WASHINGTON.- El secretario del Tesoro norteamericano, Jack Lew , hizo ayer revelaciones sugestivas sobre el caso de fondo entre la Argentina y los fondos buitre . No sólo mostró sintonía con el pedido del Gobierno para que la Corte Suprema finalmente acepte intervenir en el expediente que, de no revisarse, podría ocasionar un nuevo default al país. El funcionario clave de Barack Obama en la materia aceptó «haber considerado el tema» personalmente con sus contrapartes de otros países. Entre ellos incluyó a México, que sobre la hora presentó un sorpresivo documento de respaldo a nuestro país ante la Corte.
Lew hizo esas revelaciones en un breve intercambio en el Congreso con diputados republicanos que lo cuestionaron al respecto. Sí dejó en claro que la posición de la administración Obama en la materia no significaba «avalar de ningún modo» el comportamiento de la Argentina. «Es algo acotado a esta materia específica», dijo, en relación con el litigio judicial.
La posición expresada por Lew cobra relevancia adicional al ser la primera de ese tipo que se conoce desde que, el pasado 18 de febrero, la Argentina solicitó formalmente al máximo tribunal que intervenga en el decisivo expediente que, de no revisarse, podría causar un nuevo default. La Corte aún no respondió. Podría hacerlo en tres direcciones. La peor es que rechace el caso, lo que tendría serias consecuencias para la Argentina. En el extremo opuesto figura que lo acepte sin más.
Sin embargo, por cuestiones procesales y porque le permitiría ganar tiempo adicional, hay quienes consideran que la mejor de todas las opciones para la Argentina sería que, en lugar de contestar por sí o por no, la Corte pidiera una opinión al gobierno de Obama. En ese caso, Lew pareció sugerir ayer cuál sería la posición. «Yo seré claro ante el Congreso. No voy a defender el comportamiento de la Argentina en ningún modo específico. Pero creemos que, en este acotado caso específico, sus argumentos merecen atención», dijo, al exponer ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Representantes.
Explicó luego que ésa había sido la posición que la administración demócrata ya había expuesto ante tribunales inferiores, pero que no lo habían hecho ante la Corte Suprema por seguir «la política habitual» de hacerlo sólo cuando los magistrados solicitan un parecer. En contraste, sí avanzó en la revelación de gestiones desde su cartera para lograr adhesiones en favor de la Argentina.
El tema salió a luz ante la requisitoria del republicano Mario Díaz Balart, que quiso saber si era «cierto» que el Departamento del Tesoro «mantuvo conversaciones» con autoridades mexicanas para «impulsarlas a presentar» un documento ante el máximo tribunal en favor de la Argentina.
«Yo, personalmente, mantuve algunas conversaciones», reveló Lew. Añadió que eso había ocurrido «a pedido» de los mexicanos y que en ellas había expresado el punto de vista ya descripto. Una vez finalizada la sesión en el Congreso, y pese a los pedidos de LA NACION, el Departamento del Tesoro y la oficina de Díaz Balart se abstuvieron de hacer comentarios adicionales. Otro tanto ocurrió en medios diplomáticos de México.
El caso en cuestión refiere al litigio de fondo que la Argentina mantiene con los fondos NML Capital y Aurelius Management -sobre la cláusula pari passu de tratamiento igualitario-, en el que el país fue condenado en dos instancias a pagar 1300 millones de dólares.
Lew hizo esas revelaciones en un breve intercambio en el Congreso con diputados republicanos que lo cuestionaron al respecto. Sí dejó en claro que la posición de la administración Obama en la materia no significaba «avalar de ningún modo» el comportamiento de la Argentina. «Es algo acotado a esta materia específica», dijo, en relación con el litigio judicial.
La posición expresada por Lew cobra relevancia adicional al ser la primera de ese tipo que se conoce desde que, el pasado 18 de febrero, la Argentina solicitó formalmente al máximo tribunal que intervenga en el decisivo expediente que, de no revisarse, podría causar un nuevo default. La Corte aún no respondió. Podría hacerlo en tres direcciones. La peor es que rechace el caso, lo que tendría serias consecuencias para la Argentina. En el extremo opuesto figura que lo acepte sin más.
Sin embargo, por cuestiones procesales y porque le permitiría ganar tiempo adicional, hay quienes consideran que la mejor de todas las opciones para la Argentina sería que, en lugar de contestar por sí o por no, la Corte pidiera una opinión al gobierno de Obama. En ese caso, Lew pareció sugerir ayer cuál sería la posición. «Yo seré claro ante el Congreso. No voy a defender el comportamiento de la Argentina en ningún modo específico. Pero creemos que, en este acotado caso específico, sus argumentos merecen atención», dijo, al exponer ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Representantes.
Explicó luego que ésa había sido la posición que la administración demócrata ya había expuesto ante tribunales inferiores, pero que no lo habían hecho ante la Corte Suprema por seguir «la política habitual» de hacerlo sólo cuando los magistrados solicitan un parecer. En contraste, sí avanzó en la revelación de gestiones desde su cartera para lograr adhesiones en favor de la Argentina.
El tema salió a luz ante la requisitoria del republicano Mario Díaz Balart, que quiso saber si era «cierto» que el Departamento del Tesoro «mantuvo conversaciones» con autoridades mexicanas para «impulsarlas a presentar» un documento ante el máximo tribunal en favor de la Argentina.
«Yo, personalmente, mantuve algunas conversaciones», reveló Lew. Añadió que eso había ocurrido «a pedido» de los mexicanos y que en ellas había expresado el punto de vista ya descripto. Una vez finalizada la sesión en el Congreso, y pese a los pedidos de LA NACION, el Departamento del Tesoro y la oficina de Díaz Balart se abstuvieron de hacer comentarios adicionales. Otro tanto ocurrió en medios diplomáticos de México.
El caso en cuestión refiere al litigio de fondo que la Argentina mantiene con los fondos NML Capital y Aurelius Management -sobre la cláusula pari passu de tratamiento igualitario-, en el que el país fue condenado en dos instancias a pagar 1300 millones de dólares.
