La metodología de utilización de contratos de urgencia y contrataciones directas para servicios que no requieren inmediatez quedó al descubierto como manera para evadir controles y favorecer a amigos, luego del caso de los $ 23 millones pagados por la Ciudad a la empresa de Fernando Niembro. Pero los reportes oficiales muestran que es más un vicio común de la administración de Mauricio Macri, que una cuestión excepcional. Sólo entre octubre de 2014 y enero de 2015, el Ejecutivo porteño utilizó 700 veces los decretos 556/2010 y 752/2010 que permiten al estado capitalino evitar las licitaciones públicas.
Según consignó Tiempo Argentino, en esos cuatro meses, el PRO gastó al menos $ 230 millones en servicios tales como «Promotoras», «Provisión de frutas», Fiestas regionales, o el recital de la artista juvenil Violetta, que le costó a los vecinos porteños más de $ 6 millones. Con 480 contratos y más de $ 119 millones el Ministerio de Salud, a cargo de Graciela Reybaud, es la repartición que más contrataciones directas realizó. Los datos surgen de un pormenorizado reporte que presentó el legislador porteño del Frente para la Victoria, Fernando Muñoz, información pura que surge de los propios registros porteños.
Del total de $ 230 millones, $ 119 corresponden a la cartera de Salud; $ 41 millones a Seguridad, y el resto se divide entre Educación y Cultura.
La «transparencia» que el PRO enarboló durante sus ocho años de gestión parece haberse convertido en concepto vacío. Luego de modificar la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095) que rige las erogaciones monetarias capitalinas a la hora de contratar servicios, la administración conducida por Macri evitó las licitaciones y se inclinó por realizar concursos de precios entre sus proveedores preferidos. Algunos de esos contratos ni siquiera fueron publicados en el Boletín Oficial (BO) porteño, tal como ocurrió con los convenios suscriptos con La Usina Producciones, la empresa que el ex candidato Fernando Niembro fundó junto a su socio Atilio Alberto Meza. Incluso luego del escándalo desatado por los casi $ 24 millones que facturó la empresa, el gobierno de la Ciudad limitó las búsquedas que podían realizarse en la página del BO y muchos de las compras realizadas ya no aparecen.
En su artículo 26, la 2095 establece únicamente tres procedimientos posibles en la selección de proveedores: licitación o concurso, contratación directa y remate o subasta pública. En el caso de la contratación directa, la Ciudad tiene la obligación de pedir al menos tres presupuestos a las empresas que están inscriptas en el registro de proveedores porteños, sólo en caso de «urgencia» o de «imprescindible necesidad». Pero esa modalidad que debería ser excepcional porque tiene controles más flexibles que la licitación, se convirtió en una regla de gobierno. «La mayor parte de esos contratos tienen objetivos previsibles o se tratan de servicios repetitivos, lo que demuestra que el macrismo utiliza esta herramienta administrativa para evadir los controles estatales y beneficiar a sus socios empresariales», aseguró Muñoz.
El detalle de las contrataciones es impactante: del total de $ 230 millones, $ 119 corresponden a la cartera de Salud; $ 41 millones a Seguridad, y el resto se divide entre Educación y Cultura. La distribución y razón de los gastos es más que llamativa. La ministra de Salud, Graciela Reybaud remplazó en septiembre de 2012 a Jorge Lemus, luego de que la reglamentación de los abortos no punibles se convirtiera en un torbellino de proporciones al interior del macrismo. En sólo 120 días, la oftalmóloga firmó 480 contratos directos con diferentes proveedores por más de $ 119 millones. Según el informe de Muñoz, sólo $ 702 mil pueden considerarse casos de urgencia. Ese número representa el 0,58% del gasto total de la cartera y se destinó a la adquisición de prótesis y marcapasos para pacientes de hospitales públicos. Los $ 118 millones restantes fueron para «compra de alimentos, insumos, prestaciones de servicio u obras edilicias completamente previsibles, que deberían haber sido tramitadas por licitación», expresó el legislador. El 31/10/2014, se pagó en Salud casi $ 1 millón para «Provisión de Instalación de Aire Acondicionado en distintos pisos del Ministerio». La cartera de Reybaud, en forma urgente, destinó más de $ 700 mil el 29 de diciembre para «adquisición de Equipamiento, Material e Insumos para la prevención del Ébola, con destino al Hospital Muñiz». Salud también realizó en forma urgente un contrato con la empresa Latin American Postal SA por valor de $ 1,2 millones. El servicio fue para la confección y el servicio de envío postal de 100 mil credenciales plásticas para vecinos que habían sufrido las inundaciones de abril de 2013, con el objetivo de que accedan al sistema de salud pública. «Las credenciales plásticas no justifican una emergencia porque la ley de salud y la constitución garantizan el acceso gratuito y universal a la atención pública en la Ciudad y porque la inundación ocurrió un año y medio antes de que se firme este contrato, además, no pudimos encontrar un solo vecino de los barrios Mitre, Saavedra, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón que hayan recibido la credencial», apunta el informe. Actualmente, la Legislatura tramita un pedido de informe al Ministerio de Salud por ese tema.
Cultura
Si bien el Ministerio de Cultura que conduce Hernán Lombardi es el tercero que más dinero gastó, hubo 33 contratos por $ 13 millones, un 5% de las contrataciones analizadas. En ese apartado, se encuentran los gastos más cuestionables. Entre agosto de 2014 y marzo de 2015, por medio del Ente de Turismo, Cultura pagó con ese sistema $ 1.791.840 a la empresa AM Publicidad para diferentes actividades de promoción y publicidad del Gobierno de la Ciudad. Los siete contratos de esa firma tienen un apartado curioso: la contratación de «Promotoras». Se publicó en el Boletín Oficial el 21 de noviembre de 2014, y por Disposición N°11/DGCTCD/14, el Ente de Turismo pagó $ 110.094 por un «servicio excepcional de promotoras».
El show de Violetta, la cantante de Disney en el Rosedal le costó a los porteños millones, pagados a las seis empresas organizadoras.
Los otros ítems son también extraños, por la necesidad de servicios urgentes. Mediante distintas disposiciones, se pagó a AM Publicidad la suma de $ 1.112.000 para garantizar «la participación del Ente de Turismo en: la ‘Fiesta del Surubí’, en Goya, Corrientes, así como en la feria «Agroactiva 2014′, en Santa Fe, en la ‘Fiesta Nacional del Inmigrante’ de Misiones, en ‘Expo Diamante’ en Entre Ríos y en la ‘Fiesta Nacional de la Vendimia’ en Mendoza. El informe se pregunta cuál es la necesidad de un pago excepcional si todas estas fiestas se repiten año tras año. «La emisión de pagos por vía del Decreto 556/10 le permite al Gobierno porteño evitar los controles y elegir a dedo la empresa, sin competencia ni concurso real», afirmó Muñoz.
La «Campaña de Verano 2015» también fue un beneficio para AM Publicidad. Recibió del Ente de Turismo $ 570.750 para esa actividad, montada como una urgencia. El 21 de abril de este año, Tiempo Argentino reflejó estos contratos de AM, y contó que se trataba una empresa cuestionada por corrupción. El dueño de AM es Juan Pablo Sáenz Valiente, familiar de José María Sáenz Valiente (h), apoderado del Grupo Clarín y hombre de máxima confianza del CEO Héctor Magnetto. Esa empresa estuvo implicada en negocios irregulares con el Estado provincial de Chubut durante la gobernación de Mario Das Neves.
El informe afirma que el show de Violetta, la cantante de Disney le costó a los porteños $ 6 millones, pagados a seis empresas organizadoras. También se contrataron como servicio esencial, si bien el megarrecital ya había sido planificado con bastante antelación. Otro dato dudoso es que esas empresas comparten accionistas, gerentes y, en algunos casos, el mismo domicilio.
Seguridad
El informe de Muñoz detalla que el Ministerio de Seguridad es el segundo que más dinero gastó en carácter de «urgencia», en los cuatro meses bajo análisis. Son 118 contratos por un monto de $ 41 millones, casi el 20% de todas las contrataciones realizadas. ¿Para qué podría usar la Ciudad, y la cartera de Seguridad la contratación directa? Parece extraño, pero el 70% de lo pagado fue en concepto de «seguridad privada». El pago fue a empresas que debían custodiar el Teatro Colón, el Instituto de la Vivienda, SBASE y las sedes de los ministerios. Las empresas contratadas son siempre las mismas: Comahue Seguridad Privada SA, Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE, Líderes Consultores de Seguridad SRL, Briefing Security SA – IMPES UTE., Prosegur SA y Force One SA.
¿Para qué podría usar la Ciudad, y la cartera de Seguridad la contratación directa? Parece extraño, pero el 70% de lo pagado fue en concepto de «seguridad privada».
En paralelo, en las fechas 27 y 31 de noviembre, se pagaron además $ 100 mil y más de $ 1 millón para dos fines curiosos: «desayuno, coffee break y lunch para tres actividades», y «Acondicionamiento de la cancha de Basquet del Instituto Superior de Seguridad Pública (para los Segundos Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos)». El 22/12/2014, se pagaron además $ 260 mil en municiones para la Policía Metropolitana, que debería además ser la encargada de custodiar todos los eventos y lugares en los cuales se asignó para tales fines a empresas privadas, con contratos millonarios.
Educación
Como el punto más destacable entre esta serie de irregularidades, se encuentra el Ministerio de Educación que conduce Esteban Bullrich. Es el que menos dinero gastó utilizando este sistema. En el período analizado sólo se registraron cinco contrataciones por $ 77.020. Comparativamente se destinó 1557 veces menos en Educación que en Salud y 528 veces menos que en Seguridad. Lo que cuestiona el informe es por qué ese dinero no se aplicó para mejorar problemas que atañen a las escuelas públicas.
Más críticas por la declaración jurada de Macri
El jefe de gabinete y varias legisladoras del FPV reclamaron al candidato presidencial de Cambiemos, que realice la presentación en la Oficina Anticorrupción.
Mauricio Macri es un abonado a las excepciones. En esta ocasión, la novedad es que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el único candidato presidencial que no presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, tal como establece la Ley Nacional Electoral.
Al respecto, Aníbal Fernández, jefe de gabinete del gobierno nacional y aspirante a la gobernación de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, dijo que «Mauricio Macri toda la vida ha sido un turbio, ¿por qué me va a asustar a esta altura del partido que se esté hablando de sus cosas turbias?». Y agregó: “En los ’80, cuando eran dueños de SOCMA se quedaron con cientos de millones de dólares de seguros de cambio. Después, estuvo con el contrabando agravado de autos que fue despejado por una Corte automática menemista que convalidó un delito tributario con uno penal. Luego tuvo escuchas a la oposición, a la gente de AMIA y a su propio cuñado. La UCEP que le pegaba a los viejos, a las mujeres embarazadas, a los pibes para sacarlos de las calles. El alquiler de Buenos Aires Design a 145.000 pesos. ¿Qué más querés que te cuente?», añadió Fernández en diálogo con Nacional Rock.
Por su parte, Gabriela Alegre, legisladora porteña por el FPV, sostuvo que si la declaración jurada de Macri «muestra un fuerte crecimiento patrimonial, que no diga que fue por un error de carga como en el escándalo de la pauta publicitaria». La diputada señaló: «Macri se sigue manejando como un empresario y, como lo expresó respecto de (Fernando) Niembro, cree que los privados no deben someterse a las leyes y reglas que existen para todos», indicó la funcionaria. Y finalizó: «Esperemos que no tarde tanto en mostrar su patrimonio como lo que está tardando en mostrar la documentación sobre las contrataciones a funcionarios y dirigentes del PRO que salieron a la luz en las últimas semanas».
Por su parte, la legisladora Mara Brawer acusó al alcalde de sentirse «impune» ya que fue «criado y educado en una elite con poder económico que manejó a su beneficio el destino de la patria». Ahora, «amparado bajo una gran protección mediática, continuó ejerciendo esa misma impunidad cuando endeudó a la Ciudad para construir un subte que nunca hizo, nombró como jefe de policía a un procesado por el atentado a la AMIA y avaló toda la corrupción que en estas últimas semanas está saliendo a la luz», sostuvo.
En tanto, su compañera de banca, Liliana Mazzure, dijo que el candidato presidencial de Cambiemos «lleva adelante políticas con ‘el mercado’ y el negocio como línea conductora y con la gente afuera», y continuó: «él fue quien vació el Correo Central cuando lo tuvo en sus manos. Fue de sus garras corruptas que hubo que recuperarlo para que hoy brille el Centro Cultural Kirchner para todos». Señaló que «Es el mismo Macri el que vacía a la ciudad de Buenos Aires con contrataciones millonarias a empresas de sus amigos que no realizan ningún trabajo», y se preguntó: «¿Cómo es la declaración jurada de un ladrón?».
Finalmente, la diputada nacional del FPV, Teresa García, opinó en el mismo sentido: «Macri le pide a los vecinos de CABA que paguen impuestos caros, reduce el presupuesto del Hospital Garraham y cuando tiene que dar el ejemplo, porque se propone dirigir los destinos de los argentinos, nos enteramos de que es un vulgar evasor».
Según consignó Tiempo Argentino, en esos cuatro meses, el PRO gastó al menos $ 230 millones en servicios tales como «Promotoras», «Provisión de frutas», Fiestas regionales, o el recital de la artista juvenil Violetta, que le costó a los vecinos porteños más de $ 6 millones. Con 480 contratos y más de $ 119 millones el Ministerio de Salud, a cargo de Graciela Reybaud, es la repartición que más contrataciones directas realizó. Los datos surgen de un pormenorizado reporte que presentó el legislador porteño del Frente para la Victoria, Fernando Muñoz, información pura que surge de los propios registros porteños.
Del total de $ 230 millones, $ 119 corresponden a la cartera de Salud; $ 41 millones a Seguridad, y el resto se divide entre Educación y Cultura.
La «transparencia» que el PRO enarboló durante sus ocho años de gestión parece haberse convertido en concepto vacío. Luego de modificar la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095) que rige las erogaciones monetarias capitalinas a la hora de contratar servicios, la administración conducida por Macri evitó las licitaciones y se inclinó por realizar concursos de precios entre sus proveedores preferidos. Algunos de esos contratos ni siquiera fueron publicados en el Boletín Oficial (BO) porteño, tal como ocurrió con los convenios suscriptos con La Usina Producciones, la empresa que el ex candidato Fernando Niembro fundó junto a su socio Atilio Alberto Meza. Incluso luego del escándalo desatado por los casi $ 24 millones que facturó la empresa, el gobierno de la Ciudad limitó las búsquedas que podían realizarse en la página del BO y muchos de las compras realizadas ya no aparecen.
En su artículo 26, la 2095 establece únicamente tres procedimientos posibles en la selección de proveedores: licitación o concurso, contratación directa y remate o subasta pública. En el caso de la contratación directa, la Ciudad tiene la obligación de pedir al menos tres presupuestos a las empresas que están inscriptas en el registro de proveedores porteños, sólo en caso de «urgencia» o de «imprescindible necesidad». Pero esa modalidad que debería ser excepcional porque tiene controles más flexibles que la licitación, se convirtió en una regla de gobierno. «La mayor parte de esos contratos tienen objetivos previsibles o se tratan de servicios repetitivos, lo que demuestra que el macrismo utiliza esta herramienta administrativa para evadir los controles estatales y beneficiar a sus socios empresariales», aseguró Muñoz.
El detalle de las contrataciones es impactante: del total de $ 230 millones, $ 119 corresponden a la cartera de Salud; $ 41 millones a Seguridad, y el resto se divide entre Educación y Cultura. La distribución y razón de los gastos es más que llamativa. La ministra de Salud, Graciela Reybaud remplazó en septiembre de 2012 a Jorge Lemus, luego de que la reglamentación de los abortos no punibles se convirtiera en un torbellino de proporciones al interior del macrismo. En sólo 120 días, la oftalmóloga firmó 480 contratos directos con diferentes proveedores por más de $ 119 millones. Según el informe de Muñoz, sólo $ 702 mil pueden considerarse casos de urgencia. Ese número representa el 0,58% del gasto total de la cartera y se destinó a la adquisición de prótesis y marcapasos para pacientes de hospitales públicos. Los $ 118 millones restantes fueron para «compra de alimentos, insumos, prestaciones de servicio u obras edilicias completamente previsibles, que deberían haber sido tramitadas por licitación», expresó el legislador. El 31/10/2014, se pagó en Salud casi $ 1 millón para «Provisión de Instalación de Aire Acondicionado en distintos pisos del Ministerio». La cartera de Reybaud, en forma urgente, destinó más de $ 700 mil el 29 de diciembre para «adquisición de Equipamiento, Material e Insumos para la prevención del Ébola, con destino al Hospital Muñiz». Salud también realizó en forma urgente un contrato con la empresa Latin American Postal SA por valor de $ 1,2 millones. El servicio fue para la confección y el servicio de envío postal de 100 mil credenciales plásticas para vecinos que habían sufrido las inundaciones de abril de 2013, con el objetivo de que accedan al sistema de salud pública. «Las credenciales plásticas no justifican una emergencia porque la ley de salud y la constitución garantizan el acceso gratuito y universal a la atención pública en la Ciudad y porque la inundación ocurrió un año y medio antes de que se firme este contrato, además, no pudimos encontrar un solo vecino de los barrios Mitre, Saavedra, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón que hayan recibido la credencial», apunta el informe. Actualmente, la Legislatura tramita un pedido de informe al Ministerio de Salud por ese tema.
Cultura
Si bien el Ministerio de Cultura que conduce Hernán Lombardi es el tercero que más dinero gastó, hubo 33 contratos por $ 13 millones, un 5% de las contrataciones analizadas. En ese apartado, se encuentran los gastos más cuestionables. Entre agosto de 2014 y marzo de 2015, por medio del Ente de Turismo, Cultura pagó con ese sistema $ 1.791.840 a la empresa AM Publicidad para diferentes actividades de promoción y publicidad del Gobierno de la Ciudad. Los siete contratos de esa firma tienen un apartado curioso: la contratación de «Promotoras». Se publicó en el Boletín Oficial el 21 de noviembre de 2014, y por Disposición N°11/DGCTCD/14, el Ente de Turismo pagó $ 110.094 por un «servicio excepcional de promotoras».
El show de Violetta, la cantante de Disney en el Rosedal le costó a los porteños millones, pagados a las seis empresas organizadoras.
Los otros ítems son también extraños, por la necesidad de servicios urgentes. Mediante distintas disposiciones, se pagó a AM Publicidad la suma de $ 1.112.000 para garantizar «la participación del Ente de Turismo en: la ‘Fiesta del Surubí’, en Goya, Corrientes, así como en la feria «Agroactiva 2014′, en Santa Fe, en la ‘Fiesta Nacional del Inmigrante’ de Misiones, en ‘Expo Diamante’ en Entre Ríos y en la ‘Fiesta Nacional de la Vendimia’ en Mendoza. El informe se pregunta cuál es la necesidad de un pago excepcional si todas estas fiestas se repiten año tras año. «La emisión de pagos por vía del Decreto 556/10 le permite al Gobierno porteño evitar los controles y elegir a dedo la empresa, sin competencia ni concurso real», afirmó Muñoz.
La «Campaña de Verano 2015» también fue un beneficio para AM Publicidad. Recibió del Ente de Turismo $ 570.750 para esa actividad, montada como una urgencia. El 21 de abril de este año, Tiempo Argentino reflejó estos contratos de AM, y contó que se trataba una empresa cuestionada por corrupción. El dueño de AM es Juan Pablo Sáenz Valiente, familiar de José María Sáenz Valiente (h), apoderado del Grupo Clarín y hombre de máxima confianza del CEO Héctor Magnetto. Esa empresa estuvo implicada en negocios irregulares con el Estado provincial de Chubut durante la gobernación de Mario Das Neves.
El informe afirma que el show de Violetta, la cantante de Disney le costó a los porteños $ 6 millones, pagados a seis empresas organizadoras. También se contrataron como servicio esencial, si bien el megarrecital ya había sido planificado con bastante antelación. Otro dato dudoso es que esas empresas comparten accionistas, gerentes y, en algunos casos, el mismo domicilio.
Seguridad
El informe de Muñoz detalla que el Ministerio de Seguridad es el segundo que más dinero gastó en carácter de «urgencia», en los cuatro meses bajo análisis. Son 118 contratos por un monto de $ 41 millones, casi el 20% de todas las contrataciones realizadas. ¿Para qué podría usar la Ciudad, y la cartera de Seguridad la contratación directa? Parece extraño, pero el 70% de lo pagado fue en concepto de «seguridad privada». El pago fue a empresas que debían custodiar el Teatro Colón, el Instituto de la Vivienda, SBASE y las sedes de los ministerios. Las empresas contratadas son siempre las mismas: Comahue Seguridad Privada SA, Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE, Líderes Consultores de Seguridad SRL, Briefing Security SA – IMPES UTE., Prosegur SA y Force One SA.
¿Para qué podría usar la Ciudad, y la cartera de Seguridad la contratación directa? Parece extraño, pero el 70% de lo pagado fue en concepto de «seguridad privada».
En paralelo, en las fechas 27 y 31 de noviembre, se pagaron además $ 100 mil y más de $ 1 millón para dos fines curiosos: «desayuno, coffee break y lunch para tres actividades», y «Acondicionamiento de la cancha de Basquet del Instituto Superior de Seguridad Pública (para los Segundos Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos)». El 22/12/2014, se pagaron además $ 260 mil en municiones para la Policía Metropolitana, que debería además ser la encargada de custodiar todos los eventos y lugares en los cuales se asignó para tales fines a empresas privadas, con contratos millonarios.
Educación
Como el punto más destacable entre esta serie de irregularidades, se encuentra el Ministerio de Educación que conduce Esteban Bullrich. Es el que menos dinero gastó utilizando este sistema. En el período analizado sólo se registraron cinco contrataciones por $ 77.020. Comparativamente se destinó 1557 veces menos en Educación que en Salud y 528 veces menos que en Seguridad. Lo que cuestiona el informe es por qué ese dinero no se aplicó para mejorar problemas que atañen a las escuelas públicas.
Más críticas por la declaración jurada de Macri
El jefe de gabinete y varias legisladoras del FPV reclamaron al candidato presidencial de Cambiemos, que realice la presentación en la Oficina Anticorrupción.
Mauricio Macri es un abonado a las excepciones. En esta ocasión, la novedad es que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el único candidato presidencial que no presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, tal como establece la Ley Nacional Electoral.
Al respecto, Aníbal Fernández, jefe de gabinete del gobierno nacional y aspirante a la gobernación de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, dijo que «Mauricio Macri toda la vida ha sido un turbio, ¿por qué me va a asustar a esta altura del partido que se esté hablando de sus cosas turbias?». Y agregó: “En los ’80, cuando eran dueños de SOCMA se quedaron con cientos de millones de dólares de seguros de cambio. Después, estuvo con el contrabando agravado de autos que fue despejado por una Corte automática menemista que convalidó un delito tributario con uno penal. Luego tuvo escuchas a la oposición, a la gente de AMIA y a su propio cuñado. La UCEP que le pegaba a los viejos, a las mujeres embarazadas, a los pibes para sacarlos de las calles. El alquiler de Buenos Aires Design a 145.000 pesos. ¿Qué más querés que te cuente?», añadió Fernández en diálogo con Nacional Rock.
Por su parte, Gabriela Alegre, legisladora porteña por el FPV, sostuvo que si la declaración jurada de Macri «muestra un fuerte crecimiento patrimonial, que no diga que fue por un error de carga como en el escándalo de la pauta publicitaria». La diputada señaló: «Macri se sigue manejando como un empresario y, como lo expresó respecto de (Fernando) Niembro, cree que los privados no deben someterse a las leyes y reglas que existen para todos», indicó la funcionaria. Y finalizó: «Esperemos que no tarde tanto en mostrar su patrimonio como lo que está tardando en mostrar la documentación sobre las contrataciones a funcionarios y dirigentes del PRO que salieron a la luz en las últimas semanas».
Por su parte, la legisladora Mara Brawer acusó al alcalde de sentirse «impune» ya que fue «criado y educado en una elite con poder económico que manejó a su beneficio el destino de la patria». Ahora, «amparado bajo una gran protección mediática, continuó ejerciendo esa misma impunidad cuando endeudó a la Ciudad para construir un subte que nunca hizo, nombró como jefe de policía a un procesado por el atentado a la AMIA y avaló toda la corrupción que en estas últimas semanas está saliendo a la luz», sostuvo.
En tanto, su compañera de banca, Liliana Mazzure, dijo que el candidato presidencial de Cambiemos «lleva adelante políticas con ‘el mercado’ y el negocio como línea conductora y con la gente afuera», y continuó: «él fue quien vació el Correo Central cuando lo tuvo en sus manos. Fue de sus garras corruptas que hubo que recuperarlo para que hoy brille el Centro Cultural Kirchner para todos». Señaló que «Es el mismo Macri el que vacía a la ciudad de Buenos Aires con contrataciones millonarias a empresas de sus amigos que no realizan ningún trabajo», y se preguntó: «¿Cómo es la declaración jurada de un ladrón?».
Finalmente, la diputada nacional del FPV, Teresa García, opinó en el mismo sentido: «Macri le pide a los vecinos de CABA que paguen impuestos caros, reduce el presupuesto del Hospital Garraham y cuando tiene que dar el ejemplo, porque se propone dirigir los destinos de los argentinos, nos enteramos de que es un vulgar evasor».
