La crisis de deuda europea está dando lugar a muchas primeras veces y ésta es una de ellas. El ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, ha confirmado que Atenas no hará frente al pago de más de 1.500 millones de euros que este martes a medianoche (hora peninsular española) debía abonar al Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque no ha despejado qué pasará con los pagos con el organismo del mes de julio. Es la primera vez que un país desarrollado declara un impago con el organismo internacional y puede convertirse en el mayor fracaso financiero en la historia del FMI, con una deuda que asciende a más de 23.000 millones de euros.
Como explica Jesús Castillo, de Natixis, «un incidente de Grecia con los pagos no significa que el país entrara en situación de quiebra, como bien han reconocido las agencias de calificación. Ese calendario deja un poco más de tiempo para que Grecia y las instituciones financieras puedan llegar a un acuerdo antes de los elevados vencimientos pendientes para julio y agosto». Las agencias han explicado que solo sitúan a un país en quiebra (calificación D, de default) cuando afecta a deudas privadas y en este caso son deudas con un organismo público.
Grecia se suma así a la lista de 27 países que en un momento u otro han dejado de devolver los créditos en los plazos comprometidos con el organismo internacional, algunos en varias ocasiones. El Fondo tiene un calendario muy definido para estas situaciones. Si el impago no supera los seis meses, el FMI los considera simples retrasos: una mora, no un impago, una fórmula que le permite mantener una elevada calificación crediticia y su estatus de acreedor preferente. En la actualidad, solo Sudan y Somalia, mantienen impagos con el FMI por el equivalente aproximadamente a unos 1.500 millones de euros.
Las deudas atrasadas con el Fondo empezaron a producirse de forma numerosa en los años ochenta, como fue el caso de Sudán, que arrastra su deuda desde 1984, y Somalia, que declaró el impago en 1987. Esa situación obligó al organismo a establecer un protocolo para manejar esas situaciones, por el que las primeras represalias no se dejarían sentir hasta casi tres meses después de declarar el impago.
En concreto, nada más informar al Fondo de la decisión de no pagar, el país en cuestión deja de tener acceso a los recursos del organismo y, a los 15 días, los directores del FMI lanzan una advertencia al gobernador del país ante el organismo en la que le urgen el pago de la cuantía pendiente. Al mes de declarar el impago, la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, debe comunicar al consejo de gobierno la existencia de un impago y otras dos semanas más tarde pide un informe de situación. La queja formal ante el consejo de gobierno no llega hasta los dos meses pero es a partir del tercer mes de atraso cuando el FMI suspende el acceso a todos los recursos y fondos del FMI, incluido el uso de su divisa (los derechos especiales de giro). A partir de ahí, en los meses siguientes, la directora del Fondo tendría que declarar que el país no puede volver a recibir fondos del organismo al menos en los 12 meses siguientes y trasladar la situación de impago del país a otras instituciones financieras internacionales.
En cualquier momento de ese proceso el país puede corregir la situación, haciendo frente al vencimiento pendiente o firmando un acuerdo de cooperación con el organismo, por el que el Fondo volvería a supervisar la economía del país.
El economista Mohamed El-Erian advertía recientemente que un impago de un país europeo al Fondo «levantará críticas tanto internas como externas de que el Fondo fue cooptado por políticos europeos, agregándose a las preocupaciones sobre el lento progreso en reformar su dirección vetusta, su representación y algunas de sus prácticas (entre ellas, la “tradición” de que la máxima autoridad de la institución siempre fue un europeo). Y haría que el FMI tuviese más reparos en hacer fuertes préstamos en otras crisis».
Los países que han declarado un impago (retraso en el pago superior a seis meses, según el criterio del FMI) son los siguientes
Cuba (1959-1964)
Egipto (1966-1968)
Camboya (1975-1992)
Nicaragua (1983-1985)
Guyana (1983-1990)
Chad (1984-1994)
Vietnam (1984-1993)
Sierra Leona (1984-1986 y 1987-1994)
Sudán (1984-hasta hoy)
Liberia (1984-2008)
Tanzania (19851986)
Zambia (1985-1986 y 1986-1995)
Gambia (1985-1986)
Perú (1985-1993)
Jamaica (1986-1987)
Somalia (1987-hasta hoy)
Honduras (1987-1988 y 1988-1990)
Panamá (1987-1992)
República Democrática del Congo (1988-1989 y 1990-2004)
Haití (1988-1989 y 1991-1994)
Irak (1990-2004)
República Dominicana (1990-1991)
Bosnia Herzegovina (1992-1995)
Yugoslavia (1992-2000)
República Centroafricana (1993-1994)
Afganistán (1995-2003)
Zimbabue (2001-2015)
Como explica Jesús Castillo, de Natixis, «un incidente de Grecia con los pagos no significa que el país entrara en situación de quiebra, como bien han reconocido las agencias de calificación. Ese calendario deja un poco más de tiempo para que Grecia y las instituciones financieras puedan llegar a un acuerdo antes de los elevados vencimientos pendientes para julio y agosto». Las agencias han explicado que solo sitúan a un país en quiebra (calificación D, de default) cuando afecta a deudas privadas y en este caso son deudas con un organismo público.
Grecia se suma así a la lista de 27 países que en un momento u otro han dejado de devolver los créditos en los plazos comprometidos con el organismo internacional, algunos en varias ocasiones. El Fondo tiene un calendario muy definido para estas situaciones. Si el impago no supera los seis meses, el FMI los considera simples retrasos: una mora, no un impago, una fórmula que le permite mantener una elevada calificación crediticia y su estatus de acreedor preferente. En la actualidad, solo Sudan y Somalia, mantienen impagos con el FMI por el equivalente aproximadamente a unos 1.500 millones de euros.
Las deudas atrasadas con el Fondo empezaron a producirse de forma numerosa en los años ochenta, como fue el caso de Sudán, que arrastra su deuda desde 1984, y Somalia, que declaró el impago en 1987. Esa situación obligó al organismo a establecer un protocolo para manejar esas situaciones, por el que las primeras represalias no se dejarían sentir hasta casi tres meses después de declarar el impago.
En concreto, nada más informar al Fondo de la decisión de no pagar, el país en cuestión deja de tener acceso a los recursos del organismo y, a los 15 días, los directores del FMI lanzan una advertencia al gobernador del país ante el organismo en la que le urgen el pago de la cuantía pendiente. Al mes de declarar el impago, la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, debe comunicar al consejo de gobierno la existencia de un impago y otras dos semanas más tarde pide un informe de situación. La queja formal ante el consejo de gobierno no llega hasta los dos meses pero es a partir del tercer mes de atraso cuando el FMI suspende el acceso a todos los recursos y fondos del FMI, incluido el uso de su divisa (los derechos especiales de giro). A partir de ahí, en los meses siguientes, la directora del Fondo tendría que declarar que el país no puede volver a recibir fondos del organismo al menos en los 12 meses siguientes y trasladar la situación de impago del país a otras instituciones financieras internacionales.
En cualquier momento de ese proceso el país puede corregir la situación, haciendo frente al vencimiento pendiente o firmando un acuerdo de cooperación con el organismo, por el que el Fondo volvería a supervisar la economía del país.
El economista Mohamed El-Erian advertía recientemente que un impago de un país europeo al Fondo «levantará críticas tanto internas como externas de que el Fondo fue cooptado por políticos europeos, agregándose a las preocupaciones sobre el lento progreso en reformar su dirección vetusta, su representación y algunas de sus prácticas (entre ellas, la “tradición” de que la máxima autoridad de la institución siempre fue un europeo). Y haría que el FMI tuviese más reparos en hacer fuertes préstamos en otras crisis».
Los países que han declarado un impago (retraso en el pago superior a seis meses, según el criterio del FMI) son los siguientes
Cuba (1959-1964)
Egipto (1966-1968)
Camboya (1975-1992)
Nicaragua (1983-1985)
Guyana (1983-1990)
Chad (1984-1994)
Vietnam (1984-1993)
Sierra Leona (1984-1986 y 1987-1994)
Sudán (1984-hasta hoy)
Liberia (1984-2008)
Tanzania (19851986)
Zambia (1985-1986 y 1986-1995)
Gambia (1985-1986)
Perú (1985-1993)
Jamaica (1986-1987)
Somalia (1987-hasta hoy)
Honduras (1987-1988 y 1988-1990)
Panamá (1987-1992)
República Democrática del Congo (1988-1989 y 1990-2004)
Haití (1988-1989 y 1991-1994)
Irak (1990-2004)
República Dominicana (1990-1991)
Bosnia Herzegovina (1992-1995)
Yugoslavia (1992-2000)
República Centroafricana (1993-1994)
Afganistán (1995-2003)
Zimbabue (2001-2015)
