El problema de la inseguridad es el que más preocupa a los argentinos. El ciudadano se siente en un entorno inseguro y se ve obligado a modificar hábitos de comportamiento que finalmente no son suficientes. Ha perdido la confianza en que el Estado pueda resolver este problema, al menos en el corto plazo. De ahí que gran parte de los delitos no son denunciados por las víctimas.
Al mismo tiempo, los municipios se van transformando en los principales destinatarios de los reclamos por mayor seguridad y por justicia.
Las causas que componen el delito son muchas y variadas: la desigualdad (no la pobreza), la falta de trabajo y de perspectivas de desarrollo, la baja efectividad de la policía, el mal funcionamiento del Poder Judicial, el deterioro del sistema penitenciario, el consumo y la venta de drogas, y el circuito ilegal de armas, por nombrar algunos de los elementos más importantes que forman el conglomerado que nutre el crecimiento de la inseguridad.
Ahora bien, si todos estos elementos que son constitutivos de la inseguridad exceden la competencia de los municipios, ¿por qué los vecinos acuden a los intendentes en busca de soluciones?
La respuesta es compleja. Los vecinos se acercan a las autoridades municipales en estado de desesperación, sin saber si es o no de los intendentes la responsabilidad directa sobre su problema. Se acercan, en primer lugar, porque allí «alguien los escucha». Por eso algunos maestros latinos enseñaban que la palabra auctoritas se emparentaba con el verbo audire, que significa «escuchar». La autoridad radicaba -entre otras cosas- en la potestad de escuchar y tomar medidas.
Esta cercanía con el vecino es la que ha inclinado a los intendentes a comenzar a ocuparse, en la medida de sus posibilidades, de parte del problema de la inseguridad. Las autoridades locales, comprobando la gravedad de la situación, la demanda constante de respuestas y la proximidad con el reclamo, comenzaron a introducir en sus presupuestos diversas partidas asignadas a la seguridad local, más exactamente a la prevención, cosa que hace algunos años era impensable.
Los intendentes han comprendido que ha pasado a un segundo plano la incumbencia legal de las autoridades, ya no lo consideran un argumento válido. Utilizan la lógica de que «el principal problema de mi comunidad debe ser el principal objeto de mi actividad».
En San Miguel, el presupuesto que se invertía en seguridad hace cuatro años era de cero pesos, mientras que este año hemos proyectado invertir más de $ 40 millones. Creamos la Secretaría de Seguridad; adquirimos 25 patrulleros, mas de 100 cámaras de seguridad; creamos el Centro de Operaciones para monitorear los puntos más críticos; incorporamos más de 180 agentes; colaboramos con la policía con patrulleros, combustible, taller mecánico, armamento; consolidamos corredores escolares; creamos la oficina de atención a la víctima con contención psicológica y asesoramiento legal, etcétera.
Sin embargo, todas estas herramientas no son suficientes para enfrentar los niveles de criminalidad en la provincia. Los intendentes no cuentan con las herramientas jurídicas ni económicas ni políticas para encarar el problema en forma global y efectiva. Muchos intendentes están haciendo inversiones en seguridad, en desmedro de obras de gestión que sí son competencia municipal. En San Miguel, con lo invertido en un año en seguridad podríamos haber asfaltado 250 calles u otorgado 8000 microcréditos o haber lanzado 1600 módulos municipales de refacción de viviendas. Todas estas actividades que beneficiarían principalmente a los segmentos más expuestos al delito son postergadas por inversiones en seguridad.
Algunos intendentes hemos tomado la decisión de pedir más responsabilidad, más descentralización y, por consiguiente, los aportes financieros necesarios para generar estrategias locales eficientes para combatir el delito. Aunque las causales de fondo exceden las capacidades municipales, aún hay muchas situaciones en las que podríamos profundizar nuestra intervención y muchos problemas que podríamos evitar. El conocimiento del territorio y una eficaz descentralización de recursos son elementos clave que deben ser tomados en cuenta sin dilación.
Es importante para el futuro de nuestro país que gobernantes y vecinos «deselectoralicemos» este problema y comencemos a buscar las soluciones que permitan que nuestros hijos vivan en una comunidad de respeto por el prójimo, de valores, de defensa de la vida. Nosotros desde los municipios estamos dispuestos a hacernos cargo, queremos hacerlo y sabemos cómo hacerlo, lo que necesitamos es que nos den las herramientas que nos faltan.
© La Nacion.
Al mismo tiempo, los municipios se van transformando en los principales destinatarios de los reclamos por mayor seguridad y por justicia.
Las causas que componen el delito son muchas y variadas: la desigualdad (no la pobreza), la falta de trabajo y de perspectivas de desarrollo, la baja efectividad de la policía, el mal funcionamiento del Poder Judicial, el deterioro del sistema penitenciario, el consumo y la venta de drogas, y el circuito ilegal de armas, por nombrar algunos de los elementos más importantes que forman el conglomerado que nutre el crecimiento de la inseguridad.
Ahora bien, si todos estos elementos que son constitutivos de la inseguridad exceden la competencia de los municipios, ¿por qué los vecinos acuden a los intendentes en busca de soluciones?
La respuesta es compleja. Los vecinos se acercan a las autoridades municipales en estado de desesperación, sin saber si es o no de los intendentes la responsabilidad directa sobre su problema. Se acercan, en primer lugar, porque allí «alguien los escucha». Por eso algunos maestros latinos enseñaban que la palabra auctoritas se emparentaba con el verbo audire, que significa «escuchar». La autoridad radicaba -entre otras cosas- en la potestad de escuchar y tomar medidas.
Esta cercanía con el vecino es la que ha inclinado a los intendentes a comenzar a ocuparse, en la medida de sus posibilidades, de parte del problema de la inseguridad. Las autoridades locales, comprobando la gravedad de la situación, la demanda constante de respuestas y la proximidad con el reclamo, comenzaron a introducir en sus presupuestos diversas partidas asignadas a la seguridad local, más exactamente a la prevención, cosa que hace algunos años era impensable.
Los intendentes han comprendido que ha pasado a un segundo plano la incumbencia legal de las autoridades, ya no lo consideran un argumento válido. Utilizan la lógica de que «el principal problema de mi comunidad debe ser el principal objeto de mi actividad».
En San Miguel, el presupuesto que se invertía en seguridad hace cuatro años era de cero pesos, mientras que este año hemos proyectado invertir más de $ 40 millones. Creamos la Secretaría de Seguridad; adquirimos 25 patrulleros, mas de 100 cámaras de seguridad; creamos el Centro de Operaciones para monitorear los puntos más críticos; incorporamos más de 180 agentes; colaboramos con la policía con patrulleros, combustible, taller mecánico, armamento; consolidamos corredores escolares; creamos la oficina de atención a la víctima con contención psicológica y asesoramiento legal, etcétera.
Sin embargo, todas estas herramientas no son suficientes para enfrentar los niveles de criminalidad en la provincia. Los intendentes no cuentan con las herramientas jurídicas ni económicas ni políticas para encarar el problema en forma global y efectiva. Muchos intendentes están haciendo inversiones en seguridad, en desmedro de obras de gestión que sí son competencia municipal. En San Miguel, con lo invertido en un año en seguridad podríamos haber asfaltado 250 calles u otorgado 8000 microcréditos o haber lanzado 1600 módulos municipales de refacción de viviendas. Todas estas actividades que beneficiarían principalmente a los segmentos más expuestos al delito son postergadas por inversiones en seguridad.
Algunos intendentes hemos tomado la decisión de pedir más responsabilidad, más descentralización y, por consiguiente, los aportes financieros necesarios para generar estrategias locales eficientes para combatir el delito. Aunque las causales de fondo exceden las capacidades municipales, aún hay muchas situaciones en las que podríamos profundizar nuestra intervención y muchos problemas que podríamos evitar. El conocimiento del territorio y una eficaz descentralización de recursos son elementos clave que deben ser tomados en cuenta sin dilación.
Es importante para el futuro de nuestro país que gobernantes y vecinos «deselectoralicemos» este problema y comencemos a buscar las soluciones que permitan que nuestros hijos vivan en una comunidad de respeto por el prójimo, de valores, de defensa de la vida. Nosotros desde los municipios estamos dispuestos a hacernos cargo, queremos hacerlo y sabemos cómo hacerlo, lo que necesitamos es que nos den las herramientas que nos faltan.
© La Nacion.
