Alfonso Prat Gay, Federico Delgado y Mauricio Macri
«Heráclito decía que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, porque el cambio es constante y el ser mutable. Sin embargo, como venimos sosteniendo desde que se inició esta causa, los hechos en que se objetiva la deuda externa no son compartimentos estancos (…) no sólo porque los actores se repiten, sino porque los efectos siguen su curso».
Así comienza el revelador dictamen del fiscal federal Federico Delgado sobre las irregularidades en el pago a los fondos buitre que ordenó el gobierno de Mauricio Macri.
El documento de 28 carillas al que accedió en exclusiva ámbito.com detalla las faltas legales, las omisiones procedimentales y los antecedentes económicos que llevaron al fiscal a recomendar la unificación de la denuncia presentada por el abogado Eduardo Barcesat contra el millonario desembolso a los holdouts (N° 2.752/16) con la megacausa Olmos I y II (N° 9.147/98), que investiga el origen fraudulento del endeudamiento externo de la Argentina desde 1976 hasta los canjes de 2005 y 2010.
Según Delgado, el endeudamiento por u$s 16.500 millones que encaró la administración de Cambiemos para luego cancelar en efectivo u$s 12.500 millones a los bonistas en default fue el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional, que le da la razón a Parménides, el filósofo griego que refutó a Heráclito y planteó que «Todo Es Uno».
Para el fiscal, la defraudación contra la administración pública con los ciclos de endeudamientos comenzó con la dictadura cívico militar y continuó en democracia hasta el 31 de marzo de 2016, cuando el Congreso sancionó la ley 27.249, conocida como de «Normalización de la Deuda Pública y de Recuperación del Crédito».
El dictamen se divide en tres tramos: el análisis legal del pago a los buitres; su dimensión económica y las consecuencias del Megacanje II.
En la primera parte describió cronológicamente la reestructuración de la deuda, desmenuzó las sentencias del juez Thomas Griesa y llegó hasta la aprobación de la 27.249, que junto a la ley 24.156 de Administración Financiera, crearon el marco legal para abonar cash a los litigantes.
Tras remarcar la opinión no vinculante a favor del pago emitida por la Procuración del Tesoro, Delgado incorporó un informe de los peritos del Banco Central Omar Miliano y Alicia Galófaro que deja al descubierto algunas falencias jurídicas.
• Los peritos no pudieron asegurar si con el pago a los fondos buitre se había mejorado o no el perfil del endeudamiento público (tal como lo dispone el artículo 65 de la ley de administración financiera).
• No se cumplió con el artículo 61 de la misma ley, ya que el informe que hizo el Director de Cuentas Internacionales de INDEC (Pedro Ignacio Lines) no estimó el cálculo de la balanza de pagos general.
En rigor, el artículo 61 establece que sea el Banco Central quien emita opinión sobre impacto en la balanza, pero en la entidad de Federico Sturzenegger se lavaron la manos. La subgerente de Normas de Exterior y Cambios del BCRA, Eva Cattáneo Tibis, dijo que antes de contraer deuda pública externa la opinión del Central solo «cubre aspectos formales» y que los números finales quedan en manos de la dirección de la oficina que ocupa Lines, en el INDEC.
Lines fue citado a declaración testimonial y también se justificó. Luego, presentó un informe donde expuso una «estimación provisoria del stock de deuda a junio de 2016 ya que, no han concluido las tareas de revisión de la deuda que no había ingresado en los canjes de 2005 y 2010» y estimó que la deuda pública externa alcanzó u$s 188.266 millones, aunque remarca que esa «cifra es provisoria ya que aún se encuentra en proceso el registro de las bajas derivadas de la reestructuración y renegociación de la misma».
Con esa información, los peritos Miliano y Galófaro determinaron que no se cumplió con los artículos 61 y 65 de la ley 24.156 y que «no existe parámetro válido de comparación del pago al contado de u$s 12.500 millones» porque «continúan en etapa de adhesiones», ni se conoce un «detalle completo» de las emisiones de bonos originales, ni el «cálculo de ajuste» previsto a pagar a cada holdout. Es más, alertaron que «en algunos casos ni siquiera existieron resoluciones judiciales que pusieran fin al pleito».
• Objeciones
Delgado identificó otras dos fallas legales en el pago. La primera tiene que ver con la firma del Acuerdo 1 entre el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y Nicola Stock, de la Task Force Argentina (TFA), que sepultó un avanzado litigio con bonistas italianos en el CIADI a cambio de un pago que los peritos del Central también pusieron bajo sospecha. «La identidad y titularidad de los demandantes es desconocida, lo cual impide conocer si son quienes en realidad impulsan el arbitraje» en el CIADI.
La otra irregularidad jurídica involucra a un fallo de la Corte Suprema de la Nación. Ante del pago a los buitres, el máximo tribunal sentó jurisprudencia con un rotundo rechazo a una sentencia de Griesa en Nueva York, que ordenó pagar bonos en default de 1997 a la empresa Claren Corporation. Según Delgado, este sería un precedente que Macri y Prat Gay omitieron a la hora de definir los acuerdos. «Convalidar una acción individual promovida en un tribunal extranjero elude el proceso de reestructuración de la deuda dispuesto por el Estado argentino mediante las normas de emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido por la Constitución», sentenció la Corte al rechazar un exequátur. El exequátur es un procedimiento jurídico internacional por el cual un Estado solicita a otro Estado la ejecución de un fallo.
• Dimensión económica
En la dimensión económica el fiscal confronta un documento del Ministerio de Hacienda sobre los «beneficios» que se obtuvieron para el país tras los 257 acuerdos sellados con los buitres con las evaluaciones de los dos peritos contadores.
Para Prat Gay se produjo un «beneficio financiero extraordinario» por el pago en efectivo; además de financiar a la cancelación del default, se cubrieron otras «necesidades financieras» para el resto del año; se «redujeron las tasas de interés»; se «recompusieron» las reservas; se «interrumpió el devengamiento de intereses punitorios», y se logró «transparencia del proceso», con la firma de entendimientos públicos y no confidenciales.
Sin embargo, para Miliano y Galófaro el «acuerdo no fue tan beneficioso» como estima el ministro:
• No se elaboraron informes por parte de áreas técnicas de organismos estatales que sustenten los montos demandos.
• Hubo acuerdo firmados a mano alzada.
• No se individualizaron los títulos incorporados (no se puede determinar «rango» del importe a pagar).
• En la mayoría se acuerda pagar más de lo acordado en las sentencias.
Una mención aparte de los especialistas mereció el Acuerdo 15, que se firmó con el fondo NML Capital, de Paul Singer. «Preocupa a estos peritos la falta de detalle de los bonos incorporados», escribieron Miliano y Galófaro. «La Oficina Nacional de Crédito Público no acompaña ningún otro elemento de juicio que permita tener conocimiento de la composición y control de los reclamos de estos acreedores. Los diputados y senadores no contaban con la suficiente información que les otorga sustentabilidad de los pagos a efectuar», agregaron.
La ley 27.249 que autorizó el pago se aprobó con 165 votos afirmativos y 86 negativos en Diputados y con 54 afirmativos y 16 negativos en el Senado. NML Capital y los buitres Aurelius Capital Master Ltd. y Parteners LLC, Blue Angel Capital LLC y Olifant Fund Ltd, entre otros, recibieron u$s 4.672 millones.
Al analizar esos desembolsos, los peritos también aseguraron que «no hay documental que avale qué títulos se abonaron»; en el Congreso se planteó un «monto previamente determinado en cada convenio cuyo origen y determinación técnica no ha sido aportada»; la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales admitió que «no prestó asesoramiento jurídico», y la Oficina Nacional de Crédito Público aportó «únicamente un detalle global» de los montos de los reclamos.
Asimismo, sostuvieron que «no se cuenta en todos los casos con el detalle de los bonos que conforman la negociación y en ningún caso cuál ha sido el instrumento que dio origen a la presentación ante cada juzgado»; que «no hay precisión a cuanto alcanzó la quita en los intereses», y que se desconoce a «cuánto ascienden los honorarios de los abogados».
• Megacanje II
Pero tras el intercambio de Letras del Tesoro Nacional Intransferibles por una nueva emisión de BONAR, los expertos se preguntan: «¿Cómo se explica el canje de letras de enero de 2016 vía nuevo endeudamiento a un costo mayor? Hay que observar el destino de los bonos emitidos en el canje, que fueron cedidos a bancos extranjeros como garantías para la obtención de fondos externos (con el fin de otorgar la liquidez necesaria y dar estabilidad para poder afrontar las modificaciones realizadas en materia cambiaria y fiscal, entre ellas el levantamiento de las medidas de restricción de compra de divisas -cepo cambiario-)».
Las supuestas fallas legales y las irregularidades detectadas por los peritos en el proceso de endeudamiento impulsaron a Delgado a solicitar que la denuncia de Barcesat se acumule en la causa iniciada por Alejandro Olmos Gaona, que sigue arrumbada en el juzgado federal N° 2, y a pedir la declaración indagatoria de Pedro Lines y Eva Cattáneo Tibis por incumplimiento de deberes de funcionario público y defraudación por administración fraudulenta.
«En la causa 9.147/98 se investiga la deuda externa del sector privado contraída en la última dictadura militar y refinanciada en el período democrático, incorporando la ‘segunda oleada de endeudamiento’ acaecida durante el gobierno de Carlos Menem», explicó el fiscal.
Y continuó: «Esa causa también engloba el diseño, instrumentación y ejecución del denominado Plan Brady, y las renegociaciones posteriores, llegando incluso hasta los procesos de canje de deuda de 2005 y 2010. Entonces, dado que aquí estamos investigando el proceso de negociación con los ‘fondos buitre’ -que son los acreedores que no ingresaron a esos canjes de deuda de 2005 y 2010- es clara la íntima vinculación entre ambas causas».
«Heráclito decía que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, porque el cambio es constante y el ser mutable. Sin embargo, como venimos sosteniendo desde que se inició esta causa, los hechos en que se objetiva la deuda externa no son compartimentos estancos (…) no sólo porque los actores se repiten, sino porque los efectos siguen su curso».
Así comienza el revelador dictamen del fiscal federal Federico Delgado sobre las irregularidades en el pago a los fondos buitre que ordenó el gobierno de Mauricio Macri.
El documento de 28 carillas al que accedió en exclusiva ámbito.com detalla las faltas legales, las omisiones procedimentales y los antecedentes económicos que llevaron al fiscal a recomendar la unificación de la denuncia presentada por el abogado Eduardo Barcesat contra el millonario desembolso a los holdouts (N° 2.752/16) con la megacausa Olmos I y II (N° 9.147/98), que investiga el origen fraudulento del endeudamiento externo de la Argentina desde 1976 hasta los canjes de 2005 y 2010.
Según Delgado, el endeudamiento por u$s 16.500 millones que encaró la administración de Cambiemos para luego cancelar en efectivo u$s 12.500 millones a los bonistas en default fue el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional, que le da la razón a Parménides, el filósofo griego que refutó a Heráclito y planteó que «Todo Es Uno».
Para el fiscal, la defraudación contra la administración pública con los ciclos de endeudamientos comenzó con la dictadura cívico militar y continuó en democracia hasta el 31 de marzo de 2016, cuando el Congreso sancionó la ley 27.249, conocida como de «Normalización de la Deuda Pública y de Recuperación del Crédito».
El dictamen se divide en tres tramos: el análisis legal del pago a los buitres; su dimensión económica y las consecuencias del Megacanje II.
En la primera parte describió cronológicamente la reestructuración de la deuda, desmenuzó las sentencias del juez Thomas Griesa y llegó hasta la aprobación de la 27.249, que junto a la ley 24.156 de Administración Financiera, crearon el marco legal para abonar cash a los litigantes.
Tras remarcar la opinión no vinculante a favor del pago emitida por la Procuración del Tesoro, Delgado incorporó un informe de los peritos del Banco Central Omar Miliano y Alicia Galófaro que deja al descubierto algunas falencias jurídicas.
• Los peritos no pudieron asegurar si con el pago a los fondos buitre se había mejorado o no el perfil del endeudamiento público (tal como lo dispone el artículo 65 de la ley de administración financiera).
• No se cumplió con el artículo 61 de la misma ley, ya que el informe que hizo el Director de Cuentas Internacionales de INDEC (Pedro Ignacio Lines) no estimó el cálculo de la balanza de pagos general.
En rigor, el artículo 61 establece que sea el Banco Central quien emita opinión sobre impacto en la balanza, pero en la entidad de Federico Sturzenegger se lavaron la manos. La subgerente de Normas de Exterior y Cambios del BCRA, Eva Cattáneo Tibis, dijo que antes de contraer deuda pública externa la opinión del Central solo «cubre aspectos formales» y que los números finales quedan en manos de la dirección de la oficina que ocupa Lines, en el INDEC.
Lines fue citado a declaración testimonial y también se justificó. Luego, presentó un informe donde expuso una «estimación provisoria del stock de deuda a junio de 2016 ya que, no han concluido las tareas de revisión de la deuda que no había ingresado en los canjes de 2005 y 2010» y estimó que la deuda pública externa alcanzó u$s 188.266 millones, aunque remarca que esa «cifra es provisoria ya que aún se encuentra en proceso el registro de las bajas derivadas de la reestructuración y renegociación de la misma».
Con esa información, los peritos Miliano y Galófaro determinaron que no se cumplió con los artículos 61 y 65 de la ley 24.156 y que «no existe parámetro válido de comparación del pago al contado de u$s 12.500 millones» porque «continúan en etapa de adhesiones», ni se conoce un «detalle completo» de las emisiones de bonos originales, ni el «cálculo de ajuste» previsto a pagar a cada holdout. Es más, alertaron que «en algunos casos ni siquiera existieron resoluciones judiciales que pusieran fin al pleito».
• Objeciones
Delgado identificó otras dos fallas legales en el pago. La primera tiene que ver con la firma del Acuerdo 1 entre el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y Nicola Stock, de la Task Force Argentina (TFA), que sepultó un avanzado litigio con bonistas italianos en el CIADI a cambio de un pago que los peritos del Central también pusieron bajo sospecha. «La identidad y titularidad de los demandantes es desconocida, lo cual impide conocer si son quienes en realidad impulsan el arbitraje» en el CIADI.
La otra irregularidad jurídica involucra a un fallo de la Corte Suprema de la Nación. Ante del pago a los buitres, el máximo tribunal sentó jurisprudencia con un rotundo rechazo a una sentencia de Griesa en Nueva York, que ordenó pagar bonos en default de 1997 a la empresa Claren Corporation. Según Delgado, este sería un precedente que Macri y Prat Gay omitieron a la hora de definir los acuerdos. «Convalidar una acción individual promovida en un tribunal extranjero elude el proceso de reestructuración de la deuda dispuesto por el Estado argentino mediante las normas de emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido por la Constitución», sentenció la Corte al rechazar un exequátur. El exequátur es un procedimiento jurídico internacional por el cual un Estado solicita a otro Estado la ejecución de un fallo.
• Dimensión económica
En la dimensión económica el fiscal confronta un documento del Ministerio de Hacienda sobre los «beneficios» que se obtuvieron para el país tras los 257 acuerdos sellados con los buitres con las evaluaciones de los dos peritos contadores.
Para Prat Gay se produjo un «beneficio financiero extraordinario» por el pago en efectivo; además de financiar a la cancelación del default, se cubrieron otras «necesidades financieras» para el resto del año; se «redujeron las tasas de interés»; se «recompusieron» las reservas; se «interrumpió el devengamiento de intereses punitorios», y se logró «transparencia del proceso», con la firma de entendimientos públicos y no confidenciales.
Sin embargo, para Miliano y Galófaro el «acuerdo no fue tan beneficioso» como estima el ministro:
• No se elaboraron informes por parte de áreas técnicas de organismos estatales que sustenten los montos demandos.
• Hubo acuerdo firmados a mano alzada.
• No se individualizaron los títulos incorporados (no se puede determinar «rango» del importe a pagar).
• En la mayoría se acuerda pagar más de lo acordado en las sentencias.
Una mención aparte de los especialistas mereció el Acuerdo 15, que se firmó con el fondo NML Capital, de Paul Singer. «Preocupa a estos peritos la falta de detalle de los bonos incorporados», escribieron Miliano y Galófaro. «La Oficina Nacional de Crédito Público no acompaña ningún otro elemento de juicio que permita tener conocimiento de la composición y control de los reclamos de estos acreedores. Los diputados y senadores no contaban con la suficiente información que les otorga sustentabilidad de los pagos a efectuar», agregaron.
La ley 27.249 que autorizó el pago se aprobó con 165 votos afirmativos y 86 negativos en Diputados y con 54 afirmativos y 16 negativos en el Senado. NML Capital y los buitres Aurelius Capital Master Ltd. y Parteners LLC, Blue Angel Capital LLC y Olifant Fund Ltd, entre otros, recibieron u$s 4.672 millones.
Al analizar esos desembolsos, los peritos también aseguraron que «no hay documental que avale qué títulos se abonaron»; en el Congreso se planteó un «monto previamente determinado en cada convenio cuyo origen y determinación técnica no ha sido aportada»; la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales admitió que «no prestó asesoramiento jurídico», y la Oficina Nacional de Crédito Público aportó «únicamente un detalle global» de los montos de los reclamos.
Asimismo, sostuvieron que «no se cuenta en todos los casos con el detalle de los bonos que conforman la negociación y en ningún caso cuál ha sido el instrumento que dio origen a la presentación ante cada juzgado»; que «no hay precisión a cuanto alcanzó la quita en los intereses», y que se desconoce a «cuánto ascienden los honorarios de los abogados».
• Megacanje II
Pero tras el intercambio de Letras del Tesoro Nacional Intransferibles por una nueva emisión de BONAR, los expertos se preguntan: «¿Cómo se explica el canje de letras de enero de 2016 vía nuevo endeudamiento a un costo mayor? Hay que observar el destino de los bonos emitidos en el canje, que fueron cedidos a bancos extranjeros como garantías para la obtención de fondos externos (con el fin de otorgar la liquidez necesaria y dar estabilidad para poder afrontar las modificaciones realizadas en materia cambiaria y fiscal, entre ellas el levantamiento de las medidas de restricción de compra de divisas -cepo cambiario-)».
Las supuestas fallas legales y las irregularidades detectadas por los peritos en el proceso de endeudamiento impulsaron a Delgado a solicitar que la denuncia de Barcesat se acumule en la causa iniciada por Alejandro Olmos Gaona, que sigue arrumbada en el juzgado federal N° 2, y a pedir la declaración indagatoria de Pedro Lines y Eva Cattáneo Tibis por incumplimiento de deberes de funcionario público y defraudación por administración fraudulenta.
«En la causa 9.147/98 se investiga la deuda externa del sector privado contraída en la última dictadura militar y refinanciada en el período democrático, incorporando la ‘segunda oleada de endeudamiento’ acaecida durante el gobierno de Carlos Menem», explicó el fiscal.
Y continuó: «Esa causa también engloba el diseño, instrumentación y ejecución del denominado Plan Brady, y las renegociaciones posteriores, llegando incluso hasta los procesos de canje de deuda de 2005 y 2010. Entonces, dado que aquí estamos investigando el proceso de negociación con los ‘fondos buitre’ -que son los acreedores que no ingresaron a esos canjes de deuda de 2005 y 2010- es clara la íntima vinculación entre ambas causas».
