Hay una negociación con Schoklender para atenuar el impacto electoral del escándalo

La campaña presidencial comenzará formalmente el viernes, cuando se conozcan todas las fórmulas que pretenden gobernar la Argentina hasta el 2015. Pero la batalla por la Casa Rosada empezó este fin de semana, cuando la Presidenta viajó a El Calafate y terminó de definir el escenario en el que espera poder aventajar a la oposición y ser reelecta por otros cuatro años. Durante esta semana confirmará aquello sobre lo que nunca tuvo dudas: su candidatura presidencial. Y dará a conocer el demorado nombre de su postulante a vicepresidente, surgido de la terna que componen Juan Manuel Abal Medina (el candidato de los jóvenes); Jorge Capitanich (el candidato del Partido Justicialista) y Nicolás Fernández (el senador al que Cristina prefiere y quién le podría dejar su banca estratégica al atormentado Julio De Vido).
De todos modos, las ecuaciones febriles de estas horas sobre plazos electorales y candidaturas le han cedido el protagonismo en el Gobierno a las consecuencias del escándalo que involucra a Sergio y a Pablo Schoklender; y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo en la construcción de viviendas con fondos públicos que terminaron engrosando el patrimonio personal de los hermanos que pasaron a la celebridad hace 30 años cuando fueron condenados a prisión por el asesinato de sus padres.
Cristina y sus colaboradores de mayor confianza creen que, así como el caso Schoklender está sepultando las chances del kirchnerista Daniel Filmus para vencer a Mauricio Macri en la elección porteña, también podría complicar seriamente el camino que lleva a la reelección presidencial. Por eso, hay funcionarios que -en estricto secreto- llevan adelante negociaciones para que Sergio Schoklender vaya preso lo más pronto posible y permanezca en prisión al menos hasta la elección de octubre o, eventualmente, hasta la segunda vuelta el 20 de noviembre. Así lo aseguraron a El Cronista fuentes ligadas al kirchnerismo y a la causa judicial.
La presión del Gobierno está focalizada básicamente sobre la figura siempre polémica del juez federal Norberto Oyarbide, el mismo que fue salvado del juicio político por el menemismo en el 2001 y el mismo que sobreseyó al matrimonio Kirchner de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito el 21 de diciembre de 2009.
Oyarbide investiga la posible defraudación con fondos públicos y el supuesto lavado de dinero que Sergio Schoklender podría haber llevado a cabo con el dinero girado a la fundación de las Madres. En los últimos días ha hecho allanamientos y avanzado con algunas diligencias de la investigación pero en la Casa Rosada esperaban su detención para la semana pasada y ahora desesperan para que pueda estar en prisión lo antes posible. Hay quienes creen en el Gobierno que Sergio -el más político de los hermanos- podría permanecer detenido sin hacer revelaciones que conmuevan al poder y le permitan al kirchnerismo sobrellevar las elecciones de octubre con mayor tranquilidad. Esas mismas fuentes consideran que el mayor de los Schoklender podría quedar libre a fin de año y continuar su carrera empresaria bien lejos de la Argentina.
Los numerosos viajes de Sergio Schoklender al exterior abonan esta hipótesis, lo mismo que sus constantes referencias a las patentes para la construcción de casas que dice haber registrado en Europa. “Sergio cierra la boca y a fin de año se va…”, es la enigmática frase que pronuncia un dirigente importante y optimista sobre las consecuencias de los hechos para el Gobierno.
La visión kirchnerista sobre la evolución escandalosa del caso Schoklender es más oscura cuando se refieren al menor de la familia. Pablo Schoklender ha tenido un diálogo mucho menos fluído con las figuras del Gobierno y su estabilidad emocional en estos días es uno de las grandes preocupaciones oficiales. “Pablo no está bien anímicamente y de él se puede esperar cualquier barbaridad…”, afirma un funcionario que asegura conocerlo bien.
El caso Schoklender tiene otro juez a cargo: Marcelo Martínez de Giorgi, subrogante en el Juzgado Federal Número 2 y quien investiga el manejo irregular de fondos públicos. El kirchnerismo desconfía de su perfil independiente pero también espera que pese sobre sus decisiones la prudencia que debe tener todo magistrado que aguarda ser confirmado en un juzgado. En algún momento, la causa quedará en sus manos o en las de Oyarbide pero fue Martínez de Giorgi el que recibió la primera denuncia y tendría mayores chances de conservarla.
El intringulis político judicial puede salirle bien o mal al Gobierno. Sergio Schoklender fue, en los últimos años, uno de los empresarios mimados por el kirchnerismo y su relación tan estrecha con Hebe de Bonafini le abrió las puertas necesarias para convertirse en un hombre próspero y poderoso. Las imágenes que lo muestran a los abrazos con Julio de Vido; Amado Boudou; Guillermo Moreno y otras figuras del universo K en un acto por la memoria del golpe militar del 24 marzo son elocuentes sobre la simpatía que su figura despertaba en esos círculos.
Ahora le toca al kirchnerismo consumar el operativo despegue. Separar a los Schoklender de la figura de Hebe de Bonafini no pareció suficiente como estrategia inicial. El escándalo sigue creciendo y el Gobierno teme que termine afectando a funcionarios como el subsecretario de Vivienda, Abel Fatala, o al mismísimo De Vido.
Por eso, quieren cortar por lo sano y evitar que el impacto se prolonge. Cristina descuenta ya la derrota de Filmus en Capital y ha impartido directivas para que la elección presidencial se dispute bajo otro influjo. Los meses que vienen dirán si el caso Schoklender es una anécdota más para una sociedad argentina anestesiada por el crecimiento con inflación y niveles altos de consumo y de pobreza, o si se trata de un punto de inflexión que alumbre el 23 de octubre con una temperatura bien diferente.