Empresas con personal en negro quedan sin subsidios ni créditos del Nación
Por: Carlos Burgueño
Las empresas, de cualquier tamaño, a las que se les detecten empleados en negro quedarán dentro del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y, entre otras penas concretas, quedarán fuera de los créditos públicos del Banco Nación y de los subsidios a los servicios públicos de luz, gas y agua. Así lo establece el proyecto que el Gobierno envió ayer al Senado de la Nación, y que Cristina de Kirchner y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, presentaron el lunes pasado en la Casa de Gobierno. Este severísimo régimen sancionatorio aparece como primera batería de medidas dentro del proyecto; imponiendo una especie de «destierro» al empresario fiscalizado con éxito, al menos en su relación con el Estado y el sector público.
En la reglamentación de la ley que el Ejecutivo quiere aprobar en el Congreso se explica cómo será este nuevo «Veraz Laboral» para las microempresas, pymes y compañías a las que las inspecciones oficiales les detecten empleados sin registrar en todo o en parte de sus planteles. Se incluye entre las sanciones la existencia de operarios en negro tanto en lo referido a las contribuciones patronales como los aportes a la seguridad social, la obstaculización a las inspecciones oficiales, las sanciones de la AFIP por la falta de pagos de tributos sociales y hasta las multas aplicadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y todas las gobernaciones del país. También se sumarán a los listados de la próxima página de internet del nuevo Repsal las sanciones por trabajo infantil y los aportados por el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios (Renatea). Además, y salvo que el privado cancele la deuda, su nombre, CUIT y datos permanecerán en el listado del Repsal por tres años.
Entre las sanciones que se incluirán en los que estén dentro del nuevo «Veraz Laboral» figuran la suspensión o directamente la eliminación de todos los subsidios financiados por el Estado nacional, incluyendo las de las empresas de servicios públicos privatizados (luz, agua, gas, transporte, etc.). Tampoco podrán acceder a créditos del Banco Nación, el BICE o cualquier institución bancaria pública, ni podrán ser proveedores del sector público o alquilar o comprar bienes muebles o inmuebles que sean propiedad; y tampoco participar de licitaciones u obras públicas ni licencias de servicios públicos.
En el texto, el Gobierno nacional «invita» a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a que firmen acuerdos con el Ministerio de Trabajo de adhesión al Repsal y que se les apliquen las mismas sanciones que existen a nivel nacional a las compañías a las que se les detecten empleados en negro. Si esto prospera, los que estén en el «Veraz Laboral» no podrán, por ejemplo, acceder a créditos del los bancos provinciales o del Banco Ciudad, ni negociar subsidios a los servicios públicos que financien los gobiernos regionales.
En el caso de los monotributistas, los pequeños contribuyentes a los que se les detecten operarios registrados de manera irregular serán eliminados del régimen para pasar a ser contribuyentes anotados en el sistema de autónomos, con lo que la presión tributaria se multiplicará.
Por: Carlos Burgueño
Las empresas, de cualquier tamaño, a las que se les detecten empleados en negro quedarán dentro del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y, entre otras penas concretas, quedarán fuera de los créditos públicos del Banco Nación y de los subsidios a los servicios públicos de luz, gas y agua. Así lo establece el proyecto que el Gobierno envió ayer al Senado de la Nación, y que Cristina de Kirchner y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, presentaron el lunes pasado en la Casa de Gobierno. Este severísimo régimen sancionatorio aparece como primera batería de medidas dentro del proyecto; imponiendo una especie de «destierro» al empresario fiscalizado con éxito, al menos en su relación con el Estado y el sector público.
En la reglamentación de la ley que el Ejecutivo quiere aprobar en el Congreso se explica cómo será este nuevo «Veraz Laboral» para las microempresas, pymes y compañías a las que las inspecciones oficiales les detecten empleados sin registrar en todo o en parte de sus planteles. Se incluye entre las sanciones la existencia de operarios en negro tanto en lo referido a las contribuciones patronales como los aportes a la seguridad social, la obstaculización a las inspecciones oficiales, las sanciones de la AFIP por la falta de pagos de tributos sociales y hasta las multas aplicadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y todas las gobernaciones del país. También se sumarán a los listados de la próxima página de internet del nuevo Repsal las sanciones por trabajo infantil y los aportados por el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios (Renatea). Además, y salvo que el privado cancele la deuda, su nombre, CUIT y datos permanecerán en el listado del Repsal por tres años.
Entre las sanciones que se incluirán en los que estén dentro del nuevo «Veraz Laboral» figuran la suspensión o directamente la eliminación de todos los subsidios financiados por el Estado nacional, incluyendo las de las empresas de servicios públicos privatizados (luz, agua, gas, transporte, etc.). Tampoco podrán acceder a créditos del Banco Nación, el BICE o cualquier institución bancaria pública, ni podrán ser proveedores del sector público o alquilar o comprar bienes muebles o inmuebles que sean propiedad; y tampoco participar de licitaciones u obras públicas ni licencias de servicios públicos.
En el texto, el Gobierno nacional «invita» a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a que firmen acuerdos con el Ministerio de Trabajo de adhesión al Repsal y que se les apliquen las mismas sanciones que existen a nivel nacional a las compañías a las que se les detecten empleados en negro. Si esto prospera, los que estén en el «Veraz Laboral» no podrán, por ejemplo, acceder a créditos del los bancos provinciales o del Banco Ciudad, ni negociar subsidios a los servicios públicos que financien los gobiernos regionales.
En el caso de los monotributistas, los pequeños contribuyentes a los que se les detecten operarios registrados de manera irregular serán eliminados del régimen para pasar a ser contribuyentes anotados en el sistema de autónomos, con lo que la presión tributaria se multiplicará.
