dirigen el Instituto. A veces, se cree que el presidente, designado por el Poder Ejecutivo, es la única instancia de dirección del Incaa. Y no es así. Justamente la ley del 94 aprobada por unanimidad en las dos Cámaras planteaba un gobierno tripartito, con un criterio federal y democrático”.
La otra pata de cogobierno es la Asamblea Federal, que está presidida por la máxima autoridad del Incaa e integrada por los ministros, secretarios o subsecretarios de Cultura de los poderes ejecutivos provinciales y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se reúne al menos una vez al año y sus resoluciones se toman con el voto de la mayoría de sus miembros. El Consejo Asesor, en tanto, está integrado por once miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional, de los cuales cinco fueron propuestos por la Asamblea Federal (que selecciona una personalidad relevante de la cultura por cada región argentina) y los restantes son propuestos por las entidades que representan a los distintos sectores de la industria cinematográfica (dos directores cinematográficos, dos productores, un técnico de la industria y un actor con antecedentes cinematográficos).
Krichmar, en representación de los directores, subrayó: “El Consejo Asesor del Incaa tiene dos funciones, según la Ley. Una de ellas es aprobar o desaprobar el presupuesto y justamente sugerir las modificatorias. La segunda es elegir los comités de selección de proyectos, de créditos, de películas terminadas, todos los comités que, de alguna manera, juzgan si una obra es declarada de interés o no o si cumple o no los requisitos para esto. Tiene una función clave. A fines de octubre, recién logramos que se designe el Consejo Asesor, pero todavía no logramos que lo convoquen y mucho menos que giren un informe del presupuesto 2017 y su ejecución y un informe del presupuesto del 2018. Entonces, cuando ellos afirman que consultaron es básicamente mentira. Esto es importante porque se llenan la boca con dos cuestiones: una es el federalismo y la otra es el respeto de la Ley de Cine. Y en este hecho están desconociendo las dos cuestiones”. Krichmar sostuvo que hasta que los miembros del Consejo Asesor no sean informados “con números oficiales y, como corresponde según la ley, son todas versiones” del Incaa. El vicepresidente del Instituto dijo lo contrario: “Sí está informado el Consejo Asesor. La jefe de Gabinete estuvo reunida con el Consejo Asesor y está informado”.
Krichmar también planteó una posición al respecto: “Creo que esto encubre la idea de bancarizar el crédito con lo cual deja afuera a todo el cine de autor que se hace, y que lo hace gente que vive en un dos ambientes, que generalmente alquila y que muy difícilmente pueda generar una garantía bancaria como cualquier hijo de vecino”. El productor Juan Pablo Gugliotta, que fue miembro del Consejo Asesor del Incaa durante el período 2016-2017 en representación de los productores, coincidió con el cuestionamiento a la bancarización del crédito: “Estamos preocupados. No sabemos más que lo que indican las resoluciones y los comunicados. Hay algunos ítems que no terminamos de entender. Primero, por qué el Incaa, desde el Estado nacional, teniendo fondos genuinos, propios y legítimos sale a buscar acuerdos con entidades bancarias y a subsidiar las tasas de interés de las comisiones de los bancos”.
Gugliotta tiene una pyme productora y, de acuerdo a su experiencia, afirma: “Las veces que nosotros hemos competido con las reglas del mercado, por ejemplo, en los estrenos, supimos cuáles fueron los resultados: nos llevaron puestos, básicamente. Si nosotros salimos de la dinámica propia del Estado subsidiando al cine y vamos a las reglas y la dinámica del mercado financiero es muy preocupante, sobre todo en este momento, con las tasas de Lebacs tocando el 30 por ciento y con un Estado nacional que en cuanto a créditos productivos para la pequeña y mediana empresa, bueno, no sería su fuerte”.
El director Luis Puenzo, uno de los cineastas que más opinó sobre los conflictos del cine argentino durante el año que termina tiene una óptica distinta que la de Krichmar y Gugliotta, pero no le quita responsabilidad al Incaa sino todo lo contrario. Puenzo parte del siguiente argumento que figura en los considerandos de la Resolución 1565-E/2017: “Que corresponde aclarar que el artículo 35 de la Ley Nº 17.741 (t.o.2001) y modificatorias establece que los créditos otorgados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales sean canalizados a través de una entidad bancaria que cuente con una red nacional y resulte seleccionada mediante licitación pública”. Dice Puenzo: “Me llama la atención que se sientan necesitados de aclarar esto en una resolución que contradice expresamente este punto”. “Quedó en la ley esto, que no es una facultad, esto es una obligación. Esto, que tiene que llamar a entidades bancarias y a licitación, no es una facultad del Incaa, es una obligación del Incaa. Esto fue promulgado en 1994 porque por definición al Instituto nunca le va alcanzar la plata para dar créditos y, en un momento donde esto se verifica, el Incaa se siente obligado a decir que corresponde aclarar. Si aclarás algo que está en la ley, estás explicando que no lo cumplís. Eso es lo que estás aclarando. Lo cual es muy fuerte: que el Incaa, en sus considerandos, aclare que hay un artículo de la ley que lo obliga a hacer algo que el Incaa no hace”, analizó el director de La historia oficial.
Para Gugliotta, el Instituto “debería haber reasignado partidas” para evitar el cuello de botella de la sobreejecución. Brinda el siguiente ejemplo: “Estás haciendo una casa, no te alcanza para pintarla toda, pero te sobra en albañilería. Y bueno, no hagas tanto de albañilería y destinalo hacia pintura, que te quede la casa pintada. Siempre hablamos de los recursos propios del Estado. Y de los recursos propios del Estado a través del Incaa. No estoy hablando de los ATN ni de partidas adicionales. Son los recursos genuinos del Incaa. Para mí, la solución va por el lado de la reasignación de partidas, siempre dentro de la Ley de Cine y del Fondo de Fomento Cinematográfico”.
La resolución también menciona que instrumenta el anticipo de subsidios para determinados casos de “ficción” y “animación”, pero no menciona nada del documental. “En la página web del Instituto está el listado de los 280 expedientes, con número de expediente y número de proyectos que están justamente en esa situación que provoca un atascamiento lógico por el hecho de que hay 280 proyectos en alguna instancia del cobro del crédito. Estos son los casos que podrían verse vistos afectados por algún tipo de atraso. Y es por eso que se eligió este universo de casos. Tiene que ver con esta situación e insisto: la intención es dar una opción para que quienes consideren que esperar los créditos puede afectar la dinámica del proyecto tengan una opción para cobrar antes”, concluyó Juan Lima.
El cine argentino termina el año como lo empezó: en conflicto. El Incaa reconoció una realidad que venía siendo el comentario y la preocupación de quienes forman parte de la industria cinematográfica nacional: la cantidad de proyectos aprobados por el Comité de Créditos superó el alcance presupuestario del Instituto y su presidente decidió suspender el otorgamiento de nuevos créditos durante 2018 para poder cumplir, según se señala oficialmente, con los que vienen de años anteriores y de 2017. Desde que fue eyectado Alejandro Cacetta de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), por decisión del ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, en el mes de abril, los problemas en el sector audiovisual fueron una constante a lo largo de 2017. Las consecuencias que tuvieron las resoluciones modificatorias del régimen de fomento, firmadas por el actual titular del organismo, Ralph Haiek, encendieron nuevamente las alarmas de la comunidad audiovisual argentina que vio cómo esas nuevas normativas –algunas, luego modificadas otra vez– ponían palos en la rueda de las productoras chicas y medianas. Muchos vieron en estas normativas la sensación de que se quería achicar la producción nacional cortando el hilo por lo más delgado: aquellos que no tienen fondos para solventar una película sin créditos ni subsidios del Incaa. Muchas voces se alzaron denunciando que se pretendía instalar la política de hacer menos películas pero más costosas. Por todos esos motivos expresados por numerosos damnificados, las medidas implementadas pusieron en estado de alerta al sector audiovisual. Ahora, el Incaa suma un nuevo capítulo en la lista de conflictos.
En la página web del Instituto se informa: “El Incaa pone en conocimiento del público la evolución de los fondos destinados a créditos, en el marco de las acciones en curso para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública (N° 27.275). Los fondos por la suma de $170.000.000 destinados al otorgamiento de créditos a la producción para el ejercicio presupuestario 2017 fueron ejecutados en su totalidad. Adicionalmente, y con un gran esfuerzo, se realizaron reasignaciones destinadas a dar continuidad al financiamiento de la producción audiovisual, por un monto de $85.000.000 que también fueron adjudicados íntegramente. Por ende, el total asignado a créditos en el año en curso es de 255.000.000 pesos, arrojando una sobreejecución de esta partida de más del 50%”.
De esta manera, el Incaa reconoce que no dispone de fondos para atender solicitudes de créditos para la realización de películas hasta 2019 y durante 2018 implementará un “régimen especial de anticipo de subsidios” para evitar la interrupción de acceso a financiamiento. Esto será válido para determinados casos. Así lo expresa la Resolución 1565 E/2017, publicada en el Boletín Oficial, que indica que “para el ejercicio en curso la partida correspondiente fue aplicada en su totalidad” y “se encuentran igualmente comprometidos la totalidad de los fondos destinados al otorgamiento de créditos para 2018”, a partir –dice–, de “la gran cantidad de solicitudes recibidas en este ejercicio, así como los proyectos que aún se encuentran en ejecución”. Por este motivo, señala que “las solicitudes de créditos industriales otorgados de manera directa por el Incaa carecerían de fondos para ser atendidas hasta el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2019”. De este modo, para evitar la interrupción del acceso al financiamiento se decidió instrumentar -señala el texto oficial- “una herramienta de financiamiento excepcional y transitoria”.
Así, el Incaa establecerá “un régimen especial de asignación de anticipo de subsidios extraordinario para las películas nacionales de largometraje de ficción y animación que tuvieran crédito en trámite sin ejecución y una convocatoria especial para la asignación de anticipo de subsidios extraordinaria para las películas nacionales de largometraje de ficción y animación con solicitud de crédito en trámite”, que requerirá “la constitución de garantías mediante seguro de caución o exteriorización de una propiedad inmueble valuada en por lo menos el cien por ciento del anticipo a otorgarse” para acceder a los fondos. En ese sentido, el artículo 2 del Anexo 1 de la resolución establece que el anticipo de subsidio “será equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) del monto del crédito que hubiera correspondido al productor por el proyecto cinematográfico, conforme lo aprobado en el dictamen favorable del Comité Técnico de Créditos”. Vale aclarar la diferencia entre el crédito y el subsidio en el ámbito cinematográfico: El Incaa reintegra una vez que la película está estrenada, a través de un subsidio. Se puede anticipar pidiendo un crédito: en vez de tener el presupuesto al final, se puede adelantar uno si rinde bien sus gastos. El crédito puede pedirse por adelantado para poder ir avanzando con las distintas etapas de una película y no tener que hacer un cien por ciento de inversión privada. El crédito nunca puede ser mayor que el subsidio.
El vicepresidente del Instituto, Fernando E. Juan Lima, expuso los argumentos de la decisión: “La sobreejecución tiene que ver con dar financiamiento a muchos proyectos, cosa que viene pasando en 2015, 2016 y 2017. Esto tiene que ver con los pedidos y con los proyectos en curso”, señaló a PáginaI12. “Esto da cuenta de que el sector está en marcha y en funcionamiento. Hay 280 proyectos que tienen que ver con créditos que están en alguna instancia de ejecución, desde el pedido hasta que resten algunas cuotas por pagar en curso. Esto da cuenta de que el sector está funcionando”, reafirmó el vicepresidente del Incaa. “El nuevo crédito entra a la cola de todo el sistema existente. Esta medida es dar una posibilidad para que justamente pueda filmar antes. Te da una opción de renunciar al crédito y obtener un anticipo de subsidio”, planteó Juan Lima.
El realizador Fernando Krichmar, flamante miembro del Consejo Asesor del Incaa, señaló a PáginaI12: “En principio, me parece una decisión unilateral no muy bien explicada porque hay una serie de mecanismos institucionales para pensar el presupuesto del Incaa y sus distintas cuentas. La Ley de Cine, en ese sentido, es bien clara y plantea que el presupuesto lo aprueba o lo desaprueba el Consejo Asesor del Incaa, que es uno de los tres órganos que dirigen el Instituto. A veces, se cree que el presidente, designado por el Poder Ejecutivo, es la única instancia de dirección del Incaa. Y no es así. Justamente la ley del 94 aprobada por unanimidad en las dos Cámaras planteaba un gobierno tripartito, con un criterio federal y democrático”.
La otra pata de cogobierno es la Asamblea Federal, que está presidida por la máxima autoridad del Incaa e integrada por los ministros, secretarios o subsecretarios de Cultura de los poderes ejecutivos provinciales y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se reúne al menos una vez al año y sus resoluciones se toman con el voto de la mayoría de sus miembros. El Consejo Asesor, en tanto, está integrado por once miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional, de los cuales cinco fueron propuestos por la Asamblea Federal (que selecciona una personalidad relevante de la cultura por cada región argentina) y los restantes son propuestos por las entidades que representan a los distintos sectores de la industria cinematográfica (dos directores cinematográficos, dos productores, un técnico de la industria y un actor con antecedentes cinematográficos).
Krichmar, en representación de los directores, subrayó: “El Consejo Asesor del Incaa tiene dos funciones, según la Ley. Una de ellas es aprobar o desaprobar el presupuesto y justamente sugerir las modificatorias. La segunda es elegir los comités de selección de proyectos, de créditos, de películas terminadas, todos los comités que, de alguna manera, juzgan si una obra es declarada de interés o no o si cumple o no los requisitos para esto. Tiene una función clave. A fines de octubre, recién logramos que se designe el Consejo Asesor, pero todavía no logramos que lo convoquen y mucho menos que giren un informe del presupuesto 2017 y su ejecución y un informe del presupuesto del 2018. Entonces, cuando ellos afirman que consultaron es básicamente mentira. Esto es importante porque se llenan la boca con dos cuestiones: una es el federalismo y la otra es el respeto de la Ley de Cine. Y en este hecho están desconociendo las dos cuestiones”. Krichmar sostuvo que hasta que los miembros del Consejo Asesor no sean informados “con números oficiales y, como corresponde según la ley, son todas versiones” del Incaa. El vicepresidente del Instituto dijo lo contrario: “Sí está informado el Consejo Asesor. La jefe de Gabinete estuvo reunida con el Consejo Asesor y está informado”.
Krichmar también planteó una posición al respecto: “Creo que esto encubre la idea de bancarizar el crédito con lo cual deja afuera a todo el cine de autor que se hace, y que lo hace gente que vive en un dos ambientes, que generalmente alquila y que muy difícilmente pueda generar una garantía bancaria como cualquier hijo de vecino”. El productor Juan Pablo Gugliotta, que fue miembro del Consejo Asesor del Incaa durante el período 2016-2017 en representación de los productores, coincidió con el cuestionamiento a la bancarización del crédito: “Estamos preocupados. No sabemos más que lo que indican las resoluciones y los comunicados. Hay algunos ítems que no terminamos de entender. Primero, por qué el Incaa, desde el Estado nacional, teniendo fondos genuinos, propios y legítimos sale a buscar acuerdos con entidades bancarias y a subsidiar las tasas de interés de las comisiones de los bancos”.
Gugliotta tiene una pyme productora y, de acuerdo a su experiencia, afirma: “Las veces que nosotros hemos competido con las reglas del mercado, por ejemplo, en los estrenos, supimos cuáles fueron los resultados: nos llevaron puestos, básicamente. Si nosotros salimos de la dinámica propia del Estado subsidiando al cine y vamos a las reglas y la dinámica del mercado financiero es muy preocupante, sobre todo en este momento, con las tasas de Lebacs tocando el 30 por ciento y con un Estado nacional que en cuanto a créditos productivos para la pequeña y mediana empresa, bueno, no sería su fuerte”.
El director Luis Puenzo, uno de los cineastas que más opinó sobre los conflictos del cine argentino durante el año que termina tiene una óptica distinta que la de Krichmar y Gugliotta, pero no le quita responsabilidad al Incaa sino todo lo contrario. Puenzo parte del siguiente argumento que figura en los considerandos de la Resolución 1565-E/2017: “Que corresponde aclarar que el artículo 35 de la Ley Nº 17.741 (t.o.2001) y modificatorias establece que los créditos otorgados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales sean canalizados a través de una entidad bancaria que cuente con una red nacional y resulte seleccionada mediante licitación pública”. Dice Puenzo: “Me llama la atención que se sientan necesitados de aclarar esto en una resolución que contradice expresamente este punto”. “Quedó en la ley esto, que no es una facultad, esto es una obligación. Esto, que tiene que llamar a entidades bancarias y a licitación, no es una facultad del Incaa, es una obligación del Incaa. Esto fue promulgado en 1994 porque por definición al Instituto nunca le va alcanzar la plata para dar créditos y, en un momento donde esto se verifica, el Incaa se siente obligado a decir que corresponde aclarar. Si aclarás algo que está en la ley, estás explicando que no lo cumplís. Eso es lo que estás aclarando. Lo cual es muy fuerte: que el Incaa, en sus considerandos, aclare que hay un artículo de la ley que lo obliga a hacer algo que el Incaa no hace”, analizó el director de La historia oficial.
Para Gugliotta, el Instituto “debería haber reasignado partidas” para evitar el cuello de botella de la sobreejecución. Brinda el siguiente ejemplo: “Estás haciendo una casa, no te alcanza para pintarla toda, pero te sobra en albañilería. Y bueno, no hagas tanto de albañilería y destinalo hacia pintura, que te quede la casa pintada. Siempre hablamos de los recursos propios del Estado. Y de los recursos propios del Estado a través del Incaa. No estoy hablando de los ATN ni de partidas adicionales. Son los recursos genuinos del Incaa. Para mí, la solución va por el lado de la reasignación de partidas, siempre dentro de la Ley de Cine y del Fondo de Fomento Cinematográfico”.
La resolución también menciona que instrumenta el anticipo de subsidios para determinados casos de “ficción” y “animación”, pero no menciona nada del documental. “En la página web del Instituto está el listado de los 280 expedientes, con número de expediente y número de proyectos que están justamente en esa situación que provoca un atascamiento lógico por el hecho de que hay 280 proyectos en alguna instancia del cobro del crédito. Estos son los casos que podrían verse vistos afectados por algún tipo de atraso. Y es por eso que se eligió este universo de casos. Tiene que ver con esta situación e insisto: la intención es dar una opción para que quienes consideren que esperar los créditos puede afectar la dinámica del proyecto tengan una opción para cobrar antes”, concluyó Juan Lima.
