Proyectos. Hay dos iniciativas para restringir la compra de camposTras las elecciones internas, el Frente Amplio insistirá en reglamentar la tenencia de tierras en manos extranjeras. Se estudia la limitación de la compra en zonas de frontera y por cantidad de hectáreas.
El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), aprobado en el 2011, fue la primera medida que adoptó el gobierno para frenar la compra indiscriminada de tierras. El tributo será reglamentado la semana próxima por el Ejecutivo.
Para este año el grupo de trabajo parlamentario que componen los senadores Ernesto Agazzi (MPP), Enrique Rubio (VA) y el diputado Yerú Pardiñas (PS), tiene previsto retomar la discusión y presentar otros proyectos para frenar la extranjerización de la tierra.
La intensa actividad pública que tienen en la actualidad Agazzi y Rubio, ambos candidatos a la presidencia del Frente Amplio, determinó que la comisión no continuara con el trabajo. Sin embargo, el grupo volverá a reunirse luego de las internas del FA, indicó Pardiñas a El País.
«Los que acordamos después de la aprobación del ICIR, fue que este año tendríamos que empezar a discutir cómo encarar una nueva legislación para limitar la extranjerización de la tierra», explicó Pardiñas.
El legislador añadió que el tema debe ser abordado en 2012 porque además de ser de interés político constituye «un fuerte reclamo de parte de las gremiales».
En el mismo sentido, Rubio indicó a El País que es partidario de debatir nuevas medidas para frenar la extranjerización, tal como les había sido solicitado por el presidente José Mujica.
Por su parte, el senador Eduardo Lorier (Partido Comunista) dijo a El País que es una prioridad avanzar en el 2012 con la discusión de una legislación que limite la extranjerización de la tierra.
El senador comunista recordó que planteó la temática en la primera reunión del año que mantuvo Mujica con legisladores del FA, así como en la Agrupación Parlamentaria realizada en febrero. «Lo que dijimos allí, fue que consideramos prioritario concretar lo que había sido una inquietud del presidente para elaborar un proyecto de ley», insistió Lorier.
Al momento, la comisión tiene a estudio dos proyectos: uno para limitar la compra de tierras en zonas de frontera a un radio de 100 kilómetros y otro para restringir la venta de inmuebles por hectáreas.
En la opinión de Lorier, las legislaciones restrictivas aplicadas por Brasil y Argentina son una razón para que Uruguay, como país más pequeño, ponga límites claros a la compra de campos. «Con la política de estos países, Uruguay quedó mucho más expuesto a aquellos capitales que hoy rondan especulativamente en la región. Por eso, corremos el riesgo de que se acentúe el proceso de extranjerización y entendemos que se tienen que adoptar medidas», indicó Lorier.
En tanto, Mujica volvió a remarcar esta semana su preocupación respecto al papel que juegan las Sociedades Anónimas en la compra de tierras. «Hay que escaparle a los mecanismos de sociedades anónimas porque no se sabe si un tipo tiene 90.000 o 9 hectáreas».
El presidente insistió en la necesidad de conocer a los titulares de las sociedades nominativas, en una entrevista con radio Montecarlo.
Los intendentes gastan a cuenta
El presidente José Mujica ofreció a los gobiernos departamentales la administración de los fondos que se obtengan anualmente por concepto del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), en lugar de que lo haga la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Los intendentes están evaluando las distintas alternativas para el manejo de esos recursos, que suman unos US$ 60 millones anuales, dijo a El País el jefe comunal de Cerro Largo, el nacionalista Sergio Botana.
Específicamente, el acuerdo del presidente con los intendentes indica que el producto del ICIR se usará para la reparación de la camine- ría interna de los departamentos que, en mayor o menor grado, está en malas condiciones.
Mientras esto sucede, en la región centro sur del país ya se han tomado algunos recaudos: el intendente de San José, José Luis Falero, informó a El País que su administración y la de Durazno enviarán en estos días a Brasil a dos ingenieros para determinar la compra de una planta asfaltadora para ir adelantando camino y evitar que la reglamentación de la ley los sorprenda sin las condiciones mínimas para empezar las obras de caminería.
Falero dijo que los intendentes están haciendo un análisis de la cantidad de caminería rural que tiene cada departamento para informar luego al presidente Mujica.
Aumenta el precio de la tierra
En Uruguay se estima que entre 2,5 y 3 millones de hectáreas están en manos de extranjeros.
Según los datos divulgados por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, en 2011 el promedio de la hectárea en Uruguay cotizó a US$ 3.196 marcando un máximo histórico y un alza del 21% respecto al promedio registrado el año anterior, cuando la hectárea se pagaba US$ 2.633. El precio de la tierra comenzó a subir en el 2003, desde esa fecha la tendencia no se revirtió.
Los departamentos con más superficie de tierras vendidas fueron: Paysandú, Cerro Largo y Durazno. Entre los tres se acumuló un total de 96.000 hectáreas vendidas.
Los precios más altos se registraron en Río Negro y San José, con US$ 5.946 y US$ 5.422 por hectárea.
Según el gobierno, la concentración de la tierra en Uruguay es mayor que la concentración del ingreso si se tiene en cuenta el Índice de Gini. En el año 2010 el Índice de Gini de la distribución de la tierra fue de 0,76 y el Índice Gini de la distribución del ingreso 0,43.
El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), aprobado en el 2011, fue la primera medida que adoptó el gobierno para frenar la compra indiscriminada de tierras. El tributo será reglamentado la semana próxima por el Ejecutivo.
Para este año el grupo de trabajo parlamentario que componen los senadores Ernesto Agazzi (MPP), Enrique Rubio (VA) y el diputado Yerú Pardiñas (PS), tiene previsto retomar la discusión y presentar otros proyectos para frenar la extranjerización de la tierra.
La intensa actividad pública que tienen en la actualidad Agazzi y Rubio, ambos candidatos a la presidencia del Frente Amplio, determinó que la comisión no continuara con el trabajo. Sin embargo, el grupo volverá a reunirse luego de las internas del FA, indicó Pardiñas a El País.
«Los que acordamos después de la aprobación del ICIR, fue que este año tendríamos que empezar a discutir cómo encarar una nueva legislación para limitar la extranjerización de la tierra», explicó Pardiñas.
El legislador añadió que el tema debe ser abordado en 2012 porque además de ser de interés político constituye «un fuerte reclamo de parte de las gremiales».
En el mismo sentido, Rubio indicó a El País que es partidario de debatir nuevas medidas para frenar la extranjerización, tal como les había sido solicitado por el presidente José Mujica.
Por su parte, el senador Eduardo Lorier (Partido Comunista) dijo a El País que es una prioridad avanzar en el 2012 con la discusión de una legislación que limite la extranjerización de la tierra.
El senador comunista recordó que planteó la temática en la primera reunión del año que mantuvo Mujica con legisladores del FA, así como en la Agrupación Parlamentaria realizada en febrero. «Lo que dijimos allí, fue que consideramos prioritario concretar lo que había sido una inquietud del presidente para elaborar un proyecto de ley», insistió Lorier.
Al momento, la comisión tiene a estudio dos proyectos: uno para limitar la compra de tierras en zonas de frontera a un radio de 100 kilómetros y otro para restringir la venta de inmuebles por hectáreas.
En la opinión de Lorier, las legislaciones restrictivas aplicadas por Brasil y Argentina son una razón para que Uruguay, como país más pequeño, ponga límites claros a la compra de campos. «Con la política de estos países, Uruguay quedó mucho más expuesto a aquellos capitales que hoy rondan especulativamente en la región. Por eso, corremos el riesgo de que se acentúe el proceso de extranjerización y entendemos que se tienen que adoptar medidas», indicó Lorier.
En tanto, Mujica volvió a remarcar esta semana su preocupación respecto al papel que juegan las Sociedades Anónimas en la compra de tierras. «Hay que escaparle a los mecanismos de sociedades anónimas porque no se sabe si un tipo tiene 90.000 o 9 hectáreas».
El presidente insistió en la necesidad de conocer a los titulares de las sociedades nominativas, en una entrevista con radio Montecarlo.
Los intendentes gastan a cuenta
El presidente José Mujica ofreció a los gobiernos departamentales la administración de los fondos que se obtengan anualmente por concepto del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), en lugar de que lo haga la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Los intendentes están evaluando las distintas alternativas para el manejo de esos recursos, que suman unos US$ 60 millones anuales, dijo a El País el jefe comunal de Cerro Largo, el nacionalista Sergio Botana.
Específicamente, el acuerdo del presidente con los intendentes indica que el producto del ICIR se usará para la reparación de la camine- ría interna de los departamentos que, en mayor o menor grado, está en malas condiciones.
Mientras esto sucede, en la región centro sur del país ya se han tomado algunos recaudos: el intendente de San José, José Luis Falero, informó a El País que su administración y la de Durazno enviarán en estos días a Brasil a dos ingenieros para determinar la compra de una planta asfaltadora para ir adelantando camino y evitar que la reglamentación de la ley los sorprenda sin las condiciones mínimas para empezar las obras de caminería.
Falero dijo que los intendentes están haciendo un análisis de la cantidad de caminería rural que tiene cada departamento para informar luego al presidente Mujica.
Aumenta el precio de la tierra
En Uruguay se estima que entre 2,5 y 3 millones de hectáreas están en manos de extranjeros.
Según los datos divulgados por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, en 2011 el promedio de la hectárea en Uruguay cotizó a US$ 3.196 marcando un máximo histórico y un alza del 21% respecto al promedio registrado el año anterior, cuando la hectárea se pagaba US$ 2.633. El precio de la tierra comenzó a subir en el 2003, desde esa fecha la tendencia no se revirtió.
Los departamentos con más superficie de tierras vendidas fueron: Paysandú, Cerro Largo y Durazno. Entre los tres se acumuló un total de 96.000 hectáreas vendidas.
Los precios más altos se registraron en Río Negro y San José, con US$ 5.946 y US$ 5.422 por hectárea.
Según el gobierno, la concentración de la tierra en Uruguay es mayor que la concentración del ingreso si se tiene en cuenta el Índice de Gini. En el año 2010 el Índice de Gini de la distribución de la tierra fue de 0,76 y el Índice Gini de la distribución del ingreso 0,43.
