Indisimulables rostros de alegría se vieron en Pergamino el lunes pasado cuando desde ese lugar Mauricio Macri anunció la rebaja de 5 puntos en las retenciones a la soja y la eliminación para todo el resto de la producción agropecuaria y de las economías regionales. La felicidad es mucho mayor a partir del formidable aumento del dólar que disparó el levantamiento de las restricciones cambiarias dispuesto por la nueva conducción económica.
No era para menos. Recibieron un inusitado combo de devaluación y disminución de retenciones, cuando lo habitual en la historia argentina era que las retenciones al campo se imponían para neutralizar el impacto de elevados precios internacionales o para que los efectos de un dólar más alto beneficiara a la industria pero nada o menos al sector que produce las materias primas para la alimentación.
Es indiscutible que la gente de Pergamino no atravesaba su mejor momento. Según datos de la Compañía Argentina de Tierras el valor de la hectárea en la zona ronda los u$s 14.500, menos que el pico de algo más de 17.000 que había alcanzado en 2011. Es cierto también que ahora se requieren alrededor de 800 quintales de soja para adquirir una hectárea frente a un promedio histórico de 500. Y no hay duda de que esa situación era resultado, entre otras causas, de la caída de los precios internacionales, del atraso cambiario y del mantenimiento de elevadas retenciones.
Pero aún así, la transferencia de recursos para el campo es descomunal. Considerando que el complejo sojero exporta u$s 20.000 millones por año, la rebaja de 5 puntos en el impuesto junto con un aumento del 40% en el dólar (si logran estacionarlo en el nivel que pretenden), el ingreso adicional que recibirán será mayor a los $ 60.000 millones anuales a valores de hoy. A eso se agrega el ingreso extra para el resto de los productos agropecuarios.
Había consenso acerca de que casi todas las economías regionales requerían asistencia. Lo mismo para la actividad cerealera, e incluso también para la producción sojera de zonas periféricas. Pero lo que les dieron es muchísimo. Ni hablar para los productores de Pergamino, Salto, Rojas, la conocida zona núcleo, que con sus elevadísimos rendimientos tienen motivos de sobra para festejar, ya que si bien no atravesaban su mejor momento, lo que recibieron de regalo es demasiado.
Todo lo anterior es clave para responder a la segunda pregunta secuencial que queda abierta con la nueva política económica, si es que el primer interrogante sobre la cotización del reflotado dólar libre se dilucida acorde a las intenciones de Alfonso Prat-Gay y Federico Sturzenegger. La segunda pregunta es cuánto de la devaluación se traducirá en inflación. O, más precisamente, cuánto más subirán los precios a partir de ahora por sobre lo que ya venía ocurriendo debido a que la devaluación no sólo se veía venir sino que fue claramente anunciada con mucha anticipación.
Antes de que se concretara la devaluación una de las principales empresas de alimentación ya había encarecido su lista un 12% como consecuencia, aseguran, de incrementos de costos. Su directorio tenía decidido que una vez efectivizada la devaluación trasladarían a precios el ulterior incremento de costos.
En ese caso, como en la economía en general, el traslado a precios será indudablemente mayor que el que habría sido si el combo devaluación con menos retenciones no hubiera sido tan extraordinariamente generoso. La explicación es sencilla: el precio en el mercado interno del trigo, del maíz, de la soja y, en general, de cualquier producto exportable, está en relación directa con lo que el productor obtendría si lo exportara; y lo que el productor recibe por la exportación es mayor cuanto más alto cotice el dólar y cuánto menos le descuente el fisco por retenciones.
Hay que tener en cuenta que también habrá impacto en los precios domésticos por encarecimiento de importaciones. El brusco salto en los medicamentos, productos con alto componente importado, es apenas un ejemplo. A eso habrá que sumarle, además, el reajuste tarifario, una medida tan necesaria como delicada en su implementación, y con fuerte peso en el presupuesto familiar.
La tercera pregunta en la secuencia es sobre los salarios y la reacción sindical ante el alza del costo de vida. Antonio Caló ya salió con los tapones de punta reclamando un bono compensatorio de $ 5000 y Hugo Moyano se sumó al pedido sin especificar monto.
La convocatoria para enero de una mesa tripartita para intentar un acuerdo económico social o el gentil pedido a formadores de precios y supermercadistas para que se comporten responsablemente, son acciones débiles y voluntaristas frente a la turbulencia de que lo que se desató, que no es otra cosa que una febril pugna por la distribución del ingreso, en la que por el momento, los únicos claros ganadores son el campo y quienes tienen activos dolarizados. Prat-Gay fue insistente en mostrar que cuenta con respaldo suficiente para pulsear en el mercado y domar al dólar. Nada dijo en su presentación acerca de medidas compensatorias para los que ya están perdiendo y no tienen los rostros de alegría como en Pergamino.
No era para menos. Recibieron un inusitado combo de devaluación y disminución de retenciones, cuando lo habitual en la historia argentina era que las retenciones al campo se imponían para neutralizar el impacto de elevados precios internacionales o para que los efectos de un dólar más alto beneficiara a la industria pero nada o menos al sector que produce las materias primas para la alimentación.
Es indiscutible que la gente de Pergamino no atravesaba su mejor momento. Según datos de la Compañía Argentina de Tierras el valor de la hectárea en la zona ronda los u$s 14.500, menos que el pico de algo más de 17.000 que había alcanzado en 2011. Es cierto también que ahora se requieren alrededor de 800 quintales de soja para adquirir una hectárea frente a un promedio histórico de 500. Y no hay duda de que esa situación era resultado, entre otras causas, de la caída de los precios internacionales, del atraso cambiario y del mantenimiento de elevadas retenciones.
Pero aún así, la transferencia de recursos para el campo es descomunal. Considerando que el complejo sojero exporta u$s 20.000 millones por año, la rebaja de 5 puntos en el impuesto junto con un aumento del 40% en el dólar (si logran estacionarlo en el nivel que pretenden), el ingreso adicional que recibirán será mayor a los $ 60.000 millones anuales a valores de hoy. A eso se agrega el ingreso extra para el resto de los productos agropecuarios.
Había consenso acerca de que casi todas las economías regionales requerían asistencia. Lo mismo para la actividad cerealera, e incluso también para la producción sojera de zonas periféricas. Pero lo que les dieron es muchísimo. Ni hablar para los productores de Pergamino, Salto, Rojas, la conocida zona núcleo, que con sus elevadísimos rendimientos tienen motivos de sobra para festejar, ya que si bien no atravesaban su mejor momento, lo que recibieron de regalo es demasiado.
Todo lo anterior es clave para responder a la segunda pregunta secuencial que queda abierta con la nueva política económica, si es que el primer interrogante sobre la cotización del reflotado dólar libre se dilucida acorde a las intenciones de Alfonso Prat-Gay y Federico Sturzenegger. La segunda pregunta es cuánto de la devaluación se traducirá en inflación. O, más precisamente, cuánto más subirán los precios a partir de ahora por sobre lo que ya venía ocurriendo debido a que la devaluación no sólo se veía venir sino que fue claramente anunciada con mucha anticipación.
Antes de que se concretara la devaluación una de las principales empresas de alimentación ya había encarecido su lista un 12% como consecuencia, aseguran, de incrementos de costos. Su directorio tenía decidido que una vez efectivizada la devaluación trasladarían a precios el ulterior incremento de costos.
En ese caso, como en la economía en general, el traslado a precios será indudablemente mayor que el que habría sido si el combo devaluación con menos retenciones no hubiera sido tan extraordinariamente generoso. La explicación es sencilla: el precio en el mercado interno del trigo, del maíz, de la soja y, en general, de cualquier producto exportable, está en relación directa con lo que el productor obtendría si lo exportara; y lo que el productor recibe por la exportación es mayor cuanto más alto cotice el dólar y cuánto menos le descuente el fisco por retenciones.
Hay que tener en cuenta que también habrá impacto en los precios domésticos por encarecimiento de importaciones. El brusco salto en los medicamentos, productos con alto componente importado, es apenas un ejemplo. A eso habrá que sumarle, además, el reajuste tarifario, una medida tan necesaria como delicada en su implementación, y con fuerte peso en el presupuesto familiar.
La tercera pregunta en la secuencia es sobre los salarios y la reacción sindical ante el alza del costo de vida. Antonio Caló ya salió con los tapones de punta reclamando un bono compensatorio de $ 5000 y Hugo Moyano se sumó al pedido sin especificar monto.
La convocatoria para enero de una mesa tripartita para intentar un acuerdo económico social o el gentil pedido a formadores de precios y supermercadistas para que se comporten responsablemente, son acciones débiles y voluntaristas frente a la turbulencia de que lo que se desató, que no es otra cosa que una febril pugna por la distribución del ingreso, en la que por el momento, los únicos claros ganadores son el campo y quienes tienen activos dolarizados. Prat-Gay fue insistente en mostrar que cuenta con respaldo suficiente para pulsear en el mercado y domar al dólar. Nada dijo en su presentación acerca de medidas compensatorias para los que ya están perdiendo y no tienen los rostros de alegría como en Pergamino.
