Foto: Archivo
Algunos mails llegaron en las últimas horas a la Bolsa de Comercio. Venían de empresas extranjeras cotizantes en el mercado local a través de certificados de depósito Cedear: querían averiguar un poco más sobre las razones y los alcances del fallo de la Corte sobre la ley de medios . La decisión las había sorprendido en plena inquietud por la reforma del mercado de capitales, que faculta a accionistas minoritarios a pedir la intervención de compañías si consideran amenazada su participación. Las empresas creen que la reglamentación de esa norma es inconstitucional y varias quieren presentarse a la Justicia.
Ambos desvelos tienen la misma raíz: el pavor del sector privado a cualquier movimiento que ponga en riesgo la propiedad privada.Por un momento, el nombre de Ricardo Lorenzetti, presidente del alto tribunal, se repitió en las conversaciones de ejecutivos que imaginaban un desenlace más ambiguo para la contienda entre el Gobierno y Clarín.
En concreto, lo que objetan es el artículo 161 de la ley, que obliga al grupo a vender licencias cuyo plazo no venció y que fueron extendidas por el propio Néstor Kirchner. Una especie de aplicación de las normas «hacia atrás» que afecta, como dice el holding mediático involucrado, derechos adquiridos. Y justo en momentos en que desde varios sectores se percibía cierta distensión en la actitud hacia el establishment, cristalizado en el intento oficial por regularizar los litigios que varias firmas extranjeras llevan adelante en el Ciadi y en el fogoneo, nunca admitido públicamente, de una negociación entre los holdouts y los tenedores de deuda.
Un giro ortodoxo que envalentona incluso a miembros del Frente para la Victoria, que lo ven como salida para la incertidumbre económica. José Alperovich, gobernador de Tucumán, viene repitiendo un adagio en las reuniones con hombres de negocios: «Una cosa es volver a ser sujeto de endeudamiento y otra endeudarse».
El fallo cayó como misil, por ejemplo, en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), abocada últimamente a la creación de un espacio de diálogo multisectorial.
Héctor Méndez, presidente de la UiA, y Eduardo Eurnekian, de Aeropuertos Argentina 2000 y vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio, fueron algunos de los invitados a esos encuentros que marcaron, para irritación de la militancia cristinista, el regreso de Héctor Magnetto (Clarín) y Paolo Rocca (Techint) como visibles convocantes.
Tal vez el diario del lunes les dará la razón a quienes en AEA quisieron desde el principio evitar la difusión de esas reuniones, en contra de las intenciones de Méndez y Eurnekian. Jaime Campos, presidente de la entidad, y el resto de los directivos pugnaban por el silencio. Para peor, la entidad venía de celebrar varios fallos de la Corte en los últimos tiempos. Cualquier advertencia emitida ahora desencadenaría, por lo tanto, contradicciones internas.
Lo que sorprendió en muchos directorios fue tanto el momento de la sentencia, interpretado como acomodamiento político inmediato a las elecciones, como la decisión de fondo en cuestiones que contradicen incluso la jurisprudencia de la propia Corte.
El presidente de una cámara agitaba ayer, delante de la nacion, un viejo libraco que compendiaba parte de la extensa historia jurídica del tribunal y tenía subrayado el siguiente párrafo: «Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos), a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad». .
Algunos mails llegaron en las últimas horas a la Bolsa de Comercio. Venían de empresas extranjeras cotizantes en el mercado local a través de certificados de depósito Cedear: querían averiguar un poco más sobre las razones y los alcances del fallo de la Corte sobre la ley de medios . La decisión las había sorprendido en plena inquietud por la reforma del mercado de capitales, que faculta a accionistas minoritarios a pedir la intervención de compañías si consideran amenazada su participación. Las empresas creen que la reglamentación de esa norma es inconstitucional y varias quieren presentarse a la Justicia.
Ambos desvelos tienen la misma raíz: el pavor del sector privado a cualquier movimiento que ponga en riesgo la propiedad privada.Por un momento, el nombre de Ricardo Lorenzetti, presidente del alto tribunal, se repitió en las conversaciones de ejecutivos que imaginaban un desenlace más ambiguo para la contienda entre el Gobierno y Clarín.
En concreto, lo que objetan es el artículo 161 de la ley, que obliga al grupo a vender licencias cuyo plazo no venció y que fueron extendidas por el propio Néstor Kirchner. Una especie de aplicación de las normas «hacia atrás» que afecta, como dice el holding mediático involucrado, derechos adquiridos. Y justo en momentos en que desde varios sectores se percibía cierta distensión en la actitud hacia el establishment, cristalizado en el intento oficial por regularizar los litigios que varias firmas extranjeras llevan adelante en el Ciadi y en el fogoneo, nunca admitido públicamente, de una negociación entre los holdouts y los tenedores de deuda.
Un giro ortodoxo que envalentona incluso a miembros del Frente para la Victoria, que lo ven como salida para la incertidumbre económica. José Alperovich, gobernador de Tucumán, viene repitiendo un adagio en las reuniones con hombres de negocios: «Una cosa es volver a ser sujeto de endeudamiento y otra endeudarse».
El fallo cayó como misil, por ejemplo, en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), abocada últimamente a la creación de un espacio de diálogo multisectorial.
Héctor Méndez, presidente de la UiA, y Eduardo Eurnekian, de Aeropuertos Argentina 2000 y vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio, fueron algunos de los invitados a esos encuentros que marcaron, para irritación de la militancia cristinista, el regreso de Héctor Magnetto (Clarín) y Paolo Rocca (Techint) como visibles convocantes.
Tal vez el diario del lunes les dará la razón a quienes en AEA quisieron desde el principio evitar la difusión de esas reuniones, en contra de las intenciones de Méndez y Eurnekian. Jaime Campos, presidente de la entidad, y el resto de los directivos pugnaban por el silencio. Para peor, la entidad venía de celebrar varios fallos de la Corte en los últimos tiempos. Cualquier advertencia emitida ahora desencadenaría, por lo tanto, contradicciones internas.
Lo que sorprendió en muchos directorios fue tanto el momento de la sentencia, interpretado como acomodamiento político inmediato a las elecciones, como la decisión de fondo en cuestiones que contradicen incluso la jurisprudencia de la propia Corte.
El presidente de una cámara agitaba ayer, delante de la nacion, un viejo libraco que compendiaba parte de la extensa historia jurídica del tribunal y tenía subrayado el siguiente párrafo: «Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos), a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad». .
