Al realizarse la reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Cochabamba, Bolivia, el país anfitrión, así como Ecuador y Venezuela renovaron sus durísimos y peligrosos ataques contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus relatorías especiales.
Quedó claro que los mandatarios de esos países están particularmente ensañados contra la relatora para la Libertad de Expresión y de Información, la abogada colombiana Catalina Botero, quien no vaciló un instante en enfrentar, como correspondía, los lamentables ataques contra la libertad de prensa, que es un elemento esencial de la democracia representativa, y que han sido lanzados constantemente por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, particularmente centrados contra el diario local El Universo.
La embestida bolivariana contra los organismos que, en el plano regional, son nada menos que los responsables de la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales no debería, sin embargo, sorprender a nadie.
Ocurre que sus principales actores: Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, son, todos ellos, gobernados por regímenes que han desfigurado, hasta hacerlas irreconocibles, a sus propias estructuras democráticas porque han concentrado abusivamente las facultades de gobierno en sus poderes ejecutivos. Además, han transformado a sus legislaturas en serviles sellos de goma y han cercenado abiertamente la independencia e imparcialidad de sus magistrados judiciales.
En todos ellos, sin excepción, las estructuras republicanas han sido demolidas paso a paso. En cambio, esas naciones aceptan la personalización y concentración del poder público en manos de líderes demagógicos y populistas, que practican el continuismo y, procurando eternizarse en el poder -cual predestinados- no aceptan la alternancia democrática.
En ese escenario de creciente corte autoritario, la libertad de prensa molesta sobremanera. Porque no sólo desnuda domésticamente todo lo grave que está sucediendo, sino que alerta al mundo sobre esa circunstancia.
Por todo esto es necesario defender prioritariamente a la CIDH y a sus relatorías. Fortalecerla y no debilitarla. Lo que supone garantizar su total autonomía y la independencia e imparcialidad de sus miembros, de manera que ellos no respondan a los intereses particulares de ninguno de los Estados miembros, circunstancia que obviamente podría frustrar su objeto y desnaturalizar su esencial acción defensiva.
También es absolutamente necesario dotarla de mayores y más estables recursos financieros, los que deberían fluir a ella de manera automática para asegurar así que pueda cumplir sin obstáculos con su esencial cometido.
La Argentina, que alguna vez fuera ciertamente objeto de la atención protectora de la CIDH, debería liderar vigorosamente la necesaria acción que requiere su defensa y los esfuerzos por evitar que sea transformada en un organismo débil e intrascendente, sin caer en largos silencios cómplices y renovando su permanente compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos y de las libertades esenciales.
A Brasil le cabe, creemos, dejar de lado los resentimientos generados presumiblemente por la acción de la CIDH en la región amazónica, cuando acudiera diligentemente en defensa de los derechos de alguno de los pueblos originarios de esa región cuando fueron amenazados por la construcción inconsulta de una enorme represa hidroeléctrica.
A todo esto hay que agregar una conducta que evite que, desde la Unasur, se edifiquen engañosamente instituciones o mecanismos que, con los disfraces o biombos del caso, apunten a limitar, cercenar, debilitar o desdibujar la acción regional en defensa de los derechos humanos y de las libertades esenciales de todos los americanos por igual, acción y cometido que tiene su vértice natural en la OEA y en la enorme y fundamental experiencia y precedentes que en esa jurisdicción se han acumulado..
Quedó claro que los mandatarios de esos países están particularmente ensañados contra la relatora para la Libertad de Expresión y de Información, la abogada colombiana Catalina Botero, quien no vaciló un instante en enfrentar, como correspondía, los lamentables ataques contra la libertad de prensa, que es un elemento esencial de la democracia representativa, y que han sido lanzados constantemente por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, particularmente centrados contra el diario local El Universo.
La embestida bolivariana contra los organismos que, en el plano regional, son nada menos que los responsables de la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales no debería, sin embargo, sorprender a nadie.
Ocurre que sus principales actores: Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, son, todos ellos, gobernados por regímenes que han desfigurado, hasta hacerlas irreconocibles, a sus propias estructuras democráticas porque han concentrado abusivamente las facultades de gobierno en sus poderes ejecutivos. Además, han transformado a sus legislaturas en serviles sellos de goma y han cercenado abiertamente la independencia e imparcialidad de sus magistrados judiciales.
En todos ellos, sin excepción, las estructuras republicanas han sido demolidas paso a paso. En cambio, esas naciones aceptan la personalización y concentración del poder público en manos de líderes demagógicos y populistas, que practican el continuismo y, procurando eternizarse en el poder -cual predestinados- no aceptan la alternancia democrática.
En ese escenario de creciente corte autoritario, la libertad de prensa molesta sobremanera. Porque no sólo desnuda domésticamente todo lo grave que está sucediendo, sino que alerta al mundo sobre esa circunstancia.
Por todo esto es necesario defender prioritariamente a la CIDH y a sus relatorías. Fortalecerla y no debilitarla. Lo que supone garantizar su total autonomía y la independencia e imparcialidad de sus miembros, de manera que ellos no respondan a los intereses particulares de ninguno de los Estados miembros, circunstancia que obviamente podría frustrar su objeto y desnaturalizar su esencial acción defensiva.
También es absolutamente necesario dotarla de mayores y más estables recursos financieros, los que deberían fluir a ella de manera automática para asegurar así que pueda cumplir sin obstáculos con su esencial cometido.
La Argentina, que alguna vez fuera ciertamente objeto de la atención protectora de la CIDH, debería liderar vigorosamente la necesaria acción que requiere su defensa y los esfuerzos por evitar que sea transformada en un organismo débil e intrascendente, sin caer en largos silencios cómplices y renovando su permanente compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos y de las libertades esenciales.
A Brasil le cabe, creemos, dejar de lado los resentimientos generados presumiblemente por la acción de la CIDH en la región amazónica, cuando acudiera diligentemente en defensa de los derechos de alguno de los pueblos originarios de esa región cuando fueron amenazados por la construcción inconsulta de una enorme represa hidroeléctrica.
A todo esto hay que agregar una conducta que evite que, desde la Unasur, se edifiquen engañosamente instituciones o mecanismos que, con los disfraces o biombos del caso, apunten a limitar, cercenar, debilitar o desdibujar la acción regional en defensa de los derechos humanos y de las libertades esenciales de todos los americanos por igual, acción y cometido que tiene su vértice natural en la OEA y en la enorme y fundamental experiencia y precedentes que en esa jurisdicción se han acumulado..
