Economía Jueves 17 de Julio de 2014
Por: Jorge G. Herrera
Timothy Geithner
Si alguien preguntara cuál sería el costo de bajarle la calificación de riesgo crediticio a la deuda soberana de Estados Unidos, ahora podrá encontrar respuesta: 1.000 millones de dólares. Este sería el monto que la calificadora norteamericana Standard & Poor’s (S&P) habría aceptado pagar al Departamento de Justicia de EE.UU. por una demanda que orillaba los 5.000 millones de dólares.
Todo comenzó a mediados de 2011 a raíz de la crisis generada por haberse llegado al límite de endeudamiento del Tesoro de EE.UU. Ahí fue cuando la calificadora S&P hizo lo impensable y se atrevió a blanquear una situación, casi un secreto a voces en Wall Street, cuando le sacó la cucarda de triple A, el menor nivel de riesgo crediticio, a la deuda de EE.UU. Esto provocó una corriente vendedora en Wall Street y paradójicamente hizo bajar los rendimientos de los bonos del Tesoro. El por entonces secretario del Tesoro de EE.UU., Timothy Geithner, le habría advertido al presidente de McGraw-Hill, dueña de la agencia calificadora S&P, que el Gobierno tomaría represalias, y lo hizo. Para empezar desplazaron al CEO de S&P, Devan Sharma, y lo reemplazon por Douglas Peterson, Chief Operating Officer del Citigroup. Pero lo más importante fue que la amenaza se transformó en una batalla legal, aún vigente, en la cual el Departamento de Justicia de EE.UU. demandó a princios de 2013 a la agencia S&P presuntamente por irregularidades en las calificaciones durante la burbuja de las subprime (hipotecas del alto riesgo).Se acusó a la agencia de inflar los bonos hipotecarios para aumentar las tasas de los emisores. Curiosamente las otras calificadoras como Moody’s y Fitch no sufrieron demandas similares.
Según el diario The Wall Street Journal y la agencia Reuters, el haber «desnudado» la situación de la deuda norteamericana le costará casi 1.000 millones de dólares a S&P. Este sería el monto al que está dispuesto a pagar la calificadora para cerrar el litigio con el Departamento de Justicia, por lo que además tampoco admitiría haber incurrido en irregularidades, según explica el diario. La calificadora S&P había dicho anteriormente que la demanda era infundada y que el Departamento de Justicia estaba equivocado en su afirmación de que las calificaciones fueron «motivadas por consideraciones comerciales». Para los analistas, lo que queda claro es que cuando se desnuda al soberano no está garantizada la libertad de expresión.
