17/10/12
La aún inconclusa crisis provocada en la Gendarmería y la Prefectura por la errática política de remuneraciones aplicada por el Poder Ejecutivo -con repercusiones en las Fuerzas Armadas- requiere con urgencia convocar a debatir y construir consensos democráticos eficientes en materia de Seguridad y Defensa.
El Gobierno, en su aislamiento autocrático, no ha logrado eficiencia en estos terrenos y no ha procurado acuerdos, pese a la década de bonanza económica. En estos días, las cúpulas de los ministerios de Seguridad y de Defensa, que se profesan evidente antipatía , coinciden, por separado, en buscar contra reloj la forma de enmendar, antes de la liquidación de los sueldos de octubre, el efecto de los decretos 1307, para las Fuerzas de Seguridad, y el 1305, para las Fuerzas Armadas.
Lo más probable, por la urgencia, es que se aplique un nuevo parche sobre una estructura de haberes insostenible , que permita paliar o disimular el descontento de los hombres de armas , con inevitable mayor costo fiscal y nuevos reclamos ante la justicia, que se sumarán a las decenas de miles de juicios iniciados por militares, gendarmes, prefectos y policías.
Es prudente y necesario, por lo tanto, comenzar a considerar soluciones de fondo, que, como casi todas las cuestiones en materia de Seguridad y de Defensa, requieren acuerdos amplios, pues sus implementaciones y efectos exceden el mandato de un gobierno .
Creo que los aspectos principales de una política equitativa deberían ser: 1. Que los cuadros de las fuerzas cobren un aumento similar al otorgado este año al personal del Estado (21% a la Unión del Personal Civil de la Nación).
2. Una nueva escala salarial que cumpla el criterio fijado por la Corte Suprema en los fallos Salas y Zanotti, manteniendo la proporcionalidad jerárquica anterior a los decretos 1305 y 1307, que achataron y distorsionaron las pirámides de remuneraciones .
3. Estudiar una emisión de bonos para el pago parcial de haberes fijados por sentencias judiciales y para cancelar deudas previsionales con cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Por supuesto, estas son síntesis extremas de cuestiones complejas, que requieren ciencia, paciencia y, sobre todo, diálogo político . No hay soluciones mágicas limitadas a invocaciones retóricas, pero es necesario, en el estricto sentido del término, que busquemos decisiones adecuadas.
El pantano de decretos cuyas consecuencias se hicieron peligrosamente evidentes con las protestas de prefectos y gendarmes fue creado por las administraciones Kirchner, cuyos voceros de ocasión invocan ahora conspiraciones y denuncian tramas corruptas .
Los sueldos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad comenzaron a ser desordenados por Menem y Cavallo en 1992 y 1993: regularizó parcialmente la situación Duhalde, en el 2002, y los presidentes Néstor y Cristina Kirchner volvieron a la lógica menemista con pagos en negro o no remunerativos que llevaron a la situación actual.
Finalmente, la situación estalló al dejar de pagar, por el decreto 1307, el importe de medidas cautelares que -ya desde hace años y sin reacción alguna del Gobierno- cobraban la mayorías de los cuadros de Gendarmería y Prefectura. Esas medidas de amparo habían sido discretamente inducidas y evidentemente toleradas por el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández , de quien dependían esas instituciones.
Advertimos sobre las consecuencias de esta política desde 2006, en notas a la ministra Garré, entonces en Defensa, y a la titular de la Comisión de Defensa del Senado, María Perceval, solicitando dialogar con la debida discreción.
Nunca contestaron.
Desde entonces, puntualizamos el empeoramiento de la situación en varios artículos periodísticos, algunos publicados por Clarín .
Ahora, los daños profundos a la disciplina esencial se han hecho evidentes. Además, los militares saben que cobraban menos que los prefectos y gendarmes; éstos, que percibían menos que los policías federales, quienes, a su vez creen tener un régimen menos favorable que el de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y todos cobran menos que los del Servicio Penitenciario Federal, quienes también piden aumento.
Al desorden salarial se ha sumado una conducción efectista de las Fuerzas de Seguridad , que ha recargado de servicios a la Prefectura y, más aún, a la Gendarmería.
Una manifestación dramática de estas deficiencias fue la muerte de una decena de gendarmes a fines de junio último en Chubut.
Fueron enviados a controlar la toma de Cerro Dragón desde Rosario, en un avión de la Fuerza Aérea. Controlada la situación, aparecieron síntomas de indisciplina, porque estaban alojados en pésimas condiciones.
Entonces se decidió evacuarlos con urgencia. Pero el avión se había descompuesto y los sacaron en dos ómnibus, a la madrugada, por un camino helado, y el primer vehículo se estrelló. La Presidenta les rindió sentido homenaje verbal y puntualizó lo poco que cobraban los muertos, pero un par de meses después dejaron de pagarles los amparos a sus camaradas .
La Nación, el poder político y cada ciudadano debemos exigir servicio a nuestros hombres de armas, pero debemos honrar a los servidores, según la vieja máxima -a la que se ha dado distintos contenidos- “vale quien sirve”, vale quien da servicio. No lo estamos haciendo.
La aún inconclusa crisis provocada en la Gendarmería y la Prefectura por la errática política de remuneraciones aplicada por el Poder Ejecutivo -con repercusiones en las Fuerzas Armadas- requiere con urgencia convocar a debatir y construir consensos democráticos eficientes en materia de Seguridad y Defensa.
El Gobierno, en su aislamiento autocrático, no ha logrado eficiencia en estos terrenos y no ha procurado acuerdos, pese a la década de bonanza económica. En estos días, las cúpulas de los ministerios de Seguridad y de Defensa, que se profesan evidente antipatía , coinciden, por separado, en buscar contra reloj la forma de enmendar, antes de la liquidación de los sueldos de octubre, el efecto de los decretos 1307, para las Fuerzas de Seguridad, y el 1305, para las Fuerzas Armadas.
Lo más probable, por la urgencia, es que se aplique un nuevo parche sobre una estructura de haberes insostenible , que permita paliar o disimular el descontento de los hombres de armas , con inevitable mayor costo fiscal y nuevos reclamos ante la justicia, que se sumarán a las decenas de miles de juicios iniciados por militares, gendarmes, prefectos y policías.
Es prudente y necesario, por lo tanto, comenzar a considerar soluciones de fondo, que, como casi todas las cuestiones en materia de Seguridad y de Defensa, requieren acuerdos amplios, pues sus implementaciones y efectos exceden el mandato de un gobierno .
Creo que los aspectos principales de una política equitativa deberían ser: 1. Que los cuadros de las fuerzas cobren un aumento similar al otorgado este año al personal del Estado (21% a la Unión del Personal Civil de la Nación).
2. Una nueva escala salarial que cumpla el criterio fijado por la Corte Suprema en los fallos Salas y Zanotti, manteniendo la proporcionalidad jerárquica anterior a los decretos 1305 y 1307, que achataron y distorsionaron las pirámides de remuneraciones .
3. Estudiar una emisión de bonos para el pago parcial de haberes fijados por sentencias judiciales y para cancelar deudas previsionales con cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Por supuesto, estas son síntesis extremas de cuestiones complejas, que requieren ciencia, paciencia y, sobre todo, diálogo político . No hay soluciones mágicas limitadas a invocaciones retóricas, pero es necesario, en el estricto sentido del término, que busquemos decisiones adecuadas.
El pantano de decretos cuyas consecuencias se hicieron peligrosamente evidentes con las protestas de prefectos y gendarmes fue creado por las administraciones Kirchner, cuyos voceros de ocasión invocan ahora conspiraciones y denuncian tramas corruptas .
Los sueldos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad comenzaron a ser desordenados por Menem y Cavallo en 1992 y 1993: regularizó parcialmente la situación Duhalde, en el 2002, y los presidentes Néstor y Cristina Kirchner volvieron a la lógica menemista con pagos en negro o no remunerativos que llevaron a la situación actual.
Finalmente, la situación estalló al dejar de pagar, por el decreto 1307, el importe de medidas cautelares que -ya desde hace años y sin reacción alguna del Gobierno- cobraban la mayorías de los cuadros de Gendarmería y Prefectura. Esas medidas de amparo habían sido discretamente inducidas y evidentemente toleradas por el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández , de quien dependían esas instituciones.
Advertimos sobre las consecuencias de esta política desde 2006, en notas a la ministra Garré, entonces en Defensa, y a la titular de la Comisión de Defensa del Senado, María Perceval, solicitando dialogar con la debida discreción.
Nunca contestaron.
Desde entonces, puntualizamos el empeoramiento de la situación en varios artículos periodísticos, algunos publicados por Clarín .
Ahora, los daños profundos a la disciplina esencial se han hecho evidentes. Además, los militares saben que cobraban menos que los prefectos y gendarmes; éstos, que percibían menos que los policías federales, quienes, a su vez creen tener un régimen menos favorable que el de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y todos cobran menos que los del Servicio Penitenciario Federal, quienes también piden aumento.
Al desorden salarial se ha sumado una conducción efectista de las Fuerzas de Seguridad , que ha recargado de servicios a la Prefectura y, más aún, a la Gendarmería.
Una manifestación dramática de estas deficiencias fue la muerte de una decena de gendarmes a fines de junio último en Chubut.
Fueron enviados a controlar la toma de Cerro Dragón desde Rosario, en un avión de la Fuerza Aérea. Controlada la situación, aparecieron síntomas de indisciplina, porque estaban alojados en pésimas condiciones.
Entonces se decidió evacuarlos con urgencia. Pero el avión se había descompuesto y los sacaron en dos ómnibus, a la madrugada, por un camino helado, y el primer vehículo se estrelló. La Presidenta les rindió sentido homenaje verbal y puntualizó lo poco que cobraban los muertos, pero un par de meses después dejaron de pagarles los amparos a sus camaradas .
La Nación, el poder político y cada ciudadano debemos exigir servicio a nuestros hombres de armas, pero debemos honrar a los servidores, según la vieja máxima -a la que se ha dado distintos contenidos- “vale quien sirve”, vale quien da servicio. No lo estamos haciendo.
