Luis Autalán
El tercer paso del diálogo social que convocó el Gobierno estará dedicado a establecer una política de control del precios de los medicamentos. Cumplida la meta de la modificación de Ganancias y ante el inminente lanzamiento de la ofensiva contra el trabajo ilegal, el tópico sobre salud es otro de los ejes definidos. El dato duro se constituye en que el 30% del presupuesto destinado a las prestaciones de las obras sociales a sus afiliados se aplica a la compra de medicamentos.
En efecto, la cuestión ya promovió encuentros entre dirigentes sindicales, las cámaras empresarias que agrupan a los laboratorios y la Superintendencia de Salud. Dirigentes de la CGT encabezada por Antonio Caló y la CTA de Hugo Yasky le confirmaron a BAE Negocios que hay “decisión tomada” con respecto a encarar en “forma inmediata” este problema. “El control de precios a los medicamentos es una de nuestras prioridades en materia de salud; hay otras, pero esta es relevante”, dijo Antonio Caló. Dentro de esa central el referente de los trabajadores de Obras Sanitarias José Luis Lingeri planteó el tema durante la reunión en la Casa Rosada donde se anunció la modificación del mínimo no imponible. La presidenta Cristina Fernández no dudó incorporar ese punto a la agenda del diálogo social. Desde la CTA, el secretario adjunto Pedro Wasiejko destacó la incitativa de Lingeri y dijo: “Es fundamental avanzar sobre este tema. Y aclaramos que no le dijimos a los laboratorios que no ganen dinero, sino que su rédito sea el adecuado”. La Central de Trabajadores Argentinos considera relevante establecer –desde Nación– un listado de medicamentos con los precios correspondientes. Allí estiman que el mismo Indec, aprovechando incluso la modificación del IPC, podría generar la información necesaria.
Lingeri le dijo a este diario que ya se iniciaron las conversaciones con los representantes de los laboratorios: “Confiamos en la buena voluntad las partes para llevar adelante un trabajo que beneficiará a todos”. El dirigente de Obras Sanitarias comentó también que la gama de propuestas abarca un capítulo especial para los tratamientos de fertilización asistida (ver recuadro). Con los datos sobre los gastos por medicamentos en carpetas, los recursos que las obras sociales destinan para ese menester van desde el 20%, promedian el 25% y en la mayoría de los casos alcanzan –o superan– el 30 por ciento. “Una parte muy importante del PBI incluye esas prestaciones”, recalcó Wasiejko. Los medicamentos genéricos también forman parte de los considerandos que evaluó Lingeri en su análisis. “La cuestión básica es que todos pongamos las cartas sobre la mesa, hagamos un análisis a conciencia y busquemos la mejor solución”, refrendó el dirigente de Obras Sanitarias.
La CTA además de estar dispuesta a trabajar en conjunto con la CGT de Caló cuenta con los estudios y análisis del Cifra, su centro de labor para problemáticas sociales. Dicho ente está constituido por los representantes de los sindicatos de la central y por investigadores del Área de Economía y Tecnología de la Flacso y del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda). Lingeri ponderó también que las obras sociales deben realizar esfuerzos importantes para brindar el servicio que sus afiliados requieren y el ordenamiento de los valores de los fármacos es una herramienta que se corresponde con los principios de justicia social que se dignificaron a partir del 2003 a la fecha. “Consideremos a la salud como un derecho de todos los trabajadores y sus familias, porque ésa es nuestra obligación”, enfatizó. En tanto otros dirigentes de la CGT se lamentaban por lo que consideran algo más que un detalle. “Están los que trabajan por objetivos como éste y no faltan los que menoscaban cualquier iniciativa legítima o directamente tratan de fogonear el fracaso”, deslizan, y en cuanto a escenarios, consideran que esa realidad no sólo tiene que ver con las elecciones de octubre.
Especial interés en fertilización asistida
El capítulo de atención a la salud dedicado a la fertilización asistida también forma parte de las iniciativas que las centrales sindicales decidieron motorizar en el marco del diálogo con empresarios y el Gobierno.
Dentro de las expectativas de la CGT Caló se prevé activar una mecánica de labor dentro del marco de la ley 26.862 (de Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico Asistenciales de Reproducción Médicamente Asistida) para mejorar los servicios de las obras sociales dentro de esa normativa. Los costos de los tratamientos pueden llegar al valor de $50.000, en los casos de “alta complejidad”, y según la dirigencia sindical la cuestión exige “prolijidad y dinámica” para acceder a esas prácticas. En los informes que elaboró el equipo del dirigente José Luis Lingeri, se prevé la alternativa de crear bancos de óvulos, un registro de prestadores, la confección de un listado de los sanatorios habilitados para esos servicios y garantizar el asesoramiento profesional debido para aquellas personas que se sometan a dichos tratamientos.
La ley establece la prestación de cobertura integral, diagnóstico, medicamentos, terapias de apoyo y la asistencia profesional –médica y psicológica– para cada caso. Dentro de este capítulo, la dirigencia sindical también está coordinando la labor con la Superintendencia de Servicios de Salud que encabeza Liliana Korenfeld.
El tercer paso del diálogo social que convocó el Gobierno estará dedicado a establecer una política de control del precios de los medicamentos. Cumplida la meta de la modificación de Ganancias y ante el inminente lanzamiento de la ofensiva contra el trabajo ilegal, el tópico sobre salud es otro de los ejes definidos. El dato duro se constituye en que el 30% del presupuesto destinado a las prestaciones de las obras sociales a sus afiliados se aplica a la compra de medicamentos.
En efecto, la cuestión ya promovió encuentros entre dirigentes sindicales, las cámaras empresarias que agrupan a los laboratorios y la Superintendencia de Salud. Dirigentes de la CGT encabezada por Antonio Caló y la CTA de Hugo Yasky le confirmaron a BAE Negocios que hay “decisión tomada” con respecto a encarar en “forma inmediata” este problema. “El control de precios a los medicamentos es una de nuestras prioridades en materia de salud; hay otras, pero esta es relevante”, dijo Antonio Caló. Dentro de esa central el referente de los trabajadores de Obras Sanitarias José Luis Lingeri planteó el tema durante la reunión en la Casa Rosada donde se anunció la modificación del mínimo no imponible. La presidenta Cristina Fernández no dudó incorporar ese punto a la agenda del diálogo social. Desde la CTA, el secretario adjunto Pedro Wasiejko destacó la incitativa de Lingeri y dijo: “Es fundamental avanzar sobre este tema. Y aclaramos que no le dijimos a los laboratorios que no ganen dinero, sino que su rédito sea el adecuado”. La Central de Trabajadores Argentinos considera relevante establecer –desde Nación– un listado de medicamentos con los precios correspondientes. Allí estiman que el mismo Indec, aprovechando incluso la modificación del IPC, podría generar la información necesaria.
Lingeri le dijo a este diario que ya se iniciaron las conversaciones con los representantes de los laboratorios: “Confiamos en la buena voluntad las partes para llevar adelante un trabajo que beneficiará a todos”. El dirigente de Obras Sanitarias comentó también que la gama de propuestas abarca un capítulo especial para los tratamientos de fertilización asistida (ver recuadro). Con los datos sobre los gastos por medicamentos en carpetas, los recursos que las obras sociales destinan para ese menester van desde el 20%, promedian el 25% y en la mayoría de los casos alcanzan –o superan– el 30 por ciento. “Una parte muy importante del PBI incluye esas prestaciones”, recalcó Wasiejko. Los medicamentos genéricos también forman parte de los considerandos que evaluó Lingeri en su análisis. “La cuestión básica es que todos pongamos las cartas sobre la mesa, hagamos un análisis a conciencia y busquemos la mejor solución”, refrendó el dirigente de Obras Sanitarias.
La CTA además de estar dispuesta a trabajar en conjunto con la CGT de Caló cuenta con los estudios y análisis del Cifra, su centro de labor para problemáticas sociales. Dicho ente está constituido por los representantes de los sindicatos de la central y por investigadores del Área de Economía y Tecnología de la Flacso y del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda). Lingeri ponderó también que las obras sociales deben realizar esfuerzos importantes para brindar el servicio que sus afiliados requieren y el ordenamiento de los valores de los fármacos es una herramienta que se corresponde con los principios de justicia social que se dignificaron a partir del 2003 a la fecha. “Consideremos a la salud como un derecho de todos los trabajadores y sus familias, porque ésa es nuestra obligación”, enfatizó. En tanto otros dirigentes de la CGT se lamentaban por lo que consideran algo más que un detalle. “Están los que trabajan por objetivos como éste y no faltan los que menoscaban cualquier iniciativa legítima o directamente tratan de fogonear el fracaso”, deslizan, y en cuanto a escenarios, consideran que esa realidad no sólo tiene que ver con las elecciones de octubre.
Especial interés en fertilización asistida
El capítulo de atención a la salud dedicado a la fertilización asistida también forma parte de las iniciativas que las centrales sindicales decidieron motorizar en el marco del diálogo con empresarios y el Gobierno.
Dentro de las expectativas de la CGT Caló se prevé activar una mecánica de labor dentro del marco de la ley 26.862 (de Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico Asistenciales de Reproducción Médicamente Asistida) para mejorar los servicios de las obras sociales dentro de esa normativa. Los costos de los tratamientos pueden llegar al valor de $50.000, en los casos de “alta complejidad”, y según la dirigencia sindical la cuestión exige “prolijidad y dinámica” para acceder a esas prácticas. En los informes que elaboró el equipo del dirigente José Luis Lingeri, se prevé la alternativa de crear bancos de óvulos, un registro de prestadores, la confección de un listado de los sanatorios habilitados para esos servicios y garantizar el asesoramiento profesional debido para aquellas personas que se sometan a dichos tratamientos.
La ley establece la prestación de cobertura integral, diagnóstico, medicamentos, terapias de apoyo y la asistencia profesional –médica y psicológica– para cada caso. Dentro de este capítulo, la dirigencia sindical también está coordinando la labor con la Superintendencia de Servicios de Salud que encabeza Liliana Korenfeld.
