El decreto de Mauricio Macri por el cual se permite ingresar en el blanqueo a familiares de vínculo directo con funcionarios representa una lamentable marcha atrás en un proceso de discusión que había sido coronado mediante una ley del Congreso. Y es, además, un retroceso sumamente preocupante en un escenario en el que diariamente nos enteramos de nuevas y graves denuncias de corrupción, cuyos protagonistas han estado o están vinculados con la función pública.
Al momento de debatirse la ley, una de las críticas más furibundas que recibió en el Congreso fue, precisamente, que el proyecto oficial previera la posibilidad del blanqueo a funcionarios y a sus parientes. Además de representantes de la oposición parlamentaria, varios socios de la alianza Cambiemos hicieron oír sus críticas. Entre muchos otros, se encontraban el titular de la UCR, José Corral; el jefe del interbloque oficialista en Diputados, Mario Negri, y la legisladora Elisa Carrió. En opinión de todos ellos, la inclusión de los funcionarios y de sus familiares en la posibilidlad de sinceramiento fiscal era un error que había que subsanar sin mayores demoras.
Ese debate se dio para la misma época en que el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, intentaba esconder bolsos con millones de dólares, revoleándolos al interior de un convento. No hubo mucho margen para que los que dentro del oficialismo como de la oposición defendían el blanqueo para funcionarios no tomaran nota de lo que estaba ocurriendo con López y de los alcances que tendría una ley sobre la cuestión.
Quitar aquella cláusula impulsada por el Gobierno fue, además, una de las llaves que permitió que se sancionara la ley de sinceramiento fiscal. Sin esa concesión del oficialismo la norma no hubiera visto la luz.
Lamentablemente, hace pocos días, un decreto presidencial dispuso que los familiares de los funcionarios pudiesen ingresar en el blanqueo de los bienes que se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha de la asunción de sus parientes en un cargo público.
No era eso lo que decía la ley. Y no corresponde que a una ley se la modifique por decreto. La forma elegida ha sido la incorrecta por donde se la mire. Si Macri no estaba de acuerdo con la sanción del Congreso, tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de veto, total o parcial. Estaba dentro de sus atribuciones. También, pudo haber enviado otro proyecto distinto al Parlamento. Pero ninguna de esas opciones fue tomada en cuenta por el jefe del Estado.
Eso, desde el punto de vista legal, desde la óptica parlamentaria y formal. Pero no hay que descartar, bajo ningún concepto, la importancia de otros aspectos: el ético y el moral. No es éste un momento para dejar abierta a la sospecha ninguna puerta. Que buena parte de la oposición haya salido a batallar con que esta excepción introducida por el decreto presidencial apunta directamente a beneficiar al padre del Presidente, es una interpretación oportunista, pero también el resultado de haber ofrecido el Gobierno un flanco sumamente débil, difícil de rebatir con palabras. Hay que decir, además, que muchos dirigentes de la oposición que ahora se escandalizan con esta situación son los mismos que dieron vuelta la cara para no ver el profundo saqueo que provocaron al Estado los miembros de sus propios espacios una vez en el poder.
La Argentina se encuentra en un permanente y profundo estado de sospecha tanto antes ojos internos como del exterior. No alcanza, como muchas veces se ha dicho, con ser honestos. Hay que ratificar con cada hecho y a cada paso esa condición.
No podemos menos que coincidir con la frase expresada por la presidenta del Bloque Libres del Sur en Diputados, Victoria Donda, quien dijo que «es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando ésta plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación [de blanqueo]».
La lucha contra la corrupción ha sido una de las banderas principales del actual Gobierno durante la campaña electoral. También, la del respeto por las instituciones y la de la seguridad jurídica. Debería preguntarse la actual administración por las implicancias del decreto que comentamos. Hasta qué punto no se da de narices con esos principios.
Es probable, como sostienen algunos funcionarios y varios reconocidos especialistas en materia tributaria que ya comenzaron a alertar sobre la posible inconstitucionalidad del artículo que deja afuera del blanqueo a los funcionarios y a sus parientes, que la norma contenga defectos que sea necesario corregir. Quizá no esté mal que también los funcionarios pudieran regular sus situaciones impositivas, pues de eso se trata el blanqueo. Dejarlos fuera podría ser interpretado como discriminatorio por algún juez. Esa exclusión podría ser considerada como un atentado a la libertad de los funcionarios, cuyos derechos ante la ley son ciertamente iguales a los de las otras personas. Sin embargo, lo que cuestionamos desde estas líneas no es el fondo de la cuestión, sino la forma.
El Presidente no debió emplear un decreto para volver atrás con una idea que ya había sido descartada por ley. Tampoco debió poner en duda la transparencia de los actos que reclama la ciudadanía. Su decreto ha sido innecesario, inoportuno e incongruente con su propia prédica.
Al momento de debatirse la ley, una de las críticas más furibundas que recibió en el Congreso fue, precisamente, que el proyecto oficial previera la posibilidad del blanqueo a funcionarios y a sus parientes. Además de representantes de la oposición parlamentaria, varios socios de la alianza Cambiemos hicieron oír sus críticas. Entre muchos otros, se encontraban el titular de la UCR, José Corral; el jefe del interbloque oficialista en Diputados, Mario Negri, y la legisladora Elisa Carrió. En opinión de todos ellos, la inclusión de los funcionarios y de sus familiares en la posibilidlad de sinceramiento fiscal era un error que había que subsanar sin mayores demoras.
Ese debate se dio para la misma época en que el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, intentaba esconder bolsos con millones de dólares, revoleándolos al interior de un convento. No hubo mucho margen para que los que dentro del oficialismo como de la oposición defendían el blanqueo para funcionarios no tomaran nota de lo que estaba ocurriendo con López y de los alcances que tendría una ley sobre la cuestión.
Quitar aquella cláusula impulsada por el Gobierno fue, además, una de las llaves que permitió que se sancionara la ley de sinceramiento fiscal. Sin esa concesión del oficialismo la norma no hubiera visto la luz.
Lamentablemente, hace pocos días, un decreto presidencial dispuso que los familiares de los funcionarios pudiesen ingresar en el blanqueo de los bienes que se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha de la asunción de sus parientes en un cargo público.
No era eso lo que decía la ley. Y no corresponde que a una ley se la modifique por decreto. La forma elegida ha sido la incorrecta por donde se la mire. Si Macri no estaba de acuerdo con la sanción del Congreso, tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de veto, total o parcial. Estaba dentro de sus atribuciones. También, pudo haber enviado otro proyecto distinto al Parlamento. Pero ninguna de esas opciones fue tomada en cuenta por el jefe del Estado.
Eso, desde el punto de vista legal, desde la óptica parlamentaria y formal. Pero no hay que descartar, bajo ningún concepto, la importancia de otros aspectos: el ético y el moral. No es éste un momento para dejar abierta a la sospecha ninguna puerta. Que buena parte de la oposición haya salido a batallar con que esta excepción introducida por el decreto presidencial apunta directamente a beneficiar al padre del Presidente, es una interpretación oportunista, pero también el resultado de haber ofrecido el Gobierno un flanco sumamente débil, difícil de rebatir con palabras. Hay que decir, además, que muchos dirigentes de la oposición que ahora se escandalizan con esta situación son los mismos que dieron vuelta la cara para no ver el profundo saqueo que provocaron al Estado los miembros de sus propios espacios una vez en el poder.
La Argentina se encuentra en un permanente y profundo estado de sospecha tanto antes ojos internos como del exterior. No alcanza, como muchas veces se ha dicho, con ser honestos. Hay que ratificar con cada hecho y a cada paso esa condición.
No podemos menos que coincidir con la frase expresada por la presidenta del Bloque Libres del Sur en Diputados, Victoria Donda, quien dijo que «es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando ésta plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación [de blanqueo]».
La lucha contra la corrupción ha sido una de las banderas principales del actual Gobierno durante la campaña electoral. También, la del respeto por las instituciones y la de la seguridad jurídica. Debería preguntarse la actual administración por las implicancias del decreto que comentamos. Hasta qué punto no se da de narices con esos principios.
Es probable, como sostienen algunos funcionarios y varios reconocidos especialistas en materia tributaria que ya comenzaron a alertar sobre la posible inconstitucionalidad del artículo que deja afuera del blanqueo a los funcionarios y a sus parientes, que la norma contenga defectos que sea necesario corregir. Quizá no esté mal que también los funcionarios pudieran regular sus situaciones impositivas, pues de eso se trata el blanqueo. Dejarlos fuera podría ser interpretado como discriminatorio por algún juez. Esa exclusión podría ser considerada como un atentado a la libertad de los funcionarios, cuyos derechos ante la ley son ciertamente iguales a los de las otras personas. Sin embargo, lo que cuestionamos desde estas líneas no es el fondo de la cuestión, sino la forma.
El Presidente no debió emplear un decreto para volver atrás con una idea que ya había sido descartada por ley. Tampoco debió poner en duda la transparencia de los actos que reclama la ciudadanía. Su decreto ha sido innecesario, inoportuno e incongruente con su propia prédica.
