Hay que pasar el invierno y la primavera también
A la primera señal de alerta, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal la recibieron a principios de mayo. Los referentes de las organizaciones sociales más serias como Barrios de Pie, y los intendentes del conurbano con los que Vidal mantiene una relación «buena y madura», como Gustavo Menéndez, de Merlo, se los trasmitieron de buena manera. Palabras más, palabras menos. «Si no llega ayuda alimentaria a las zonas más carenciadas, pronto habrá tensión social. Y será difícil, entonces, contener los desbordes». La buena noticia es que tanto el Presidente como la gobernadora no lo tomaron como una chicana o un intento de extorsión para conseguir más dinero. Al contrario: pusieron a sus ministros y secretarios a trabajar para apagar el «principio de incendio» antes de que se vuelva incontrolable. La mala noticia es que, a pesar de las buenas intenciones, las administraciones parecen correr detrás de los acontecimientos. Solo un par de datos para ilustrar la hipótesis. Uno: los funcionarios del ministerio de Energía que maneja Juan José Aranguren recién ahora están tratando de incorporar a los clubes de barrio, los teatros y otras pequeñas y medianas empresas en el sistema de tarifa social. Es decir: el impacto político y mediático ya no lo podrán evitar. Segundo dato: el incremento de la ayuda social a través del refuerzo de partidas de alimentos para las escuelas públicas y los comedores sociales de la provincia de Buenos Aires demorará en hacerse efectivo entre 15 y 30 días por lo menos, cuando el frío del invierno se hará más ostensible y el malhumor social se expresará con más intensidad. La recurrente idea del gobierno nacional de que el segundo semestre «todo será mejor» también habría que relativizarla. Porque es posible que baje la inflación, a partir de agosto o septiembre. Sin embargo, esto sucederá debido a la caída de las ventas y la baja del consumo, y no como consecuencia directa de la suba del poder adquisitivo del salario. De hecho, el aumento de los reclamos se explica por la caída del empleo informal y las changas. Y está relacionado, de manera directa, con el corte abrupto de la construcción pública y privada desde diciembre del año pasado, y que coincidió con el cambio de gobierno. Ahora, quienes manejan los grandes números de la economía sostienen que la rueda volverá a empezar a girar a fines de septiembre o principios de octubre. ¿Y mientras tanto? Los trabajadores del sector formal sentirán el impacto del aumento de las tarifas y los precios en general, combinado con el atraso del sueldo acordado en las paritarias de marzo o abril. «El Presidente y la gobernadora comprenden lo que está sucediendo. Por eso ordenaron a sus ministros anunciar y poner en marcha medidas de alivio y contención social hasta que la macroeconomía se termine de ordenar y queden la mayoría de los sectores ensamblados» me explicó un ministro de la administración nacional que sigue el día a día de cada variable económica y social. Cuando le pregunté cuánto tardaría en llegar a la vida de los argentinos el efecto positivo del «sinceramiento» de la economía me respondió con la famosa frase del ingeniero Alvaro Alsogaray, más un agregado de su propia cosecha: «Hay que pasar el invierno y la primavera también. Después, vamos a estar mejor. Con un proceso combinado de inflación hacia la baja y actividad económica hacia la suba. No habrá un momento milagroso en que todo cambiará. El cambio será gradual, pero mucho más sostenido». Responder cómo llegará el gobierno de Macri a las elecciones legislativas de 2017 es como preguntarse qué pasará con el mundo en el siglo XXII. Pero analizar qué sucederá en los próximos meses con su base de apoyo sigue siendo un ejercicio apasionante. Con dos o tres apariciones en los medios, Jaime Durán Barba instaló la idea de que el de Macri es un caso único. «No conozco a ningún Presidente en el mundo que haya retenido tanta imagen positiva después de un sinceramiento de la economía como el que hizo este gobierno», interpretó. Sin embargo, bien se podrían ensayar dos o tres explicaciones. La primera: el hartazgo que generó la omnipresencia de la expresidente Cristina Fernández, y no solo durante los últimos años, sino cada vez que apareció en público, aún después de la asunción de Macri. La segunda: la hipocresía de los argumentos de la flamante oposición; en especial, la de los dirigentes y referentes cristinistas que cambian de idea de acuerdo a quien la impulse. Un ejemplo: antes se opusieron a la doble indemnización que ahora apoyan con entusiasmo.
Otro: Adrián Paenza no quiere trabajar para el gobierno de Macri pero sí lo hizo para el de Cristina Fernández. Igual seguirá conduciendo su programa en la televisión pública, por lo tanto, no renunciará. Y, como si esto fuera poco, Paenza, quien define a esta administración que lleva cinco meses de gobierno como «insensible» y «de derecha» reconoció que «no se había enterado» de que sus colegas del Conicet no cobraran los subsidios para investigación desde el año 2013. Quizá no haya sido dehonestidad intelectual. Sí se le podría achacar «prejuicio ideológico». La tercera explicación lógica para entender por qué Macri sigue manteniendo una alta imagen positiva es porque está siendo visto como un Jefe de Estado que alienta el castigo para los delitos de un gobierno que, al mismo tiempo, está siendo considerado como «el más corrupto de la historia» desde 1983. En efecto, las múltiples causas abiertas, desde la ruta del dinero K, pasando por Los Sauces, Hotesur, la Tragedia de Once, la ex Ciccone y la de los vagones chatarras hasta las que investigan el enriquecimiento ilícito de la expresidente, Julio de Vido y Ricardo Jaime, sin olvidar la del Fútbol para Todos, que avanza con prisa y sin pausa, o la que busca recuperar el dinero del Estado con el que Cristóbal López se habría quedado de manera irregular, constituyen un fenómeno, que, por su magnitud y su alcance, no puede ser comparado, ya, ni con el Mani Pulite ni con lo que está sucediendo en Brasil. Es más. A pesar del escepticismo y la desconfianza de dirigentes como la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, los expedientes parecen ser tramitados, en términos generales, con celeridad y pocas decisiones de protección manifiesta o que implique una cacería de brujas. El propio juez Sebastián Casanello, al que Jorge Lanata llamó primero tortuga y ahora le agregó el adjetivo «veloz» confirmó ayer a la periodista Paz Rodríguez Niell, de La Nación, lo que ya había adelantado en otras conversaciones off the record. El magistrado anticipó que «la causa Báez podría ir a juicio antes de fin de año». Junto al fiscal Guillermo Marijuan, a cuya gestión el propio Leonardo Fariña atribuye haber prestado su colaboración para acusar a Lázaro y otros procesados, trabajan de una forma muy particular. Ellos intentan demostrar, uno por uno, los 40 hechos de lavado de dinero que se le atribuyen al presunto testaferro o socio de Néstor, Cristina y Máximo Kirchner. Aseguran tener probados, por ahora, tres. Pero al mismo tiempo dicen que no van a esperar a resolver el último para elevarlos a juicio oral: «La causa podría ir a juicio antes de fin de año». Casanello, pero también sus colegas Claudio Bonadio y Julián Ercolini, suponen que, para el año que viene, los juicios de Hotesur, Los Sauces y algunos hechos de lavado de la ruta del dinero K, podrían confluir en una megacausa en la que deban responder los más rutilantes ex ministros de los gobiernos kirchneristas, incluída, por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner.
Este pensamiento implica dos presupuestos. Uno: no parece estar en su ánimo la idea de meter presa a Cristina de manera anticipada y compulsiva, para transformarla en víctima y que salga en libertad a los pocos días. El otro: tampoco van a protegerla en el caso de que las pruebas demuestren que cometió alguno de los múltiples delitos por los que se la investiga. Sería, en todo caso, para Ella, la peor de las noticias.
A la primera señal de alerta, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal la recibieron a principios de mayo. Los referentes de las organizaciones sociales más serias como Barrios de Pie, y los intendentes del conurbano con los que Vidal mantiene una relación «buena y madura», como Gustavo Menéndez, de Merlo, se los trasmitieron de buena manera. Palabras más, palabras menos. «Si no llega ayuda alimentaria a las zonas más carenciadas, pronto habrá tensión social. Y será difícil, entonces, contener los desbordes». La buena noticia es que tanto el Presidente como la gobernadora no lo tomaron como una chicana o un intento de extorsión para conseguir más dinero. Al contrario: pusieron a sus ministros y secretarios a trabajar para apagar el «principio de incendio» antes de que se vuelva incontrolable. La mala noticia es que, a pesar de las buenas intenciones, las administraciones parecen correr detrás de los acontecimientos. Solo un par de datos para ilustrar la hipótesis. Uno: los funcionarios del ministerio de Energía que maneja Juan José Aranguren recién ahora están tratando de incorporar a los clubes de barrio, los teatros y otras pequeñas y medianas empresas en el sistema de tarifa social. Es decir: el impacto político y mediático ya no lo podrán evitar. Segundo dato: el incremento de la ayuda social a través del refuerzo de partidas de alimentos para las escuelas públicas y los comedores sociales de la provincia de Buenos Aires demorará en hacerse efectivo entre 15 y 30 días por lo menos, cuando el frío del invierno se hará más ostensible y el malhumor social se expresará con más intensidad. La recurrente idea del gobierno nacional de que el segundo semestre «todo será mejor» también habría que relativizarla. Porque es posible que baje la inflación, a partir de agosto o septiembre. Sin embargo, esto sucederá debido a la caída de las ventas y la baja del consumo, y no como consecuencia directa de la suba del poder adquisitivo del salario. De hecho, el aumento de los reclamos se explica por la caída del empleo informal y las changas. Y está relacionado, de manera directa, con el corte abrupto de la construcción pública y privada desde diciembre del año pasado, y que coincidió con el cambio de gobierno. Ahora, quienes manejan los grandes números de la economía sostienen que la rueda volverá a empezar a girar a fines de septiembre o principios de octubre. ¿Y mientras tanto? Los trabajadores del sector formal sentirán el impacto del aumento de las tarifas y los precios en general, combinado con el atraso del sueldo acordado en las paritarias de marzo o abril. «El Presidente y la gobernadora comprenden lo que está sucediendo. Por eso ordenaron a sus ministros anunciar y poner en marcha medidas de alivio y contención social hasta que la macroeconomía se termine de ordenar y queden la mayoría de los sectores ensamblados» me explicó un ministro de la administración nacional que sigue el día a día de cada variable económica y social. Cuando le pregunté cuánto tardaría en llegar a la vida de los argentinos el efecto positivo del «sinceramiento» de la economía me respondió con la famosa frase del ingeniero Alvaro Alsogaray, más un agregado de su propia cosecha: «Hay que pasar el invierno y la primavera también. Después, vamos a estar mejor. Con un proceso combinado de inflación hacia la baja y actividad económica hacia la suba. No habrá un momento milagroso en que todo cambiará. El cambio será gradual, pero mucho más sostenido». Responder cómo llegará el gobierno de Macri a las elecciones legislativas de 2017 es como preguntarse qué pasará con el mundo en el siglo XXII. Pero analizar qué sucederá en los próximos meses con su base de apoyo sigue siendo un ejercicio apasionante. Con dos o tres apariciones en los medios, Jaime Durán Barba instaló la idea de que el de Macri es un caso único. «No conozco a ningún Presidente en el mundo que haya retenido tanta imagen positiva después de un sinceramiento de la economía como el que hizo este gobierno», interpretó. Sin embargo, bien se podrían ensayar dos o tres explicaciones. La primera: el hartazgo que generó la omnipresencia de la expresidente Cristina Fernández, y no solo durante los últimos años, sino cada vez que apareció en público, aún después de la asunción de Macri. La segunda: la hipocresía de los argumentos de la flamante oposición; en especial, la de los dirigentes y referentes cristinistas que cambian de idea de acuerdo a quien la impulse. Un ejemplo: antes se opusieron a la doble indemnización que ahora apoyan con entusiasmo.
Otro: Adrián Paenza no quiere trabajar para el gobierno de Macri pero sí lo hizo para el de Cristina Fernández. Igual seguirá conduciendo su programa en la televisión pública, por lo tanto, no renunciará. Y, como si esto fuera poco, Paenza, quien define a esta administración que lleva cinco meses de gobierno como «insensible» y «de derecha» reconoció que «no se había enterado» de que sus colegas del Conicet no cobraran los subsidios para investigación desde el año 2013. Quizá no haya sido dehonestidad intelectual. Sí se le podría achacar «prejuicio ideológico». La tercera explicación lógica para entender por qué Macri sigue manteniendo una alta imagen positiva es porque está siendo visto como un Jefe de Estado que alienta el castigo para los delitos de un gobierno que, al mismo tiempo, está siendo considerado como «el más corrupto de la historia» desde 1983. En efecto, las múltiples causas abiertas, desde la ruta del dinero K, pasando por Los Sauces, Hotesur, la Tragedia de Once, la ex Ciccone y la de los vagones chatarras hasta las que investigan el enriquecimiento ilícito de la expresidente, Julio de Vido y Ricardo Jaime, sin olvidar la del Fútbol para Todos, que avanza con prisa y sin pausa, o la que busca recuperar el dinero del Estado con el que Cristóbal López se habría quedado de manera irregular, constituyen un fenómeno, que, por su magnitud y su alcance, no puede ser comparado, ya, ni con el Mani Pulite ni con lo que está sucediendo en Brasil. Es más. A pesar del escepticismo y la desconfianza de dirigentes como la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, los expedientes parecen ser tramitados, en términos generales, con celeridad y pocas decisiones de protección manifiesta o que implique una cacería de brujas. El propio juez Sebastián Casanello, al que Jorge Lanata llamó primero tortuga y ahora le agregó el adjetivo «veloz» confirmó ayer a la periodista Paz Rodríguez Niell, de La Nación, lo que ya había adelantado en otras conversaciones off the record. El magistrado anticipó que «la causa Báez podría ir a juicio antes de fin de año». Junto al fiscal Guillermo Marijuan, a cuya gestión el propio Leonardo Fariña atribuye haber prestado su colaboración para acusar a Lázaro y otros procesados, trabajan de una forma muy particular. Ellos intentan demostrar, uno por uno, los 40 hechos de lavado de dinero que se le atribuyen al presunto testaferro o socio de Néstor, Cristina y Máximo Kirchner. Aseguran tener probados, por ahora, tres. Pero al mismo tiempo dicen que no van a esperar a resolver el último para elevarlos a juicio oral: «La causa podría ir a juicio antes de fin de año». Casanello, pero también sus colegas Claudio Bonadio y Julián Ercolini, suponen que, para el año que viene, los juicios de Hotesur, Los Sauces y algunos hechos de lavado de la ruta del dinero K, podrían confluir en una megacausa en la que deban responder los más rutilantes ex ministros de los gobiernos kirchneristas, incluída, por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner.
Este pensamiento implica dos presupuestos. Uno: no parece estar en su ánimo la idea de meter presa a Cristina de manera anticipada y compulsiva, para transformarla en víctima y que salga en libertad a los pocos días. El otro: tampoco van a protegerla en el caso de que las pruebas demuestren que cometió alguno de los múltiples delitos por los que se la investiga. Sería, en todo caso, para Ella, la peor de las noticias.
