Analizan diferencia en los montos
• ECONOMÍA RECLAMA U$S 6.000 MILLONES.
• CEREALERAS PROPONEN ADELANTAR U$S 4.500, PERO A CAMBIO DE UN BONO.
Por: Carlos Burgueño
Jorge Capitanich y Guillermo Moreno
El medio del intento oficial de inaugurar una etapa de acercamiento, comprensión y diálogo con los privados, el Gobierno se enfrenta a otra batalla con dos enemigos clásicos: los cerealeros y sojeros. Las seis grandes exportadoras del sector primario (Nidera, Dreyfus, Bunge, Cargill, ADM y Deheza) están en plena negociación con la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía para adelantar al menos parte de las liquidaciones de ventas al exterior, aceptando en parte la «invitación» que le hizo el Gobierno para que ingresen dólares extras que refuercen las reservas para cerrar así el muy complicado 2014. En especial, el Palacio de Hacienda quiere contar con las divisas que refuercen las existencias suficientes como para aventar cualquier tipo de golpe especulativo contra el peso, en el siempre socialmente complicado diciembre. Después habrá tiempo para trabajar sobre 2015. Los exportadores están dispuestos a realizar una operación financiera que ayude al Gobierno y Axel Kicillof está dispuesto a dejarse ayudar por las cinco multinacionales corporativas. Sin embargo, a poco de comenzar las negociaciones, surgieron serias diferencias entre ambas partes que podrían poner en jaque hasta la voluntad oficial de transitar estas semanas en un sendero de diálogo y buena voluntad con los privados.
La primera diferencia es en los montos. Mientras el Gobierno considera que al menos deben ingresar antes de diciembre unos u$s 6.000 millones, según la convicción de que aún queda ese dinero por liquidar de parte de los productores primarios. Los números que Kicillof lleva en su carpeta incluso hablan de unos potenciales u$s 8.000 o 9.000 millones que aún restarían liquidar por parte de los productores de soja, maíz y trigo. Los exportadores hacen otras cuentas y afirman que el número máximo, y aún muy difícil de lograr, es de u$s 4.500 millones. Hablan incluso sobre que el Gobierno debería contabilizar unos u$s 1.500 millones como dato seguro a partir del contacto directo que mantienen habitualmente con los productores, y contabilizar como una victoria cada dólar que supere esa cifra. Las exportadoras incluso proponen al Gobierno aumentar esa cifra, pero a través del aporte particular de las empresas a través de líneas de financiamiento de las casas centrales de las multinacionales o de la alternativa del pedido de financiamiento a bancos internacionales con excelente relación con las sedes de las compañías. Para que se cierre la primera alternativa, las cerealeras piden a cambio la emisión de una Letra del Tesoro o un título público, especialmente diseñado para las exportadoras y con una tasa de interés relativamente atractiva como para convencer a los directorios de las sedes centrales. En el segundo caso, y como se trata de un pedido de créditos para financiar la liquidación futura de exportaciones argentinas, las cerealeras consideran que el Gobierno debe actuar con prudencia máxima para no atentar contra la operación y que la tasa de interés suba. Por ahora el Gobierno evalúa la primera alternativa, pero considera que la mejor opción es la segunda. En definitiva, sería seguir la línea que habitualmente el equipo de Kicillof expone ante diferentes empresarios, a los que se les invita a las multinacionales que trabajan en el país a financiar importaciones con líneas de crédito provenientes de las casas centrales.
Las partes continuarán negociando en los próximos días, pero para el Gobierno las definiciones deben acelerarse. Dentro el kirchnerismo se considera que el problema no es en realidad la voluntad de las cerealeras, que en general para esta época y comienzos del ejercicio aceptan adelantar liquidaciones de retenciones de exportaciones (lo vienen haciendo desde la época de Guillermo Moreno), sino los productores primarios.
Ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que el Estado utilizará «todas las herramientas» para terminar con las «maniobras especulativas» de las empresas cerealeras que «atentan contra el interés nacional» y que «creemos que es necesario utilizar todas las herramientas de parte del Estado para garantizar que se termine con estas maniobras especulativas». Para el funcionario, «hay un stock acumulado sin liquidar de 25 millones de toneladas» de granos, mientras que «la tendencia del precio del bien es declinante» y advirtió que «el Estado cuenta con múltiples mecanismos para garantizar la liquidación del producto».
«Tuvimos varias reuniones y no hemos alcanzado consenso respecto del volumen total a exportar y a liquidar. Estamos trabajando con una agenda bilateral con las empresas a partir de hoy», dijo Capitanich.
