¡Enlazar no es delito!¡No al canon AEDE!
El año que viene, muchos de los artículos que en la actualidad pueden leerse en esta página y en otras webs no se podrán publicar debido a que la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, y la implantación del llamado canon AEDE lo podría dificultar, si no imposibilitar. Esta medida supone una mordaza para toda la comunicación por Internet, y en especial para las organizaciones sin ánimo de lucro que, como ATTAC, trabajan por la difusión de la información crítica de calidad entre la ciudadanía y la educación popular.
ENLAZAR NO ES DELITO. CITAR ES UN DERECHO. EL LIBRE ACCESO A LA CULTURA Y A LA INFORMACIÓN, LA BASE DE UNA DEMOCRACIA.
El proyecto del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) de EEUU y la UE, que proyecta crear la mayor área comercial del mundo, empieza a hacer aguas. Si bien hace un mes el tratado apenas había recibido críticas políticas de peso, la polémica cláusula (ISDS, en sus siglas en inglés) que remite las disputas entre empresas y los Estados a un tribunal de arbitraje internacional –pieza clave que reivindican las multinacionales– le ha hecho perder apoyos en las últimas semanas. Primero fue el de los socialdemócratas del SPD, socios de gobierno alemán de Angela Merkel. El último ha sido Francia, que este lunes anunció por boca del secretario de Estado de Comercio, Matthias Fekl, que renunciará a firmar el tratado en 2015 señalando directamente al ISDS. Francia y Alemania alegan que los Estados pierden soberanía si se comprometen a aceptar automáticamente que las demandas de las empresas se lleven a un tribunal de arbitraje, socavando así las leyes nacionales.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. COMISIÓN EUROPEA
Estas decisiones han generado tensiones en EEUU, que teme no cerrar el acuerdo antes de que comience la carrera electoral de 2016.
El tribunal de arbitraje es un mecanismo de garantías que permite a las multinacionales recurrir decisiones soberanas de los Estados si considera que pueden afectar a su actividad económica. Por ejemplo: al abrigo de otros acuerdos similares, como el Tratado sobre Inversiones Bilaterales de Australia con Hong Kong, la multinacional Philip Morris llegó a demandar al gobierno australianopor impulsar leyes de regulación del tabaco que, según la compañía, podrían afectar a sus negocios. Demandas similares ya han sufrido gobiernos como el de Ecuador, por parte de multinacionales petroleras, recuerda Florent Marcellesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo.
Las fuerzas progresistas del Parlamento Europeo consideran que la actividad de este tribunal restaría soberanía a los Estados. Además de la “sumisión” a las grandes multinacionales que promueve el TTIP, critican la falta de transparencia con la que se está negociando el acuerdo.
“Ni siquiera los miembros del Parlamento Europeo podemos acceder a los borradores de las negociaciones. Este tratado de libre comercio es un acuerdo nocivo en su totalidad salvo que seas una gran multinacional”, ha denunciado este lunes la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez.
Marcellesi critica que el 90% de los encuentros preparativos que han mantenido los negociadores con la sociedad civil europea haya sido con lobbies de multinacionales, no con ONG u organizaciones de defensa de los derechos de los ciudadanos.
Además de la pérdida de apoyo político y social, el reciente informe TTIP: Desintegración de la Unión Europea, Desempleo e Inestabilidad del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente de la Tufts University (Massachusetts, EEUU) ha puesto en cuestión los cálculos que la UE utiliza como referencia.
Los más optimistas vaticinan una inyección de hasta 119.000 millones de euros, la creación de cientos de miles puestos de trabajo, yun aumento del 0,5% del PIB. Sin embargo, los cálculos de la universidad estadounidense dibujan un panorama totalmente opuesto: la implantación del TTIP podría suponer la pérdida de hasta 600.000 empleos en Europa, además de una renuncia a la soberanía de los Estados en muchas áreas, inestabilidad económica y una caída del PIB.
ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.
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