Unos 165.000 millones de barriles de petróleo y 1,2 billones de pies cúbicos de gas. Una decena de los yacimientos más importantes del país. Una veintena de permisos de exploración. Y, fundamentalmente, la llave de ingreso a Vaca Muerta.
Todo eso es lo que está en juego en la acalorada disputa que mantiene Neuquén con YPF y que ahora tiene como escenario de batalla a la petrolera provincial GyP. El protagonismo de la compañía local molesta en las oficinas de Puerto Madero, donde la ven como una «gerenciadora privada de áreas». Y el punto de mayor discordia está en las futuras concesiones.
Los diez bloques más importantes que la empresa que conduce Miguel Galuccio tiene en Neuquén vencen en el 2027 y no hay posibilidad de extender contratos. Se cuentan allí Loma La Lata, Chihuido de la Sierra Negra y El Portón, entre otros. El proceso natural, a la luz de la normativa actual, sería que se renegocien unos diez años antes. Pero la Provincia parece tener otros planes.
El proyecto de nueva ley de Hidrocarburos, que por estas horas está bajo análisis del gobernador Sapag, contempla en uno de sus puntos que todas las áreas cuyos contratos se terminen volverán a la provincia y ésta las cederá a GyP. Es decir que quien quiera continuar en el juego deberá asociarse a la empoderada firma provincial.
Los del 2027 serían los primeros vencimientos de la historia bajo este andamiaje legal. Es decir que no hay antecedentes para contrastar cuál es el mejor esquema. Lo cierto es que la Provincia, amparada por la Ley Corta, busca sacar una tajada mayor de la renta a partir de su petrolera quedándose con esos bloques.
Desde YPF, en tanto, lo ven como un problema. Es que todas las carpetas que Galuccio entrega a los potenciales inversores en el mundo deben contener la salvedad de que en 13 años todo puede cambiar. Y Vaca Muerta parece haber alterado los tiempos de la industria: ya no se puede concebir un proyecto shale sin un horizonte de 25 ó 30 años. Cada limitación temporal es una herida de muerte contra el negocio. Y por eso la falta de certidumbre sobre qué pasará con esas áreas mantiene en vilo a la petrolera más grande del país.
Para el gobierno provincial, en cambio, el modelo GyP será aún más market friendly. Aseguran que una compañía que opera bajo el derecho privado es mucho más abierta que un Estado. Se acabarían las engorrosas licitaciones públicas –que en la práctica nunca se realizaron– para pasar a modelos de contratos directos o a lo suma compulsas cerradas. «Todas las compañías están aceptando esto, menos YPF», sentenció una fuente que trabaja en el proyecto de ley.
Detrás de todo están los números. Las áreas que YPF ve en riesgo tienen reservas probadas por 165 millones de barriles de petróleo y 1,2 billones de pies cúbicos de gas. Eso, sin contar Vaca Muerta, que apenas está incluida en los libros de reservas. También existe una veintena de permisos de exploración que, de no haber proyectos, caerán en la próxima década y también pasarán a manos de GyP.
Para YPF, el modelo de empresa provincial es una molestia. Ya lo declararon públicamente a sus accionistas, tal como lo reveló este medio, y siguen haciéndolo por lo bajo. Lo asocian con el fracaso que tuvo Enarsa a la hora de licitar el off shore: «Hay una confusión total entre quién es la autoridad de aplicación y la dueña de los derechos», explicó una fuente de la compañía.
El esquema que propone GyP –el que utilizó en todas sus sociedades y volverá a repetir ahora con esta nueva compulsa– es el de carry. La firma «se sube» al contrato con un 10 ó 15% sin poner un solo peso. Con las ganancias repaga su cupo de inversión hasta quedar en cero y luego comienza a facturar.
Desde YPF critican que GyP no se proponga como una empresa más del sector, sino que se convierta en una administradora de áreas que antes repartía el Estado. Razonan que este tipo de esquema no existe en ningún lugar del mundo.
Pero la Provincia avanzará de cualquier manera con la bandera de GyP. Los argumentos –que Coco expone en un artículo en este suplemento (ver página 5)– buscan apelar al federalismo y a la neuquinidad.
La llave a Vaca Muerta
Entrando en el juego de las ucronías, este debate pudo haber sido intrascendente hace 5 ó 6 años. Hoy, Vaca Muerta cambió el escenario. Con recursos recuperables por un billón de dólares, promete ser el negocio del siglo y es una pieza geopolítica y económica estratégica para el desarrollo argentino. Quien tenga la llave de ingreso a la formación será un actor privilegiado en el juego del poder. Mientras el partido se jugaba entre el Estado provincial y las operadoras privadas, todo parecía en cierto equilibrio, con un mecanismo al menos aceitado. La irrupción de la nueva YPF y ahora de GyP altera el tablero y le da un final incierto a este debate, del cual depende buena parte del futuro del país.
Todo eso es lo que está en juego en la acalorada disputa que mantiene Neuquén con YPF y que ahora tiene como escenario de batalla a la petrolera provincial GyP. El protagonismo de la compañía local molesta en las oficinas de Puerto Madero, donde la ven como una «gerenciadora privada de áreas». Y el punto de mayor discordia está en las futuras concesiones.
Los diez bloques más importantes que la empresa que conduce Miguel Galuccio tiene en Neuquén vencen en el 2027 y no hay posibilidad de extender contratos. Se cuentan allí Loma La Lata, Chihuido de la Sierra Negra y El Portón, entre otros. El proceso natural, a la luz de la normativa actual, sería que se renegocien unos diez años antes. Pero la Provincia parece tener otros planes.
El proyecto de nueva ley de Hidrocarburos, que por estas horas está bajo análisis del gobernador Sapag, contempla en uno de sus puntos que todas las áreas cuyos contratos se terminen volverán a la provincia y ésta las cederá a GyP. Es decir que quien quiera continuar en el juego deberá asociarse a la empoderada firma provincial.
Los del 2027 serían los primeros vencimientos de la historia bajo este andamiaje legal. Es decir que no hay antecedentes para contrastar cuál es el mejor esquema. Lo cierto es que la Provincia, amparada por la Ley Corta, busca sacar una tajada mayor de la renta a partir de su petrolera quedándose con esos bloques.
Desde YPF, en tanto, lo ven como un problema. Es que todas las carpetas que Galuccio entrega a los potenciales inversores en el mundo deben contener la salvedad de que en 13 años todo puede cambiar. Y Vaca Muerta parece haber alterado los tiempos de la industria: ya no se puede concebir un proyecto shale sin un horizonte de 25 ó 30 años. Cada limitación temporal es una herida de muerte contra el negocio. Y por eso la falta de certidumbre sobre qué pasará con esas áreas mantiene en vilo a la petrolera más grande del país.
Para el gobierno provincial, en cambio, el modelo GyP será aún más market friendly. Aseguran que una compañía que opera bajo el derecho privado es mucho más abierta que un Estado. Se acabarían las engorrosas licitaciones públicas –que en la práctica nunca se realizaron– para pasar a modelos de contratos directos o a lo suma compulsas cerradas. «Todas las compañías están aceptando esto, menos YPF», sentenció una fuente que trabaja en el proyecto de ley.
Detrás de todo están los números. Las áreas que YPF ve en riesgo tienen reservas probadas por 165 millones de barriles de petróleo y 1,2 billones de pies cúbicos de gas. Eso, sin contar Vaca Muerta, que apenas está incluida en los libros de reservas. También existe una veintena de permisos de exploración que, de no haber proyectos, caerán en la próxima década y también pasarán a manos de GyP.
Para YPF, el modelo de empresa provincial es una molestia. Ya lo declararon públicamente a sus accionistas, tal como lo reveló este medio, y siguen haciéndolo por lo bajo. Lo asocian con el fracaso que tuvo Enarsa a la hora de licitar el off shore: «Hay una confusión total entre quién es la autoridad de aplicación y la dueña de los derechos», explicó una fuente de la compañía.
El esquema que propone GyP –el que utilizó en todas sus sociedades y volverá a repetir ahora con esta nueva compulsa– es el de carry. La firma «se sube» al contrato con un 10 ó 15% sin poner un solo peso. Con las ganancias repaga su cupo de inversión hasta quedar en cero y luego comienza a facturar.
Desde YPF critican que GyP no se proponga como una empresa más del sector, sino que se convierta en una administradora de áreas que antes repartía el Estado. Razonan que este tipo de esquema no existe en ningún lugar del mundo.
Pero la Provincia avanzará de cualquier manera con la bandera de GyP. Los argumentos –que Coco expone en un artículo en este suplemento (ver página 5)– buscan apelar al federalismo y a la neuquinidad.
La llave a Vaca Muerta
Entrando en el juego de las ucronías, este debate pudo haber sido intrascendente hace 5 ó 6 años. Hoy, Vaca Muerta cambió el escenario. Con recursos recuperables por un billón de dólares, promete ser el negocio del siglo y es una pieza geopolítica y económica estratégica para el desarrollo argentino. Quien tenga la llave de ingreso a la formación será un actor privilegiado en el juego del poder. Mientras el partido se jugaba entre el Estado provincial y las operadoras privadas, todo parecía en cierto equilibrio, con un mecanismo al menos aceitado. La irrupción de la nueva YPF y ahora de GyP altera el tablero y le da un final incierto a este debate, del cual depende buena parte del futuro del país.
