Si no estás sentado en la mesa, estás en el menú reflexionaba uno de los empresarios más importantes de la Argentina tras cenar con Cristina en la celebración del Día de la Industria en Tecnópolis el miércoles último. La percepción entre los hombres de negocios es que llegó la hora del racionamiento, sea de dólares, de autos, de mercaderías en general, y sobre todo de utilidades. La carrera que se viene es evitar ser cazado por el Estado con los precios máximos de la ley de abastecimiento. Importar lo menos posible, tratar de subir precios, evitar vender a pérdida y cuidar los costos. Tratar de no levantarse de la mesa de negociación, para no ser devorado por el Estado.
El que más encanuta, menos se arriesga a perder. Todo por el gran canuto nacional que promueve el Gobierno generando cada vez más inflación con la megaemisión monetaria, y al mismo tiempo procurar mantener los dólares del Banco Central secuestrados por el control de cambios. Suponer que las familias, las empresas o los productores van a vender a la fuerza sus ahorros al precio máximo oficial de $ 8,50, cuando el valor de reposición real de la divisa trepa hoy por encima de $ 14.
El problema claramente no es el dólar sino el peso, cada vez más debilitado por la emisión sin respaldo para cubrir el déficit y el aumento del gasto público permanente con el cual la administración Cristina quiere despedirse del poder con el sueño de regresar pronto.
Para evitar las consecuencias de la inflación creciente y exponencial que todo esto genera, el Gobierno intenta con la Ley de Abastecimiento establecer precios máximos. Para el dólar, los autos, los granos, y en general todos los bienes que tienen componente externo en sus costos. Parece difícil obligar a la gente a comprar dólares a $ 14 para después tener que venderlos a 8,50.
Resulta ahora importante observar cuánto poder político tendrá finalmente el Gobierno en el epílogo de su mandato para imponer a la fuerza la Ley Kiciloff y lanzarse a perseguir empresas y comercios. Es decisiva la actitud que adopten los jueces en los meses futuros en los que se puede jugar la continuidad o defunción de vastos sectores que ofrecen bienes y servicios cada vez con mayor dificultad y menor calidad por el default que se consolida en casi todos los frentes.
El caso de la salud sigue agravándose y es peor que la crisis automotriz. Porque además se trata de un anticipo en un sector que ya viene tecleando por el control de precios, con el consecuente perjuicio para los usuarios. No solo aumentan las dificultades para importar insumos médicos, sino que los costos se multiplican al punto que las empresas no están en condiciones de garantizar los aumentos salariales que pactaron con los sindicatos de enfermeros, médicos y asistentes. El Gobierno se desentiende de la inflación que genera con la emisión y la devaluación. Descarga el ajuste sobre los centros de salud al imponer precios máximos a las cuotas y prestaciones que reciben, de modo que los hospitales, clínicas y sanatorios atienden cada vez en peores condiciones a casi 20 millones de argentinos que lentamente se van quedando sin servicios. Como ya ocurrió con los trenes o el suministro de gas y electricidad. En todos los casos, por las buenas o por las malas, hoy bien a la vista en los tarifazos de luz y sobre todo gas, el ajuste se realiza. Del drama de los trenes con precio máximo y subsidios a los que no lo necesitaban, mejor no recordar.
Todo indica que hoy la inflación, la crisis económica y el mal humor social circulan a una velocidad superior en deterioro a los supuestos éxitos políticos que pueda instalar el Gobierno en la batalla contra el sector privado. La batalla contra los bancos y las empresas le brinda al Gobierno cada vez menos resultados. La realidad del fracaso del modelo inflacionario en la calle es elocuente.
Por más esfuerzo que intente el Gobierno por maquillar la realidad, impresiona la velocidad del blanqueo de los errores de tantos años de estatismo mal administrado. No alcanza con repartir asignaciones sociales, jubilaciones para todos y ahora hasta boletines escolares camino al bachillerato universal por hijo, todo para promocionar el supuesto éxito del modelo de inclusión. La inflación, la creciente desconfianza y la pobreza en las calles de todo el país parecen hoy muy difíciles de revertir por más épica política que se proclame.
