Gils Carbó prefirió no opinar de la salida de Righi. Foto: Archivo
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, abrió una semana clave para el Poder Judicial con una definición terminante: sostuvo que la Justicia actual es «ilegítima», porque es «corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados».
Para la jefa de los fiscales, es más preocupante «el poder hegemónico» que ejercen sobre los jueces «las corporaciones financieras» y las «mediáticas» que las presiones del Poder Ejecutivo, que encuentra sobredimensionadas.
En su despacho, asistida por dos asesores, Gils Carbó recibió ayer a LA NACION, a un día del gran acto de apertura del año judicial que prepara la Corte y a dos del inicio del encuentro por una «Justicia legítima», que ella promueve y que reúne a jueces, fiscales y defensores que denuncian a «la corporación judicial». Este movimiento nació como reacción a una declaración de la Comisión de Independencia Judicial, redactada en el seno de la Corte, que denunció presiones del Gobierno en el caso por la ley de medios.
Gils Carbó dice que sería «saludable» una renovación de la Justicia y «podría ser interesante» que, como pretenden algunos kirchneristas, los jueces rindieran exámenes para permanecer en sus cargos.
La procuradora evita, en cambio, hacer críticas directas a la Corte y se excusa de hablar del memorándum con Irán y de la tormentosa salida de su antecesor, Esteban Righi, que renunció cuando el vicepresidente Amado Boudou lo atacó en medio de la pelea por el caso Ciccone.
-¿Qué responsabilidad tiene la Corte en esta «justicia corporativa» que usted denuncia?
– [Silencio] La dinámica corporativa está enquistada en muchos estamentos del Poder Judicial; yo como fiscal general de cámara fui víctima de esas puniciones corporativas mientras denunciaba que había jueces que me impedían intervenir en procesos concursales donde se debatía el derecho de propiedad de ahorristas que perdieron sus ahorros. La respuesta fueron dos acordadas corporativas de la Cámara Comercial. Y esas acordadas fueron publicadas una semana en el Centro de Información Judicial [la web de noticias de la Corte]. No sé quién las publicó.
-Creó organismos especializados para investigar distintos delitos, pero no nombró a un fiscal para casos de corrupción, ¿Este tema no es prioridad hoy?
-Trabajamos dentro del Proselac [Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos] en el control de delitos contra la administración pública. Que sea una fiscalía de delitos económicos no quiere decir que sólo esté dirigida a los privados. Además, hay una fiscalía especializada que es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas [vacante]. En los próximos días enviaré la terna al Poder Ejecutivo para que se elija al nuevo titular. La idea es reactivarla.
-¿Qué responsabilidad tienen los fiscales por las demoras en los casos de corrupción? ¿Tiene planes para acelerar la causas?
-Son una asignatura pendiente tanto los casos de corrupción pública como privada. Hay muchos factores que motivan que las causas se demoren. Tenemos un sistema procesal arcaico, un sistema mixto inquisitivo donde el juez es el que decide si el fiscal investiga o no. Puede haber responsabilidades personales para analizar caso por caso, pero cuando los imputados pueden pagar buenos abogados es difícil avanzar en los procesos. Hay que hacer un cambio cultural, que el fiscal, el defensor y el juez pongan el acento en que son servidores de la comunidad.
-¿Qué tolerancia tiene el Poder Ejecutivo a que el Judicial lo controle?
-[Piensa] Tolerancia no debería ser la palabra. En mi experiencia, yo no he tenido problema. Yo he denunciado a la ministra de Economía Felisa Miceli y, si llegué a este cargo, deben tener bastante tolerancia.
-La Presidenta, vía Twitter, criticó a jueces que habían fallado a favor de La Rural y dijo que ponían en riesgo la democracia, ¿Eso no es poco tolerante?
-No es tan sencillo. No es Poder Ejecutivo versus Poder Judicial. Hay muchos actores que tienen una hegemonía en Tribunales. Yo vengo del fuero comercial donde nunca me llamaron del Poder Ejecutivo, y sí he sufrido toda clase de presiones de poderes económicos, y he visto a los magistrados subordinarse de una manera realmente abyecta al poder económico. En ese fuero están tremendamente entrenados desde hace décadas en servir a los poderes concentrados. Insistimos en hablar nada más que de las presiones del Poder Ejecutivo; hablemos también de las otras, porque si no, parece que no existen. No es un tema menor la independencia de los poderes económicos en un país donde hay tanta concentración de la economía, con historia de desigualdad y de colonialismo, que no terminó en la época de la colonia. Es importante que los jueces sean independientes de los poderes públicos y fácticos. Las dos cosas.
– Pero es el Gobierno el que elige y asciende a los jueces, y tiene peso determinante en el Consejo de la Magistratura…
-Yo no les tengo miedo a las presiones del Poder Ejecutivo. El Estado tiene un rol, que es ser mediador entre diferentes intereses para articularlos y en función de esos intereses dirigir todo hacia el interés general. Si tengo que denunciar penalmente a un funcionario, lo voy a hacer. Es un sesgo que no es casual, hablar siempre de la corrupción pública ignorando la privada.
-Ustedes son la justicia legítima, ¿quiénes son los ilegítimos?
-Lo ilegítimo es un sistema donde predominan los sistemas corporativos antes que un servicio a la comunidad. El sistema actual es corporativo, oscurantista, de lobbies aceitados con agentes externos, de reacciones corporativas que quieren disciplinar a los magistrados que denuncian a jueces corruptos, como es mi caso.
-Algunos oficialistas proponen que los jueces rindan exámenes periódicos, ¿qué opina?
-Podría ser interesante. Hay que debatirlo. Yo antes hubiera estado en contra, pero una cosa es lo que uno piensa en teórico, y otra lo que va viendo. A medida que suben en los cargos es mayor el compromiso con los sectores de poder. Una renovación de la Justicia sería saludable para democratizar el sistema.
-Se cuestionó que su hija trabaje en una ONG con la que usted también está relacionada, que tiene un auspicio
-[Interrumpe] No, ¿yo relacionada con una ONG?
-Así figura en la página web.
-Cuando era fiscal habré ido a algún viaje, que me pagué yo. Es una asociación de defensa del consumidor.
-¿Ve incompatible que su hija trabaje en la UIF, tenga una web y publique un newsletter auspiciado por el Ministerio de Justicia?
-No veo ninguna. Mis hijos tienen sus carreras, no tienen ninguna relación con mi trabajo. Además, es una fundación sin fines de lucro. Y lo del Ministerio de Justicia es para tener un ingreso mínimo, no es nada relevante.
-Hagamos un ping pong. Yo le digo un nombre y usted dice su opinión. Empecemos por Ricardo Lorenzetti.
-[Se ríe]. No puedo hacer eso. Soy la procuradora general. Tengo que hablar de manera institucional. No puedo dar ese tipo de respuesta.
-¿Qué opina de la salida de Righi, su antecesor?
-Ya terminamos, ¿no?.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, abrió una semana clave para el Poder Judicial con una definición terminante: sostuvo que la Justicia actual es «ilegítima», porque es «corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados».
Para la jefa de los fiscales, es más preocupante «el poder hegemónico» que ejercen sobre los jueces «las corporaciones financieras» y las «mediáticas» que las presiones del Poder Ejecutivo, que encuentra sobredimensionadas.
En su despacho, asistida por dos asesores, Gils Carbó recibió ayer a LA NACION, a un día del gran acto de apertura del año judicial que prepara la Corte y a dos del inicio del encuentro por una «Justicia legítima», que ella promueve y que reúne a jueces, fiscales y defensores que denuncian a «la corporación judicial». Este movimiento nació como reacción a una declaración de la Comisión de Independencia Judicial, redactada en el seno de la Corte, que denunció presiones del Gobierno en el caso por la ley de medios.
Gils Carbó dice que sería «saludable» una renovación de la Justicia y «podría ser interesante» que, como pretenden algunos kirchneristas, los jueces rindieran exámenes para permanecer en sus cargos.
La procuradora evita, en cambio, hacer críticas directas a la Corte y se excusa de hablar del memorándum con Irán y de la tormentosa salida de su antecesor, Esteban Righi, que renunció cuando el vicepresidente Amado Boudou lo atacó en medio de la pelea por el caso Ciccone.
-¿Qué responsabilidad tiene la Corte en esta «justicia corporativa» que usted denuncia?
– [Silencio] La dinámica corporativa está enquistada en muchos estamentos del Poder Judicial; yo como fiscal general de cámara fui víctima de esas puniciones corporativas mientras denunciaba que había jueces que me impedían intervenir en procesos concursales donde se debatía el derecho de propiedad de ahorristas que perdieron sus ahorros. La respuesta fueron dos acordadas corporativas de la Cámara Comercial. Y esas acordadas fueron publicadas una semana en el Centro de Información Judicial [la web de noticias de la Corte]. No sé quién las publicó.
-Creó organismos especializados para investigar distintos delitos, pero no nombró a un fiscal para casos de corrupción, ¿Este tema no es prioridad hoy?
-Trabajamos dentro del Proselac [Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos] en el control de delitos contra la administración pública. Que sea una fiscalía de delitos económicos no quiere decir que sólo esté dirigida a los privados. Además, hay una fiscalía especializada que es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas [vacante]. En los próximos días enviaré la terna al Poder Ejecutivo para que se elija al nuevo titular. La idea es reactivarla.
-¿Qué responsabilidad tienen los fiscales por las demoras en los casos de corrupción? ¿Tiene planes para acelerar la causas?
-Son una asignatura pendiente tanto los casos de corrupción pública como privada. Hay muchos factores que motivan que las causas se demoren. Tenemos un sistema procesal arcaico, un sistema mixto inquisitivo donde el juez es el que decide si el fiscal investiga o no. Puede haber responsabilidades personales para analizar caso por caso, pero cuando los imputados pueden pagar buenos abogados es difícil avanzar en los procesos. Hay que hacer un cambio cultural, que el fiscal, el defensor y el juez pongan el acento en que son servidores de la comunidad.
-¿Qué tolerancia tiene el Poder Ejecutivo a que el Judicial lo controle?
-[Piensa] Tolerancia no debería ser la palabra. En mi experiencia, yo no he tenido problema. Yo he denunciado a la ministra de Economía Felisa Miceli y, si llegué a este cargo, deben tener bastante tolerancia.
-La Presidenta, vía Twitter, criticó a jueces que habían fallado a favor de La Rural y dijo que ponían en riesgo la democracia, ¿Eso no es poco tolerante?
-No es tan sencillo. No es Poder Ejecutivo versus Poder Judicial. Hay muchos actores que tienen una hegemonía en Tribunales. Yo vengo del fuero comercial donde nunca me llamaron del Poder Ejecutivo, y sí he sufrido toda clase de presiones de poderes económicos, y he visto a los magistrados subordinarse de una manera realmente abyecta al poder económico. En ese fuero están tremendamente entrenados desde hace décadas en servir a los poderes concentrados. Insistimos en hablar nada más que de las presiones del Poder Ejecutivo; hablemos también de las otras, porque si no, parece que no existen. No es un tema menor la independencia de los poderes económicos en un país donde hay tanta concentración de la economía, con historia de desigualdad y de colonialismo, que no terminó en la época de la colonia. Es importante que los jueces sean independientes de los poderes públicos y fácticos. Las dos cosas.
– Pero es el Gobierno el que elige y asciende a los jueces, y tiene peso determinante en el Consejo de la Magistratura…
-Yo no les tengo miedo a las presiones del Poder Ejecutivo. El Estado tiene un rol, que es ser mediador entre diferentes intereses para articularlos y en función de esos intereses dirigir todo hacia el interés general. Si tengo que denunciar penalmente a un funcionario, lo voy a hacer. Es un sesgo que no es casual, hablar siempre de la corrupción pública ignorando la privada.
-Ustedes son la justicia legítima, ¿quiénes son los ilegítimos?
-Lo ilegítimo es un sistema donde predominan los sistemas corporativos antes que un servicio a la comunidad. El sistema actual es corporativo, oscurantista, de lobbies aceitados con agentes externos, de reacciones corporativas que quieren disciplinar a los magistrados que denuncian a jueces corruptos, como es mi caso.
-Algunos oficialistas proponen que los jueces rindan exámenes periódicos, ¿qué opina?
-Podría ser interesante. Hay que debatirlo. Yo antes hubiera estado en contra, pero una cosa es lo que uno piensa en teórico, y otra lo que va viendo. A medida que suben en los cargos es mayor el compromiso con los sectores de poder. Una renovación de la Justicia sería saludable para democratizar el sistema.
-Se cuestionó que su hija trabaje en una ONG con la que usted también está relacionada, que tiene un auspicio
-[Interrumpe] No, ¿yo relacionada con una ONG?
-Así figura en la página web.
-Cuando era fiscal habré ido a algún viaje, que me pagué yo. Es una asociación de defensa del consumidor.
-¿Ve incompatible que su hija trabaje en la UIF, tenga una web y publique un newsletter auspiciado por el Ministerio de Justicia?
-No veo ninguna. Mis hijos tienen sus carreras, no tienen ninguna relación con mi trabajo. Además, es una fundación sin fines de lucro. Y lo del Ministerio de Justicia es para tener un ingreso mínimo, no es nada relevante.
-Hagamos un ping pong. Yo le digo un nombre y usted dice su opinión. Empecemos por Ricardo Lorenzetti.
-[Se ríe]. No puedo hacer eso. Soy la procuradora general. Tengo que hablar de manera institucional. No puedo dar ese tipo de respuesta.
-¿Qué opina de la salida de Righi, su antecesor?
-Ya terminamos, ¿no?.
