Este año, por primera vez, el kirchnerismo enfrentará un desafío electoral en un clima social desapacible. Una de sus banderas más preciadas, la distribución progresiva del ingreso, será sometida a la impugnación del sindicalismo. La ruptura de la alianza entre Cristina Kirchner y Hugo Moyano explica, en parte, esta novedad. Moyano y su aliado Luis Barrionuevo están coordinados con dos dirigentes que ingresaron en el juego sucesorio: Daniel Scioli y José Manuel de la Sota.
Sin embargo, con independencia de esa disputa de poder, la Presidenta está impedida de satisfacer los reclamos sindicales debido a su propia política económica. Ésta es la razón por la cual también los gremialistas que se le subordinan repiten las demandas de los que se le oponen.
Apenas terminaron las Fiestas, la CGT-Balcarce, que conduce Antonio Caló, pidió al Gobierno un aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias del 50 por ciento. Los sindicalistas creen que, sin esa corrección, las mejoras salariales que consiguen terminan alimentando las arcas del Tesoro. Por esta razón, Caló y sus aliados esperan una respuesta antes de iniciar, en marzo, la nueva ronda de negociaciones.
La señora de Kirchner habló de este problema, en privado, con su gremialista predilecto: Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra.
La Presidenta fue directa: «Subir el mínimo no imponible me cuesta 8000 millones de pesos que para mí son indispensables. Si quieren que lo haga, tráiganme una alternativa para conseguir ese dinero».
La Presidenta tiene razón. Su estrategia fiscal entró en un callejón. El déficit de las cuentas públicas alcanza ya el 3,5% del PBI, es decir, unos 15.000 millones de dólares. Como el Gobierno no está dispuesto a realizar un ajuste clásico ni acepta buscar ese dinero en el mercado de deuda, la única salida que le queda es incrementar la emisión de moneda, generando más inflación.
La crisis fiscal tiene manifestaciones cada día más visibles. Algunos organismos que recaudan sus propios ingresos disponen incrementos llamativos. Por ejemplo, en la Inspección General de Justicia, que conduce el neocamporista Norberto Berner, los costos para la constitución de sociedades o inscripción de accionistas aumentaron hasta 350%.
De la Sota apunta a esta fragilidad cuando pide a la Presidenta, con insidioso doble sentido, que «no castigue a los demás con plata ajena en el bolsillo»: «Devuelva a los cordobeses la plata de la coparticipación y a los trabajadores el impuesto a las ganancias», reclamó.
Alfonso Prat-Gay, por su lado, se dirigió a los tribunales de Nueva York para hacerles notar, entre otras cosas, que cuando los holdouts alegan que la Argentina está en condiciones de pagarles, se refieren a un cuadro fiscal que hace tiempo dejó de ser solvente.
Al escuchar el informe de Martínez sobre su conversación con la Presidenta, varios de los integrantes de «La Balcarce» se entusiasmaron con la fantasía de que la Casa Rosada los invitaba a cogobernar. Enseguida convocaron a algunos técnicos para elaborar la propuesta que solicitó «la Jefa». Andrés «Centauro» Rodríguez (UPCN) consultó a Alberto Abad, quien ganó prestigio como director de la AFIP entre 2002 y 2008. En cambio, el taxista Omar Viviani y, sobre todo, el dirigente de los docentes privados Horacio Ghillini, recurrieron a un consejero más audaz: Daniel Carbonetto.
Carbonetto saltó a la fama en los años 80 como asesor del presidente de Perú, Alan García, por entonces populista. En la década siguiente fue crítico de Domingo Cavallo, para encanto de un ignoto militante del PJ Capital: Guillermo Moreno. Carbonetto reapareció en el año 2002, con un asesoramiento a Eduardo Duhalde que, si bien fue efímero, resultó decisivo: inspirado en sus consejos dirigistas, Duhalde relevó a Jorge Remes Lenicov del Ministerio de Economía, con lo que el camino de esa cartera quedó abierto a Roberto Lavagna.
Vínculos con Moyano
Ahora Carbonetto vuelve de la mano del docente Ghillini, con quien edita la revista Peronistas, del Centro de Estudios para la Patria Grande, que tiene en su directorio a Hugo Moyano. Los túneles entre las distintas CGT son infinitos.
Cuando los gremialistas le preguntaron de dónde podrían salir los recursos para que los trabajadores paguen menos Ganancias, Carbonetto dio una respuesta previsible: de los bancos.
La sugerencia de Carbonetto y sus padrinos se sostiene sobre algunas cifras macroscópicas. Los bancos privados ganan entre 12.000 y 15.000 millones de pesos por año. La rentabilidad de su capital es superior al 30%. Acaso se trate de la única actividad que consigue sustraerse al esmeril de la inflación. Nada sorprendente: el sector financiero ha estado entre los grandes beneficiarios de la economía kirchnerista.
Carbonetto garabatea un par de instrumentos alternativos. Uno de ellos es la aplicación de un impuesto a la «renta extraordinaria», entendida como la que excede el 20 por ciento. El otro es un impuesto del 1% sobre los activos bancarios. Cualquiera de los dos aportaría al Tesoro más de 4000 millones de pesos. Para llegar a los 8000 millones de pesos que pretende la Presidenta, debería apropiarse de otras riquezas. Los gremios apuntan, sin demasiada imaginación, a la minería.
La receta de Carbonetto todavía debe ser asimilada por la totalidad de la CGT-Balcarce. Algunos de sus dirigentes no aceptan que para obtener un beneficio el Gobierno los obligue a recomendar una iniciativa. «Nos van a hacer pelear con los banqueros o con cualquier otro grupo, pero después no nos van a dar lo que pedimos», razona uno de ellos.
Para la Presidenta el método también resultará incómodo. La propuesta sindical la expondrá a elegir entre bancos y mineras, de un lado, y los trabajadores, del otro. Carta Abierta diría «entre las corporaciones y el pueblo». Son tensiones y debates que ya existen dentro del Gobierno, sobre todo por la negativa de la Casa Rosada a que La Cámpora, y sobre todo Axel Kicillof, avancen sobre algunas «rentas extraordinarias». Pero el gremialismo amigo conseguirá que se vuelvan visibles.
Las dificultades
Estas dificultades son el resultado de dos procesos conocidos. La restricción fiscal, cada vez más severa, y la inflación, cada vez más acelerada. Ambas se combinan para obligar, de un modo u otro, a un ajuste. Sobre esta plataforma el gremialismo opositor intentará quebrar la paz social durante la campaña electoral. Moyano y Barrionuevo se reunirán en pocos días en Mar del Plata para exigir un piso salarial superior al 25% y diagramar el plan de lucha que ejecutarán en los próximos meses.
Mientras tanto, la política económica recibe también amenazas externas. A Cristina Kirchner le informaron que el pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional sobre las estadísticas que su administración viene adulterando será severo. Los viajes de Guillermo Moreno a los Estados Unidos para evitar una condena fueron contraproducentes. ¿Y si, envuelto otra vez en la bandera de la soberanía, el Gobierno abandonara el Fondo, ganándole de mano a una eventual expulsión? ¿Afectaría ese gesto la permanencia en el G-20? Son hipótesis que se analizan cerca del despacho presidencial.
Estas encrucijadas echan una nueva luz sobre decisiones recientes. Por ejemplo, la designación de Cecilia Nahón como embajadora ante los Estados Unidos. Nahón está dotada, según todos sus amigos, de un pragmatismo sólo superado por su capacidad de organización (por ejemplo, una década atrás fue voluntaria en el hipercapitalista Foro de Davos, donde preparaba las salas para reuniones bilaterales).
La explicación corriente es que fue seleccionada para resolver los problemas de comercio. Sin embargo, dentro y fuera del Gobierno se evalúa una razón más poderosa. Convencida de que la relación con los Estados Unidos jamás mejorará mientras ella esté en la Casa Rosada, Cristina Kirchner enviaría a Nahón a Washington para, con argumentos destemplados, agudizar ese conflicto.
De esta manera, reproduciría así la lógica con la que destacó a la embajadora argentina Alicia Castro en Londres. Son especulaciones que se dibujan sobre el telón de fondo de una conjetura mayor: la posibilidad de que, vacante el lugar retórico y político que ha venido ocupando Hugo Chávez en la escena regional, la Presidenta aspire a internacionalizar su figura radicalizando sus actitudes. Ya lo está haciendo con la Justicia y con la prensa.
La visita a La Habana para lamentar junto a los Castro el incierto destino del amigo agonizante podría ser, para esta lectura, el punto de partida de ese viaje..
Sin embargo, con independencia de esa disputa de poder, la Presidenta está impedida de satisfacer los reclamos sindicales debido a su propia política económica. Ésta es la razón por la cual también los gremialistas que se le subordinan repiten las demandas de los que se le oponen.
Apenas terminaron las Fiestas, la CGT-Balcarce, que conduce Antonio Caló, pidió al Gobierno un aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias del 50 por ciento. Los sindicalistas creen que, sin esa corrección, las mejoras salariales que consiguen terminan alimentando las arcas del Tesoro. Por esta razón, Caló y sus aliados esperan una respuesta antes de iniciar, en marzo, la nueva ronda de negociaciones.
La señora de Kirchner habló de este problema, en privado, con su gremialista predilecto: Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra.
La Presidenta fue directa: «Subir el mínimo no imponible me cuesta 8000 millones de pesos que para mí son indispensables. Si quieren que lo haga, tráiganme una alternativa para conseguir ese dinero».
La Presidenta tiene razón. Su estrategia fiscal entró en un callejón. El déficit de las cuentas públicas alcanza ya el 3,5% del PBI, es decir, unos 15.000 millones de dólares. Como el Gobierno no está dispuesto a realizar un ajuste clásico ni acepta buscar ese dinero en el mercado de deuda, la única salida que le queda es incrementar la emisión de moneda, generando más inflación.
La crisis fiscal tiene manifestaciones cada día más visibles. Algunos organismos que recaudan sus propios ingresos disponen incrementos llamativos. Por ejemplo, en la Inspección General de Justicia, que conduce el neocamporista Norberto Berner, los costos para la constitución de sociedades o inscripción de accionistas aumentaron hasta 350%.
De la Sota apunta a esta fragilidad cuando pide a la Presidenta, con insidioso doble sentido, que «no castigue a los demás con plata ajena en el bolsillo»: «Devuelva a los cordobeses la plata de la coparticipación y a los trabajadores el impuesto a las ganancias», reclamó.
Alfonso Prat-Gay, por su lado, se dirigió a los tribunales de Nueva York para hacerles notar, entre otras cosas, que cuando los holdouts alegan que la Argentina está en condiciones de pagarles, se refieren a un cuadro fiscal que hace tiempo dejó de ser solvente.
Al escuchar el informe de Martínez sobre su conversación con la Presidenta, varios de los integrantes de «La Balcarce» se entusiasmaron con la fantasía de que la Casa Rosada los invitaba a cogobernar. Enseguida convocaron a algunos técnicos para elaborar la propuesta que solicitó «la Jefa». Andrés «Centauro» Rodríguez (UPCN) consultó a Alberto Abad, quien ganó prestigio como director de la AFIP entre 2002 y 2008. En cambio, el taxista Omar Viviani y, sobre todo, el dirigente de los docentes privados Horacio Ghillini, recurrieron a un consejero más audaz: Daniel Carbonetto.
Carbonetto saltó a la fama en los años 80 como asesor del presidente de Perú, Alan García, por entonces populista. En la década siguiente fue crítico de Domingo Cavallo, para encanto de un ignoto militante del PJ Capital: Guillermo Moreno. Carbonetto reapareció en el año 2002, con un asesoramiento a Eduardo Duhalde que, si bien fue efímero, resultó decisivo: inspirado en sus consejos dirigistas, Duhalde relevó a Jorge Remes Lenicov del Ministerio de Economía, con lo que el camino de esa cartera quedó abierto a Roberto Lavagna.
Vínculos con Moyano
Ahora Carbonetto vuelve de la mano del docente Ghillini, con quien edita la revista Peronistas, del Centro de Estudios para la Patria Grande, que tiene en su directorio a Hugo Moyano. Los túneles entre las distintas CGT son infinitos.
Cuando los gremialistas le preguntaron de dónde podrían salir los recursos para que los trabajadores paguen menos Ganancias, Carbonetto dio una respuesta previsible: de los bancos.
La sugerencia de Carbonetto y sus padrinos se sostiene sobre algunas cifras macroscópicas. Los bancos privados ganan entre 12.000 y 15.000 millones de pesos por año. La rentabilidad de su capital es superior al 30%. Acaso se trate de la única actividad que consigue sustraerse al esmeril de la inflación. Nada sorprendente: el sector financiero ha estado entre los grandes beneficiarios de la economía kirchnerista.
Carbonetto garabatea un par de instrumentos alternativos. Uno de ellos es la aplicación de un impuesto a la «renta extraordinaria», entendida como la que excede el 20 por ciento. El otro es un impuesto del 1% sobre los activos bancarios. Cualquiera de los dos aportaría al Tesoro más de 4000 millones de pesos. Para llegar a los 8000 millones de pesos que pretende la Presidenta, debería apropiarse de otras riquezas. Los gremios apuntan, sin demasiada imaginación, a la minería.
La receta de Carbonetto todavía debe ser asimilada por la totalidad de la CGT-Balcarce. Algunos de sus dirigentes no aceptan que para obtener un beneficio el Gobierno los obligue a recomendar una iniciativa. «Nos van a hacer pelear con los banqueros o con cualquier otro grupo, pero después no nos van a dar lo que pedimos», razona uno de ellos.
Para la Presidenta el método también resultará incómodo. La propuesta sindical la expondrá a elegir entre bancos y mineras, de un lado, y los trabajadores, del otro. Carta Abierta diría «entre las corporaciones y el pueblo». Son tensiones y debates que ya existen dentro del Gobierno, sobre todo por la negativa de la Casa Rosada a que La Cámpora, y sobre todo Axel Kicillof, avancen sobre algunas «rentas extraordinarias». Pero el gremialismo amigo conseguirá que se vuelvan visibles.
Las dificultades
Estas dificultades son el resultado de dos procesos conocidos. La restricción fiscal, cada vez más severa, y la inflación, cada vez más acelerada. Ambas se combinan para obligar, de un modo u otro, a un ajuste. Sobre esta plataforma el gremialismo opositor intentará quebrar la paz social durante la campaña electoral. Moyano y Barrionuevo se reunirán en pocos días en Mar del Plata para exigir un piso salarial superior al 25% y diagramar el plan de lucha que ejecutarán en los próximos meses.
Mientras tanto, la política económica recibe también amenazas externas. A Cristina Kirchner le informaron que el pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional sobre las estadísticas que su administración viene adulterando será severo. Los viajes de Guillermo Moreno a los Estados Unidos para evitar una condena fueron contraproducentes. ¿Y si, envuelto otra vez en la bandera de la soberanía, el Gobierno abandonara el Fondo, ganándole de mano a una eventual expulsión? ¿Afectaría ese gesto la permanencia en el G-20? Son hipótesis que se analizan cerca del despacho presidencial.
Estas encrucijadas echan una nueva luz sobre decisiones recientes. Por ejemplo, la designación de Cecilia Nahón como embajadora ante los Estados Unidos. Nahón está dotada, según todos sus amigos, de un pragmatismo sólo superado por su capacidad de organización (por ejemplo, una década atrás fue voluntaria en el hipercapitalista Foro de Davos, donde preparaba las salas para reuniones bilaterales).
La explicación corriente es que fue seleccionada para resolver los problemas de comercio. Sin embargo, dentro y fuera del Gobierno se evalúa una razón más poderosa. Convencida de que la relación con los Estados Unidos jamás mejorará mientras ella esté en la Casa Rosada, Cristina Kirchner enviaría a Nahón a Washington para, con argumentos destemplados, agudizar ese conflicto.
De esta manera, reproduciría así la lógica con la que destacó a la embajadora argentina Alicia Castro en Londres. Son especulaciones que se dibujan sobre el telón de fondo de una conjetura mayor: la posibilidad de que, vacante el lugar retórico y político que ha venido ocupando Hugo Chávez en la escena regional, la Presidenta aspire a internacionalizar su figura radicalizando sus actitudes. Ya lo está haciendo con la Justicia y con la prensa.
La visita a La Habana para lamentar junto a los Castro el incierto destino del amigo agonizante podría ser, para esta lectura, el punto de partida de ese viaje..
