Deuda
El Gobierno analiza capitalizar Impsa, que hoy caerá en default; también ingresarían socios privados
Aunque es un caso particular, el de Impsa agita el fantasma del inicio de los defaults privados. Foto: LA NACION / Rodrigo Herrera
Durante una década, el Gobierno marginó a Enrique Pescarmona, dueño de Impsa, de los grandes negocios relacionados con la obra pública. Ahora, cuando la situación económica y financiera de la compañía mendocina (una de las pocas grandes empresas argentinas en condiciones de desarrollar tecnología para exportar) amenaza con llevar a la quiebra a la empresa centenaria y dejar en la calle a 1700 empleados, acude en su ayuda.
La ministra de Industria, Débora Giorgi, lo confirmó ayer desde Rusia. «[La empresa] tiene problemas desde hace dos años por dificultades financieras en Brasil y Venezuela, y estuvimos trabajando para ayudarla y mantener su fuente de trabajo y su capacidad productiva», sostuvo en declaraciones radiales. También confirmó que el Gobierno estudia hacer un aporte de fondos públicos para capitalizarla a cambio de acciones en la compañía, que fabrica turbinas para generación eléctrica hidráulica y molinos eólicos. «Eso lo estamos decidiendo en conjunto con distintas áreas del Gobierno, en tanto y en cuanto se preserven los intereses de los 1700 trabajadores y del propio Estado», dijo.
Según la empresa, que hoy entrará en default al no pagar el vencimiento de un bono, la mayor parte de sus problemas se debe a la demora en pagos por trabajos hechos en aquellos países por unos 5500 millones de dólares.
El lunes pasado Pescarmona se reunió con el ministro de Economía, Axel Kicillof. La semana anterior lo había hecho con Débora Giorgi. Entre todos comenzó a aflorar una solución mixta, que todavía no está madura: sostener a Impsa, que hoy entrará en default, mediante un aporte del Estado y el ingreso de dos socios privados (uno sería un consorcio brasileño y el otro, la japonesa Toshiba). En ningún caso la familia está dispuesta a abandonar el control de la empresa. De lo contrario, preferiría vender.
Kicillof y Giorgi encabezan las negociaciones con el grupo privado. Afuera quedó el ministro de Planificación, Julio De Vido, a quien en el entorno del grupo mendocino consideran uno de los responsables de la precaria situación de la empresa.
Allegados a la empresa confirmaron que el Gobierno aceptó otorgarle los denominados Repro (planes de contingencia para sostener el empleo, que consisten en un subsidio del Estado de $ 2000 por trabajador).
El kirchnerismo bajó a Pescarmona de proyectos hidroeléctricos cuando ya había ganado las licitaciones y hasta le pidió silencio para allanar el camino a otros constructores cuando intentó impugnar adjudicaciones de sus competidores. Ahora, el empresario quiere sumar puntos adicionales a un acuerdo con el Gobierno. Entre ellos, que las gestiones de Cristina Kirchner faciliten el cobro de las deudas de la administración de Nicolás Maduro con su empresa. Un ejemplo reciente confirma esa clase de operatoria: en 2009, Ternium, una de las empresas del Grupo Techint, acordó con Venezuela un pago de US$ 1970 millones por la expropiación de Sidor. La Presidenta se encargó telefónicamente de allanar el camino cuando la negociación se trababa.
Hay otro ejemplo histórico que está del lado de Pescarmona. Siempre que una empresa icónica argentina estuvo al borde del abismo, el kirchnerismo giró fondos para salvarla. También en 2009, en un acto de campaña, el ex presidente Néstor Kirchner le ofreció un salvataje público a Mastellone Hnos., cuando la láctea atravesaba por una situación crítica y su socia francesa, Danone, quería comprarla. Antes lo había hecho con el supermercadista Alfredo Coto.
Algo similar ocurrió con SanCor. Cuando estuvo a punto de venderse a una empresa de George Soros, Kirchner la «obligó» a tomar un crédito del gobierno de Hugo Chávez para evitar la operación.
Además, Pescarmona quiere que el Gobierno lo vuelva a poner en el radar de la obra pública, ya que de lo contrario la empresa volvería a caer en desgracia. En 2010, un consorcio del que formaba parte Impsa se preadjudicó la construcción de las centrales Condor Cliff-La Barrancosa, en Santa Cruz. Pero la obra, por unos US$ 4500 millones, fue rebautizada (ahora se llaman Néstor Kirchner y Jorge Cepernic) y relicitada. Las construirá Electroingeniería con socios chinos.
Incluso el gobernador de mendoza, Francisco «Paco» Pérez, se sumó de lleno al salvataje de la empresa. Durante la última visita del presidente de YPF, Miguel Galuccio, a la provincia, le pidió ayuda para Impsa. El jefe de la petrolera le prometió al mandatario provincial que buscaría la manera ayudar.
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Cualquiera que sea el resultado de la negociación con el Gobierno, Impsa entrará hoy en cesación de pagos porque no puede pagar un vencimiento de obligaciones negociables por 42 millones de pesos y 23 millones de dólares. Eso la obligará a reestructurar su deuda. Ya le encargó ese trabajo al ex secretario de Finanzas Daniel Marx y al estudio de abogados Pérez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martínez de Hoz (H).
Además de las gestiones con el Gobierno y otras empresas, Enrique Pescarmona, quien condujo la empresa durante décadas, pero en los últimos años delegó el manejo cotidiano de los negocios principalmente en sus hijos Luis, Lucas y Sofía, cree que la superstición también le hizo un guiño.
En el mundo empresario se lamentan de que las terceras generaciones funden las empresas. «Esta empresa tiene 107 años. Mis chicos son la cuarta generación. No les va a pasar», le dijo con una breve sonrisa a uno de sus colaboradores esta semana..
El Gobierno analiza capitalizar Impsa, que hoy caerá en default; también ingresarían socios privados
Aunque es un caso particular, el de Impsa agita el fantasma del inicio de los defaults privados. Foto: LA NACION / Rodrigo Herrera
Durante una década, el Gobierno marginó a Enrique Pescarmona, dueño de Impsa, de los grandes negocios relacionados con la obra pública. Ahora, cuando la situación económica y financiera de la compañía mendocina (una de las pocas grandes empresas argentinas en condiciones de desarrollar tecnología para exportar) amenaza con llevar a la quiebra a la empresa centenaria y dejar en la calle a 1700 empleados, acude en su ayuda.
La ministra de Industria, Débora Giorgi, lo confirmó ayer desde Rusia. «[La empresa] tiene problemas desde hace dos años por dificultades financieras en Brasil y Venezuela, y estuvimos trabajando para ayudarla y mantener su fuente de trabajo y su capacidad productiva», sostuvo en declaraciones radiales. También confirmó que el Gobierno estudia hacer un aporte de fondos públicos para capitalizarla a cambio de acciones en la compañía, que fabrica turbinas para generación eléctrica hidráulica y molinos eólicos. «Eso lo estamos decidiendo en conjunto con distintas áreas del Gobierno, en tanto y en cuanto se preserven los intereses de los 1700 trabajadores y del propio Estado», dijo.
Según la empresa, que hoy entrará en default al no pagar el vencimiento de un bono, la mayor parte de sus problemas se debe a la demora en pagos por trabajos hechos en aquellos países por unos 5500 millones de dólares.
El lunes pasado Pescarmona se reunió con el ministro de Economía, Axel Kicillof. La semana anterior lo había hecho con Débora Giorgi. Entre todos comenzó a aflorar una solución mixta, que todavía no está madura: sostener a Impsa, que hoy entrará en default, mediante un aporte del Estado y el ingreso de dos socios privados (uno sería un consorcio brasileño y el otro, la japonesa Toshiba). En ningún caso la familia está dispuesta a abandonar el control de la empresa. De lo contrario, preferiría vender.
Kicillof y Giorgi encabezan las negociaciones con el grupo privado. Afuera quedó el ministro de Planificación, Julio De Vido, a quien en el entorno del grupo mendocino consideran uno de los responsables de la precaria situación de la empresa.
Allegados a la empresa confirmaron que el Gobierno aceptó otorgarle los denominados Repro (planes de contingencia para sostener el empleo, que consisten en un subsidio del Estado de $ 2000 por trabajador).
El kirchnerismo bajó a Pescarmona de proyectos hidroeléctricos cuando ya había ganado las licitaciones y hasta le pidió silencio para allanar el camino a otros constructores cuando intentó impugnar adjudicaciones de sus competidores. Ahora, el empresario quiere sumar puntos adicionales a un acuerdo con el Gobierno. Entre ellos, que las gestiones de Cristina Kirchner faciliten el cobro de las deudas de la administración de Nicolás Maduro con su empresa. Un ejemplo reciente confirma esa clase de operatoria: en 2009, Ternium, una de las empresas del Grupo Techint, acordó con Venezuela un pago de US$ 1970 millones por la expropiación de Sidor. La Presidenta se encargó telefónicamente de allanar el camino cuando la negociación se trababa.
Hay otro ejemplo histórico que está del lado de Pescarmona. Siempre que una empresa icónica argentina estuvo al borde del abismo, el kirchnerismo giró fondos para salvarla. También en 2009, en un acto de campaña, el ex presidente Néstor Kirchner le ofreció un salvataje público a Mastellone Hnos., cuando la láctea atravesaba por una situación crítica y su socia francesa, Danone, quería comprarla. Antes lo había hecho con el supermercadista Alfredo Coto.
Algo similar ocurrió con SanCor. Cuando estuvo a punto de venderse a una empresa de George Soros, Kirchner la «obligó» a tomar un crédito del gobierno de Hugo Chávez para evitar la operación.
Además, Pescarmona quiere que el Gobierno lo vuelva a poner en el radar de la obra pública, ya que de lo contrario la empresa volvería a caer en desgracia. En 2010, un consorcio del que formaba parte Impsa se preadjudicó la construcción de las centrales Condor Cliff-La Barrancosa, en Santa Cruz. Pero la obra, por unos US$ 4500 millones, fue rebautizada (ahora se llaman Néstor Kirchner y Jorge Cepernic) y relicitada. Las construirá Electroingeniería con socios chinos.
Incluso el gobernador de mendoza, Francisco «Paco» Pérez, se sumó de lleno al salvataje de la empresa. Durante la última visita del presidente de YPF, Miguel Galuccio, a la provincia, le pidió ayuda para Impsa. El jefe de la petrolera le prometió al mandatario provincial que buscaría la manera ayudar.
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Cualquiera que sea el resultado de la negociación con el Gobierno, Impsa entrará hoy en cesación de pagos porque no puede pagar un vencimiento de obligaciones negociables por 42 millones de pesos y 23 millones de dólares. Eso la obligará a reestructurar su deuda. Ya le encargó ese trabajo al ex secretario de Finanzas Daniel Marx y al estudio de abogados Pérez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martínez de Hoz (H).
Además de las gestiones con el Gobierno y otras empresas, Enrique Pescarmona, quien condujo la empresa durante décadas, pero en los últimos años delegó el manejo cotidiano de los negocios principalmente en sus hijos Luis, Lucas y Sofía, cree que la superstición también le hizo un guiño.
En el mundo empresario se lamentan de que las terceras generaciones funden las empresas. «Esta empresa tiene 107 años. Mis chicos son la cuarta generación. No les va a pasar», le dijo con una breve sonrisa a uno de sus colaboradores esta semana..
