«El Gobierno no tiene una vocación estatizante, pero apoyará de manera abierta, política y económicamente, cualquier decisión de una provincia de rescindir la concesión de un pozo si una petrolera no cumple con la inversión comprometida». El alto funcionario del Gobierno nacional blanqueó ante este diario cuál es la definitiva posición ordenada por Cristina Fernández de Kirchner ante las compañías petroleras, especialmente Repsol YPF. Los gobernadores tendrán así todo el apoyo de la Casa Rosada para negociar con los concesionarios y decidir eventualmente la rescisión de un área determinada para el caso en que no se cumpla con el desarrollo y la producción adecuada y comprometida.
El Ejecutivo llegó a la definición de esta estrategia para la embestida final sobre las petroleras luego de analizar de fondo la situación fiscal. Según los números oficiales, este año se repetiría, en el mejor de los escenarios, el déficit fiscal de u$s 1.700 millones en la balanza comercial de combustibles que se registró en 2011. Si además la Argentina mejora la previsión del Presupuesto nacional para este año sobre crecimiento del PBI (4,5%), la situación empeoraría a partir de una mayor demanda de combustibles de parte de la estructura productiva del país. Si además no hubiera cambios en los próximos años, el déficit de combustibles (fundamentalmente gas), y la consiguiente demanda de dólares (el problema de fondo del panorama cambiario actual y futuro) para la importación del insumo derivaría en un desequilibrio comercial crónico que superaría los u$s 2.000 millones anuales.
En detalle
El informe que desde el Ministerio de Economía de Hernán Lorenzino y el de Planificación de Julio De Vido llegó al despacho de la Presidente asegura que los niveles de oferta interna bajaron, mientras la demanda subía, debido a que hubo una falta de inversión de parte de las petroleras, fundamentalmente Repsol YPF. Luego, y siguiendo las líneas estratégicas de la empresa, se contrastó la situación con las inversiones que la compañía española realizó en los últimos años en el exterior, fundamentalmente en el norte de Africa. Ayer circulaba incluso por varios despachos una nueva noticia sobre esta operatoria, tras el anuncio de una inversión en Argelia en la que Repsol es parte de un consorcio fundamentalmente europeo (ver nota aparte). Según la fuente, la petrolera «se equivocó con la Argentina». La visión es que «Repsol utilizó YPF para apalancar inversiones» en otras regiones del globo, «dejando de lado la exploración y explotación que debía haber hecho en el país». Ahora, según el funcionario, la empresa española debería comprometerse más con la Argentina o desde el Gobierno se aplicará una «plataforma para activar las inversiones petroleras en el país».
En algún momento se pensó, desde el ala política del Gobierno nacional, en aplicar la Ley 21.499 que habilitaría una operación de este tipo «por razones de utilidad pública». Sin embargo, casi desde un primer momento se descartó la posibilidad de una nacionalización lisa y llana, ya que «el Gobierno no tiene una vocación estatizante». Las razones fundamentales serían dos. Por un lado, se sabe que una decisión por el estilo tendría un costo fiscal enorme, traducido en pérdidas de reservas del Banco Central. Además primó también la decisión política de no enfrentarse en las actuales circunstancias mundiales con la Unión Europea en general, que en su momento financió la compra de YPF por parte de Repsol, y con el Gobierno del español Mariano Rajoy en particular.
La alternativa elegida fue luego la de avalar la culminación unilateral de las concesiones petroleras de los pozos, decisión personal elegida por Cristina Fernández de Kirchner a partir de los informes de Economía, Planificación y algunos contactos directos con gobernadores. La medida libera a la Nación de una decisión antipática ante los inversores internacionales, pero además cubre legalmente al Ejecutivo de un vacío jurídico. Desde la reforma de la Constitución del 94, el petróleo y el gas son propiedad de las provincias y son éstas las que pueden definir la rescisión de un contrato de concesión. El justificativo legal para una determinación de este tipo es la falta de inversiones, una cuestión que el Gobierno nacional monitorea de cerca, y que tendrá una fiscalización aún mayor hacia adelante.
Anticipo
Antes de la decisión final sobre esta estrategia, hubo un encuentro el lunes pasado entre Hernán Lorenzino, Julio De Vido y Antonio Brufau. Como para enviar un mensaje al español presidente de Repsol, el encuentro fue en el Ministerio de Economía y no en Planificación. Fue una forma de decir que algo había cambiado en la relación. «Julio, ¿qué pasó, no éramos la más linda?», comenzó el visitante sorprendido. La respuesta oficial fue dura e inmediatamente refirió a la falta de inversiones locales de Repsol y a la opción africana de la petrolera.
Brufau se comprometió luego a avanzar en el «gran reservorio» del país: la formación de Vaca Muerta en Neuquén (ver nota aparte). Según la compañía, ellos pueden comprometerse a invertir en el lugar pero sólo si el Gobierno abandona la presión ejercida en las últimas semanas y deja a Repsol encontrar capitales para la apuesta petrolera. El número necesario para el desarrollo es más que importante: unos u$s 20.000 millones anuales, que la petrolera conseguiría sólo si desde el Gobierno nacional termina la embestida. Ni Lorenzino ni De Vido contestaron. La respuesta vino con el acto del jueves pasado donde la Nación y los gobernadores firmaron el acuerdo en el que se exigirá a las petroleras invertir a riesgo de perder las concesiones.
Así, la Casa Rosada estaría dispuesta a ayudar a las provincias para avanzar sobre YPF y el resto de las compañías. En la mira está precisamente Vaca Muerta, donde la decisión debería tomarla el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag. Según el Gobierno nacional, no habría problemas, eventualmente, de conseguir los u$s 20.000 millones anuales necesarios. «Hay una cola para un gran negocio petrolero», aseguró confiada la fuente.
El Ejecutivo llegó a la definición de esta estrategia para la embestida final sobre las petroleras luego de analizar de fondo la situación fiscal. Según los números oficiales, este año se repetiría, en el mejor de los escenarios, el déficit fiscal de u$s 1.700 millones en la balanza comercial de combustibles que se registró en 2011. Si además la Argentina mejora la previsión del Presupuesto nacional para este año sobre crecimiento del PBI (4,5%), la situación empeoraría a partir de una mayor demanda de combustibles de parte de la estructura productiva del país. Si además no hubiera cambios en los próximos años, el déficit de combustibles (fundamentalmente gas), y la consiguiente demanda de dólares (el problema de fondo del panorama cambiario actual y futuro) para la importación del insumo derivaría en un desequilibrio comercial crónico que superaría los u$s 2.000 millones anuales.
En detalle
El informe que desde el Ministerio de Economía de Hernán Lorenzino y el de Planificación de Julio De Vido llegó al despacho de la Presidente asegura que los niveles de oferta interna bajaron, mientras la demanda subía, debido a que hubo una falta de inversión de parte de las petroleras, fundamentalmente Repsol YPF. Luego, y siguiendo las líneas estratégicas de la empresa, se contrastó la situación con las inversiones que la compañía española realizó en los últimos años en el exterior, fundamentalmente en el norte de Africa. Ayer circulaba incluso por varios despachos una nueva noticia sobre esta operatoria, tras el anuncio de una inversión en Argelia en la que Repsol es parte de un consorcio fundamentalmente europeo (ver nota aparte). Según la fuente, la petrolera «se equivocó con la Argentina». La visión es que «Repsol utilizó YPF para apalancar inversiones» en otras regiones del globo, «dejando de lado la exploración y explotación que debía haber hecho en el país». Ahora, según el funcionario, la empresa española debería comprometerse más con la Argentina o desde el Gobierno se aplicará una «plataforma para activar las inversiones petroleras en el país».
En algún momento se pensó, desde el ala política del Gobierno nacional, en aplicar la Ley 21.499 que habilitaría una operación de este tipo «por razones de utilidad pública». Sin embargo, casi desde un primer momento se descartó la posibilidad de una nacionalización lisa y llana, ya que «el Gobierno no tiene una vocación estatizante». Las razones fundamentales serían dos. Por un lado, se sabe que una decisión por el estilo tendría un costo fiscal enorme, traducido en pérdidas de reservas del Banco Central. Además primó también la decisión política de no enfrentarse en las actuales circunstancias mundiales con la Unión Europea en general, que en su momento financió la compra de YPF por parte de Repsol, y con el Gobierno del español Mariano Rajoy en particular.
La alternativa elegida fue luego la de avalar la culminación unilateral de las concesiones petroleras de los pozos, decisión personal elegida por Cristina Fernández de Kirchner a partir de los informes de Economía, Planificación y algunos contactos directos con gobernadores. La medida libera a la Nación de una decisión antipática ante los inversores internacionales, pero además cubre legalmente al Ejecutivo de un vacío jurídico. Desde la reforma de la Constitución del 94, el petróleo y el gas son propiedad de las provincias y son éstas las que pueden definir la rescisión de un contrato de concesión. El justificativo legal para una determinación de este tipo es la falta de inversiones, una cuestión que el Gobierno nacional monitorea de cerca, y que tendrá una fiscalización aún mayor hacia adelante.
Anticipo
Antes de la decisión final sobre esta estrategia, hubo un encuentro el lunes pasado entre Hernán Lorenzino, Julio De Vido y Antonio Brufau. Como para enviar un mensaje al español presidente de Repsol, el encuentro fue en el Ministerio de Economía y no en Planificación. Fue una forma de decir que algo había cambiado en la relación. «Julio, ¿qué pasó, no éramos la más linda?», comenzó el visitante sorprendido. La respuesta oficial fue dura e inmediatamente refirió a la falta de inversiones locales de Repsol y a la opción africana de la petrolera.
Brufau se comprometió luego a avanzar en el «gran reservorio» del país: la formación de Vaca Muerta en Neuquén (ver nota aparte). Según la compañía, ellos pueden comprometerse a invertir en el lugar pero sólo si el Gobierno abandona la presión ejercida en las últimas semanas y deja a Repsol encontrar capitales para la apuesta petrolera. El número necesario para el desarrollo es más que importante: unos u$s 20.000 millones anuales, que la petrolera conseguiría sólo si desde el Gobierno nacional termina la embestida. Ni Lorenzino ni De Vido contestaron. La respuesta vino con el acto del jueves pasado donde la Nación y los gobernadores firmaron el acuerdo en el que se exigirá a las petroleras invertir a riesgo de perder las concesiones.
Así, la Casa Rosada estaría dispuesta a ayudar a las provincias para avanzar sobre YPF y el resto de las compañías. En la mira está precisamente Vaca Muerta, donde la decisión debería tomarla el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag. Según el Gobierno nacional, no habría problemas, eventualmente, de conseguir los u$s 20.000 millones anuales necesarios. «Hay una cola para un gran negocio petrolero», aseguró confiada la fuente.
