EL PAIS › ELENA HIGHTON DE NOLASCO, MINISTRA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Conforme con que se cumpla la Constitución, que manda que los jueces se jubilen a los 75 años, espera que se nombre un reemplazo para el saliente Zaffaroni. Cómo son las mayorías en el tribunal, el equilibrio de género, su satisfacción por los últimos años “de progreso, de avanzada”.
Por Irina Hauser
La antesala del despacho de Elena Highton de Nolasco, extensa y despojada, con apenas un escritorio de secretaria confinado al fondo, parece una pileta olímpica. Será porque a la jueza le gusta nadar. No es lo único que comparte con Raúl Zaffaroni. Ella también cree que los jueces de la Corte Suprema deben jubilarse a los 75 años. “Lo dice la Constitución”, justifica. A ella, que tiene 71, le faltan cuatro. Ni tanto ni tan poco, piensa. Le parece bien, sin embargo, que los cargos sean inamovibles. Según la jueza, ahora que el penalista se va del tribunal, este Gobierno debería elegir a su reemplazante. “Sería bueno que nombren a una mujer para mantener el equilibrio de género”, pide. En diálogo con Página/12, Highton defiende la reforma procesal penal en cierne, respalda el Código Civil tal como quedó pese a ciertas discrepancias, alienta una ley que despenalice la tenencia de droga para consumo personal, hace balance de sus diez años supremos y asegura que sus fallos “no son políticos”.
En la sala de reuniones un reloj de pie antiguo suena cada media hora. Highton se ve pequeña y delgada en la inmensidad de los espacios con techos altos y molduras antiguas que habita en el Palacio de Justicia. Tiene un trajecito beige suelto, un pañuelo bordeando el cuello, las uñas y los ojos pintados, el pelo lacio por los hombros. Es mesurada con las palabras. En una época escuchaba música clásica de fondo, pero hace mucho que no pone nada, comenta. Sonríe de a ratos. Pero se la ve triste cuando habla de Carmen Argibay y de Enrique Petracchi, fallecidos este año, con quienes cuenta que arrastraba una relación de años, muy anterior a que compartieran el trabajo en la Corte. La ausencia de ambos y la renuncia, formalizada el viernes, de Zaffaroni, marcan el fin de un ciclo en la Corte de la que Highton, nombrada en 2004, fue una de los protagonistas.
Ella describe la transición con cierta asepsia. “Desde el punto de vista del tribunal –dice– van cambiando las mayorías. Ahora la mayoría es de tres votos sobre cinco. Cuando yo empecé, éramos nueve, hacían falta cinco sobre cuatro. Cuando éramos ocho, el problema era a ver cómo desempatábamos los cuatro a cuatro. Cuando entre en vigencia la renuncia de Zaffaroni van a tener que nombrar a otro para completar los cinco.”
–¿Hay un bloque de jueces que votan siempre juntos o con una intención común?
–Un bloque fijo no hay, y la mayoría es cambiante.
–El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, los criticó por el fallo reciente que repuso una cautelar que exime a La Nación y otros medios de impuestos millonarios. Atribuyó intencionalidad política a la mayoría.
–Yo voté en disidencia. Porque el recurso de las empresa no se dirigía contra una sentencia definitiva.
–Está claro. Y Zaffaroni no votó.
–De todos modos, creo que hacer un fallo no es hacer política. Cada uno decide lo que cree que jurídicamente debe ser. Hace cuarenta años que hago sentencias y nunca creí que hacía política. Ciertamente hay una repercusión social, económica, de los fallos. Justamente, cuando uno da una interpretación más amplia de un derecho jubilatorio, civil o humano quizá se interpreta que uno hace política.
–Capitanich ya había señalado lo mismo cuando Ricardo Lorenzetti cuestionó en un discurso (en la Conferencia de Jueces) el abordaje que hace el Gobierno del narcotráfico y aludió a la inseguridad.
–Una cosa son los fallos y otras los discursos. Los discursos son de cada uno.
–¿Los discursos de Lorenzetti no representan a toda la Corte?
–En general reflejan lo que piensa la Corte. Nosotros tenemos políticas públicas, porque somos un poder del Estado. Yo me dedico a la línea del “acceso a la Justicia” a través de la Oficina de Violencia Doméstica, y de la solución alternativa de disputas. Nuestra Corte es la única en el mundo que tiene oficina de violencia doméstica. La cuestión del narcotráfico también es parte. Nosotros hemos sacado algunos fallos. Inclusive cuando resolvimos la despenalización del consumidor ahí hablamos de que hay que perseguir a los grandes peces.
–Lorenzetti dijo que ese fallo no era de despenalización y cuestiona una reforma legal en ese sentido.
–Bueno, ése era un fallo de despenalización del consumo. Son interpretaciones. No es que cambiamos un artículo del Código Penal. Pero interpretamos que no está dentro de lo perseguido, no hay delito. Igual que cuando hicimos una interpretación sobre que el aborto no es punible en los casos de violación.
–¿Usted cree que hay que reformar la ley de drogas para no perseguir a los consumidores?
–Si el Congreso reforma la ley es más fácil, para no tener que estar haciendo siempre interpretaciones, que pueden ser contradictorias. Creo que sería mejor, porque justamente no hay que perseguir a quien es un enfermo. Hay que ayudarlo, no meterlo en la cárcel o la comisaría. Lo importante es tratarlo. Es la política que hay que hacer. Perseguir a los traficantes, no a los consumidores, a chicos que quizás están en la calle consumiendo un gramo de marihuana en lugar de buscar a quién se la vende.
–¿También es partidaria de despenalizar el aborto?
–No digo ni nunca dije eso y no lo voy a decir. Creo que el Congreso es soberano e interpreta si el pueblo quiere o no quiere una determinada ley. Carmen lo decía, y Aída Kemelmajer también, yo no.
La Corte que viene
–¿Este Gobierno debería nombrar al reemplazante o el próximo como pide la oposición?
–Ese es un problema político. Pero lo ideal sería que la Corte esté completa, porque si no podemos quedar empatados dos a dos, y si bien se puede llamar a un conjuez para desempatar, el problema es que, al ser alguien ajeno a la constitución del tribunal, que cambie incluso según el caso, puede generar incertidumbre a la jurisprudencia.
–¿Tendrían que nombrar a una mujer?
–Sería bueno para mantener un equilibrio de género. Ahora estoy sola.
–Y usted que ha pasado por todas las experiencias, ¿qué Corte le parece mejor: la de cinco, la de siete, la de nueve, o la de diecinueve que propone Zaffaroni?
–Diecinueve, no creo. Es importante que haya número impar. Por lo demás, es lo mismo.
–¿A los 75 años los jueces de la Corte deben jubilarse?
–Es lo que dice la Constitución.
–El doctor Carlos Fayt no piensa lo mismo.
–El tiene su fallo favorable y, en realidad, la Constitución salió cuando el ya tenía cumplidos los 75. Yo, en principio, me voy a ir antes de los 75 o a los 75. Tengo 71. Mi idea es cumplir con la Constitución.
–En su carta a la Presidenta, Zaffaroni dice que la vitalicidad del cargo de los jueces siempre es más adecuada a los sistemas monárquicos que republicanos. ¿Usted qué piensa?
–Es una generalización. La razón de la inamovilidad es la independencia de los jueces. En los lugares que se renueva el cargo, siempre hay cabida a las presiones al momento de definir.
–En los últimos días Lorenzetti salió a decir, como quien quiere dar tranquilidad, que no va a cambiar la línea de la Corte. ¿Pero por qué cambiaría?
–Cuando nosotros llegamos, respecto de la Corte vieja sí hubo muchos cambios. Por ejemplo, en cuestiones jubilatorias. Pero ahora ya hay una jurisprudencia. El periodismo es el que dice que es todo un caos. Yo no creo que haya ningún caos. Creo que no hay por qué preocuparse.
–¿Está bien la reelección indefinida del presidente de la Corte?
–Nosotros mismos lo elegimos, es una elección que depende de los ministros. Y si se quiere cambiar, se puede cambiar. No es como en Estados Unidos que al presidente de la Corte lo elige el presidente.
–¿Nadie más quiere presidir además de Lorenzetti?
–No, y yo como vicepresidenta estoy contenta. Hago mis políticas públicas bien.
Sistema acusatorio
–¿Está de acuerdo con la reforma procesal penal que impulsa el Poder Ejecutivo?
–En líneas generales, sí. Es importante un proceso acusatorio. Porque hay mejor defensa en juicio con la investigación fiscal y no involucrando al juez en las decisiones. Habiendo acusación y defensa es más claro en ese procedimiento que la persona puede tener derecho a un juicio justo.
–¿Cree que realmente será efectivo y abreviará los tiempos?
–Habrá que ver. Es importante un cambio del principio de legalidad por el principio de oportunidad. En un proceso donde todos los delitos se persiguen y pensar en un juicio oral para eso, es imposible. No se puede. Hay que tener políticas de Estado en materia persecutoria, tener principio de oportunidad y buscar otras soluciones alternativas para ciertos casos. El principio de oportunidad no implica derogar delitos sino, según el momento, perseguir más una cosa u otra, según políticas que pone el procurador general.
–La oposición política dice que se le da un poder desmedido a la procuradora. ¿Lo ve así?
–El sistema acusatorio es así y la Procuración puede poner sus políticas de Estado. Decir qué se persigue más o menos.
–Uno de los puntos más debatidos del proyecto de Código Procesal es el que dice que la “conmoción social” que haya causado un hecho puede ser tenida en cuenta para definir la prisión preventiva. ¿Usted qué piensa?
–La prisión preventiva por la repercusión social de los hechos no corresponde. Esto estaba antes y después se sacó. En realidad hay que ver si hay propensión a la fuga y a entorpecer la investigación. También podría ser la amenaza de pena, porque aumenta el riesgo de fuga. Pero no es que por la repercusión social que surge o porque los medios lo saquen mucho o porque toda la gente hable de un medio se define la preventiva. No creo que sea un elemento a tener en cuenta. Es darles un poder excesivo a los medios. Va contra la presunción de inocencia. Debieran tener en cuenta cuestiones que hacen al imputado.
–¿Está bien incluir una referencia a los extranjeros en el Código Procesal para explicar su expulsión?
–Tengo mis dudas de que corresponda pero tengo que estudiarlo mejor. Cometen delitos los extranjeros y los nacionales. No tengo una estadística que diga que los extranjeros cometan más delitos y peores.
–Si va a haber un sistema acusatorio con investigación de fiscales, ¿por qué la Corte creó ahora un cuerpo especial de peritos anticorrupción? Y lo hizo justo cuando algunos dirigentes denunciaban que el Gobierno quiere impunidad.
–Esto lo venimos organizando hace bastante. Será un cuerpo interdisciplinario. Hace falta compaginar distintas especialidades y que sea un grupo selecto. No es que los peritos contadores no lo sean, ahora están todos concursados.
Balance
–¿Cómo define la Corte de esta última década que usted integró?
–Es una Corte de avanzada, ha innovado, ha cambiado mucho su jurisprudencia, basando en la Constitución y en los derechos humanos todos los criterios. Porque incluso están por encima de todo al momento de interpretar el derecho común, y las normas civiles, básicas o comerciales, o de derecho público. Todo el derecho internacional aplicamos.
–¿Hay fallos de los que firmó todo este tiempo en la Corte que le den orgullo?
–Todos los de derechos humanos, los grandes hitos sobre crímenes de lesa humanidad. Son fallos importantes, únicos en el mundo. Además, en cierto momento se creía impensable juzgar estos casos. Los que benefician a los jubilados también fueron importantes.
Imagen: Sandra Cartasso
Conforme con que se cumpla la Constitución, que manda que los jueces se jubilen a los 75 años, espera que se nombre un reemplazo para el saliente Zaffaroni. Cómo son las mayorías en el tribunal, el equilibrio de género, su satisfacción por los últimos años “de progreso, de avanzada”.
Por Irina Hauser
La antesala del despacho de Elena Highton de Nolasco, extensa y despojada, con apenas un escritorio de secretaria confinado al fondo, parece una pileta olímpica. Será porque a la jueza le gusta nadar. No es lo único que comparte con Raúl Zaffaroni. Ella también cree que los jueces de la Corte Suprema deben jubilarse a los 75 años. “Lo dice la Constitución”, justifica. A ella, que tiene 71, le faltan cuatro. Ni tanto ni tan poco, piensa. Le parece bien, sin embargo, que los cargos sean inamovibles. Según la jueza, ahora que el penalista se va del tribunal, este Gobierno debería elegir a su reemplazante. “Sería bueno que nombren a una mujer para mantener el equilibrio de género”, pide. En diálogo con Página/12, Highton defiende la reforma procesal penal en cierne, respalda el Código Civil tal como quedó pese a ciertas discrepancias, alienta una ley que despenalice la tenencia de droga para consumo personal, hace balance de sus diez años supremos y asegura que sus fallos “no son políticos”.
En la sala de reuniones un reloj de pie antiguo suena cada media hora. Highton se ve pequeña y delgada en la inmensidad de los espacios con techos altos y molduras antiguas que habita en el Palacio de Justicia. Tiene un trajecito beige suelto, un pañuelo bordeando el cuello, las uñas y los ojos pintados, el pelo lacio por los hombros. Es mesurada con las palabras. En una época escuchaba música clásica de fondo, pero hace mucho que no pone nada, comenta. Sonríe de a ratos. Pero se la ve triste cuando habla de Carmen Argibay y de Enrique Petracchi, fallecidos este año, con quienes cuenta que arrastraba una relación de años, muy anterior a que compartieran el trabajo en la Corte. La ausencia de ambos y la renuncia, formalizada el viernes, de Zaffaroni, marcan el fin de un ciclo en la Corte de la que Highton, nombrada en 2004, fue una de los protagonistas.
Ella describe la transición con cierta asepsia. “Desde el punto de vista del tribunal –dice– van cambiando las mayorías. Ahora la mayoría es de tres votos sobre cinco. Cuando yo empecé, éramos nueve, hacían falta cinco sobre cuatro. Cuando éramos ocho, el problema era a ver cómo desempatábamos los cuatro a cuatro. Cuando entre en vigencia la renuncia de Zaffaroni van a tener que nombrar a otro para completar los cinco.”
–¿Hay un bloque de jueces que votan siempre juntos o con una intención común?
–Un bloque fijo no hay, y la mayoría es cambiante.
–El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, los criticó por el fallo reciente que repuso una cautelar que exime a La Nación y otros medios de impuestos millonarios. Atribuyó intencionalidad política a la mayoría.
–Yo voté en disidencia. Porque el recurso de las empresa no se dirigía contra una sentencia definitiva.
–Está claro. Y Zaffaroni no votó.
–De todos modos, creo que hacer un fallo no es hacer política. Cada uno decide lo que cree que jurídicamente debe ser. Hace cuarenta años que hago sentencias y nunca creí que hacía política. Ciertamente hay una repercusión social, económica, de los fallos. Justamente, cuando uno da una interpretación más amplia de un derecho jubilatorio, civil o humano quizá se interpreta que uno hace política.
–Capitanich ya había señalado lo mismo cuando Ricardo Lorenzetti cuestionó en un discurso (en la Conferencia de Jueces) el abordaje que hace el Gobierno del narcotráfico y aludió a la inseguridad.
–Una cosa son los fallos y otras los discursos. Los discursos son de cada uno.
–¿Los discursos de Lorenzetti no representan a toda la Corte?
–En general reflejan lo que piensa la Corte. Nosotros tenemos políticas públicas, porque somos un poder del Estado. Yo me dedico a la línea del “acceso a la Justicia” a través de la Oficina de Violencia Doméstica, y de la solución alternativa de disputas. Nuestra Corte es la única en el mundo que tiene oficina de violencia doméstica. La cuestión del narcotráfico también es parte. Nosotros hemos sacado algunos fallos. Inclusive cuando resolvimos la despenalización del consumidor ahí hablamos de que hay que perseguir a los grandes peces.
–Lorenzetti dijo que ese fallo no era de despenalización y cuestiona una reforma legal en ese sentido.
–Bueno, ése era un fallo de despenalización del consumo. Son interpretaciones. No es que cambiamos un artículo del Código Penal. Pero interpretamos que no está dentro de lo perseguido, no hay delito. Igual que cuando hicimos una interpretación sobre que el aborto no es punible en los casos de violación.
–¿Usted cree que hay que reformar la ley de drogas para no perseguir a los consumidores?
–Si el Congreso reforma la ley es más fácil, para no tener que estar haciendo siempre interpretaciones, que pueden ser contradictorias. Creo que sería mejor, porque justamente no hay que perseguir a quien es un enfermo. Hay que ayudarlo, no meterlo en la cárcel o la comisaría. Lo importante es tratarlo. Es la política que hay que hacer. Perseguir a los traficantes, no a los consumidores, a chicos que quizás están en la calle consumiendo un gramo de marihuana en lugar de buscar a quién se la vende.
–¿También es partidaria de despenalizar el aborto?
–No digo ni nunca dije eso y no lo voy a decir. Creo que el Congreso es soberano e interpreta si el pueblo quiere o no quiere una determinada ley. Carmen lo decía, y Aída Kemelmajer también, yo no.
La Corte que viene
–¿Este Gobierno debería nombrar al reemplazante o el próximo como pide la oposición?
–Ese es un problema político. Pero lo ideal sería que la Corte esté completa, porque si no podemos quedar empatados dos a dos, y si bien se puede llamar a un conjuez para desempatar, el problema es que, al ser alguien ajeno a la constitución del tribunal, que cambie incluso según el caso, puede generar incertidumbre a la jurisprudencia.
–¿Tendrían que nombrar a una mujer?
–Sería bueno para mantener un equilibrio de género. Ahora estoy sola.
–Y usted que ha pasado por todas las experiencias, ¿qué Corte le parece mejor: la de cinco, la de siete, la de nueve, o la de diecinueve que propone Zaffaroni?
–Diecinueve, no creo. Es importante que haya número impar. Por lo demás, es lo mismo.
–¿A los 75 años los jueces de la Corte deben jubilarse?
–Es lo que dice la Constitución.
–El doctor Carlos Fayt no piensa lo mismo.
–El tiene su fallo favorable y, en realidad, la Constitución salió cuando el ya tenía cumplidos los 75. Yo, en principio, me voy a ir antes de los 75 o a los 75. Tengo 71. Mi idea es cumplir con la Constitución.
–En su carta a la Presidenta, Zaffaroni dice que la vitalicidad del cargo de los jueces siempre es más adecuada a los sistemas monárquicos que republicanos. ¿Usted qué piensa?
–Es una generalización. La razón de la inamovilidad es la independencia de los jueces. En los lugares que se renueva el cargo, siempre hay cabida a las presiones al momento de definir.
–En los últimos días Lorenzetti salió a decir, como quien quiere dar tranquilidad, que no va a cambiar la línea de la Corte. ¿Pero por qué cambiaría?
–Cuando nosotros llegamos, respecto de la Corte vieja sí hubo muchos cambios. Por ejemplo, en cuestiones jubilatorias. Pero ahora ya hay una jurisprudencia. El periodismo es el que dice que es todo un caos. Yo no creo que haya ningún caos. Creo que no hay por qué preocuparse.
–¿Está bien la reelección indefinida del presidente de la Corte?
–Nosotros mismos lo elegimos, es una elección que depende de los ministros. Y si se quiere cambiar, se puede cambiar. No es como en Estados Unidos que al presidente de la Corte lo elige el presidente.
–¿Nadie más quiere presidir además de Lorenzetti?
–No, y yo como vicepresidenta estoy contenta. Hago mis políticas públicas bien.
Sistema acusatorio
–¿Está de acuerdo con la reforma procesal penal que impulsa el Poder Ejecutivo?
–En líneas generales, sí. Es importante un proceso acusatorio. Porque hay mejor defensa en juicio con la investigación fiscal y no involucrando al juez en las decisiones. Habiendo acusación y defensa es más claro en ese procedimiento que la persona puede tener derecho a un juicio justo.
–¿Cree que realmente será efectivo y abreviará los tiempos?
–Habrá que ver. Es importante un cambio del principio de legalidad por el principio de oportunidad. En un proceso donde todos los delitos se persiguen y pensar en un juicio oral para eso, es imposible. No se puede. Hay que tener políticas de Estado en materia persecutoria, tener principio de oportunidad y buscar otras soluciones alternativas para ciertos casos. El principio de oportunidad no implica derogar delitos sino, según el momento, perseguir más una cosa u otra, según políticas que pone el procurador general.
–La oposición política dice que se le da un poder desmedido a la procuradora. ¿Lo ve así?
–El sistema acusatorio es así y la Procuración puede poner sus políticas de Estado. Decir qué se persigue más o menos.
–Uno de los puntos más debatidos del proyecto de Código Procesal es el que dice que la “conmoción social” que haya causado un hecho puede ser tenida en cuenta para definir la prisión preventiva. ¿Usted qué piensa?
–La prisión preventiva por la repercusión social de los hechos no corresponde. Esto estaba antes y después se sacó. En realidad hay que ver si hay propensión a la fuga y a entorpecer la investigación. También podría ser la amenaza de pena, porque aumenta el riesgo de fuga. Pero no es que por la repercusión social que surge o porque los medios lo saquen mucho o porque toda la gente hable de un medio se define la preventiva. No creo que sea un elemento a tener en cuenta. Es darles un poder excesivo a los medios. Va contra la presunción de inocencia. Debieran tener en cuenta cuestiones que hacen al imputado.
–¿Está bien incluir una referencia a los extranjeros en el Código Procesal para explicar su expulsión?
–Tengo mis dudas de que corresponda pero tengo que estudiarlo mejor. Cometen delitos los extranjeros y los nacionales. No tengo una estadística que diga que los extranjeros cometan más delitos y peores.
–Si va a haber un sistema acusatorio con investigación de fiscales, ¿por qué la Corte creó ahora un cuerpo especial de peritos anticorrupción? Y lo hizo justo cuando algunos dirigentes denunciaban que el Gobierno quiere impunidad.
–Esto lo venimos organizando hace bastante. Será un cuerpo interdisciplinario. Hace falta compaginar distintas especialidades y que sea un grupo selecto. No es que los peritos contadores no lo sean, ahora están todos concursados.
Balance
–¿Cómo define la Corte de esta última década que usted integró?
–Es una Corte de avanzada, ha innovado, ha cambiado mucho su jurisprudencia, basando en la Constitución y en los derechos humanos todos los criterios. Porque incluso están por encima de todo al momento de interpretar el derecho común, y las normas civiles, básicas o comerciales, o de derecho público. Todo el derecho internacional aplicamos.
–¿Hay fallos de los que firmó todo este tiempo en la Corte que le den orgullo?
–Todos los de derechos humanos, los grandes hitos sobre crímenes de lesa humanidad. Son fallos importantes, únicos en el mundo. Además, en cierto momento se creía impensable juzgar estos casos. Los que benefician a los jubilados también fueron importantes.
Imagen: Sandra Cartasso
