Mientras los diputados entraban en los libros de historia dando media sanción a la ley de aborto legal y seguro, el gobierno daba a conocer los detalles del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras firmado con el FMI.
El punto principal del acuerdo es que la Argentina reduzca el déficit y parte de eso caerá sobre las espaldas de las administraciones provinciales.
Así queda establecido en el documento en donde el ministro Nicolás Dujovne y el ahora ex titular del BCRA Federico Sturzenegger explican que «las transferencias discrecionales a las provincias asociadas a gastos que han sido asignados como responsabilidad de cada provincia por la Constitución se irán reduciendo ya que las provincias tomarán estas responsabilidades. Estas reducciones en las transferencias discrecionales están diseñadas para garantizar que la incidencia no recaiga sobre la asistencia social ni otro tipo de programas para el alivio de la pobreza que son ejecutados por las provincias.
Según explicó a El Cronista el ministro de Hacienda de uno de los distritos más importantes del país esto significa un recorte de los fondos en Educación, Salud, Desarrollo Social, Vivienda y Medio Ambiente». El funcionario explicó que el total de programas nacionales que se superpone con funciones provinciales y municipales «son unos $ 130.000 millones».
Desde el palacio de Hacienda explicaron que «los $ 130.000 millones son el total de las transferencias, lo que se superpone es la mitad».
Según un trabajo de Idesa, lo que estos cinco ministerios asignan a funciones de las provincias y los municipios representan el 20% del déficit fiscal nacional.
Aunque no cayó bien, las provincias ya venían discutiendo el posible recorte. La Casa Rosada adelantó la intención de compartir el esfuerzo del ajuste con las provincias, y el propio Jefe de Gabinete Marcos Peña lo había dejado por escrito en la previa a conocerse la intención de volver al FMI en una carta titulada «Más provincias, Más Nación. El camino de la Argentina hacia el federalismo fiscal».
En esa carta que se publicó poco menos de un mes antes del anuncio de Macri del pedido de crédito, Peña se preguntaba: «¿debe la Nación darle plata a un intendente para asfaltar una calle? ¿Debe la Nación, existiendo recursos específicos como el FONAVI, construir viviendas en las provincias? ¿Debe la Nación repartir medicamentos en las provincias existiendo los sistemas públicos provinciales?».
Como respuesta explicaba que las «grandes transferencias» de fondos hacia la Seguridad Social y las provincias en estos dos años «hacen imposible» que la Nación continúe realizando «las mismas tareas que hacía cuando le tocaba una parte mucho mayor de la recaudación».
Por si no quedaba clara la postura del jefe de los ministros que no es más que la voz del Gobierno, la carta señala que esas funciones «que son responsabilidad primaria de las provincias, como salud, vivienda, agua potable y medio ambiente, el Estado Nacional todavía destina cerca del 10% del presupuesto, equivalente a más del 2% del PBI o a dos terceras partes de su déficit primario».
Pero no sólo apuntó a los fondos en donde la responsabiliad primera es de los estados subnacionales, sino que fue un poco más lejos y también señaló que para la Nación es un esfuerzo también en los sectores en donde la responsabilidad es compartida. «En las funciones con responsabilidad compartida entre la Nación y las provincias, como educación, seguridad interior, ciencia y técnica, energía, transporte y comunicaciones, el Estado Nacional destina 20% de su presupuesto, casi 5% del PBI. También hay en estas áreas espacio para discutir una mejor asignación de los recursos», explicaba el Jefe de los ministros.
En medio de todo esto, en al
gunos despachos ya piensan en la posibilidad de avanzar en una nueva ley de coparticipación. Sin embargo, la relación con los jefes de estados subnacionales no pasa por su mejor momento por lo que modificar el reparto de los impuestos a seis meses del Pacto Fiscal en donde ya se discutieron los impuestos coparticipables
El punto principal del acuerdo es que la Argentina reduzca el déficit y parte de eso caerá sobre las espaldas de las administraciones provinciales.
Así queda establecido en el documento en donde el ministro Nicolás Dujovne y el ahora ex titular del BCRA Federico Sturzenegger explican que «las transferencias discrecionales a las provincias asociadas a gastos que han sido asignados como responsabilidad de cada provincia por la Constitución se irán reduciendo ya que las provincias tomarán estas responsabilidades. Estas reducciones en las transferencias discrecionales están diseñadas para garantizar que la incidencia no recaiga sobre la asistencia social ni otro tipo de programas para el alivio de la pobreza que son ejecutados por las provincias.
Según explicó a El Cronista el ministro de Hacienda de uno de los distritos más importantes del país esto significa un recorte de los fondos en Educación, Salud, Desarrollo Social, Vivienda y Medio Ambiente». El funcionario explicó que el total de programas nacionales que se superpone con funciones provinciales y municipales «son unos $ 130.000 millones».
Desde el palacio de Hacienda explicaron que «los $ 130.000 millones son el total de las transferencias, lo que se superpone es la mitad».
Según un trabajo de Idesa, lo que estos cinco ministerios asignan a funciones de las provincias y los municipios representan el 20% del déficit fiscal nacional.
Aunque no cayó bien, las provincias ya venían discutiendo el posible recorte. La Casa Rosada adelantó la intención de compartir el esfuerzo del ajuste con las provincias, y el propio Jefe de Gabinete Marcos Peña lo había dejado por escrito en la previa a conocerse la intención de volver al FMI en una carta titulada «Más provincias, Más Nación. El camino de la Argentina hacia el federalismo fiscal».
En esa carta que se publicó poco menos de un mes antes del anuncio de Macri del pedido de crédito, Peña se preguntaba: «¿debe la Nación darle plata a un intendente para asfaltar una calle? ¿Debe la Nación, existiendo recursos específicos como el FONAVI, construir viviendas en las provincias? ¿Debe la Nación repartir medicamentos en las provincias existiendo los sistemas públicos provinciales?».
Como respuesta explicaba que las «grandes transferencias» de fondos hacia la Seguridad Social y las provincias en estos dos años «hacen imposible» que la Nación continúe realizando «las mismas tareas que hacía cuando le tocaba una parte mucho mayor de la recaudación».
Por si no quedaba clara la postura del jefe de los ministros que no es más que la voz del Gobierno, la carta señala que esas funciones «que son responsabilidad primaria de las provincias, como salud, vivienda, agua potable y medio ambiente, el Estado Nacional todavía destina cerca del 10% del presupuesto, equivalente a más del 2% del PBI o a dos terceras partes de su déficit primario».
Pero no sólo apuntó a los fondos en donde la responsabiliad primera es de los estados subnacionales, sino que fue un poco más lejos y también señaló que para la Nación es un esfuerzo también en los sectores en donde la responsabilidad es compartida. «En las funciones con responsabilidad compartida entre la Nación y las provincias, como educación, seguridad interior, ciencia y técnica, energía, transporte y comunicaciones, el Estado Nacional destina 20% de su presupuesto, casi 5% del PBI. También hay en estas áreas espacio para discutir una mejor asignación de los recursos», explicaba el Jefe de los ministros.
En medio de todo esto, en al
gunos despachos ya piensan en la posibilidad de avanzar en una nueva ley de coparticipación. Sin embargo, la relación con los jefes de estados subnacionales no pasa por su mejor momento por lo que modificar el reparto de los impuestos a seis meses del Pacto Fiscal en donde ya se discutieron los impuestos coparticipables
