Por Cledis Candelaresi
El éxito de YPF, que a fuerza de inversiones aumenta la producción cuando en la mayoría de petroleras declina, contraria el prejuicio de que no hay gestión estatal buena. Los cambios a la ley de Hidrocarburos la benefician. Pero al resto también
La buena performance de YPF tiene un valor político superior al rédito económico que genera una empresa mixta con mayoría estatal superavitaria, producción creciente y protagonismo en la incipiente explotación de los hidrocarburos no convencionales, la gran promesa económica de la Argentina. La gestión del entrerriano Miguel Galuccio está ayudando a derribar el mito de que no es posible una gestión estatal competitiva y eficiente.
La acción de la petrolera trepó en la Bolsa de Nueva York hasta alcanzar 34 dólares por unidad días atrás, más de un 30 por ciento por encima del precio que tenía en el momento de la parcial reestatización, a mediados del 2012.
Es cierto que esa carrera ascendente del título no siempre se corresponde con un juicio favorable hacia el comportamiento de la compañía, sino que está ligada a las expectativas futuras del negocio. Pero en el caso de una petrolera integrada es difícil disociar una cosa de la otra.
Cualquiera podría mostrar cuánto se valorizó la acción de Edenor en los dos últimos años. Sin embargo, la distribuidora está al borde del colapso, con pérdidas que en el primer semestre del año llegaron a 722,80 millones de pesos, monto que podría ser mayor de no mediar cierta cosmética contable. El parcial corsé a sus tarifas es clave en esta suerte.
No es el caso de YPF, cuyas utilidades en el mismo lapso superaron los 4.400 millones de pesos, un 146 por ciento más en el primer semestre del año anterior. Es cierto que, en gran medida, esto ocurrió por la mejora en el precio de las naftas y petroquímicos, cuyo valor trepa con la anuencia oficial: aunque los precios de esos bienes son formalmente libres, sólo se corrigen con el aval del poder regulador.
Pero esa bendición del Estado favoreció en simultáneo a la competencia y no explica por sí que la compañía haya aumentado el volumen de ventas de carburantes por encima del resto, del mismo modo que la producción de gas y petróleo. Mientras la de las otras marcas declina, la de YPF aumenta.
La fórmula mágica no fue otra que acelerar el ritmo de inversión y hoy es la única que está produciendo no convencionales y con buenas perspectivas: la producción de shale oil creció el último mes un 20 por ciento.
No puede atribuirse todo al favoritismo de las políticas energéticas, menos al azar. Es gestión.
Aún así, no dispone de todos los recursos que requiere la hazaña de transformar en realidad Vaca Muerta y otros reservorios del estilo. Para desarrollar los hidrocarburos no convencionales se necesita un volumen de capitales que ni por asomo la holgada caja de la empresa puede solventar. Atraer socios para la firma o inversores independientes obliga a hacer un esfuerzo adicional.
Favoritismo o lógica incuestionable
El proyecto de ley de hidrocarburos en el que trabajan la Nación y las provincias tiene como leitmotive propiciar inversiones en el área, aun en desmedro de los intereses fiscales del poder central y, básicamente, de las provincias. Y por eso la iniciativa promete a los inversores liberar de retenciones parte de sus exportaciones, disponer de divisas y acota el afán de los estados del interior de gravarlos, entre otras prerrogativas.
Estas ventajas favorecen a YPF en su condición de actor protagónico en la actividad, ya que si existe un marco legal más amigable para la explotación, será más sencillo conseguir socios. Pero el loable propósito de seducir capitales de riesgo la trasciende. Prueba de ello es que el resto de las compañías que operan en el mercado aplauden entusiastas los cambios legales en ciernes.
Oscar Vicente, titular de Entre Lomas y del Club del Petróleo, sugiere hasta dónde las compañías del sector están dispuestas a avalar, con diferencia de matices según los casos. Al histórico dirigente del sector no le molesta ni el aumento de regalías para los segundos períodos de las licitaciones ni el controvertido acarreo, figura por la cual las empresas públicas provinciales se asocian a los inversores privados sin aportar capital. Pero el ex directivo de Petrobras resulta intransigente respecto de los plazos necesarios para decidir inversiones: no menos de cuatro años en la explotación no convencional.
Justamente, una de las más fuertes críticas al proyecto oficial para modificar la ley 17.319 desde políticos de la oposición es que propicia prórrogas automáticas de los derechos de explotación a las compañías que hoy están en el mercado, cercenando el ingreso de nuevos jugadores potencialmente más eficientes. Con una ventaja adicional: al que explota un área convencional se le concede el derecho a una explotación del otro tipo.
Esto también podría llevar agua al molino de YPF, que hoy está bien posicionada en el mapa hidrocarburífero. Pero la realidad es que ni ella ni las otras compañías podrían obtener esas prórrogas si no hubieran honrado apropiadamente sus compromisos de inversión hasta el momento y si no tuvieran un plan convincente hacia el futuro, programa en cuya valoración también intervendrán las provincias petroleras.
Del mismo modo que habilitar a la empresa que tiene una explotación convencional desarrollar la otra (no convencional: más compleja y costosa, pero muy prometedora) en el mismo territorio puede tener una lógica técnica difícil de refutar: eludir los conflictos de equipos superpuestos.
Los cambios tienen como punto medular priorizar la inversión como criterio para otorgarle una concesión a una empresa y limitar el poder de los gobernadores para fijar condiciones que puedan desalentarlas.
Jorge Sapag, con un papel protagónico en esta discusión, parece haber entendido que vale buscar una verdadera fórmula win win, donde todos ganen algo. Gas y Petróleo de Neuquén promete ahora no asumir riesgos en la exploración, pero aportar capital si hay un hallazgo y desarrollo.
En cualquier caso, las concesiones tienen el obvio fin de animar inversiones, algo que puede expresarse como un dilema. ¿Cómo se hace desde el Estado, en el marco de una economía de mercado, para convencer a las empresas a que hagan multimillonarias inversiones de riesgo si no es concediéndoles algunas prerrogativas?…
Y en este escenario cabe otra pregunta: ¿es incorrecta una estrategia pública que, alentando el negocio de muchos, privilegiara el de una firma estatal correctamente administrada, de cuyos beneficios de algún modo son partícipes todos los argentinos?…
El éxito de YPF, que a fuerza de inversiones aumenta la producción cuando en la mayoría de petroleras declina, contraria el prejuicio de que no hay gestión estatal buena. Los cambios a la ley de Hidrocarburos la benefician. Pero al resto también
La buena performance de YPF tiene un valor político superior al rédito económico que genera una empresa mixta con mayoría estatal superavitaria, producción creciente y protagonismo en la incipiente explotación de los hidrocarburos no convencionales, la gran promesa económica de la Argentina. La gestión del entrerriano Miguel Galuccio está ayudando a derribar el mito de que no es posible una gestión estatal competitiva y eficiente.
La acción de la petrolera trepó en la Bolsa de Nueva York hasta alcanzar 34 dólares por unidad días atrás, más de un 30 por ciento por encima del precio que tenía en el momento de la parcial reestatización, a mediados del 2012.
Es cierto que esa carrera ascendente del título no siempre se corresponde con un juicio favorable hacia el comportamiento de la compañía, sino que está ligada a las expectativas futuras del negocio. Pero en el caso de una petrolera integrada es difícil disociar una cosa de la otra.
Cualquiera podría mostrar cuánto se valorizó la acción de Edenor en los dos últimos años. Sin embargo, la distribuidora está al borde del colapso, con pérdidas que en el primer semestre del año llegaron a 722,80 millones de pesos, monto que podría ser mayor de no mediar cierta cosmética contable. El parcial corsé a sus tarifas es clave en esta suerte.
No es el caso de YPF, cuyas utilidades en el mismo lapso superaron los 4.400 millones de pesos, un 146 por ciento más en el primer semestre del año anterior. Es cierto que, en gran medida, esto ocurrió por la mejora en el precio de las naftas y petroquímicos, cuyo valor trepa con la anuencia oficial: aunque los precios de esos bienes son formalmente libres, sólo se corrigen con el aval del poder regulador.
Pero esa bendición del Estado favoreció en simultáneo a la competencia y no explica por sí que la compañía haya aumentado el volumen de ventas de carburantes por encima del resto, del mismo modo que la producción de gas y petróleo. Mientras la de las otras marcas declina, la de YPF aumenta.
La fórmula mágica no fue otra que acelerar el ritmo de inversión y hoy es la única que está produciendo no convencionales y con buenas perspectivas: la producción de shale oil creció el último mes un 20 por ciento.
No puede atribuirse todo al favoritismo de las políticas energéticas, menos al azar. Es gestión.
Aún así, no dispone de todos los recursos que requiere la hazaña de transformar en realidad Vaca Muerta y otros reservorios del estilo. Para desarrollar los hidrocarburos no convencionales se necesita un volumen de capitales que ni por asomo la holgada caja de la empresa puede solventar. Atraer socios para la firma o inversores independientes obliga a hacer un esfuerzo adicional.
Favoritismo o lógica incuestionable
El proyecto de ley de hidrocarburos en el que trabajan la Nación y las provincias tiene como leitmotive propiciar inversiones en el área, aun en desmedro de los intereses fiscales del poder central y, básicamente, de las provincias. Y por eso la iniciativa promete a los inversores liberar de retenciones parte de sus exportaciones, disponer de divisas y acota el afán de los estados del interior de gravarlos, entre otras prerrogativas.
Estas ventajas favorecen a YPF en su condición de actor protagónico en la actividad, ya que si existe un marco legal más amigable para la explotación, será más sencillo conseguir socios. Pero el loable propósito de seducir capitales de riesgo la trasciende. Prueba de ello es que el resto de las compañías que operan en el mercado aplauden entusiastas los cambios legales en ciernes.
Oscar Vicente, titular de Entre Lomas y del Club del Petróleo, sugiere hasta dónde las compañías del sector están dispuestas a avalar, con diferencia de matices según los casos. Al histórico dirigente del sector no le molesta ni el aumento de regalías para los segundos períodos de las licitaciones ni el controvertido acarreo, figura por la cual las empresas públicas provinciales se asocian a los inversores privados sin aportar capital. Pero el ex directivo de Petrobras resulta intransigente respecto de los plazos necesarios para decidir inversiones: no menos de cuatro años en la explotación no convencional.
Justamente, una de las más fuertes críticas al proyecto oficial para modificar la ley 17.319 desde políticos de la oposición es que propicia prórrogas automáticas de los derechos de explotación a las compañías que hoy están en el mercado, cercenando el ingreso de nuevos jugadores potencialmente más eficientes. Con una ventaja adicional: al que explota un área convencional se le concede el derecho a una explotación del otro tipo.
Esto también podría llevar agua al molino de YPF, que hoy está bien posicionada en el mapa hidrocarburífero. Pero la realidad es que ni ella ni las otras compañías podrían obtener esas prórrogas si no hubieran honrado apropiadamente sus compromisos de inversión hasta el momento y si no tuvieran un plan convincente hacia el futuro, programa en cuya valoración también intervendrán las provincias petroleras.
Del mismo modo que habilitar a la empresa que tiene una explotación convencional desarrollar la otra (no convencional: más compleja y costosa, pero muy prometedora) en el mismo territorio puede tener una lógica técnica difícil de refutar: eludir los conflictos de equipos superpuestos.
Los cambios tienen como punto medular priorizar la inversión como criterio para otorgarle una concesión a una empresa y limitar el poder de los gobernadores para fijar condiciones que puedan desalentarlas.
Jorge Sapag, con un papel protagónico en esta discusión, parece haber entendido que vale buscar una verdadera fórmula win win, donde todos ganen algo. Gas y Petróleo de Neuquén promete ahora no asumir riesgos en la exploración, pero aportar capital si hay un hallazgo y desarrollo.
En cualquier caso, las concesiones tienen el obvio fin de animar inversiones, algo que puede expresarse como un dilema. ¿Cómo se hace desde el Estado, en el marco de una economía de mercado, para convencer a las empresas a que hagan multimillonarias inversiones de riesgo si no es concediéndoles algunas prerrogativas?…
Y en este escenario cabe otra pregunta: ¿es incorrecta una estrategia pública que, alentando el negocio de muchos, privilegiara el de una firma estatal correctamente administrada, de cuyos beneficios de algún modo son partícipes todos los argentinos?…
